Leonel Dominguez Arreola

Expediente 1735/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1735/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • Leonel Dominguez Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    III.Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Leonel Domínguez Arreola, manifiesta su conformidad con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y refiere no recurrirla con medio de impugnación alguno; asimismo, solicita copia de la misma. Atento a lo anterior, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el cual la sentencia adquirió firmeza procesal y se ordenó el archivo del juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del quejoso las copias simples que solicita, teniéndose por autorizado para recibirlas a la persona mencionada en el ocurso de cuenta. En el entendido, que cuando se presente a recogerlas deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca: - El original del toca de apelación 486/2016, así como un dvd certificado que contiene la audiencia para resolver el recurso de apelación, interpuesto en contra del auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis. - El original de la carpeta administrativa 1627/2015 y quince dvd´s certificados. - El original de la causa del juicio oral 53/2016 y trece dvd´s certificados. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberá conservarse la demanda y sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual manera se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1735/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Leonel Domínguez Arreola por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA H. PRIMERA SALA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN TOLUCA MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO: La Resolución de fecha 24 de octubre del año 2016 notificada el mismo día 24 de octubre del presente año, dictada por los C.C. Magistrados que integran la H. Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con residencia en Toluca México, en el Toca de apelación No. 486/2016, con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por mi defensor privado Lic. Leopoldo Esquivel Garduño, en contra de la resolución que niega el auto de sobreseimiento, dictado en fecha 14 de septiembre del año dos mil dieciséis, por el C. Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca México, en la causa penal 53/2016 y su acumulada 172/2016, que se tramita con motivo del delito de robo en contra del suscrito y otros tres imputados más." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda en este juzgado de distrito, a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se registró con el número 1735/2016-III; por auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete; se ordenó emplazar al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal responsable; se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por autoridad judicial del orden penal que afecta la libertad personal, la cual se ejecuta en el ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca de apelación 486/2016, mediante la cual el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, confirma el auto de catorce de septiembre del mismo año, en el que el juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, México, negó el sobreseimiento de la causa penal 53/2016, solicitado por el aquí quejoso por conducto de su defensor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Toluca, Estado de México (foja 22), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y, para sustentar la constitucionalidad del mismo exhibió el original del toca de apelación 486/2016, así como un dvd certificado que contiene la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis; el original de la carpeta administrativa 1627/2015 y quince dvd´s certificados; y, el original de la causa del juicio oral 53/2016 y trece dvd´s certificados, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por haber sido emitidas por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo son los que a continuación se narran: 1. En audiencia de continuación de juicio de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el defensor privado del aquí quejoso, solicitó al Juez de Juicio Oral decretara auto de sobreseimiento a favor de su defendido, en virtud de que ya había transcurrido el término de un año para ser juzgado. 2. En esa misma fecha, previo oír a ambas partes, el Juez resolvió que no era procedente la petición de sobreseimiento a favor del acusado Leonel Domínguez Arreola. 3. Inconforme con dicha determinación, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación el cual se radicó con el toca 486/2016, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, determinó confirmar el auto que negó el sobreseimiento de la causa 53/2016. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de constitucionalidad de los conceptos de violación aducidos por el quejoso. Al no existir causa de improcedencia, se procede al estudio de los conceptos de violación que hace valer el amparista, a la luz de los motivos que expone en su líbelo, los que no se trascriben al no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164618, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, el quejoso aduce como conceptos de violación esencialmente los siguientes: a. Que los artículos 20 apartado B, fracción VII de la Constitución, 153, fracción VII del Código de Procedimientos Penales del Estado de México y 113, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que toda persona debe ser juzgado dentro del término de un año, salvo que solicite más tiempo para su defensa. b. Que al último párrafo del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los plazos a que se refiere la fracción X, se computarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que se dicte la sentencia. c. Que la responsable sin fundar su determinación señala que el plazo de un año inicia a partir de que se dicta el auto de apertura de juicio oral, lo cual considera incorrecto, pues juzgar una persona lo es a partir de estar a disposición del juez. d. Que resulta inexacta la aseveración del Tribunal responsable al considerar que no procedía el sobreseimiento al no reunirse los supuestos que consagra el artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, puesto que la petición se apoyó en lo establecido en la fracción VII en relación con la fracción VII del artículo 153 del referido artículo, que tiene el carácter de genérica al señalar en los demás casos en que lo disponga este código, por lo que los Magistrados debieron atender el principio pro persona. El motivo de inconformidad reseñado en el inciso d, resulta infundado por las siguientes consideraciones. "Artículo 302. El juez competente decretará el sobreseimiento cuando: I. Agotada la investigación, el ministerio público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; II. Se hubiere extinguido la pretensión punitiva; III. Una ley posterior suprima un tipo penal; IV. El hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado; V. Por desistimiento de la acción penal por parte del ministerio público; VI. Hayan transcurrido seis meses después de haberse negado la orden de aprehensión o comparecencia o dictado auto de no vinculación a proceso, sin que se haya perfeccionado la pretensión punitiva; y VII. En los demás casos en que lo disponga la (sic) este código. Recibida