Leonardo Vicente Davila Godinez
Expediente 928/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
Partes del expediente
- Leonardo Vicente Davila Godinez
Actuaciones
- Principal
... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). 2. En el entendido que no existen documentos originales. 3. Carece de relevancia documental (pues no encuadra en los supuestos del artículo 15 del señalado acuerdo). De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ...
- Principal
... Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Leonardo Vicente Dávila Godínez, por propio derecho y quien se ostenta en representación del menor de iniciales L.S.D.F., contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 928/2021-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que los actos reclamados en el presente asunto son: La resolución de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente 536/2021, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra de la inadmisión de la prueba Documental Pública consistente en girar oficio al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para conoces los horarios laborales de la demandada y que capacidad existe para hacerse cargo del menor. Ahora bien, de la precisión de los actos reclamados hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dichas actuaciones no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: .... Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente 536/2021, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra de la inadmisión de la prueba Documental Pública consistente en girar oficio al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para conoces los horarios laborales de la demandada y que capacidad existe para hacerse cargo del menor, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, pues la sentencia que se emita en el juicio natural puede resultar favorable a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Leonardo Vicente Dávila Godínez, por propio derecho y quien se ostenta en representación del menor de iniciales L.S.D.F., contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca Estado de México; de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. ... Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
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