Leoncio Ocampo Hernandez
Expediente 269/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leoncio Ocampo Hernandez
- Roxana Paola Marquez Segoviano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa LEONCIO OCAMPO HERNÁNDEZ Y ROXANA PAOLA MÁRQUEZ SEGOVIANO por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el contenido de la determinación emitida el TRECE de agosto de dos mil dieciocho, cuyo contenido indica: Cuernavaca, Morelos, a trece de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante comparecencia de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 347), para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto, por lo tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".1. Se desincorpore de la esfera jurídica y no se aplique en el presente y en lo futuro los artículos en comento." ".2. Le sea devuelta a la parte quejosa la cantidad que cubrió por concepto de impuesto adicional contemplado en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ligado al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento, ello en virtud de que, al declararse la inconstitucionalidad de éste, no existe base legal para su cobro, cantidad que, por cierto, ya se encuentra englobada en el recibo de pago con número de folio U 01289896, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos." Por tanto, al ser recurrida la sentencia por la parte quejosa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito por sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia recurrida, y este juzgado federal requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante oficio TM/DREF/1574/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, manifestó que se encontraba a disposición el cheque número 0000520, por la cantidad de $4,990.00 (cuatro mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N), a favor de la quejosa Roxana Paola Márquez Segoviano, por concepto de Impuestos Adicionales ligados al cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por lo que remitió copia certificada de dicho cheque, por lo que este Juzgado Federal, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 343), señaló las doce horas con quince minutos del trece de junio de dos mil dieciocho, a efecto de que comparecieran la parte quejosa y la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realizara la entrega recepción del cheque correspondiente. Posteriormente, la quejosa Roxana Paola Marquez Segoviano y la delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, comparecieron debidamente identificadas a este juzgado federal el día y a la hora señalada para la diligencia de entrega recepción del cheque correspondiente, por lo que la parte quejosa recibió el cheque 0000520, por la cantidad de $4,990.00 (cuatro mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N), asimismo, las partes firmaron de conformidad, como se puede advertir de las constancias que obran en autos. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo es decir, no aplicó a la quejosa lo dispuesto por los artículos 119,120,121,122,123,124 y 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, quedando desvinculada de las obligaciones tributarias legisladas, asimismo, les devolvió la cantidad correspondientes por concepto de Impuestos Adicionales ligados al cobro del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, contemplados en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, equivalente al 25% del impuesto enterado, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable no aplicara a la amparista en el presente ni en el futuro lo previsto por los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y le devolviera el tributo adicional vinculado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, equivalente al veinticinco por ciento, desvinculando a las quejosa de dichas obligaciones tributarias legisladas. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable desvinculó a la quejosa Roxana Paola Márquez Segoviano de las obligaciones tributarias legisladas en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al no aplicarle lo dispuesto por dichos artículos, y le devolvió la cantidad de $4,990.00 (cuatro mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N), por concepto de Impuestos Adicionales ligados al cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que se encuentran contemplados en los artículos ya citados de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, equivalente al 25% del impuesto enterado. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, que comprenden del treinta de julio al trece de agosto de dos mil dieciocho, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3636/2018, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
se ordena agregar a los autos los oficios signados por Ángel Colín López, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Humberto Serrano Guevara, Delegado del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual, informan los actos que se encuentran realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación que refieren para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el oficio número 139/2018-B que suscribe el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del expediente principal 269/2017; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria emitida el catorce de junio en curso, en la que la superioridad determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida del cinco de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el juicio de amparo 269/2017. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LEONCIO OCAMPO HERNÁNDEZ y ROXANA PAOLA MÁRQUEZ SEGOVIANO, contra la inconstitucionalidad del artículo 77, fracciones II y III de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en los términos apuntados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. SE DESECHA la revisión adhesiva de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos de dicha dependencia, ambas del Gobierno del Estado de Morelos, en los términos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. CUARTO. SE DECLARA SIN MATERIA LA REVISIÓN ADHESIVA del Gobernador Constitucional, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, conforme se expuso en el considerando séptimo de esta sentencia." Acúsese el recibo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en atención al resolutivo tercero de la sentencia dictada por este Juzgado el cinco de junio de dos mil diecisiete, que determinó: ". TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leoncio Ocampo Hernández y Roxana Paola Márquez Segoviano, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables denominadas congreso, gobernador constitucional, secretario de gobierno y director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos; presidente municipal y tesorero de Cuernavaca, Morelos, respecto de los actos y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo." Con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables Congreso, Gobernador constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos; Presidente Municipal y Tesorero de Cuernavaca, Morelos, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que queden notificadas del presente auto, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 9328, suscrito por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica a este Juzgado Federal el auto de cuatro de septiembre en curso, por el que declara que ha causado estado el proveído de uno de agosto del presente año, dictado en el toca 731/2017; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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