la solicitud, el juez la notificará a las partes y citará a una audiencia que tendrá verificativo dentro de los tres días siguientes, en la que se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el juez se pronuncie al respecto. El artículo transcrito establece cuáles son las causas por las cuales se puede decretar el sobreseimiento de la causa penal, entre las que se encuentran las siguientes: que agotada la investigación el Ministerio Publico no haya contado con elementos suficientes para fundar su acusación; la extinción de la pretensión punitiva; que exista una ley posterior que suprima a un tipo penal; que haya sido motivo de diverso proceso penal, donde se hubiere dictado sentencia ejecutoria al imputado; que exista desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; y, que se advierte la existencia de una orden negada o de un auto de no vinculación a proceso a favor del gobernado. Ahora, en su fracción VII, el artículo 302, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado, establece que procede el sobreseimiento de la causa en los demás casos en que lo disponga dicho código, es decir en, casos diversos a los señalados en sus seis fracciones anteriores, pero que estén establecidos en alguna otra disposición del mismo ordenamiento legal. Es decir, no dispone de manera específica un motivo que de lugar al sobreseimiento de la causa, pero sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de algún otro precepto del propio Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado. Por lo que, para que se actualice la causa de improcedencia invocada es necesario que la causa de sobreseimiento, derive necesariamente de cualquier mandamiento del propio Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado. En el caso en estudio, el quejoso argumentó que la causa de sobreseimiento invocada encontraba fundamento en el artículo 302, fracción VII, en relación con el artículo 153, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado, el cual repetía la disposición de la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales. A fin de establecer lo infundado de su argumento, resulta necesario señalar el contenido del artículo señalado, el cual establece: "Artículo 153. El imputado, de manera enunciativa más no limitativa, tiene los siguientes derechos: VII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;" Dicho precepto legal, dispone que el imputado debe ser juzgado antes de cuatro meses -tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión- y antes de un año -si la pena excediere de ese tiempo, lo cual constituye una garantía constitucional establecida en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho precepto no establece que una vez transcurridos dichos términos, sin que en el proceso se haya emitido la sentencia correspondiente, tenga como consecuencia el sobreseimiento de la causa. Bajo esas consideraciones, como lo estableció el Tribunal responsable, el hecho de que transcurra con exceso el término establecido en el artículo 153, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado, no actualiza una causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 302 del ordenamiento legal invocado. De ahí que el sentido de la resolución combatida se encuentra ajustada a derecho, por lo que ningún fin práctico llevaría conceder el amparo para que se subsanaran deficiencias formales, si el sentido de la misma prevalecería, lo que hace infundado el concepto de violación en estudio. En este tenor, los conceptos de violación a, b y c reseñados en esta sentencia devienen inatendibles, pues, resulta intrascendente analizar si en el caso concreto transcurrió el término establecido en el artículo 153, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado, para que el hoy quejoso fuera juzgado pues, como ya se dijo, con independencia de si transcurrió dicho plazo o de cuando debió comenzarse a computar, lo cierto es que ello no actualiza una causa de sobreseimiento. Con independencia de ello, conviene precisar que para determinar si existe violación al precepto mencionado y, por ende, a la prerrogativa del inculpado de ser juzgado en un plazo razonable, es necesario acudir a la figura del "plazo razonable" establecida en el derecho internacional de los derechos humanos, en específico, al contenido de ese tema en el sistema interamericano de derechos humanos, aun cuando el artículo 20, apartado B, fracción VII, constitucional dispone que debe ser antes de cuatro meses -tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión- y antes de un año -si la pena excediere de ese tiempo-. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para resolver de mejor forma el caso; por lo que si lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, procede que, en cada caso en concreto, se analice si hay motivos que justifiquen la dilación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.37 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la página 2537, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "DERECHO DEL INCULPADO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE. PARA DETERMINAR SI EXISTE VIOLACIÓN A ESTA PRERROGATIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES NECESARIO ACUDIR A LA FIGURA DEL "PLAZO RAZONABLE", ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y ANALIZAR CADA CASO CONCRETO. Para determinar si existe violación al precepto mencionado y, por ende, a la prerrogativa del inculpado de ser juzgado en un plazo razonable, es necesario acudir a la figura del "plazo razonable" establecida en el derecho internacional de los derechos humanos, en específico, al contenido de ese tema en el sistema interamericano de derechos humanos, aun cuando el referido artículo constitucional disponga que debe ser antes de cuatro meses -tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión- y antes de un año -si la pena excediere de ese tiempo-. Lo anterior, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para resolver de mejor forma el caso; por lo que si lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, procede que, en cada caso en concreto, se analice si hay motivos que justifiquen la dilación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario." Empero, como se adelantó, aún y cuando resultara fundado su argumento en el sentido de que ya transcurrió con exceso dicho término, su consecuencia no daría lugar a decretar el sobreseimiento de la causa, por lo que, los conceptos de violación encaminados a demostrar la dilación procesal señalada resultan inatendibles. En consecuencia, al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 constitucionales, 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leonel Domínguez Arreola, en contra de la autoridad y por el acto precisado en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las once horas con cinco minutos, como se estableció en auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis; sin embargo, del estado procesal se advierte que en fecha seis de diciembre de dos mil dieciseis ( foja 26) se emplazó a la tercera interesada Cadena Comercial Oxxo, por condcuto de su apoderado legal Rigoberto Evaristo Samoza Nava, por lo que, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México. En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil dieciseis, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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