Leonel Delgado Martínez
Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leonel Delgado Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de quince de octubre del dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo promovido por ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez transcurrido el plazo en comento, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Devuélvase un tomo de pruebas remitido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Complementaria, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, toda vez que es innecesario su resguardo en este juzgado. Finalmente, se advierte que obran documentales exhibidas por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, seguirá la misma suerte que el expediente en que se actúa.
- Incidental
Visto la cuenta, toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, aunado a que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: a) Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), de dicho acuerdo, el original del incidente de suspensión debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) De conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del propio acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente auto, previa acta correspondiente.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los autos se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio no fue notificada de manera correcta a las partes que señalaron domicilio electrónico para tal efecto, puesto que de la síntesis generada no se advierte el contenido de la citada resolución. En consecuencia, notifíquese personalmente a las partes que hayan señalado usuario electrónico la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. "Visto el juicio de amparo indirecto 392/2021-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Irapuato, Leonel Delgado Martínez, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra los actos reclamados a la juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región de Irapuato, Guanajuato, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 392/2021-I y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable la remisión de su informe justificado; otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la legal intervención que le corresponde en el juicio; reconoció la calidad de tercero interesado y ordeno el emplazamiento a juicio a Lucino Eugenio Pérez Santos y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual fue eventualmente diferida y celebrada al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado por la juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región de Irapuato, Guanajuato, emitida dentro del expediente penal 1P1620-1259, con ejecución en dicha ciudad, ámbito territorial donde este órgano de control constitucional tiene competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, luego de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio, se obtiene que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en su contra por la juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región de Irapuato, Guanajuato, emitida dentro del expediente penal 1P1620-1259, por su probable participación en la comisión del hecho que la norma penal tipifica como delito de fraude procesal en el artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Lucino Eugenio Pérez Santos y la administración de justicia. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región de Irapuato, Guanajuato, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se confirma con las constancias remitidas a este Juzgado al tenor del valor probatorio pleno que poseen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos. CUARTO. ANTECEDENTES. Para una mayor comprensión del caso, se relatarán de manera sucinta los antecedentes relevantes. 1. En audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, verificada ante la juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región de Irapuato, Guanajuato, el agente ministerial formuló imputación en contra de Leonel Delgado Martínez al tenor del siguiente marco fáctico: Lucino Eugenio Pérez Santos, denunciante en la causa penal de mérito, fue demandado por Leonel Delgado Martínez en cuatro ocasiones en la vía ejecutiva mercantil, con base en cuatro títulos de crédito: El primer título de crédito pagaré fue presentado ante el Juzgado Segundo Menor Civil el veintidós de febrero de dos mil dieciocho y radicado bajo el número de expediente M354/2018, con base en el cual se demandó el pago de $10,000.00 (diez mil pesos, moneda nacional), pagadera al imputado, con fecha de suscripción del documento el cinco de febrero de dos mil quince y vencimiento de veinte de noviembre de dos mil quince, con un interés mensual del diez por ciento. El segundo pagaré fue radicado en el Juzgado Primero Menor Mixto, el diez de abril de dos mil dieciocho, bajo el número de expediente 579/2018, con el cual se demandó el pago de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, moneda nacional), pagadera al imputado, con suscripción de cinco de febrero de dos mil catorce y vencimiento de cinco de febrero de dos mil quince, con un interés del diez por ciento mensual. El tercer documento fue presentado y radicado en el Juzgado Segundo Menor Civil el diez de abril de dos mil dieciocho, bajo el número de expediente 573/2018, y con base en él se demandó el pago de $10,000.00 (diez mil pesos, moneda nacional), pagadera al imputado, con fecha de suscripción de cinco de febrero de dos mil quince y vencimiento de veinte de noviembre de dos mil quince, con un interés del diez por ciento mensual. El cuarto documento, fue presentado y radicado en el Juzgado Cuarto Civil el cuatro de junio de dos mil dieciocho, bajo el número de expediente M858/2018, con el cual se demandó el pago de $110,000,00 (ciento diez mil pesos, moneda nacional) con fecha de suscripción de once de mayo de dos mil catorce y vencimiento de cinco de febrero de dos mil quince, con un interés del diez por ciento mensual. El fiscal indicó que en todos los juicios ejecutivos, al momento del requerimiento de pago al demandado, el ahora tercero interesado desconoció el adeudo y, en cada uno de ellos, opuso excepciones y defensas y ofreció sendas pruebas periciales grafoscópicas y documentoscópicas para demostrar que la firma al calce de los documentos ejecutivos no era suya. Además, precisó que en dichos juicios se demostró que la firma no pertenecía al demandado, por lo cual se suspendió el trámite de dichos procesos por encontrarse bajo investigación ministerial. Bajo ese contexto, el agente ministerial consideró que tales hechos encuadraron en la descripción típica del delito de fraude procesal, contenido en el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Consideró, además, que la participación del ahora quejoso fue en grado de autor material, a título de dolo, conforme a los artículos 20 y 13 de dicho Código punitivo. 2. Acto seguido, el fiscal solicitó a la juez de control vinculara a proceso a Leonel Delgado Martínez con base en la calificación jurídica referida en el párrafo inmediato anterior, por su probable participación en la comisión de dicha conducta delictiva en agravio de la administración de justicia y Lucino Eugenio Pérez Santos. Para ello, expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, los cuales consistieron en: a) entrevista del denunciante, Lucino Eugenio Pérez Santos, quien refirió los hechos narrados en el marco fáctico expuesto en el punto 1 de la relación de antecedentes de este fallo. b) las constancias de los juicios ejecutivos mercantiles M354/2018, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil; 579/2018, del Juzgado Primero Menor Mixto; 573/2018, del Juzgado Segundo Menor Civil; y M858/2018, del Juzgado Cuarto Civil. En los juicios 579/2018 y 858/2018, se abrió el periodo a prueba y el demandado, víctima en el proceso penal, ofreció sendas pruebas periciales a cargo del perito Oscar Alfredo Alfaro López. Dichas pruebas fueron desahogadas y se concluyó que las firmas de los documentos ejecutivos base de dichos procesos no correspondían a la del demandado, pues fueron falsificadas por simulación. Finalmente, tales procesos fueron suspendidos por los jueces de las causas con motivo de la investigación ministerial iniciada. En los juicios M354/2018 y 573/2018 únicamente se abrió el periodo probatorio y, de igual modo, se suspendió el trámite del proceso debido a la investigación iniciada por la fiscalía. El fiscal refirió que en cada uno de esos juicios, la victima desconoció la firma al calce de los títulos de crédito; no obstante, le fue embargado su sueldo como médico y, en el periodo probatorio, ofreció las pruebas periciales en que se determinó que la firma no correspondía a la suya, por lo que se suspendió el trámite de dichos juicios por la investigación ministerial. c) dictámenes periciales LDC0789/2018, de uno de octubre de dos mil dieciocho; LDC0966/2018; LDC0967/2018; y LDC968/2018, todos de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en los que se estableció que la firma de los títulos de crédito por $10,000.00; $10,000.00; $40,000.00 y $110,000.00, respectivamente, no correspondía a la del demandado en los juicios ejecutivos de origen, pues fue falsificada mediante imitación. Con base en dicha información el fiscal consideró que, a manera de probabilidad, podía colegirse que se cometió el delito de fraude procesal, contenido en el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, el cual se actualiza cuando alguien altere, falsee o simule documentos o actos que provoquen una resolución judicial o administrativa. De dichos elementos, el fiscal estimó lo siguiente: El verbo típico aplicable, en el caso, fue el falsear, el cual, indicó el agente ministerial, significa hacer falsa una cosa, alterarla, de modo que deje de ser auténtico. El sujeto activo correspondió al imputado, ya que fue quien acudió a las instancias jurisdiccionales, presentó cuatro demandas, en las cuales se despachó ejecución sobre la víctima. Por otro lado, el sujeto pasivo, recayó en la administración de justicia y Lucino Eugenio, ya que éste fue la persona que resintió los efectos de dicho acto al ser requerido de pago en diversas ocasiones por deudas amparadas en títulos ejecutivos de los que desconoció sus firmas. Añadió que la conducta fue demostrada en el momento en que el imputado promovió los procesos jurisdiccionales antes referidos, así como por el hecho de que dentro de dos de tales juicios, 579/2018 y 858/2018, se demostró mediante pruebas periciales que la firma no pertenecía al demandado, Lucino Eugenio. Asimismo, el agente ministerial precisó que, la conducta típica no consistió en alteración, ya que ésta implica que la existencia de documentos modificados en sus características objetivas y en su integridad para no coincidir con la realidad; de igual manera, adujo que la conducta atribuida al quejoso no era la imitación, ya que ésta presupone la existencia de un documento verdadero y otro falso. Pero, por el contrario, estimó que sí fue actualizado el verbo típico falsear, esto es, pues éste implica la existencia de un documento cuyas características sí son auténticas en sí mismas; sin embargo, el objeto de la falsificación fue el contenido ideológico de los mismos, pues no coincide con la realidad. Aunado a ello, refirió que dicha falsificación fue cometida antes del proceso y no durante él. Puntualizó que, para la actualización de la descripción típica del fraude procesal no es necesaria la emisión de una sentencia o resolución definitiva, sino únicamente que exista un intento de engañar a la autoridad; es decir, la emisión de cualquier acto procesal al que recaiga una resolución. En ese sentido, refirió que la finalidad en dicha figura típica es provocar una resolución judicial, la cual se demostró con la presentación de los títulos de crédito en cuatro ocasiones ante los juzgados civiles, la cual tuvo como consecuencia que se despachara ejecución, requerimiento de pago del numerario de dichos documentos y embargo de bienes suficientes; en el caso, el sueldo de la víctima, ahora tercero interesado. Estimó que el bien jurídico tutelado es la administración de justicia, aunado al perjuicio patrimonial de Lucino. Indicó que el delito se consumó, con independencia del resultado en el proceso, desde el momento en que el imputado intentó inducir al error a la autoridad jurisdiccional. Además, refirió que la conducta se atribuyó a título de dolo, ya que el imputado tuvo conocimiento de que la firma al calce de los documentos ejecutivos no pertenecía a la víctima; pues, incluso, ésta refirió que no conocía al imputado. Por otro lado, el fiscal consideró demostrada que la participación en la comisión del ilícito penal fue en grado de autor material, pues, conforme a lo reseñado, el imputado, por propio derecho, acudió a las instancias jurisdiccionales y promovió los cuatro juicios ejecutivos donde se despachó ejecución, requerimiento de pago y embargo. Finalmente, consideró que lo anterior fue robustecido con los dictámenes periciales realizados por la fiscalía. Por ello, ante la inexistencia de alguna causa de justificación o exclusión del delito, el fiscal solicitó vinculara a proceso a Leonel Delgado Martínez por su probable participación en la comisión del delito de fraude procesal, tipificado por el artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato. La juez de control consideró satisfechos los requisitos constitucionales y legales para el dictado del auto de vinculación a proceso. Conforme a lo expuesto por el agente ministerial, estimó que, al ser Leonel Delgado Martínez quien presentó los títulos ejecutivos para su cobro judicial, aunado a que dichos documentos no circularon, sino que Leonel fue el único tenedor y propietario, indiciariamente coligió que existe la probabilidad de que él fue quien los creó con base en un contenido ideológico falso. Por lo anterior, estimó innecesaria, para ese momento procesal, el ofrecimiento de un dato de prueba que demostrara, de manera directa, que fue Leonel Delgado quien generó dichos documentos, sino que el hecho de presentarlos ante diversos órganos jurisdiccionales para su cobro, aunado a que tales documentos no circularon, permitió concluir preliminarmente que el imputado fue quien los manufacturó, pues éste es el único tenedor de los títulos ejecutivos. Precisó que, contrariamente a lo aducido por la defensa, no era necesaria la conclusión de los juicios civiles, o la emisión de una resolución definitiva dentro de ellos, para que el hecho típico se actualizara, pues el daño a la administración de justicia sucedió desde el momento en que, científicamente, se demostró que la firma al calce de los títulos mercantiles no pertenecía a la víctima indirecta y el imputado los presentó ante los jueces civiles para obtener su cobro forzoso. Asimismo, el daño patrimonial a la víctima indirecta acaeció en el momento en que fue requerido de pago, embargado y emplazado a juicio con base en documentos viciados de contenido ideológico falso. Respecto al dolo, la jueza responsable lo consideró acreditado sobre la base de que Leonel sabía que los títulos de crédito no fueron firmados por la víctima y, a pesar de ello, los presentó judicialmente para su cobro e indujo a los jueces civiles en un error. Con base en lo anterior, consideró que, si a través de las pruebas periciales se demostró que la firma al calce de los títulos ejecutivos no pertenecía a la víctima indirecta; aunado a que Leonel Delgado, por propio derecho, como único tenedor y propietario de los documentos de crédito, presentó en sede jurisdiccional los pagarés para obtener su cobro, fue dable concluir que él los generó al amparo de un contenido ideológico falso. Por tales consideraciones, la jueza de control vinculó a proceso a Leonel Delgado Martínez por su probable participación en la comisión del hecho que la norma penal tipifica como delito de fraude procesal en el artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Lucino Eugenio Pérez Santos y la administración de justicia. Esta resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El quejoso indica que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente el acto reclamado, pues, estima infringió en su perjuicio los derechos contenidos en el artículo 19 constitucional. Arguye que, tanto el agente ministerial como la jueza responsable, no indicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se tuvo acreditada la conducta delictiva. Indica que no existe prueba o indicio directo de que él fue quien cometió la falsificación de los documentos ejecutivos, o bien, de que él tenía conocimiento de dicha falsificación; por lo cual, aduce, no puede atribuírsele la comisión de dicha conducta típica. Agrega que, hasta el momento, únicamente existen peritajes que demuestran la falsedad de las firmas de los títulos de crédito, pero es necesaria la valoración por parte de los jueces civiles para que pueda considerarse la probable existencia de alguna conducta ilícita. Puntualiza que la comisión del delito que se le atribuyó puede ser cometida de diversas formas: falsear, alterar o simular. No obstante, argumenta, no pueden ser cometidas de manera simultánea como así lo expresó el agente ministerial al usar de manera indistinta los verbos típicos indicados. Por ello, precisa que la juez responsable subsanó los errores del Ministerio Público, ya que éste usó de manera indistinta durante la imputación y la solicitud de vinculación los verbos mencionados, cuando tienen significados diversos. Además, indica que los dictámenes periciales realizados por la fiscalía no fueron practicados con base en las firmas indubitadas recabadas el dieciséis de agosto, sino sobre diversas firmas recabadas el catorce de agosto anterior, ambas de dos mil dieciocho. Esto es, que el dictamen pericial fue practicado sobre firmas no solicitadas por parte del fiscal hacia el perito en materia grafoscópica. Finalmente, sostiene que del hecho de que no haya podido ser localizado en el domicilio procesal ubicado en el Fraccionamiento Residencial Campestre, calle Bruselas, número 180, de Irapuato, Guanajuato, no se obtiene la probabilidad de que haya participado en la comisión del delito que se le atribuyó. Los conceptos de violación son infundados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el libro 45, Tomo I, agosto de 2017, página 360, número de registro 2014800, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL), estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Refirió que, derivado de la reforma constitucional en dos mil ocho, la transición de un sistema de justicia penal de carácter inquisitivo a uno acusatorio, implicó un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues, para efecto del dictado del auto de vinculación a proceso (antes, de sujeción a proceso) ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí (como sucedía en el sistema mixto), con lo cual se eliminó el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortaleció el juicio oral, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Precisó que la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta en la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. En esa línea de estudio, consideró que el nivel de exigencia probatoria en la vinculación a proceso es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran afectar un derecho fundamental. La Corte añadió que, a diferencia del sistema tradicional, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en la acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un juicio adelantado, porque los antecedentes de la investigación y los datos de prueba que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En el caso, el quejoso arguye que, tanto el agente ministerial como la jueza responsable, no indicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se tuvo acreditada la conducta delictiva. Indica que no existe prueba o indicio directo de que él fue quien cometió la falsificación de los documentos ejecutivos, o bien, que él tenía conocimiento de dicha falsificación; por lo cual, aduce, no puede atribuírsele la comisión de dicha conducta típica. No asiste razón al quejoso, pues la juez responsable sí precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la probable comisión del hecho típico de fraude procesal. Es así, pues en la audiencia de vinculación a proceso, la juez responsable consideró que la conducta fue demostrada en el momento en que el imputado promovió los procesos jurisdiccionales M354/2018, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil; 579/2018, del Juzgado Primero Menor Mixto; 573/2018, del Juzgado Segundo Menor Civil; y M858/2018, del Juzgado Cuarto Civil. Además, la jueza precisó que el hecho de que dentro de dos de tales juicios, 579/2018 y 858/2018, se demostró mediante pruebas periciales que la firma no pertenecía al demandado, Lucino Eugenio, por lo que, al ser Leonel Delgado Martínez quien presentó los títulos ejecutivos para su cobro judicial, aunado a que dichos documentos no circularon, sino que Leonel fue el único tenedor y propietario, indiciariamente coligió que existe la probabilidad de que él fue quien los creó con base en un contenido ideológico falso. Precisó también que era innecesario para ese momento procesal el ofrecimiento de un dato de prueba que demostrara, de manera directa, que fue Leonel Delgado quien generó dichos documentos, sino que el hecho de presentarlos ante diversos órganos jurisdiccionales para su cobro, aunado a que tales documentos no circularon, permitió concluir preliminarmente que el imputado fue quien los manufacturó, pues éste es el único tenedor de los títulos ejecutivos. Finalmente, indicó que, contrariamente a lo aducido por la defensa, y ahora por el quejoso, no era necesaria la conclusión de los juicios civiles, o la emisión de una resolución definitiva dentro de ellos, para que el hecho típico se actualizara, pues el daño a la administración de justicia sucedió desde el momento en que, científicamente, se demostró que la firma al calce de los títulos mercantiles no pertenecía a la víctima indirecta y el imputado los presentó ante los jueces civiles para obtener su cobro forzoso. Asimismo, el daño patrimonial a la víctima indirecta acaeció en el momento en que fue requerido de pago, embargado y emplazado a juicio con base en documentos viciados de contenido ideológico falso. Como se observa, la juez responsable sí precisó de qué manera se configuró la conducta típica atribuida al quejoso; esto es, indicó los procesos jurisdiccionales que se promovieron con base en documentos que, mediante sendas pruebas periciales, se demostró que no fueron signados por el demandado en los juicios ejecutivos de origen, ahora tercero interesado. Además, refirió que, por el hecho de ser el único tenedor de dichos títulos de crédito, es dable concluir, de manera indiciaria y probable, que fue el quejoso quien los falseó en su contenido ideológico para intentar obtener una determinada resolución jurisdiccional, consistente en la radicación de lo juicios mercantiles indicados y el libramiento de un auto de ejecución, requerimiento de pago y embargo sobre los bienes de Lucino Eugenio Pérez Santos. Incluso, respecto al dolo, la jueza responsable lo consideró acreditado sobre la base de que Leonel sabía que los títulos de crédito no fueron firmados por la víctima y, a pesar de ello, los presentó judicialmente para su cobro e indujo a los jueces civiles en un error. Aunado a ello, puntualizó que no era necesaria la emisión de una sentencia o resolución definitiva para poder instar la acción persecutoria, ya que el hecho típico se configuró desde el momento en que el ahora quejoso presentó los documentos ejecutivos para su cobro, bajo las condiciones anteriormente reseñadas. Aunado a ello, no es viable la valoración probatoria o la emisión de una sentencia en los juicios civiles de mérito, pues su trámite fue suspendido con motivo de la investigación ministerial por la probable existencia de hechos de carácter penal. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, ya que, a diferencia del sistema tradicional, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en la acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, por lo que los datos de prueba ofrecidos fueron suficientes para el dictado del auto de vinculación y, en caso de que la fiscalía estime necesario el ofrecimiento de una prueba directa para acreditar que el quejoso sí manufacturó los pagarés, ello atañe a la investigación complementaria y su posterior evaluación en la audiencia de juicio oral. Así, se estima que la juez de control cumplió con los requisitos legales para la emisión del auto de vinculación a proceso; esto es, que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; que la ley señale como delito a ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí lo infundado del concepto de violación. Ahora bien, no asiste razón al quejoso cuando argumenta que, hasta el momento, únicamente existen peritajes que demuestran la falsedad de las firmas de los títulos de crédito, pero es necesaria la valoración de los dictámenes periciales por parte de los jueces mercantiles para que pueda considerarse la probable existencia de alguna conducta ilícita. Es infundado, pues como ya se observó, de conformidad con el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, el tipo penal de fraude se configura cuando el sujeto activo altera, falsea o simula documentos o actos que provoquen una resolución judicial o administrativa. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXXXV/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil doce, tomo 2, página 1202, de número de registro 2001920 y rubro: FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN MATERIA PENAL., si bien analizó el precepto homólogo del entonces Distrito Federal, se pueden tomar por similitud de razones sus consideraciones relativas a que tal tipo penal establece las herramientas necesarias para que el intérprete conozca claramente que lo que se pretende sancionar es la conducta que ocasione a la autoridad judicial o administrativa algún juicio falso o representación mental equivocada, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. En ese orden de ideas, no es requisito para la prosecución penal el que los jueces mercantiles valoren los dictámenes periciales dentro de la causa, pues, de conformidad con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte reseñada, basta que el sujeto activo ocasione a la autoridad judicial o administrativa algún juicio falso o representación mental equivocada, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley mediante cualquier acuerdo dentro del proceso, acuerdo que, incluso, puede emitirse de manera previa a la etapa probatoria del proceso. Aunado a ello, las consecuencias jurídicas de la constatación de la falsedad de las firmas al calce de los títulos de crédito son distintas en función del proceso que se trate. En el proceso mercantil, las consecuencias jurídicas de la valoración probatoria por parte del juez de los documentos tildados de falsos respecto a su firma pueden ser, entre otras, que se declare procedente la excepción de falsedad deducida por el demandado y, en su caso, el pago de daños y perjuicios que pudo provocar el auto de exequendo; o bien, la condena en costas al demandado por la promoción del juicio ejecutivo de manera fraudulenta. Las anteriores consecuencias son autónomas respecto a las que puedan originarse en el proceso penal, pues dentro de éste el Ministerio Público, conforme al artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le corresponde la carga probatoria de demostrar la responsabilidad penal del acusado. De lo contrario, el resultado será la emisión de una sentencia condenatoria. En ambos casos, dichas consecuencias son independientes de lo que suceda en los procesos mercantiles y la valoración probatoria de los títulos de crédito que en ellos se realice. Por lo anterior, no asiste razón al quejoso. Por otro lado, es infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la comisión del delito que se le atribuyó puede ser cometida de diversas formas: falsear, alterar o simular y, a pesar de ello, la juez responsable subsanó los errores del Ministerio Público, ya que éste usó de manera indistinta durante la imputación y la solicitud de vinculación los verbos mencionados, cuando tienen significados diversos. Es infundado, pues el quejoso parte de premisas inexactas, ya que el fiscal, en un inicio, precisó que la conducta atribuible al quejoso fue la de falsear los documentos ejecutivos para su presentación y cobro judiciales. Incluso, puntualizó que la conducta típica no consistió en alteración, ya que ésta implica que la existencia de documentos modificados en sus características objetivas y en su integridad para no coincidir con la realidad; de igual manera, estimó que la conducta atribuida al quejoso no era la imitación, ya que ésta presupone la existencia de un documento verdadero y otro falso. Pero, por el contrario, expuso que sí fue actualizado el verbo típico falsear, esto es, que existió un documento cuyas características sí son auténticas en sí mismas; sin embargo, el objeto de la falsificación fue el contenido ideológico de los mismos, pues no coincide con la realidad. Sobre la anterior aclaración, la juez responsable indicó, de manera precisa, que al ser Leonel Delgado Martínez quien presentó los títulos ejecutivos para su cobro judicial, aunado a que dichos documentos no circularon, sino que Leonel fue el único tenedor y propietario, indiciariamente coligió que existe la probabilidad de que él fue quien los creó con base en un contenido ideológico falso. Es decir, la referencia a la manipulación del contenido ideológico permitió al quejoso conocer la conducta concreta que se le atribuyó en el auto de vinculación a proceso, esto es, la de falsear los documentos y su posterior cobro en sede judicial. Por ello, es infundado el concepto de violación. Por cuanto hace al argumento del quejoso en el sentido de que los dictámenes periciales practicados por la fiscalía fueron elaborados sobre firmas no solicitadas por parte del fiscal hacia el perito en materia grafoscópica, no asiste razón al quejoso. Es así, ya que, como refirió la juez responsable, ello, probablemente, se debió a un error mecanográfico en la solicitud por parte del fiscal hacia el perito para el examen científico de las firmas indubitadas recabadas a la víctima y su cotejo con las signaturas contenidas en los títulos de crédito. Se afirma lo anterior ya que, por un lado, el alegato del quejoso sobre la divergencia entre el cotejo de las firmas es dogmática, pues no se encuentra soportada con información que demuestre que las firmas, en todo caso, no fueren de carácter indubitado para realizar el dictamen pericial. Y, por otro lado, la circunstancia de que los oficios en los que el fiscal solicitó al perito grafoscópico reporten un error respecto a su fecha, es debido, probablemente, a que son cuatro los títulos ejecutivos (derivados de los cuatro juicios mercantiles) objetos de la prueba pericial de mérito. En todo caso, la anterior circunstancia es irrelevante, pues de los datos de prueba expuestos por el agente ministerial, se obtiene que en dos de los juicios ejecutivos mercantiles, 579/2018 y 858/2018, se demostró mediante pruebas periciales que las firmas no pertenecían al demandado, Lucino Eugenio, pues éstas fueron falsificadas. Dicha circunstancia motivó la suspensión del trámite de los procesos jurisdiccionales referidos. En ese orden de ideas, tales datos de prueba, por sí mismos, son suficientes para sostener la emisión del auto de vinculación reclamado, pues fueron practicados por un profesional en materia grafoscópica y el resultado fue el mismo: precisar que la firma al calce de los títulos de crédito no correspondía a la del demandado en dichas causas mercantiles. De ahí lo infundado de los argumentos del quejoso. Ahora bien, resultan inoperantes los argumentos del quejoso en el sentido de que la circunstancia de no poder ser localizado en el domicilio procesal ubicado en el Fraccionamiento Residencial Campestre, calle Bruselas, número 180, de Irapuato, Guanajuato, no se obtiene la probabilidad de que haya participado en la comisión del delito que se le atribuyó. Resulta inoperante dicho argumento por insuficiente, ya que, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Tercera Parte, página 49, Séptima Época, de número de registro digital 238467 y rubro: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES POR INCOMPLETOS., deben calificarse como inoperantes los conceptos de violación que, aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para conceder el amparo solicitado, si el sentido del acto reclamado se rige por consideraciones esenciales que no fueron combatidas, o bien, como en el caso, si los argumentos dirigidos a combatirlos se declararon infundados. En ese orden de ideas, la circunstancia de no haber podido ser localizado en tal domicilio, ciertamente, no puede considerarse como prueba de la comisión del hecho típico de fraude procesal. Sin embargo, dicha hipótesis fue confirmada a través de las pruebas periciales con que se demostró que la firma al calce de los títulos ejecutivos no pertenecía a la víctima indirecta; aunado a que Leonel Delgado, por propio derecho, como único tenedor y propietario de los documentos de crédito, presentó en sede jurisdiccional los pagarés para obtener su cobro. En ese sentido, aun si se declarara fundado el argumento del quejoso de que la circunstancia de no poder ser localizado en el domicilio procesal referido no acredita la probabilidad de que haya participado en la comisión del delito que se le atribuyó, ello no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, en la medida en que las circunstancias esenciales bajo las cuales la jueza responsable fundó y motivó la emisión del auto de vinculación a proceso fueron distintas. Bajo esas condiciones, al no quedar demostrada en autos la inconstitucionalidad del auto de vinculación a proceso, se niega al quejoso el amparo y la protección constitucional solicitados. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 119, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leonel Delgado Martínez contra el acto precisado en el considerando segundo de la presente determinación, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente a las partes que hayan señalado domicilio para tal efecto. Así lo resolvió y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien actúa asistida del secretario Carlos Alberto Prieto López, hasta hoy quince de octubre de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del Juzgado.".Juzgado. Doy
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Vista la cuenta que antecede, agréguese la razón actuarial, en la cual se asienta la devolución del oficio 16602/2023 dirigido al Agente del Ministerio Pública Investigador VII, con residencia en esta ciudad, por las razones ahí expuestas.En consecuencia, reexpídase el oficio 16602/2023, diríjase a la Fiscalía Regional B, con residencia en Irapuato, Guanajuato, a efecto que lo turne a la agencia que conozca del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que la Agente del Ministerio Pública Investigador VII ya no existe en el organigrama de dicha institución.
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