Leoncio Torres Ahedo

Expediente 1751/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1751/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Leoncio Torres Ahedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberá conservarse la resolución donde se concedió la suspensión provisional. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Para lo anterior, se le hace del conocimiento que a partir del tres de agosto del presente año, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un microsito en el que se encuentra el sistema "Agenda OJ", por medio del cual podrá generar la cita requerida; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual subsana la prevención formulada en autos; consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales en aras de una pronta y expedita administración de justicia, procédase a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Se tiene a Leoncio Torres Ahedo, solicitando el amparo y protección contra actos del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otras autoridades. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se ordena formar cuadernillo incidental, por haber sido solicitado por la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia debidamente certificada, rubricada y entresellada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama, ya que no hacerlo así le serán devueltas para que realice dicho requisito en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE INFORMAR CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Se previene a la parte quejosa que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar el nombre de las autoridades responsables. DE LAS PRUEBAS En relación a las documentales que ofrece, en términos de los artículos 119 y 123, se tiene por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas al momento procesal oportuno. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en el auto dictado en esta misma fecha en el expediente principal 1751/2019, se forma y tramita por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión solicitado, con dos copias simples del escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales adjuntas a la demanda que se provee, sin perjuicio de hacer relación de la misma de nueva cuenta en la audiencia definitiva, aún sin solicitud de parte interesada. COTEJO DE LAS PRUEBAS PARA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el juicio principal, previo cotejo y certificación que se efectúe de las documentales que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda, con las copias fotostáticas simples que para tal efecto exhibe, agréguese la misma a los presentes autos, para los efectos a que haya lugar. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, la cual deberá rendir por DUPLICADO, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándosele para tal efecto copia de la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la quejosa reclama: ". IV.-ACTO RECLAMADO. - DE LA AUTORIDAD INDICADA COMO ORDENADORA DEL ACTO RECLAMADO, SEÑALAMOS LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y REMISIÓN AL CORRALÓN DE LOS VEHÍCULOS DE NUESTRA PROPIEDAD RESPECTIVAMENTE QUE SE SEÑALAN EN SEGUIDA: LEONCIO TORRES AHEDO, MARCA NISSAN, PANEL, LÍNEA URVAN, MODELO 2008, NÚMERO DE SERIE JN6AE52S58X000416.." NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128, 138, fracción I, y 217 de la Ley de la Materia, se niega la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención, aseguramiento y remisión del respectivo vehículo del aquí quejoso emitido por las responsables, toda vez que en el caso dicha orden que reclama ya se emitió, lo cual implica que se está en presencia de actos consumados y por ende, no resulta procedente conceder la providencia cautelar solicitada, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios a la inconforme, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el expediente principal del que emana esta incidencia. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Ahora bien, respecto a la ejecución o aplicación del acto que reclama, el solicitante de amparo cumple con el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza, porque la medida cautelar es solicitada por la parte quejosa, quien afirma que con los actos reclamados se violan sus derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico produciendo una afectación a su esfera jurídica. Además, la parte quejosa, acredita su interés suspensional, ya que exhiben copia certificada del permiso de servicio público para circular 170550P que le fue otorgado, así como los recibos de pago realizados a Telecom; con lo que acredita el interés suspensional que le asiste para solicitar la medida cautelar. En relación con el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de la Materia, la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, tratándose de normas generales autoaplicativas, la medida cautelar se debe otorgar siempre que concurran los requisitos previstos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, sin que pueda considerarse que por el sólo hecho de suspender su aplicación en la esfera jurídica del quejosos, se vulneran normas de orden público y se afecta el interés social, pues la propia ley permite la paralización de los efectos de la norma, lo cual conlleva a que el juzgador deba realizar un análisis pormenorizado respecto de las circunstancias específicas del asunto para determinar si se colma o no ese requisito. Por su parte, de la solicitud de la suspensión se desprende que el impetrante pretende el otorgamiento de la medida cautelar con la finalidad de impedir los efectos y consecuencias de la orden de detención, aseguramiento y remisión al corralón del vehículo propiedad de la parte quejosa. Pues bien, atento al marco jurídico de la suspensión y a la interpretación que se hizo en párrafos precedentes, se concluye que la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización, ya que en consideración de que los actos prohibitivos impiden al particular realizar una determinada acción o conducta y que la actuación de la autoridad se dirige a que el particular se abstenga de seguir actuando o de ejecutar determinado acto, por regla general, es improcedente la suspensión en su contra, ya que su concesión implicaría retrotraer los efectos al estado en que se encontraban antes de la prohibición, efecto que, por regla general, corresponde a una sentencia de fondo, además de incorporar al quejoso un derecho con el que no contaba antes de emitirse el acto impugnado. Sin embargo, tratándose de actos prohibitivos con efectos positivos como lo es en el caso concreto, se actualiza una excepción a la regla indicada, pues si bien con ellos se impide al gobernad realizar cierto acto o actividad, también traen consigo la restricción de derechos adquiridos con anterioridad, como sucede como cuando se cuenta con un permiso o licencia para realizar una actividad, pero con posterioridad se prohíbe continuar con ésta. Prohibición que no sólo puede derivar de un acto concreto de aplicación de una norma general sino también de ésta, la cual, cuando se reclama por su sola entrada en vigor, sus efectos y consecuencias son susceptibles de paralizarse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo. En tal virtud el decreto reclamado es una norma prohibitiva con efectos positivos frente a los particulares que al inicio de su vigencia contaban con autorización para prestar el servicio de transporte público y su naturaleza no constituye un obstáculo para conceder la suspensión provisional contra su aplicación. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 144 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, a efecto de que al quejoso no se le detenga el vehículo MARCA NISSAN, PANEL, LÍNEA URVAN. MODELO 2008, NÚMERO DE SERIE JN6AE52S58X000416, siempre y cuando el permiso que le fue otorgado se encuentre vigente y además se apegue a los efectos para los que fue expedido el mismo. La suspensión provisional concedida surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. En el entendido de que la concesión de la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno en caso de que la resolución reclamada ya se haya ejecutado en su totalidad; o bien, si el acto reclamado es dictado y ejecutado con motivo de una ejecutoria de amparo, o emitido por autoridades distintas de las señaladas como responsables en este asunto. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Finalmente, de conformidad con lo estatuido en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa constancia de recibo que obre en autos, teniendo por autorizada para recibirla a las personas que indica. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al auto de dieciséis de diciembre del año actual, dictado en el juicio de amparo 2010/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, informa que con esa fecha se efectuó registro de un asunto más a nombre de Leoncio Torres Ahedo, lo anterior, con motivo de la separación de juicios que ordena el auto de referencia, por lo que anexa boleta del registro correspondiente y un juego de copias certificadas: Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a proveer lo siguiente: Prevención de la demanda Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito inicial de demanda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Exhiba seis copias de su demanda de amparo, para correrle traslado a las partes intervinientes en el presente juicio, así como formar el incidente de suspensión respectivo. Con el apercibimiento al impetrante de amparo que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de éste proveído, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias del precepto antes citado a los profesionistas que refiere, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las partes que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano