Leonel Magaña Cano

Expediente 155/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
155/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • Leonel Magaña Cano

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita se le expidan copias certificadas de las constancias que obran dentro del juicio de amparo en que se actúa: al respecto la ocursante deberá estarse a lo acordado en proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, en el que se autorizó desde ese momento la expedición de réplicas simples y certificadas a las partes, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previo recibo que de su entrega se deje en autos. Finalmente, tomando en consideración que la fiscal adscrita, solicita copias de los diversos juicios de amparo 218/2018, 24/2017 y 136/2017, del índice de este juzgado; por tanto, con copia certificada del oficio de cuenta, acuérdese lo conducente en los respectivos expedientes, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de tres de abril del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Leonel Magaña Cano, promoviendo demanda de garantías, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 155/2018-I. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con las fracciones X y XI, del precepto legal 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.).". De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: "Artículo 61. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.).". Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto recamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso consistente en la orden de lanzamiento, en el domicilio que el quejoso refiere, tiene en posesión a título de arrendatario, ubicado en el predio denominado "El Platanal", con una superficie de 85 hectáreas, cinco áreas y cincuenta y tres centiáreas, ubicado en Jacona, Michoacán. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 24/2017-III, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que el aquí quejoso Leonel Magaña Cano, en ese juicio señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán: El auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 594/2016, en el que se ordena llevar a cabo el veinticuatro de enero que transcurre, a las catorce horas con quince minutos, una diligencia de lanzamiento, en el domicilio que el quejoso refiere, tiene en posesión a título de arrendatario, ubicado en el predio denominado "El Platanal", con una superficie de 85 hectáreas, cinco áreas y cincuenta y tres centiáreas, ubicado en Jacona, Michoacán; autorizando de ser necesario el auxilio de cerrajero con rompimiento de cerraduras y empleo de la fuerza pública. Secretario Ejecutor, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán. (inexistente) Director de Seguridad de Jacona, Michoacán. La ejecución de la citada orden de lanzamiento. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se sobreseyó el citado juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades responsables. Asimismo, dicha resolución fue recurrida por el quejoso Leonel Magaña Cano, mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la cual mediante ejecutoria dictada el quince de febrero del año en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, determinó confirmar y sobreseer la citada resolución. Tal juicio de amparo se conoce ampliamente por razón de la actividad jurisdiccional que es propia de este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustentan lo expuesto, los criterios siguientes: Jurisprudencia VI.1º.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1199, tomo XV, Marzo de 2002, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En efecto, el mencionado juicio 24/2017-III, fue promovido ante este juzgado por el ahora quejoso Leonel Magaña Cano, en ese juicio señaló como autoridades responsables al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán y otras autoridades y como acto reclamado el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se ordenó el lanzamiento del inmueble motivo de controversia dentro del expediente 594/2016. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se sobreseyó el citado juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades responsables, toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el promovente del amparo, afectación a su interés jurídico. Por tanto, la diligencia reclamada por el quejoso en esta demanda de garantías, que ordena el lanzamiento, respecto del cual, el agraviado ostenta tener la posesión, según precisa en su demanda, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo 24/2017-III. En suma, de lo anterior se advierte que tanto el presente juicio como en el diverso 24/2017-III, del índice de éste órgano jurisdiccional, fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado, autoridades responsables y juicio de origen; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Asimismo, si bien es cierto que en el juicio de amparo 24/2017-III, del índice de éste órgano jurisdiccional, no se hizo pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, lo cierto es que la determinación de sobreseer se debió a la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el promovente del amparo, afectación a su interés jurídico, por tanto, ante la firmeza adquirida no puede ser soslayada en una posterior contienda constitucional al existir identidad entre el quejoso, acto reclamado y autoridad responsable, dado que en modo alguno puede trastocarse una resolución en la que se determinó que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Leonel Magaña Cano, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Toda vez que la parte quejosa solicita la reproducción de constancias a través de dispositivos electrónicos; al respecto, infórmese que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza al quejoso el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la calle Primera Privada de Prolongación Paseo de la Cima, número 1600, colonia Lomas del Valle, en esta ciudad; y como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto Romero Flores, Gustavo Flores Díaz, Virginia Sánchez Padilla, Mercedes Estrada Ramírez y Luis Manzo Macías, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de cuatro de abril de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de tres del citado mes y año, que en lo conducente dice: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Leonel Magaña Cano, promoviendo demanda de garantías, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 155/2018-I. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con las fracciones X y XI, del precepto legal 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis:... En efecto, los referidos preceptos legales disponen: Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.).. De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: Artículo 61. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.). Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto recamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ... Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso consistente en la orden de lanzamiento, en el domicilio que el quejoso refiere, tiene en posesión a título de arrendatario, ubicado en el predio denominado El Platanal, con una superficie de 85 hectáreas, cinco áreas y cincuenta y tres centiáreas, ubicado en Jacona, Michoacán. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 24/2017-III, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que el aquí quejoso Leonel Magaña Cano, en ese juicio señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán: El auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 594/2016, en el que se ordena llevar a cabo el veinticuatro de enero que transcurre, a las catorce horas con quince minutos, una diligencia de lanzamiento, en el domicilio que el quejoso refiere, tiene en posesión a título de arrendatario, ubicado en el predio denominado "El Platanal", con una superficie de 85 hectáreas, cinco áreas y cincuenta y tres centiáreas, ubicado en Jacona, Michoacán; autorizando de ser necesario el auxilio de cerrajero con rompimiento de cerraduras y empleo de la fuerza pública. Secretario Ejecutor, adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán. (inexistente) Director de Seguridad de Jacona, Michoacán. La ejecución de la citada orden de lanzamiento. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se sobreseyó el citado juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades responsables. Asimismo, dicha resolución fue recurrida por el quejoso Leonel Magaña Cano, mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la cual mediante ejecutoria dictada el quince de febrero del año en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, determinó confirmar y sobreseer la citada resolución. Tal juicio de amparo se conoce ampliamente por razón de la actividad jurisdiccional que es propia de este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustentan lo expuesto, los criterios siguientes: Jurisprudencia VI.1º.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1199, tomo XV, Marzo de 2002, que dispone: .. Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ... En efecto, el mencionado juicio 24/2017-III, fue promovido ante este juzgado por el ahora quejoso Leonel Magaña Cano, en ese juicio señaló como autoridades responsables al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán y otras autoridades y como acto reclamado el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se ordenó el lanzamiento del inmueble motivo de controversia dentro del expediente 594/2016. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se sobreseyó el citado juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades responsables, toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el promovente del amparo, afectación a su interés jurídico. Por tanto, la diligencia reclamada por el quejoso en esta demanda de garantías, que ordena el lanzamiento, respecto del cual, el agraviado ostenta tener la posesión, según precisa en su demanda, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo 24/2017-III. En suma, de lo anterior se advierte que tanto el presente juicio como en el diverso 24/2017-III, del índice de éste órgano jurisdiccional, fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado, autoridades responsables y juicio de origen; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: .. .. Asimismo, si bien es cierto que en el juicio de amparo 24/2017-III, del índice de éste órgano jurisdiccional, no se hizo pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, lo cierto es que la determinación de sobreseer se debió a la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el promovente del amparo, afectación a su interés jurídico, por tanto, ante la firmeza adquirida no puede ser soslayada en una posterior contienda constitucional al existir identidad entre el quejoso, acto reclamado y autoridad responsable, dado que en modo alguno puede trastocarse una resolución en la que se determinó que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: ... Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ... Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Leonel Magaña Cano, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Toda vez que la parte quejosa solicita la reproducción de constancias a través de dispositivos electrónicos; al respecto, infórmese que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza al quejoso el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la calle Primera Privada de Prolongación Paseo de la Cima, número 1600, colonia Lomas del Valle, en esta ciudad; y como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto Romero Flores, Gustavo Flores Díaz, Virginia Sánchez Padilla, Mercedes Estrada Ramírez y Luis Manzo Macías, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis:.. Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...

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