Leonardo López Guzmán

Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
774/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Leonardo López Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Vistos los autos del juicio principal del que deriva la presente incidencia se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo en dicho asunto; en consecuencia, archívense el expedientillo en el que se actúa. Toda vez que en autos, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de once de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En consideración a que en el presente expediente obran documentos aportados por la parte quejosa, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En la inteligencia que, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 21/2021 mencionado, deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a fin de recoger dichos documentos. Devuélvase a la autoridad responsable el tomo de prueba que acompañó a su informe justificado, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado. Finalmente, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a través del cual remite copia autógrafa de la diligencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 1699/2021/L1/CE/IND, de su índice, en la cual, la parte demandada Leonardo López Guzmán, por conducto de su apoderado legal Edgar Alejandro Talavera Gutiérrez y la actora Ma. Reyna Hernández Villalobos (tercera interesada), celebraron un convenio en modalidad de pago de laudo de veintiocho de abril del año en curso. De acuerdo con lo anterior, en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido el acto reclamado. El aludido numeral, en su parte conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;(.)". La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla emana del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis aislada sin número emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 139-144, primera parte, página 13, registro 232527, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis aislada P. LXXVI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 157, registro 198696, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, se encuentran colmadas las mencionadas exigencias para considerar que los actos que reclama el quejoso Leonardo López Guzmán, por conducto de su apoderado, consistentes en su emplazamiento a juicio laboral y sus consecuencias, han sido consentidos. Sin embargo, del convenio en modalidad de pago de laudo que se remitió, se observa que el quejoso, a través de su apoderado legal, celebró un convenio con la tercera interesada, en el cual se pactó la entrega de diversas cantidades de dinero en distintas fechas, y en el acto la tercera interesada recibió diez mil pesos en efectivo. Por tanto, el quejoso, a través de su apoderado, externó actos que entrañan el consentimiento de los actos reclamados, pues convino con la actora en el juicio laboral 1699/2021/L1/CE/IND, en modalidad de pago de laudo de veintiocho de abril del año en curso. Por lo cual, si el quejoso aceptó las consecuencias del laudo, que fue originado por los actos reclamados que combatió en este expediente, es posible concluir que consintió tales actuaciones; de ahí que se considere que el quejoso expresó, de manera clara e indiscutible, está de acuerdo con el acto de autoridad, pues lo aprobó y dio su anuencia respecto de sus consecuencias, al comprometerse a pagar cierta suma en favor de la parte actora, aquí tercera interesada, para dar por concluido el proceso en el cual se emitieron los actos reclamados. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia VII.A.T. J/17, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, octubre de 1997, página 697, registro 197546, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley." Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [Énfasis añadido]. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierte el emplazamiento en el presente juicio de la tercera interesada Ma. Reyna Hernández Villalobos, quien tiene su domicilio ubicado en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 1477, colonia Independencia, centro comercial Don Bosco de esta ciudad. En ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se instruye actuario adscrito a fin de emplazar a juicio a la referida tercera interesada con copia simple de la demanda de amparo, autorizadas del auto admisorio, del proveído de veinte de junio del presente año y del presente proveído. Asimismo, deberá requerirle para dentro del plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente en que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos de este juzgado, de acuerdo el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin necesidad de ulterior acuerdo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano