Leoncio Paisano Arias
Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leoncio Paisano Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 237/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Leoncio Paisano Arias, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 2 a 9), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido el diecisiete siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Leoncio Paisano Arias, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- ORDENADORA.- Señalo como autoridad responsable ordenadora a la ciudadana Agente del Ministerio Público Adscrito (sic) a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", (actualmente Ciudadana Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en Materia Municipal). B).- EJECUTORA.- Señalo como autoridad responsable ejecutora a la misma mencionada en el párrafo anterior. IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada, la omisión a acordar el escrito presentado por el suscrito el día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción, por medio del cual solicito se me informe sobre la carpeta de investigación número 18122/2019, que se sigue en mi contra, escrito en el cual señalé domicilio para recibir notificaciones y citaciones SIN QUE HASTA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE OCURSO SE HAYA ACORDADO Y/O NOTIFICADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE" (Fojas 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (fojas 12 a 26), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 237/2021, y se desechó por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Inconforme, el quejoso interpuso queja, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente Q-36/2021 de su estadística, declaró fundado el medio de impugnación (fojas 44 a 67). A consecuencia de ello, en auto de veinte de mayo de dos mil veinte (fojas 68 a 71), se admitió a trámite la demanda, sin incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 77). TERCERO. Cita para sentencia. En acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte (fojas 68 a 71), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras etapas (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que Leoncio Paisano Arias, reclama del agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", (actualmente ciudadana agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en Materia Municipal): - La omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito presentado ante la referida responsable el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, relativa a que se fijara fecha y hora para recibir su declaración, en relación con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación CDI/18122/2019, donde tiene la calidad de imputado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno contestó la petición del hoy quejoso y le notificó su determinación el veintiséis siguiente (foja 78). Lo que se corrobora con las documentales que remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas constancias que obran en la careta de investigación 18122/2019/ZC/FECC/UI (fojas 79 a 84), de las que se aprecia que, en efecto, en las datas citadas, la responsable proveyó sobre la solicitud del quejoso y le notificó tal determinación. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Sin embargo, aun cuando la responsable acordó dicha petición y notificó tal acuerdo al solicitante, esto sucedió con posterioridad a la promoción de la demanda de amparo (presentada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno), por lo que resulta evidente que en la fecha en que se instó el presente juicio de garantías, la omisión reclamada existía. Cobra aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En efecto, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el suscrito juzgador advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa se duele de la omisión de la representación social responsable, en dar contestación a la petición realizada mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en cuanto a fijar fecha y hora para recibir su declaración en relación con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación CDI/18122/2019, donde tiene la calidad de imputado. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, Leoncio Paisano Arias, presentó un escrito dirigido al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", en la carpeta de investigación CDI/1822/2019, donde solicitó: ". tenga a bien señalar día y hora para que con la debida oportunidad pueda rendir mi declaración respecto a los hechos con apariencia de delitos que se me imputan, en atención a que es un derecho que tiene el suscrito como imputado dentro de la presente carpeta de investigación, ya que me encuentro señalado por esta representación social como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Asimismo vengo a nombrar como mis defensores particulares a los licenciados Francisco Javier Vázquez Flores, con número de cédula profesional 4009620 y Héctor Morales Flores, con número de cédula profesional 3253630 y correo electrónico lawyervaz7@hotmail.com, por lo que le solicito les permita imponerse de las actuaciones que integran la presente carpeta de investigación." (Fojas 82 y 83). Conviene señalar que en el proemio de dicho ocurso, además de los profesionistas señalados, facultó a José Alfonso Deloya Casas, para recibir en su nombre notificaciones. Por su parte, proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Concepción Noriega Olvera) -foja 81- contestó la petición del hoy quejoso como sigue: "....téngase por recibido el escrito de C. Leoncio Paisano Arias recibido el día 23 de febrero de 2020, compuesto de dos hojas útil (sic) escrita por su lado anverso y no por el reverso, en el que en lo conducente: ". solicita tenga a bien señalar dia y hora para que con la debida oportunidad pueda rendir mi declaración respecto de los hechos con apariencia de delito ...". - - VISTO el contenido del escrito presentado: DIGASELE que toda vez que el 18 de abril de 2021, fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 123/2021/Cholula, en audiencia tuvo el derecho de rendir su declaración y realizar la manifestación de su versión de los hechos, y tomando en cuenta que nos encontramos en investigación complementaria tiene derecho a rendir su declaración cuando considere oportuno ante el Juez de Control con la asistencia de su abogado defensor. Notifíquese el presente acuerdo a Leoncio Paisano Arias y/o a los abogados autorizados Francisco Javier Vazquez Flores, Hector Morales Flores y/o Jose Alfonso Deloya Casas en el correo electrónico lawyervaz7@hotmail.com." Y, el veintiséis siguiente le fue notificado tal acuerdo, por conducto de uno de sus autorizados para tal efecto (Alfonso Deloya Casas) -foja 80-. En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha de presentación de la demanda, el escrito petitorio presentado por la parte quejosa no había sido acordado y, por ende, no se le había notificado la respuesta correspondiente, lo cierto es que durante la tramitación de este controvertido constitucional la fiscal responsable acordó la petición de Leoncio Paisano Arias, y le notificó su determinación. Conviene destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable acordó la petición del hoy quejoso y se le notificó la respuesta correspondiente por conducto de uno de sus autorizados para tal efecto. Por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías. En tal virtud, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio e impide el estudio de fondo del asunto. En diverso aspecto, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador que no se realizó el emplazamiento de persona alguna con el carácter de tercero interesado; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta resolución (sobreseimiento), no resulta necesario, por no irrogarle perjuicio a alguien; además, aun de ordenar su notificación, en nada cambiaría el sentido de la presente sentencia y, al contrario, el retraso en la solución del presente asunto, resultaría en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía contemplada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Leoncio Paisano Arias, por derecho propio, en términos del considerado tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso y mediante oficio a la autoridad responsable, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (denominación correcta); por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. II. PRUEBAS Por otra parte, con apoyo en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la propia autoridad, la copia cotejada de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación: CDI 18122/2019/ZC/FECC, del índice de la fiscal responsable, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Finalmente, resérvese acordar lo conducente con relación a Josué Xicale Coyopol, a quien la autoridad oficiante atribuye el carácter de tercero interesado, durante el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a sus autos el oficio 1738/2021, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-36/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que señala: "Por lo expuesto, este tribunal colegiado concluye que la causal de improcedencia aludida por el Juez Federal no reúne los requisitos del artículo 113 de la Ley de Amparo (que sea manifiesta e indudable); por tanto, es fundado el recurso de queja y al encontrarse vedado a este órgano asumir la jurisdicción que corresponde al tribunal de origen y proveer sobre la admisión de la demanda (límite de la litis sometida), lo procedente es remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin de que provea lo conducente en relación a su admisión, en términos de lo dispuesto en los artículo 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Amparo . (.) ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por Leoncio Paisano Arias, contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en los autos del juicio de amparo indirecto 237/2021 de su índice." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ADMISIÓN. En atención a lo anterior, se revoca el auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Leoncio Paisano Arias, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A", actualmente Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en Materia Municipal. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; enviándole para tal efecto copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. TERCERO INTERESADO. Una vez que se reciban el informe justificado, se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. ....Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: (....NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Y A LA SUPERIORIDAD.
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