Leonel Azael May May

Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
303/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Leonel Azael May May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V..."Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, por conducto de su apoderado legal *****, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, en los términos señalados en el considerando octavo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Principal

    MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio **** del Juez del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa y como justificación de su informe remite copia certificada del procedimiento ordinario laboral ****. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjuntó a su informe, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Dado el volumen de las constancias enviadas y para permitir el buen manejo del expediente, fórmese el anexo I. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las ****, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de ***, apoderado legal de ***, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO A ***. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto al acto reclamado consistente en la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido contra el acto reclamado consistente en la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. En la especie, el quejoso ***, manifestó bajo protesta de decir verdad, que el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se hizo sabedor de la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que la cuenta *** a nombre de ***, tiene trabados diversos embargos. En consecuencia, la notificación surtió sus efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, transcurrió del uno al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, seis de febrero, de conformidad con el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con el oficio SEPLE/GEN./007/678/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese contexto, si el apoderado de la parte quejosa hasta el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que en la cuenta *** a nombre de ***, tiene diversos embargos, resulta claro que lo hizo después de que transcurrió en exceso el plazo de quince días que tenía para ello. Por consiguiente, en razón de que la demanda de amparo, no se promovió dentro del plazo de quince días, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV y 113, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, en contra de la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés , a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que la cuenta *** a nombre de ***, tiene diversos embargos. ADMISIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN CIUDAD DEL CARMEN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ***, apoderado legal de ***, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a ***, que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, *** determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de ***, apoderado legal de ***, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO A ***. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto al acto reclamado consistente en la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido contra el acto reclamado consistente en la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. En la especie, el quejoso ***, manifestó bajo protesta de decir verdad, que el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se hizo sabedor de la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que la cuenta *** a nombre de ***, tiene trabados diversos embargos. En consecuencia, la notificación surtió sus efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, transcurrió del uno al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, seis de febrero, de conformidad con el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con el oficio SEPLE/GEN./007/678/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese contexto, si el apoderado de la parte quejosa hasta el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que en la cuenta *** a nombre de ***, tiene diversos embargos, resulta claro que lo hizo después de que transcurrió en exceso el plazo de quince días que tenía para ello. Por consiguiente, en razón de que la demanda de amparo, no se promovió dentro del plazo de quince días, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV y 113, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, en contra de la contestación que realizó el apoderado legal del ***, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés , a través del cual, en respuesta al comunicado ***, informa al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Carmen, que no es posible dar cumplimiento a su solicitud, en razón de que la cuenta *** a nombre de ***, tiene diversos embargos. ADMISIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN CIUDAD DEL CARMEN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ***, apoderado legal de ***, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a ***, que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, *** determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.

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