Leonel Guadalupe Partida Fonseca
Expediente 1466/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 31 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 25/04/2022
Partes del expediente
- Leonel Guadalupe Partida Fonseca
- Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, con el contenido del presente acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Zapopan, Jalisco; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en el presente cuaderno incidental no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar totalmente concluido. se considera susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, en tanto que el original es susceptible de depuración.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Director de Amparos y Controversias Constitucionales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; atento a su contenido, se le tiene devolviendo el diverso comunicado , por haberse notificado erróneamente en su domicilio, en consecuencia, notifíquese en el domicilio correcto, esto es:
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo , promovido por Leonel Guadalupe Partida Fonseca, contra actos de la Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Director General de Autotransporte Federal, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Representante legal o Titular de la Persona Moral GRUAS SAN CRISTOBAL, Sociedad Anónima de Capital Variable, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Leonel Guadalupe Partida Fonseca, por su propio derecho, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, vía electrónica, presentó demanda de amparo indirecto contra actos y autoridades precisados en la propia demanda. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, vía returno por conocimiento previo lo remitió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1466/2021; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; adicionado por el Acuerdo General 3/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La desposesión del vehículo con placas de circulación JMK 8057, marca KIA, línea Sportage, modelo 2016, número de serie U6YPC3AA2GL738282, y la multa mediante la elaboración de la cédula de notificación de infracción folio 34209978-9, en donde se hizo constar la aplicación de medidas de seguridad derivadas del arresto administrativo por alcoholimetría. Aplicación de los artículos 171, fracción VI, 186, fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. La aplicación de la fracción I Aspectos Generales, punto 14, de la norma general Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal; así como, el cobro del corralón o gurda y custodia del vehículo, como consecuencia de la desposesión del vehículo referido. El cobro por el servicio de arrastre o grúa, que ejecutó por orden de la policía vial señalada como responsable. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, negó la existencia de los actos reclamados de su competencia, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa, no obstante, que se le dio vista con dicho informe justificado. Así es, la parte quejosa le reclama a dicha autoridad la desposesión del vehículo y la multa en comento, así como, la aplicación de las porciones normativas referidas, y el cobro de la multa indicada, como consecuencia de la desposesión del vehículo referido; debido a lo anterior, es al quejoso a quien correspondía probar la existencia del acto, sin que alguna prueba idónea hubiese aportado para ello. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: En la medida que la responsable negó los actos que se les atribuyen, no es a ellas a quienes corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les reclama es inexistente; por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que se le reclama. Es así, porque los actos reclamados son de naturaleza positiva; de ahí que ante la negativa de las autoridades, la parte quejosa debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que integran el expediente se advierte que el promovente del amparo fue omiso en exhibir medio de convicción que lograra desvirtuar la negativa expresada por la responsale, tal como lo exige el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por el contrario, la negativa expresada por la responsable en cita se robustece con las pruebas aportadas al presente procedimiento, consistente en la copia certificada de la cédula de notificación de infracción, así como de las manifestaciones realizadas por el Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Deposito Vehicular , 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, en el sentido de que el cobro de la multa en cita corresponde realizarlo a la Secretaría de Hacienda Pública, autoridad que no fue señalada como responsable por la parte quejosa. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no acreditó que certeza de los a través de la exhibición de algún medio de prueba idóneo, lo que se impone es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional En virtud de lo anterior, al resultar inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables a las que se contrae el presente considerando, resulta innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de la causal de improcedencia que hacen valer, en razón de que aquella se encuentra dirigida a evidenciar que no debieron ser llamadas al presente juicio, al no ser autoridades responsables, por no haber participado en la emisión de los actos reclamados. CUARTO. Existencia de acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Congreso del Estado de Jalisco; Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; Gobernador del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y el Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, aceptaron la existencia de los actos reclamados de su competencia. Respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que, si bien rindió informe justificado negando la existencia de los actos que aduce en dicho informe, le fueron reclamados, lo cierto es que, respecto a los actos que ahí señala, no le fueron imputados, sino los que la parte quejosa indicó con exactitud en la demanda de amparo; por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente cierto los actos que se le reclaman en el ámbito de su competencia. Y, respecto de la autoridad responsable Grúas San Cristóbal, Sociedad Anónima de Capital Variable, resultó omisa en rendirlo no obstante de encontrarse debidamente emplazada para ello; por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente cierto los actos que se le reclaman en el ámbito de su competencia. Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación de dicho ordenamiento legal, en el órgano publicitario correspondiente. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: QUINTO. Causa de sobreseimiento. El artículo 62, de la Ley de Amparo, ordena que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra los actos reclamados cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. , al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación en dos partes, primero, sobre las fracciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y, después, sobre la norma general antes precitada. Para demostrarlo, es pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia .". De acuerdo con el citado dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que, por su sola vigencia, no causen perjuicio a la parte quejosa, sino que para materializar sus efectos, precisan necesariamente de un acto posterior que las individualice en la esfera jurídica del promovente. Al respecto, conviene explicar que en términos de los preceptos 17, 61 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, la reclamación de normas generales a través del juicio de amparo, debe efectuarse de acuerdo a dos modalidades, en función de su naturaleza auto o heteroaplicativa. La base de esta distinción se funda en el análisis de la individualización de los efectos de las normas, a través del cual, se busca desentrañar el momento en que aquéllos inciden en la esfera jurídica de los gobernados, para estar en condiciones de conocer a partir de qué momento y en qué plazo se debe ejercer la acción constitucional en su contra. Así, el citado examen se proyecta sobre la estructura de la norma reclamada, a fin de verificar si la concreción de sus consecuencias jurídicas sobre los sujetos a que se dirigen, se encuentra sometida a una condición -cualquiera que sea e independientemente de quién la realice-, o bien, si es incondicionada, lo que acontece cuando sus mandatos se cristalizan con la sola entrada en vigor de la norma. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las consecuencias de la norma general: Son inevitables desde que entra en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma, por lo que no se requiere de la actualización de alguna condición. Por su parte, cuando la individualización es condicionada, las consecuencias de la norma general: Las obligaciones no nacen a partir de la entrada en vigor de la ley. Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Con base en esa distinción, las normas autoaplicativas son aquellas que, con su sola entrada en vigor, inciden en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que por sí mismas, crean, transforman o extinguen situaciones jurídicas. En cambio, las heteroaplicativas son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, para que incidan en la esfera jurídica del gobernado; de esa forma, las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles hasta en tanto se realice la condición, que puede consistir en la realización de un acto jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le dota de efectos legales, ya sea que se realice por una autoridad judicial, administrativa o legislativa, o bien, por un particular, el propio quejoso o un tercero. De modo que al aplicarse el criterio en comento, se estará en aptitud de determinar la naturaleza de la norma reclamada, es decir, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que sirve para determinar las reglas de procedencia del juicio de amparo. Así, tratándose de normas autoaplicativas, basta que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que prevé la disposición para que afecte su interés jurídico, con lo cual, se encontrará legitimado para reclamarla a través del juicio de amparo, debiendo realizarlo en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Amparo, o bien, dentro del lapso de quince días contados a partir de que se realice el primer acto de aplicación de ese precepto. Por otro lado, tratándose de normas heteroaplicativas, el plazo para promover el juicio de amparo es el de quince días, a partir de la realización del acto en que se individualizó el perjuicio, según la regla establecida en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden, la naturaleza de una norma jurídica, o sea, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, deriva de su contenido y no así de la forma, momento o modo en que se reclama. Sentadas las premisas de procedencia aplicables al caso, se trae a cuenta el contenido del artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco: "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas; II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; IV. Se cancelará definitivamente la licencia de conducir de la persona que, habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas conforme a las dos fracciones inmediatamente precedentes, incurra nuevamente en una de dichas conductas, dentro de un período de dos años contados a partir de la fecha en que haya incurrido en una de dichas conductas por primera vez. Además, dicha persona será sometida a una investigación de trabajo social y a exámenes de toxicomanía y alcoholismo. La persona que haya sido sancionada conforme al presente párrafo, sólo podrá obtener una nueva licencia satisfaciendo los mismos requisitos necesarios para una licencia nueva, hasta que hayan transcurrido dos años de la fecha de la cancelación correspondiente; V. Cualquier persona sancionada en términos del presente artículo deberá asistir a un curso en materia de sensibilización, concientización y prevención de accidentes viales por causa de la ingesta de alcohol o el influjo de narcóticos, ante la instancia que indique la Secretaría de Seguridad; VI. Si se trata de la conducción de una unidad del transporte público, la sanción será aplicable aun cuando al conductor se le detecte una cantidad de alcohol inferior a la señalada en las fracciones I y II del presente artículo; VII. En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la fracción VI del artículo 171 de esta ley, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo. En estos casos, inmediatamente se practicará al conductor la prueba de alcoholemia o de aire espirado en alcoholímetro, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta ley. Cuando éste se niegue a otorgar muestra de aire espirado se aplicará arresto administrativo inconmutable de doce a treinta y seis horas, en los términos de la presente ley, y VIII. La licencia o permiso del conductor podrá ser suspendido en los términos del tercer párrafo del artículo 188 de este ordenamiento. La Secretaría de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Transporte a través de la Dirección de Área Registro Estatal de Movilidad y Transporte integrarán un registro de personas sancionadas por la conducción de vehículos en los términos previstos en el presente artículo y del párrafo tercero del artículo 170 de esta ley". El numeral transcrito establece las posibles medidas que puede imponer la autoridad a aquellas personas que conduzcan vehículos bajo la influencia del alcohol o algún estupefaciente. Por su parte, la fracción I, Aspectos Generales, punto "14" de la norma general Base Tarifa de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal", establece lo siguiente: 14. Los permisionarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, no entregarán los vehículos sin que se les cubra el costo de los servicios prestados. En el caso de depósito, sin que medie el oficio de liberación emitido por la autoridad competente. [.]" Especificando las infracciones correspondientes en cuanto a inobservar determinadas condiciones, por lo que para que los numerales de referencia incidan en la esfera jurídica de un gobernado, necesariamente se requiere que éste incumpla los extremos antes referidos y que exista una expresión de voluntad de una autoridad administrativa competente - Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco -, en el sentido de que materialmente se ubica en alguno de los supuestos en ella establecidos y que, por consiguiente, es acreedora de la medida que se establece y, por ende, le imponga la sanción respectiva. Esto es que, conforme a la estructura normativa de las disposiciones reclamadas, es necesaria la comprobación previa de la autoridad administrativa, acerca de si incumple con la medida establecida en la ley, respecto de la proscripción de manejar bajo el influjo de alguno de dichos materiales, para que se concreten sus consecuencias y se impongan las multas que en dicho precepto se establecen. De modo que los supuestos legales contenido en el artículo 186, fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, precisan de la ejecución de una condición, consistente en que se inobserven los parámetros establecidos y que ello conlleve la declaración de autoridad competente y la consecuente imposición de una sanción, para materializar sus efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí su carácter heteroaplicativo. Por tanto, habiendo demostrado el carácter heteroaplicativo de la norma reclamada, esto es, el artículo 186, es de enfatizar que la existencia del acto de aplicación debe probarse de forma fehaciente, lo cual en la especie no aconteció, habida cuenta que de la cédula de notificación de infracción se desprende que al conductor del vehículo del aquí quejoso, se le impuso la medida prevista en la fracción III, sin que le hubieren sido aplicadas las diversas fracciones que reclama, esto es, I, II y VII del citado precepto. Además, en modo alguno acredita la aplicación del supuesto normativo contenido en la fracción I, de los Aspectos Generales, punto "14" de la norma general Base Tarifa de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal", pues establece que los permisionarios de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, no entregarán los vehículos sin que se les cubra el costo de los servicios prestados, y que no lo entregarán si no obra el oficio de liberación emitido por la autoridad competente. Luego, no se desatiende que el vehículo fue desposeído, retirado y remolcado con grúa, para ser ingresado en el depósito vehicular número "2", sin embargo, no se le aplicó la fracción I, de los Aspectos Generales, punto "14" de la norma general Base Tarifa de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de vehículos en el Autotransporte Federal", pues esa disposición es relativa al autotransporte federal. Tal y como lo expone en su informe con justificación el Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, encargado del depósito "2", en donde señala que la norma general antes citada, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, establece los lineamientos expedidos por el Director General de Autotransporte Federal, tiene por objeto regular los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares y, asimismo, al tenor del artículo 1, de ese cuerpo legal, compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (federal), la aplicación e interpretación del mismo. Bajo esta circunstancia, asevera la responsable que esa normativa no corresponde a las autoridades estatales la aplicación a que alude el quejoso, sino solamente a las federales. Sin que las constancias que integran el sumario en que se actúa, haga notorio el acto de aplicación para proceder al arrastre del vehículo que defiende a la luz de esa normativa, además, la multicitada autoridad, al rendir su informe con justificación, señala que emplean un programa Estatal con motivo de la prevención de accidentes por ingesta de alcohol, no así la disposición federal del arrastre y salvamento. De manera que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto del artículo 186, fracciones I, II y VII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y la norma general Base Tarifa de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, por ende, existe imposibilidad técnica para abordar los conceptos de violación que se refieren a esos supuestos normativos. Por otra parte, el Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y Encargado del depósito "2", a través del Director de los Contencioso de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, manifiesta que en el presente juicio se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en virtud de que el acto reclamado ha cesado. No asiste razón a la citada autoridad. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Corolario de lo expuesto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar su constitucionalidad, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. En el caso particular, resulta que el la responsable aduce que el vehículo cuya desposesión se reclamó se encuentra en custodia del propio quejoso. Sin embargo, ello obedeció a la concesión de la suspensión de los actos reclamados, otorgada en los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, pero no porque la autoridad, de propia iniciativa, lo hubiera hecho, de ahí que no se trate de una insubsistencia o desaparición inmediata, total e incondicional, de los efectos del acto reclamado como se exige para la configuración de la causal de improcedencia que se hace valer. Ello, si se toma en cuenta que lo resuelto en el incidente de suspensión subsiste mientras no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal del que derive la incidencia respectiva, de suerte tal que no puede considerarse que los actos verificados con la finalidad de cumplir con una suspensión definitiva, sean actos que se equiparen a una situación idéntica a la que hubiera surgido si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. A la misma determinación se arriba respecto a la causa de inejercitabilidad en la que argumenta que a dicha dependencia no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cierto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, cuando sean actos positivos; en caso contrario, será aquella que, dentro de su esfera de competencia, le corresponda realizar algún acto en favor del gobernado y lo hubiera omitido. En ese tenor, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a través de sus agentes viales ordenaron el depósito del vehículo descrito a lo largo de la presente resolución, a consideración de quien resuelve, sí le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que ejecutó la orden reclamada. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertida por quien esto resuelve, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio y resolución del asunto. Los conceptos de violación se analizarán de una manera distinta a la propuesta, unos de manera individual y otros, de manera conjunta, en razón del tema sujeto a controversia, y que guardan relación estrecha entre ellos, sin que ello implique desatender de forma alguna sus argumentos. Soporta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que en su rubro y texto dicen: Son infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, conforme a lo que se expondrá: En una primera parte, a manera de conceptos de violación, la parte quejosa refiere distintas cuestiones, que relaciona con los numerales 171, fracción VI y 186, fracción I, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad de Movilidad, como lo es la falta de mandamiento por escrito, pues aduce que la desposesión del vehículo fue de manera verbal. Que existe una transgresión a la garantía de audiencia y seguridad jurídica, derivado de la emisión de la multa y la desposesión del vehículo, ya que la responsable, previo a la emisión el acto, debió realizar un juicio seguido en su contra, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento (por escrito) y con ello otorgarle el derecho de defensa, como lo es alegar y ofrecer pruebas. Que se transgrede su derecho de propiedad y posesión que tutela el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le privó del uso y disfrute del vehículo del cual es propietario, además que no existe ninguna ley que establezca como sanción, el retiro del vehículo por conducir en estado de ebriedad. Afirma que la multa es excesiva, lo que transgrede el numeral 16 de la Carta Magna, pues no está fundado ni motivado, es decir, el cobro es desproporcionado y atenta de igual manera con el contenido del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la fracción VI del artículo 171 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de aplicación conjunta con el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y el artículo 21, en sus puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos "Pacto de San José", así como la jurisprudencia registro 2007551, pues bajo la consideración de que si el conductor reúne determinado grado de alcohol (4.1), permite se le desposea de su vehículo, es decir, su derecho de propiedad del uso y disfrute, sin establecer que debe mediar mandamiento escrito para tal acto, así como que el automotor deberá ser devuelto de manera inmediata a quien acredite la propiedad legal, sin requisito diverso. Que la fracción III del artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", esto es, lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento y lo priva de una adecuada defensa, pues no dispone que, de manera previa al acto, deba notificársele el inicio del procedimiento, así como la oportunidad de ofrecer pruebas, alegar y el dictado de una resolución que dirima la controversia. Ahora bien, a fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, se considera pertinente, como punto de partida para dar contestación a los conceptos de violación, insertar el contenido de los numerales 171, fracción VI, y 186, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y del 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que establecen: "Artículo 171. La Secretaría, por medio de sus policías viales y la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo" "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: (.) I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas; II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; VII. En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la fracción VI del artículo 171 de esta ley, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo". "Artículo 174. Será requisito para la liberación del vehículo, presentar acta de libertad emitido por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, o el lugar que determine el Juez calificador para los casos de los municipios o los previamente designados para este efecto." No le asiste la razón con relación a la transgresión del derecho de audiencia y seguridad jurídica, que establece el artículo 14 Constitucional, en razón de lo siguiente. El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este derecho fundamental de la siguiente manera: "Artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se desprende que el derecho de audiencia es el derecho que todos los particulares tienen para ser oídos y para poder defenderse con anterioridad a que sean privados de sus bienes, es decir, es la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos en aquellos casos en que se comprometa su libertad, sus propiedades, sus posesiones o sus derechos. A su vez, este derecho para los particulares se traduce en una obligación para el Estado de abstenerse de cometer actos que limiten o restrinjan determinados bienes sin que se satisfaga esa garantía, con excepción de las salvedades que establezcan la propia Constitución Política, así como los criterios jurisprudenciales. En relación con el derecho fundamental de audiencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio: El artículo 14 Constitucional antes transcrito, establece expresamente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio; sin embargo, esto no implica que ese derecho esté limitado a los procedimientos jurisdiccionales, sino que se debe entender que las autoridades administrativas también están obligadas a respetarla. Lo anterior fue concluido por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 1133/2004, en donde, expresamente, se menciona: "De ese modo, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en la parte que señalaba: 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ...', comenzó a hacerse extensivo a las autoridades administrativas, entendiéndose por 'juicio' cualquier procedimiento susceptible de brindar al particular la posibilidad de ser oído en defensa frente a los actos privativos. Ciertamente, si a los órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya. Si el acto de privación va a emanar legalmente de una autoridad administrativa, sería ilógico que fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa 'previa' a un acto de privación que ya es plenamente ejecutable." En este sentido, el derecho de audiencia previa es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares, entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad la privación de un bien material o inmaterial. En efecto, tratándose de actos privativos, la defensa, para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, con el fin de garantizar efectivamente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo 14 constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "Por su parte, los artículos de 171, fracción VI, y 186, fracción III, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco impugnados, contrario a lo que argumenta el quejoso, no contemplan actos privativos de los cuales se requiera de audiencia previa, pues conforme a sus características, únicamente constituyen actos de molestia, derivados de una medida cautelar de seguridad, que tiene como bien común salvaguardar el bien común, pues se trata de evitar que las personas conduzcan vehículos automotor bajo el influjo de alcohol o drogas. En efecto, la restricción temporal de su vehículo, derivado de encontrarse en un estado de ebriedad, no le genera ninguna transgresión a los derechos de seguridad jurídica y a la adecuada fundamentación y motivación, pues esa circunstancia, como lo es practicarle el examen de alcoholemia, debe considerarse excepcional y admisible, sin necesidad de una orden escrita de autoridad competente, en virtud de que, por cuestiones de temporalidad y dado que el estado de ebriedad es transitorio, no es posible obtener esa orden para ejercer el acto de molestia, sino que basta la existencia del operativo correspondiente para detener vehículos en circulación y practicar, en su caso, la prueba y, de encontrarse positivo con las pruebas respectivas, proceder como lo prevé el controvertido artículo 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, sobre las facultades de los policías viales, en que podrán retirar de circulación un vehículo y trasladarlo a un depósito, para el caso de que el conductor incurra en una sanción, como en el caso concreto fue conducir bajo los influjos del alcohol. Por ende, tales cuestiones que derivan de la interpretación de los numerales 171, fracción VI, y 186, fracción III, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no violan el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que encuentran plena justificación en el diverso 117, último párrafo, Constitucional, que prevé que las Legislaturas de las entidades federativas, así como el Congreso de la Unión, dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, por lo cual el legislador local buscó disuadir a los ciudadanos de ingerir bebidas alcohólicas y manejar vehículos, en aras de tutelar la vida y bienes del conductor, sus acompañantes y el resto de la sociedad. Efectivamente, al contemplar dichos numerales la sanción consistente en el retiro del vehículo con motivo de que al conductor se le imponga un arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, no resulta ser un acto de carácter privativo, por lo que tampoco, previo al acto, debe regir medio de defensa alguno, pues, se insiste, únicamente constituye un acto de molestia, derivado de una medida cautelar de seguridad, que se sostiene justificadamente sobre el bien común, que está por encima del interés particular. Sin que pueda considerarse que las normas impugnadas vulneren lo previsto por el numeral 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", que dispone: "Artículo 21. Derecho de la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley ..". Pues, se insiste, los preceptos impugnados no constituyen un acto privativo, sino de molestia, como medida cautelar. Por su parte, es infundado que los preceptos tildados de inconstitucionales vulneren criterios jurisprudenciales, para lo cual es conveniente primero establecer lo que dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.--- La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.--- La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.--- La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del numeral transcrito se desprende que la observación y acatamiento de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en Pleno o en Salas, será obligatoria para: Las propias Salas del Alto Tribunal, si la Jurisprudencia surgió del Pleno. Para los Plenos de Circuito. Para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. Los Juzgados de Distrito. Tribunales Militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Por su parte, la obligatoriedad de la Jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito, es para: Los Tribunales Colegiados y unitarios de circuito. Los Juzgados de Distrito. Tribunales Militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Que se ubiquen dentro del Circuito. De lo que se colige que la aplicación de manera obligatoria de los criterios que constituyen jurisprudencia únicamente será para los órganos judiciales, no así para los legislativos, pues éstos constituyen un Poder de la Unión, autónomo e independiente, conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al emitir las leyes, no están sujetos a considerar tales criterios. De igual manera, son infundados los motivos de disenso que esgrime el quejoso en torno a la cédula de notificación de infracción y sus consecuencias, como lo es la desposesión, multa y el depósito respectivo, que esencialmente hizo consistir en que vulneran lo previsto por los numerales 14 y 16 Constitucionales, en razón de que: a) La policía vial lo desposeyó de su vehículo de manera verbal, sin mandamiento escrito, mediante amenazas, únicamente citando algunos preceptos legales. b) Sin que le fuese otorgada garantía de audiencia previa y debido proceso, previo al acto privativo, ya que no fue notificado del inicio del procedimiento en su contra, ni mucho menos se le dio oportunidad de ofrecer pruebas, alegar, ni se emitió resolución dirimiendo la cuestión debatida. c) Que fue informado de manera verbal que había sido desposeído de su vehículo y para fin de que le fuera devuelto debía exhibir comprobante de que la persona que venía manejando cumplió las horas de arresto, pagar la multa respectiva prevista por el numeral 186, fracciones I, II, III y VII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, se realice el pago de todas las multas y adeudos con los que cuente el vehículo, así como la erogación respectiva por los servicios de grúa y depósito, con lo cual se vulnera su derecho de propiedad, uso y disfrute de su bien. Aunado a que no resulta competente para efectuar dicho cobro y menos, de manera coactiva, sino que ello corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. d) Aún más, refiere que no existe disposición legal que prevea como sanción, por conducir en estado de ebriedad, la privación de la posesión de vehículo. e) Aunado a que la multa se encuentra incorrecta, indebida e insuficientemente fundada y motivada, en virtud de que no se estableció la competencia territorial y material de la autoridad, pues si pretende fundar su actuar en los artículos 186, fracciones I, II, III y VII y 171, fracción VI, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no expone las razones de porqué resultan aplicables, ni los motivos de porqué procede la desposesión del vehículo como garantía de pago, lo cual resulta indispensable. f) Que se vulnera su derecho de propiedad y disfrute de sus bienes, pues la autoridad mantiene depositado el vehículo en un corralón, bajo la orden de la Secretaría de Transporte y condiciona su entrega a que allegue constancia de que la persona que venía conduciendo cumplió las horas de arresto que le fueron impuestas, se haga el pago de la multa impuesta, conforme lo dispuesto por el numeral 186 de la Ley de Movilidad, las multas y adeudos vehiculares, el servicio de arrastre proporcionado por la compañía de grúa así como el cargo que se hubiere generado por el depósito o resguardo del bien, sin que dichas autoridades sean competentes para efectuar dicho cobro. g) Que la cédula de notificación no está debidamente fundada ni motivada; por tanto, tampoco la desposesión del vehículo de que fue objeto, pues si bien la autoridad citó en el folio las fracciones I, II, III y VII, del artículo 186, para imponer la multa y para la privación del vehículo el diverso 171, fracción VI, ambos de la Ley de Movilidad, sin embargo, no motiva las razones por las que proceden las citadas sanciones (multa y desposesión de vehículo). h) Que la cantidad que pretende cobrársele por concepto de depósito vehicular es excesiva, a razón de $104.00 (ciento cuatro pesos 00/100 moneda nacional) diarios, con base en lo dispuesto por la fracción I Aspectos Generales, punto 14 de la Norma General Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, no se encuentra fundada, ni motivada, pues "[.] la fracción IV, denominada servicio de depósito, punto 7 tabla tarifaria inserta en el párrafo tercero [.]", del mismo ordenamiento legal, establece por día de depósito para automóviles, la cantidad de $48.74 (cuarenta y ocho pesos 74/100 moneda nacional), por lo que la cantidad que pretende cobrársele resulta ser excesiva y se contrapone con lo previsto por el artículo 22 Constitucional, con lo cual se le priva de sus bienes. i) Así mismo, que la cantidad que pretende cobrársele por el servicio de arrastre de su vehículo es excesiva, a razón de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), no está fundada ni motivada y es violatoria de sus derechos, si se toma en consideración que la fracción I denominada Aspectos Generales, punto 4, 5, 9 y 10 tipo "A", así como la fracción II, denominada "Servicio de Arrastre", punto 12 tabla tarifaria inserta en el párrafo tercero, de la Norma General Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, establece para dicho servicio la cantidad de $528.69 (quinientos veintiocho pesos 69/100 moneda nacional), por banderazo de salida y $18.82 pesos por kilómetro adicional, por lo que si se toma en consideración que la distancia de cualquier punto de la ciudad y el depósito vehicular número "2", no excede de treinta y ocho kilómetros, la responsable por tal concepto la cantidad de $1,243.00 (mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por lo que la cantidad que pretende cobrársele por tal concepto resulta ser excesiva y se contrapone con lo previsto por el artículo 22 Constitucional, con lo cual se le priva de sus bienes. Máxime que el quejoso no solicitó tal servicio. Son igualmente infundados sus motivos de disenso. No asiste la razón en el sentido de que la Policía Vial hubiere desposeído al quejoso de su vehículo de manera verbal, sin mandamiento escrito, habida cuenta que el propio quejoso aportó como prueba la cédula de notificación de infracción, de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno con número de folio 34209978-9, por la que se impuso a la conductora del vehículo, como medida cautelar, la prevista por los numerales 171, fracción VI y 186, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de ahí que sí existe el mandamiento escrito. En efecto, de la lectura de dicha actuación y del informe justificado, se puede corroborar que la responsable fundamentó y motivó la medida de seguridad, como acto de molestia, en lo dispuesto por los numerales 170, 171, fracción I y 186, fracción III, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como que fue impuesta por la Agente Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad de esta entidad. Además, expuso como razonamiento de su actuar que a las personas que conducen vehículos de automotor, bajo el influjo de alcohol y, se les detecte una cantidad mayor de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se les sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas. Asimismo, se precisó el resultado de la prueba practicada a Miriam Natalia Partida Zepeda, donde se advierte dio como resultado 0.77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, número de prueba 3583. Por tanto, contrario a lo afirmado por el quejoso, sí existe un mandamiento escrito, fundado y motivado, por parte de la autoridad, en el cual se determinó como medida de seguridad, el retiro de circulación del vehículo, derivado de que la Agente Vial, asentó en el folio como resultado de la prueba practicada al conductor del vehículo "0.77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.", por lo que se determinó que se encontraba en el supuesto contemplado en dichos arábigos. Lo anterior permite advertir que no asiste razón a la parte quejosa al decir que la multa se encuentra incorrecta, indebida e insuficientemente fundada y motivada, además, con relación a que no se estableció la competencia territorial y material de la autoridad, también deviene infundado, si se toma en consideración que la cédula reclamada fue practicada por la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, cuyo actuar, entre otros, lo fundamentó en el numeral 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que dispone que la citada Secretaría de Seguridad, por conducto de la policía vial o de tránsito municipal, tienen la facultad de retirar un vehículo de la circulación, aun contra la voluntad del conductor y trasladarlo a un depósito público o privado sujeto a concesión, entre otros supuestos, cuando se le imponga como medida de seguridad arresto administrativo, lo que acontece en el caso, de ahí que se encuentre debidamente fundamentada la competencia de la autoridad. Por lo que respecta al motivo de disenso que refiere el promovente, en el sentido de que la multa que le ha sido impuesta conforme lo previsto por el numeral 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, es excesiva. Dicho motivo de inconformidad resulta ser infundado, pues por lo que respecta a las fracciones, II, III y VII, establecen como sanción a las personas que conduzcan un vehículo bajo la influencia de alcohol, arresto administrativo que puede ser de doce hasta treinta y seis horas. Y, si bien, la fracción I, contempla como medida sancionatoria multa equivalente a 150 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cierto es que la sanción depende del nivel de alcohol detectado, la cual es modulada, y no fija, pues su actualización deriva del grado alcohol en la sangre o por aire espirado. Luego, del folio reclamado se desprende que se impuso sanción conforme la fracción III, del citado numeral, es decir, arresto administrativo inconmutable, derivado a que se le encontró que tenía 0.77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. De ese modo, tampoco es excesiva la infracción, sencillamente porque no es ilegal, en la medida que dependiendo del nivel de alcohol detectado, es la multa o la sanción, pues