LEONEL CAMPOS ESPINOZA y Otros.

Expediente 583/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
583/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • LEONEL CAMPOS ESPINOZA y Otros.
  • Leonel Campos Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Vista la comparecencia realizada por Leonel Espinosa Campos, Juan Carlos Ruiz Ambriz, Alfredo Ordaz Chávez y Areli Berenice Zavala Magaña, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de noviembre actual, ratifican en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del escrito de demanda presentado el diecinueve de los actuales y que dio origen al presente juicio. Asimismo, a través del escrito de cuenta, desahogan la prevención que les fue formulada en dicho acuerdo; y al efecto exhiben tres copias más de su escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente, al tenor de los puntos preventivos desahogados por los ocursantes. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: "El ilegal aseguramiento del bien inmueble ubicado en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echáiz, Michoacán de fecha 12 de noviembre de 2019, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y cumplimentada por la Autoridad Ejecutora." Predio en el que en su interior se encuentra una fábrica de zapatos industriales, en la cual los peticionarios de garantías refieren tener su fuente de trabajo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De los supuestos normativos transcritos es posible concluir que si los quejosos reclaman actos de autoridad, pero no demuestran la afectación que a su interés legítimo o jurídico les causa la misma, el juicio de amparo será improcedente. En ese sentido, y atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Esto es así, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Corolario es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro mal alto tribunal de la nación, visible en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que ilustra lo siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten del libelo de garantías que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. Los promoventes, empleados de Alicia Ochoa Zúñiga (finada), en la fuente de trabajo ubicada en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echaíz, Michoacán, quien a su muerte quedaron a cargo de Patricia Valdez Cendejas, concubina del también extinto Reynaldo Manuel Alvarado Ochoa, quien posterior a la defunción de sus progenitores (Reynaldo Alvarado Alemán y Alicia Ochoa Zúñiga), fungió como su patrón. Que a las trece horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve, al realizar sus labores en la empresa donde dicen trabajar (fábrica de zapatos industriales), el Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, Daniel Ortiz Silva y elementos policiacos municipales y ministeriales arribaron al inmueble ubicado en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echaíz, Michoacán, y colocaron sellos en todos los accesos del inmueble, con la leyenda "Asegurado", así como las ventanas y paredes de la edificación, dejando un cartel con la leyenda "Inmueble asegurado, en relación al NUC: 005201941778" Actuación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, los promoventes del amparo sostienen que la diligencia practicada por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y elementos policiacos municipales y ministeriales, el doce de noviembre del año en curso, afecta su esfera jurídica, al haber asegurado el inmueble ubicado en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echaíz, lugar donde aducen tener su fuente de trabajo (fabricación de zapatos industriales). Pues bien, de lo expuesto en el libelo inicial esta juzgadora arriba a la convicción de que uno de los elementos constitutivos del interés legítimo de los quejosos no está demostrado, ni podrá demostrarse, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Lo anterior, si tomamos en consideración que los aquí quejosos en su escrito inicial de demanda señalan únicamente como acto reclamado la citada diligencia de aseguramiento de inmueble llevado a cabo dentro de la carpeta de investigación NUC 1005201941778, por el Agente del Ministerio Público responsable el doce de noviembre actual, respecto del inmueble ubicado en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echáiz, Michoacán, el cual no es un acto que se encuentre dirigido a sus personas, sino más bien a la dueña de la fuente de trabajo, quien en su caso, sería la que pudiera resentir un agravio y por ende tener un interés jurídico y legítimo para interponer el juicio de amparo. Razón por la que los promoventes cuentan con un interés simple entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para los interesados, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, esto es, y como ya ha quedado precisado en líneas precedentes la diligencia aseguramiento de inmueble de doce de noviembre del año en curso, no va dirigida hacia la persona de los quejosos sino más bien se encuentra dirigida a su la dueña del establecimiento laboral. Y es que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación a la esfera jurídica de los gobernados, ante la cual, en una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, número de registro 2007921, Tomo I, página 60, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Es por ello que el juicio de amparo procede cuando el promovente efectivamente tiene la titularidad de un derecho subjetivo, a fin de contar con la llamada legitimación en la causa. Bajo esa perspectiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que los promoventes del amparo no cuentan con el derecho legítimamente tutelado por una norma objetiva para oponerse a los actos reclamados, pues el acto de la autoridad que reclaman no incide en su esfera personal de derechos, en términos del numeral 5, fracción I, de la Ley de la Materia, sino en todo caso, al que correspondía acudir al amparo bi-instancial seria a la propietaria del inmueble en donde se ubica la fuente de trabajo. Por tanto, se reitera, que el acto de autoridad que se reclama, no causa un agravio personal y directo, que dé interés legítimo a la parte quejosa. De ahí que, en su caso, como se adelantó en líneas anteriores, quien debe acudir a esta instancia constitucional es la dueña del predio ubicado en la calle Santa María 255, de la colonia La Tanda, del municipio de Purépero de Echaíz, Michoacán, en que se encuentra su fuente de trabajo (fabricación de zapatos industriales) y no a los aquí quejosos. Apoya lo expuesto la tesis aislada número 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero del dos mil trece, tomo 1, Décima Época, número de registro 2012364, localizable en la página ochocientos veintidós, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, al no estar demostrado uno de los elementos constitutivos del interés legítimo de los quejosos Leonel Campos Espinoza, Cynthia Ordaz Hurtado, Juan Carlos Ambriz Ruiz, Alfredo Ordaz Chávez, Ma de Lourdes Ruiz Madrigal, Yovana Elizabeth Barajas Torres, Juan Luis Magaña Magaña, Areli Berenice Zavala Magaña, Pedro Magaña Magaña, Rubén Hernández García y Diana Laura Guillén Ortega del acto reclamado, se desecha la demanda al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, y con apoyo además en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior el criterio siguiente Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014433 1 de 1 Segunda Sala Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Pág. 1078 Jurisprudencia(Común) "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Cynthia Ordaz Hurtado y otros; demanda instaurada contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 583/2019-II-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que los impetrantes de garantías fueron omisos en designar un representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Juzgado designa a Cynthia Ordaz Hurtado, en esa calidad; sin perjuicio de que durante el trámite de este asunto pueda ser sustituido, a voluntad de los quejosos. PREVENCIÓN. Previo a ordenar la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de mérito, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a las promoventes para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, en su caso, realice bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto lo siguiente: I. Precisen el nombre correcto de: Leonel Campos Espinoza, Juan Carlos Ambriz Ruiz, Aldredo Ordaz Chávez, Arely Zavala Magaña, Víctor Manuel Hernández Cerda, J. Jesús Ortiz Pérez, en razón de que la forma en que se citaron en el preámbulo de la demanda, difiere de las firmas que fueron plasmadas al final del libelo; en la inteligencia de que los quejosos indicados, deberán comparecer personalmente a este órgano jurisdiccional a ratificar dicha circunstancia. En lo conducente, sirve de orientación, la tesis Tesis: VI.2o. J/127 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196981 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Enero de 1998 Pág. 963 Jurisprudencia (Común) "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS" II. Exhiba tres copias más del escrito de demanda, que resultan faltantes para correr traslado a las partes, toda vez que únicamente exhibieron ocho, según se advierte del sello de recibo estampado en el preámbulo del escrito de demanda, de las que son necesarias once, para distribuirlas de la siguiente manera: seis para las autoridades que señala como responsables; dos para correr traslado a los terceros interesados; una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y las dos restantes para formar los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que solicita. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia, siguiente: Tesis: 2a./J. 86/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186297 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVI, Agosto de 2002 Pág. 245 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 dela Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que en el caso de no dar cumplimiento a la prevención se tendrá por no presentada su demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 8/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014198 1 de 1 Pleno Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Pág. 5 Jurisprudencia(Constitucional) "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NOPRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misa, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis cuyo rubro es el siguiente: Tesis: I.3o.C.725 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167640 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Marzo de 2009 Pág. 2847 Tesis Aislada(Civil) "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Por otra parte, como se solicita, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Salvador Gómez Armenta, Juan Jaime Contreras Vega, Víctor Hugo Mendoza Villaseñor y Jorge Alfredo Correa Cervantes, toda vez que después de una consulta realizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se constató que sí tienen registrada su cédula profesional, lo que no acontece con David Reyes Ayala y Osvaldo Constantino Dimas, a quienes se les faculta de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento, por no cumplir con dicho requisito. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE.

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