Leoncio Hernández García
Expediente 2107/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2107/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2023
Partes del expediente
- Leoncio Hernández García
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento y por otro lado solicita se amplié el término otorgado a la autoridad responsable para estar en aptitud de cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días, en el entendido de que ésta no podrá excederse de la misma, a fin de que estén en aptitud de cumplimentar la sentencia de garantías
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, téngasele remitiendo copias certificadas de las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional el ocho de noviembre del año que transcurre, por ende, se ordena dejar sin efectos el apercibimiento contenido en autos. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en esta vía constitucional, lo siguiente: "[.] SE LE RECLAMA LA OMISIÓN Y ENDE NEGATIVA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DEFINITIVA Y DAR CUMPLIMIENTO A LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, YA QUE FUE NOTIFICADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, MANIFESTACIÓN QUE SE REALIZA BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD.". Ahora bien, de las documentales que la responsable adjuntó a su ocurso de cuenta, así como al registrado con el número 25823 se advierte que el trece de octubre de esta anualidad, la parte actora (aquí quejoso) y la parte demandada, celebraron convenio en el juicio de origen 2073/2012-F1, asimismo, que el quince de noviembre del año en curso, el Tribunal tuvo por recibido el escrito de la parte actora, a través del cual informó que el diecinueve de octubre del presente año, realizó el cobro del cheque con número de folio 84941765 que cubre el primer pago parcial del convenido celebrado en el citado juicio de origen; documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la falta de cumplimiento al laudo y a la planilla emitidos en el juicio laboral 2073/2012-F1, siendo que el pasado trece de octubre de esta anualidad, la parte actora y la demandada celebraron convenio de pago, y el diecinueve de octubre siguiente, el aquí quejoso realizó el cobro del cheque con número de folio 84941765 que cubre el primer pago parcial del citado convenido, por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable ACRÉDITO QUE LLEVO A CABO LOS ACTOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO; con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala, visible en la página 732, registro 2005150, Materia(s): Común, Décima Época, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las diez horas con cuarenta y cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite el acuse del oficio OMA/JRL/1488, de su índice, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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