se insiste, como se ha referido, el multicitado artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establece en sus fracciones, un grado distinto de sanción, dependiendo de los miligramos de alcohol detectado, que van desde una multa, al arresto hasta por treinta y seis horas, es evidente que se cumple cabalmente con el espíritu del artículo 21 Constitucional, pues la imposición de esa sanción supone el ejercicio por parte de la autoridad administrativa de la facultad de optar por la multa o por el arresto, lo cual no supone un derecho de opción a favor del infractor, sino la facultad de la autoridad administrativa de conmutar la multa por el arresto. Es infundado lo que señala la parte quejosa, en el sentido de que a través de la imposición de la cédula que reclama, se le priva de la propiedad y posesión de su vehículo, pues como se expuso, los actos privativos y los actos de molestia se rigen por circunstancias distintas, por lo que, se reitera, tal medida constituye un acto de molestia temporal, pues únicamente se retiró el vehículo, en virtud de que el conductor se encontraba alcoholizado o en estado de ebriedad, siendo resguardado en el corralón o depósito vehicular "2", por una infracción mayor (por el nivel de alcohol con que se le detectó), no así que de manera arbitraria y sin sustento le fuera desposeído el vehículo, sino que, ante las circunstancias manifiestas en que se le detectó estar conduciendo, se retiró el vehículo de la circulación, por seguridad del propio conductor y de las demás personas que transitaban o conducían por las calles donde sucedieron los hechos que motivan la infracción, de ahí que es correcto y legítimo que se le cobre alguna cantidad por el resguardo del vehículo, por tanto, no se rige entonces por el artículo 14 Constitucional. Además, como se evidenció, dichos actos no resultan ser indefinidos, pues el numeral 174 del Reglamento a la citada Ley de Movilidad, prevé el requisito por medio del cual se le hará la devolución respectiva del vehículo que hubiese sido retirado de circulación. Por tanto, no resulta ser un acto que por tiempo indefinido o definitivamente desposea a su propietario del automotor, sino que una vez cumplido el requisito previsto en la normativa, le será devuelto. Por su parte, aduce el quejoso que no existe norma alguna que prevea la desposesión del vehículo de su propiedad como sanción. Lo anterior es infundado, acorde a lo dispuesto por el numeral 171, fracción VI, de la citada Ley de Movilidad, en que se fundó el acto de molestia del que ahora se duele, que dispone: "Artículo 171. La Secretaría de Seguridad por conducto de la policía vial o la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo". De lo que se colige que sí existe disposición expresa que autorice el retiro del vehículo al conductor, al encontrarse en los supuestos contemplados por la norma para ello. Además, en lo tocante al argumento que realiza la parte quejosa, respecto de la sanción reclamada se encuentra indebida e insuficientemente fundada y motivada por la autoridad responsable, se insiste que de la cédula de infracción se desprende que la policía vial que la levantó, citó diversos preceptos legales con la finalidad de sustentar su actuar, así mismo, señaló la razón del porqué el quejoso encuadró en los supuestos normativos invocados. Ahora bien, la parte quejosa en sus motivos de disenso arguye que la autoridad no es la competente para efectuar el cobro de la sanción impuesta. En ese sentido, tal motivo deviene infundado, puesto que las autoridades, al momento de rendir su informe de ley, sostuvieron que la autoridad encargada del cobro de las mismas, lo es la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no así la Agente Vial que impone la misma, pues éste únicamente llenó el formato de la cedula de infracción. Así mismo, la citada policía vial sostuvo que la aplicación de dicha sanción derivó del hecho de que el conductor del vehículo del quejoso se encontraba conduciéndolo bajo los influjos del alcohol, al haber obtenido un resultado de 0.77 miligramos de alcohol por aire espirado, actualizando así el supuesto previsto en los numerales 171, fracción VI, y 186, fracción III, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, tal como ser corrobora con la boleta de infracción adjunta. De ahí que si a pesar de que con fundamento en el numeral 111 de la Ley de Amparo, se le dio vista al quejoso a fin de que ampliara su escrito inicial de demanda, sin que lo hubiese hecho, es de estimarse que el acto controvertido se encuentra debidamente fundado y motivado. Máxime si se toma en consideración, como lo estableció la propia responsable, que la medida de seguridad implementada consistente en el retiro de su vehículo de la circulación con motivo de haber obtenido dicho resultado de alcohol en su sangre, se realiza precisamente ponderando el bienestar de la sociedad general. Ello es así, puesto que resulta incuestionable que la sociedad se encuentra interesada en que los conductores de todos los automotores lo hagan en estado de sobriedad, sin que el influjo de algún tipo de sustancia pueda influir en sus habilidades al volante, lo que pudiese ocasionar no solo perjuicios patrimoniales, sino que también en contra de la vida del propio conductor y terceros ajenos. De ahí que se estime que la medida de seguridad implementada por la autoridad responsable, sí se encuentre debidamente fundada y motivada. En las relatadas circunstancias ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos en su demanda de amparo y, al no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal, solicitados. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leonel Guadalupe Partida Fonseca, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Leonel Guadalupe Partida Fonseca, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo respecto de los cuales no se sobreseyó, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución.
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