Leonardo Daniel Cruz López

Expediente 367/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
367/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Daniel Cruz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del diecisiete al treinta de agosto del año en curso, con exclusión de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./3461/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de julio de dos mil veintidós, remite las siguientes documentales: 1. Copia certificada del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 17/2021. 2. Copia del citatorio a Esteban Mass Dzib, de tres de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral 17/2021. 3. Copia del emplazamiento al juicio laboral de Esteban Mass Dzib, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, realizado dentro de los autos del juicio laboral 17/2021. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable cumpliendo requerimiento y por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, Leonardo Daniel Cruz López, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche (ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen), con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral 017/2021, así como, la omisión de llevar a cabo el procedimiento laboral, en los términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, en razón de que por auto de seis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 17/2021, se señalaron las trece horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. (Foja 35) Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se dejó citatorio a la demandada Compañía Mexicana de Traslados de Valores, sociedad anónima de capital variable, y con fecha veinte de junio del año en curso, se emplazó al juicio al demandado antes citado, asimismo, se desprende que el tres de agosto del año en curso, se dejó citatorio a Esteban Mass Dzib y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo, y con fecha cuatro de agosto del presente año, se emplazó a dichas demandadas, dentro de los autos del expediente laboral 17/2021. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el auto de seis de mayo de dos mil veintidós, por lo que se señalaron las trece horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y emplazando a la demandada Compañía Mexicana de Traslados de Valores, sociedad anónima de capital variable y Esteban Mass Dzib, dicha determinación el veinte de junio y cuatro de agosto del año que transcurre, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no surten sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./3461/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de julio de dos mil veintidós, remite las siguientes documentales: 1. Copia certificada del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 17/2021. 2. Copia del citatorio a Esteban Mass Dzib, de tres de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral 17/2021. 3. Copia del emplazamiento al juicio laboral de Esteban Mass Dzib, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, realizado dentro de los autos del juicio laboral 17/2021. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable cumpliendo requerimiento y por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, Leonardo Daniel Cruz López, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche (ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen), con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral 017/2021, así como, la omisión de llevar a cabo el procedimiento laboral, en los términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, en razón de que por auto de seis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 17/2021, se señalaron las trece horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. (Foja 35) Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se dejó citatorio a la demandada Compañía Mexicana de Traslados de Valores, sociedad anónima de capital variable, y con fecha veinte de junio del año en curso, se emplazó al juicio al demandado antes citado, asimismo, se desprende que el tres de agosto del año en curso, se dejó citatorio a Esteban Mass Dzib y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo, y con fecha cuatro de agosto del presente año, se emplazó a dichas demandadas, dentro de los autos del expediente laboral 17/2021. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el auto de seis de mayo de dos mil veintidós, por lo que se señalaron las trece horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y emplazando a la demandada Compañía Mexicana de Traslados de Valores, sociedad anónima de capital variable y Esteban Mass Dzib, dicha determinación el veinte de junio y cuatro de agosto del año que transcurre, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no surten sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de diecinueve de julio de dos mil veintidós, de la cual, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para entregar el oficio 3798/2022-I, dirigido a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, en razón de que al constituirse a las instalaciones de la autoridad responsable, encontró fijado aviso en el cual se observa que la aludida autoridad responsable goza de su primer período vacacional de este año, el cual comprende del diecinueve al veintinueve de julio de año que transcurre, reanudando sus labores el uno de agosto siguiente. Por tanto, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que a primera hora del día hábil en que se reanuden las labores en la aludida dependencia, esto es, el uno de agosto de dos mil veintidós, haga entrega del mencionado oficio, para los efectos legales que haya lugar. Cúmplase.

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