Leonel Miguel Hernandez

Expediente 433/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
433/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Leonel Miguel Hernandez
  • LEONEL MIGUEL HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es depurable, después de tres años. Atendiendo a la certificación que antecede, y en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia y 25 del aludido Acuerdo General, se instruye al actuario de la adscripción que vincule las notificaciones que deriven de este proveído en el expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad, con el expediente físico y de fe de lo anterior en el expediente. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 433/2020; y, (...) C O N S I D E R AN D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda, se deduce que el acto reclamado para efecto de estudio es: La detención de trece de agosto de dos mil veinte, realizada fuera de procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidor de Salud, todos del municipio de Santo Tomas Mazaltepec, Etla, Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo de las constancias que remitieron, se aprecia que los quejosos fueron privados de su libertad por la probable comisión de una falta administrativa, pues las propias autoridades responsables manifestaron que tomaron la determinación de arrestar a los quejosos LEONEL MIGUEL HERNÁNDEZ y MARCELINO MANUEL CRUZ LÓPEZ, por el término de veinticuatro horas, el primero por amenizar una fiesta familiar en su domicilio particular y el segundo por amenizar diversas fiestas familiares en la población; aun cuando mediante oficio STM/334/2020, recibido por el primero de los quejosos, el once de agosto de este año y el segundo de los quejosos el catorce de ese propio mes y año, al enterarse dichas autoridades que los citados quejosos tenían planeado realizar fiestas familiares con asistencia de más de cien personas, se le informó que no podían realizar las mismas a fin de evitar el contagio del COVID 19, y poner en riesgo a toda la población, pero no obstante ello, desacataron dicha medida y al no pagar la cantidad de $5,000.00 de lo cual ya tenían conocimiento, fueron arrestados. Razón por la cual debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el citado acto que se les atribuye. Por su parte, el Comandante de la Policía Municipal de esa población no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificado de su petición, razón por la cual, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado advierte que, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la ley de la materia. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 28, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante oficio sin número, el Síndico Municipal del Municipio de Santo Tomás Mazaltepec, Etla, Oaxaca, remitió el acta de quince de agosto de dos mil veinte, en la que hizo constar en presencia de testigos, que siendo las catorce horas con treinta minutos de esa fecha, los quejosos LEONEL MIGUEL HERNÁNDEZ y MARCELINO MANUEL CRUZ LÓPEZ, fueron puestos en libertad una vez que cumplieron el arresto correspondiente en la cárcel municipal por violación a un mandamiento legítimo de autoridad. Bajo ese contexto, es posible afirmar que han cesado los efectos de la detención de catorce de agosto de dos mil veinte, que reclamaron, pues como se evidenció los quejosos fueron puestos en inmediata libertad el quince siguiente; y aun cuando la detención de los quejosos adoleciera de todos los vicios de ilegitimidad que le atribuyen, las violaciones de garantías que pudieran entrañar quedaron consumadas irreparablemente, desde el momento en que fueron puestos en libertad; de ahí que, las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, para esta determinación, que la citada documental, se haya recibido en este juzgado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, ya que de tal documento se advierte la relación directa e inmediata de la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), visible en la pagina 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2000902, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sarahí Sofia García Martínez, a favor de (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado CARLOS ARMANDO ROBLES JIMÉNEZ, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 433/2020; y, (...) C O N S I D E R AN D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda, se deduce que el acto reclamado para efecto de estudio es: La detención de trece de agosto de dos mil veinte, realizada fuera de procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidor de Salud, todos del municipio de Santo Tomas Mazaltepec, Etla, Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo de las constancias que remitieron, se aprecia que los quejosos fueron privados de su libertad por la probable comisión de una falta administrativa, pues las propias autoridades responsables manifestaron que tomaron la determinación de arrestar a los quejosos LEONEL MIGUEL HERNÁNDEZ y MARCELINO MANUEL CRUZ LÓPEZ, por el término de veinticuatro horas, el primero por amenizar una fiesta familiar en su domicilio particular y el segundo por amenizar diversas fiestas familiares en la población; aun cuando mediante oficio STM/334/2020, recibido por el primero de los quejosos, el once de agosto de este año y el segundo de los quejosos el catorce de ese propio mes y año, al enterarse dichas autoridades que los citados quejosos tenían planeado realizar fiestas familiares con asistencia de más de cien personas, se le informó que no podían realizar las mismas a fin de evitar el contagio del COVID 19, y poner en riesgo a toda la población, pero no obstante ello, desacataron dicha medida y al no pagar la cantidad de $5,000.00 de lo cual ya tenían conocimiento, fueron arrestados. Razón por la cual debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el citado acto que se les atribuye. Por su parte, el Comandante de la Policía Municipal de esa población no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificado de su petición, razón por la cual, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado advierte que, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la ley de la materia. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 28, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante oficio sin número, el Síndico Municipal del Municipio de Santo Tomás Mazaltepec, Etla, Oaxaca, remitió el acta de quince de agosto de dos mil veinte, en la que hizo constar en presencia de testigos, que siendo las catorce horas con treinta minutos de esa fecha, los quejosos LEONEL MIGUEL HERNÁNDEZ y MARCELINO MANUEL CRUZ LÓPEZ, fueron puestos en libertad una vez que cumplieron el arresto correspondiente en la cárcel municipal por violación a un mandamiento legítimo de autoridad. Bajo ese contexto, es posible afirmar que han cesado los efectos de la detención de catorce de agosto de dos mil veinte, que reclamaron, pues como se evidenció los quejosos fueron puestos en inmediata libertad el quince siguiente; y aun cuando la detención de los quejosos adoleciera de todos los vicios de ilegitimidad que le atribuyen, las violaciones de garantías que pudieran entrañar quedaron consumadas irreparablemente, desde el momento en que fueron puestos en libertad; de ahí que, las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, para esta determinación, que la citada documental, se haya recibido en este juzgado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, ya que de tal documento se advierte la relación directa e inmediata de la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), visible en la pagina 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2000902, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sarahí Sofia García Martínez, a favor de (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado CARLOS ARMANDO ROBLES JIMÉNEZ, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe del Centro de Administración Postal Centro, Oaxaca del Correos de México, remite las constancias con la que acredita la entrega de los registrados MN680111829MX, MN680111849MX, MN680111850MX, MN680111851MX, a este Juzgado el dos de octubre del año en curso. De lo anterior se toma nota par los efectos legales correspondientes. CÚMPLASE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano