Leoncio Paisano Arias

Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 54 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
458/2022
Año
2022
Actuaciones
54
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Leoncio Paisano Arias
  • LEONCIO PAISANO ARIAS y Otros.
  • RAUL ANDRADE OSORIO (AUTORIZADO PROCESAL) y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que se dio al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintidós de julio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó el asunto y, por otra, concedió el amparo al quejoso ********************, respecto a los siguientes actos: A. El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II; y, B. Su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada en su contra el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla; y, C. La ejecución de ese mandato de captura. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 6. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, su cumplimiento inmediato respecto al citado acto de aplicación, en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-, informando el cumplimiento inmediato; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, las autoridades responsables 2. Gobernador del Estado de Puebla y 5. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de sus representantes legales, así como la autoridad tercera interesada ********************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 237/2022, en donde, mediante ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, se confirmó la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el trece de septiembre del actual, entre otras cuestiones, se tomó conocimiento del testimonio de la ejecutoria de segunda instancia y, con el contenido de los oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC y sus anexos -registros 12942 y 12987 de 2022, remitidos por la autoridad responsable sustituta en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II Además, se hizo extensiva dicha declaratoria a su acto de aplicación, que consistió en la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: A. Se dijo que el decreto cuestionado fue refrendado únicamente por el entonces denominado Secretario General de Gobierno y por el Fiscal General, ambos del Estado de Puebla, no obstante que el artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, en relación con el numeral 22 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla -vigente al momento de la expedición del decreto reclamado y hasta el 31 de julio de 2019, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada en esa fecha en el Periódico Oficial del Estado de Puebla-, obligaban al secretario o secretarios del ramo respectivo al refrendo de todos los decretos, como requisito de validez y observancia. B. Se señaló que del contenido literal del artículo 48 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y del artículo 5 del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se desprendían las atribuciones que le correspondían al Titular de dicha Secretaría, de las que se destacaron: i) realizar en el ámbito territorial del Estado las funciones de prevención, incluyendo la investigación para hacerla efectiva, y reacción dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas; prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia (fracción I del citado artículo 48); ii) proponer las políticas de seguridad pública y de política criminal del Estado, que comprenda las normas, instrumentos, medidas y acciones convenientes para prevenir y combatir la comisión de delitos, garantizando la congruencia de tales políticas entre las Dependencias de la Administración Pública Estatal y con los otros ámbitos de gobierno (fracción II del artículo 48); iii) instrumentar programas de prevención social para el combate a la delincuencia; ejecutar las medidas relativas y, en su caso, colaborar con las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal -ahora Ciudad de México- competentes, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten, con el objeto de preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes, particularmente en situaciones de peligro general, cuando se vean amenazados por disturbios o en otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente en un sector determinado (fracción XI del artículo 48); iv) realizar la detención de los infractores de las normas penales y administrativas, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes aplicables, por conducto del Cuerpo de Seguridad Pública del Estado; así como auxiliar en esta materia a las autoridades federales, locales y municipales, de conformidad con la legislación vigente y en el ámbito de su competencia, cuando así lo soliciten (fracción XIII del artículo 48); y, v) suscribir, de conformidad con la normatividad aplicable, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos inherentes al ejercicio de sus atribuciones (fracción XXIX del referido artículo 5). C. En ese contexto, se evidenció que a la citada Secretaría de Seguridad Pública le atañía la política de seguridad pública y la política criminal del Estado, que comprendían la realización de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demás documentos para prevenir y combatir la comisión de delitos; asimismo, la suscripción de los instrumentos jurídicos inherentes al ejercicio de sus atribuciones. D. De ahí que, se dijo, si el decreto, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, tenía como finalidad afianzar el Sistema Estatal Anticorrupción y perseguir y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos en materia de corrupción, era evidente que se trataba de un asunto de política criminal de la entidad, que, de conformidad con los preceptos señalados, le concernía al Titular de la citada dependencia. E. Razón por la cual, en atención al artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, así como al numeral 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública local -ahora abrogada pero vigente al publicarse el decreto ahora impugnado-, se consideró que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla tenía la obligación de refrendar el decreto publicado el 29 de diciembre de 2017, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla y otros ordenamientos, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado. De modo que de no haberlo hecho, se indicó, incurrió en una omisión, contraviniendo las disposiciones constitucionales y legales del Estado analizadas. F. Así también, se estimó que le asistía razón al inconforme en cuanto a que el Fiscal General del Estado de Puebla, no estaba constitucionalmente facultado para refrendar los decretos promulgatorios del Gobernador del Estado. En efecto, se refirió que los citados artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Puebla y 22 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establecían que los decretos expedidos por el gobernador debían estar firmados por aquél, por el secretario general de Gobierno y por el secretario del ramo al que el asunto corresponda; entendiéndose, por este último, al funcionario de la administración pública que realiza las atribuciones legales en un nivel jerárquico superior, con respecto a la materia sustantiva de la ley o decreto legislativo que ha de promulgarse. G. Por otro lado, se mencionó que el artículo 95 de la Constitución de la Entidad estatuye que la Fiscalía General del Estado es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regía por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Y también se dijo que el artículo primero, en su segundo párrafo, de la citada ley local, disponía que el Titular del Poder Ejecutivo, las Secretarías, así como las unidades administrativas que dependían directamente del Gobernador del Estado, integraban la Administración Pública Centralizada. De manera que si el Fiscal General del Estado de Puebla no era secretario de estado ni pertenecía a la administración pública, se concluyó que no debió refrendar el decreto, cuyo procedimiento legislativo se tildaba de inconstitucional; no obstante que a través de él se había reformado la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para crear la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pues era evidente que en la constitución local no se contemplaba la facultad ni la obligación de aquél de refrendar los decretos promulgatorios del Gobernador. H. En diverso sentido, no se desatendió por este juzgador, que la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el criterio establecido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 168/2015 (10a.) únicamente sería obligatorio para los decretos promulgados con posterioridad a su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, es decir, a partir del lunes 18 de enero de 2016 (en virtud de que se publicó el 15 de enero de esa anualidad). Lo anterior, porque -expuso- la finalidad de la jurisprudencia era otorgar y generar seguridad jurídica en el entendimiento y aplicación del sistema normativo establecido, por lo que la aplicación de ese criterio -recalcó- no podía resultar en la anulación de decretos promulgatorios expedidos con anterioridad a su existencia, pues sería contrario a derecho pretender que su observancia posterior resultara adversa a los intereses de cualquiera de las partes, debido a que se generaría un colapso en la administración pública del Estado de Puebla. I. En ese tenor, se señaló que el decreto en análisis se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017; esto es, con posterioridad a la publicación y obligatoriedad del criterio jurisprudencial mencionado, por lo que la excepción apuntada, se dijo, no se actualizaba en el presente asunto. J. En tales condiciones, al haberse omitido el refrendo por parte de Secretario de Seguridad Pública y al constar el diverso refrendo del Fiscal General del Estado de Puebla, en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado del Estado de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, se consideró que se violó lo dispuesto por los artículos 84, párrafo segundo, 95, primer párrafo, y 97, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Puebla. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para los efectos siguientes: 1. No fuera aplicado en el presente ni el futuro, al quejoso ******************** el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II; ello, hasta en tanto dicha norma no fuera reformada ni modificada a través de un nuevo acto legislativo, incluso, si su texto es similar al hoy declarado inconstitucional, pues, además de que se trataría de un acto legislativo diverso, en cuanto constituye distinta manifestación de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Tribunal Constitucional quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora. 2. En este orden de ideas, al haberse estimado inconstitucional el decreto en cuestión, se hizo extensiva la concesión del amparo respecto de su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada en su contra el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del erario y servicio público del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 3. Por ende, 6. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, debía: 3.1 Dejar sin efectos la referida orden de aprehensión. 3.2 Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando séptimo del fallo, emitir una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por la fiscal mediante oficio ********************de diez de abril de dos mil veintidós, negara la orden de aprehensión, para lo cual, debía hacer referencia a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, cuya aplicación se proscribió en favor del quejoso en el fallo, tanto en el presente como en el futuro. 3.3 Ordenar al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el once de abril de dos mil veintidós dentro de la citada causa penal. Se precisó que la concesión del amparo no impedía que la agente del ministerio público que conocía de la carpeta de investigación de origen pudiera solicitar nuevamente una orden de aprehensión en contra del quejoso por los hechos ahí investigados, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento total del asunto; sin embargo, el fiscal ya no podría sustentar el ejercicio de la acción penal en alguno de los hechos con apariencia de los delitos reformados o adicionados a través del decreto declarado inconstitucional. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de una orden de aprehensión, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-, mediante oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC, remitió copia certificada de la determinación emitida el veinticinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ******************** de su índice. De dicha resolución se desprende que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, la referida autoridad realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso ******************** el once de abril de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del erario y servicio público del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla -acto reclamado-; 2. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de la sentencia, emitió una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por la fiscal mediante oficio ********************de diez de abril de dos mil veintidós, negó la orden de aprehensión, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, cuya aplicación se proscribió en favor del quejoso en el fallo, tanto en el presente como en el futuro; y, 3. Ordenó al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el once de abril de dos mil veintidós dentro de la citada causa penal. Además, a través de las indicadas misivas, remitió copia certificada de las constancias de notificación a dichas autoridades ejecutoras de la indicada resolución de veinticinco de julio de la presente anualidad. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la citada jueza de control cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una diversa determinación, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto reclamado; y, iii) justificó que notificó al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso ********************, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente a la tercera interesada ********************, Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que se dio al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintidós de julio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó el asunto y, por otra, concedió el amparo al quejoso ********************, respecto a los siguientes actos: A. El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II; y, B. Su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada en su contra el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla; y, C. La ejecución de ese mandato de captura. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 6. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, su cumplimiento inmediato respecto al citado acto de aplicación, en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-, informando el cumplimiento inmediato; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, las autoridades responsables 2. Gobernador del Estado de Puebla y 5. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de sus representantes legales, así como la autoridad tercera interesada ********************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 237/2022, en donde, mediante ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, se confirmó la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el trece de septiembre del actual, entre otras cuestiones, se tomó conocimiento del testimonio de la ejecutoria de segunda instancia y, con el contenido de los oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC y sus anexos -registros 12942 y 12987 de 2022, remitidos por la autoridad responsable sustituta en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II Además, se hizo extensiva dicha declaratoria a su acto de aplicación, que consistió en la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: A. Se dijo que el decreto cuestionado fue refrendado únicamente por el entonces denominado Secretario General de Gobierno y por el Fiscal General, ambos del Estado de Puebla, no obstante que el artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, en relación con el numeral 22 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla -vigente al momento de la expedición del decreto reclamado y hasta el 31 de julio de 2019, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada en esa fecha en el Periódico Oficial del Estado de Puebla-, obligaban al secretario o secretarios del ramo respectivo al refrendo de todos los decretos, como requisito de validez y observancia. B. Se señaló que del contenido literal del artículo 48 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y del artículo 5 del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se desprendían las atribuciones que le correspondían al Titular de dicha Secretaría, de las que se destacaron: i) realizar en el ámbito territorial del Estado las funciones de prevención, incluyendo la investigación para hacerla efectiva, y reacción dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas; prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia (fracción I del citado artículo 48); ii) proponer las políticas de seguridad pública y de política criminal del Estado, que comprenda las normas, instrumentos, medidas y acciones convenientes para prevenir y combatir la comisión de delitos, garantizando la congruencia de tales políticas entre las Dependencias de la Administración Pública Estatal y con los otros ámbitos de gobierno (fracción II del artículo 48); iii) instrumentar programas de prevención social para el combate a la delincuencia; ejecutar las medidas relativas y, en su caso, colaborar con las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal -ahora Ciudad de México- competentes, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten, con el objeto de preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes, particularmente en situaciones de peligro general, cuando se vean amenazados por disturbios o en otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente en un sector determinado (fracción XI del artículo 48); iv) realizar la detención de los infractores de las normas penales y administrativas, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes aplicables, por conducto del Cuerpo de Seguridad Pública del Estado; así como auxiliar en esta materia a las autoridades federales, locales y municipales, de conformidad con la legislación vigente y en el ámbito de su competencia, cuando así lo soliciten (fracción XIII del artículo 48); y, v) suscribir, de conformidad con la normatividad aplicable, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos inherentes al ejercicio de sus atribuciones (fracción XXIX del referido artículo 5). C. En ese contexto, se evidenció que a la citada Secretaría de Seguridad Pública le atañía la política de seguridad pública y la política criminal del Estado, que comprendían la realización de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demás documentos para prevenir y combatir la comisión de delitos; asimismo, la suscripción de los instrumentos jurídicos inherentes al ejercicio de sus atribuciones. D. De ahí que, se dijo, si el decreto, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, tenía como finalidad afianzar el Sistema Estatal Anticorrupción y perseguir y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos en materia de corrupción, era evidente que se trataba de un asunto de política criminal de la entidad, que, de conformidad con los preceptos señalados, le concernía al Titular de la citada dependencia. E. Razón por la cual, en atención al artículo 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, así como al numeral 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública local -ahora abrogada pero vigente al publicarse el decreto ahora impugnado-, se consideró que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla tenía la obligación de refrendar el decreto publicado el 29 de diciembre de 2017, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla y otros ordenamientos, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado. De modo que de no haberlo hecho, se indicó, incurrió en una omisión, contraviniendo las disposiciones constitucionales y legales del Estado analizadas. F. Así también, se estimó que le asistía razón al inconforme en cuanto a que el Fiscal General del Estado de Puebla, no estaba constitucionalmente facultado para refrendar los decretos promulgatorios del Gobernador del Estado. En efecto, se refirió que los citados artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Puebla y 22 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establecían que los decretos expedidos por el gobernador debían estar firmados por aquél, por el secretario general de Gobierno y por el secretario del ramo al que el asunto corresponda; entendiéndose, por este último, al funcionario de la administración pública que realiza las atribuciones legales en un nivel jerárquico superior, con respecto a la materia sustantiva de la ley o decreto legislativo que ha de promulgarse. G. Por otro lado, se mencionó que el artículo 95 de la Constitución de la Entidad estatuye que la Fiscalía General del Estado es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regía por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Y también se dijo que el artículo primero, en su segundo párrafo, de la citada ley local, disponía que el Titular del Poder Ejecutivo, las Secretarías, así como las unidades administrativas que dependían directamente del Gobernador del Estado, integraban la Administración Pública Centralizada. De manera que si el Fiscal General del Estado de Puebla no era secretario de estado ni pertenecía a la administración pública, se concluyó que no debió refrendar el decreto, cuyo procedimiento legislativo se tildaba de inconstitucional; no obstante que a través de él se había reformado la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para crear la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pues era evidente que en la constitución local no se contemplaba la facultad ni la obligación de aquél de refrendar los decretos promulgatorios del Gobernador. H. En diverso sentido, no se desatendió por este juzgador, que la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el criterio establecido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 168/2015 (10a.) únicamente sería obligatorio para los decretos promulgados con posterioridad a su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, es decir, a partir del lunes 18 de enero de 2016 (en virtud de que se publicó el 15 de enero de esa anualidad). Lo anterior, porque -expuso- la finalidad de la jurisprudencia era otorgar y generar seguridad jurídica en el entendimiento y aplicación del sistema normativo establecido, por lo que la aplicación de ese criterio -recalcó- no podía resultar en la anulación de decretos promulgatorios expedidos con anterioridad a su existencia, pues sería contrario a derecho pretender que su observancia posterior resultara adversa a los intereses de cualquiera de las partes, debido a que se generaría un colapso en la administración pública del Estado de Puebla. I. En ese tenor, se señaló que el decreto en análisis se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017; esto es, con posterioridad a la publicación y obligatoriedad del criterio jurisprudencial mencionado, por lo que la excepción apuntada, se dijo, no se actualizaba en el presente asunto. J. En tales condiciones, al haberse omitido el refrendo por parte de Secretario de Seguridad Pública y al constar el diverso refrendo del Fiscal General del Estado de Puebla, en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado del Estado de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, se consideró que se violó lo dispuesto por los artículos 84, párrafo segundo, 95, primer párrafo, y 97, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Puebla. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para los efectos siguientes: 1. No fuera aplicado en el presente ni el futuro, al quejoso ******************** el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II; ello, hasta en tanto dicha norma no fuera reformada ni modificada a través de un nuevo acto legislativo, incluso, si su texto es similar al hoy declarado inconstitucional, pues, además de que se trataría de un acto legislativo diverso, en cuanto constituye distinta manifestación de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Tribunal Constitucional quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora. 2. En este orden de ideas, al haberse estimado inconstitucional el decreto en cuestión, se hizo extensiva la concesión del amparo respecto de su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada en su contra el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del erario y servicio público del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 3. Por ende, 6. ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, debía: 3.1 Dejar sin efectos la referida orden de aprehensión. 3.2 Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando séptimo del fallo, emitir una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por la fiscal mediante oficio ********************de diez de abril de dos mil veintidós, negara la orden de aprehensión, para lo cual, debía hacer referencia a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, cuya aplicación se proscribió en favor del quejoso en el fallo, tanto en el presente como en el futuro. 3.3 Ordenar al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el once de abril de dos mil veintidós dentro de la citada causa penal. Se precisó que la concesión del amparo no impedía que la agente del ministerio público que conocía de la carpeta de investigación de origen pudiera solicitar nuevamente una orden de aprehensión en contra del quejoso por los hechos ahí investigados, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento total del asunto; sin embargo, el fiscal ya no podría sustentar el ejercicio de la acción penal en alguno de los hechos con apariencia de los delitos reformados o adicionados a través del decreto declarado inconstitucional. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de una orden de aprehensión, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, ********************, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-, mediante oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC, remitió copia certificada de la determinación emitida el veinticinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ******************** de su índice. De dicha resolución se desprende que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, la referida autoridad realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso ******************** el once de abril de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del erario y servicio público del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla -acto reclamado-; 2. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de la sentencia, emitió una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por la fiscal mediante oficio ********************de diez de abril de dos mil veintidós, negó la orden de aprehensión, para lo cual, hizo referencia a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 29 de diciembre de 2017, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, cuya aplicación se proscribió en favor del quejoso en el fallo, tanto en el presente como en el futuro; y, 3. Ordenó al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el once de abril de dos mil veintidós dentro de la citada causa penal. Además, a través de las indicadas misivas, remitió copia certificada de las constancias de notificación a dichas autoridades ejecutoras de la indicada resolución de veinticinco de julio de la presente anualidad. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la citada jueza de control cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una diversa determinación, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto reclamado; y, iii) justificó que notificó al 7. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso ********************, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente a la tercera interesada ********************, Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los autos, para los efectos legales a los que haya lugar, el oficio FGE/AEI/DAMJ/003639/2023 remitido por la 7. Encargada de Despacho de la Dirección de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, informa que dejó insubsistente la ejecución de la orden de aprehensión decretada el once de abril de dos mil veintidós en contra del quejoso ***, dentro de la causa penal 144/2022/CHOLULA, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. De lo anterior toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta al expediente físico, por haberse impreso e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. I. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional. En primer término, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); se hace saber a las partes que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. Se recibe juicio de amparo. Por otro lado, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio III-4321/2023 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 458/2022 del índice de este juzgado, seis tomos de pruebas, los autos originales del diverso juicio de amparo 1012/2021 del índice de este juzgado y el testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del toca237/2022, relativo a los recursos de revisión interpuestos por la autoridad Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General, por la autoridad tercera interesada Nadia Suárez Martínez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por la autoridad Director General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documento. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en los términos indicados en el considerando quinto, parte 2, de la sentencia recurrida. CUARTO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión amparo y protege a ***, respecto al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del Sistema Anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como por cuanto a su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada en su contra el once de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 144/2022/CHOLULA, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 436 ter, fracción IV, en relación con los diversos 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como en los numerales 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, y su ejecución." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, glósense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, respecto a la devolución de los autos originales del diverso juicio de amparo 1012/2021 del índice de este juzgado, toda vez que en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós se ordenó el archivo de dicho expediente al encontrarse totalmente concluido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento y se ordena devolver a ese sitio, para los efectos legales procedentes. III. Firme sentencia. Consecuentemente, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que la sentencia de amparo ha adquirido firmeza. IV. Vista a las partes del cumplimiento inmediato al fallo protector. Ahora bien, toda vez que por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se agregaron al expediente los oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC remitidos -vía correo electrónico institucional- por Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-, mediante los cuales, informó el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo, y se reservó acordar lo conducente hasta que la sentencia de mérito adquiriera firmeza; y, como ello ya ocurrió, se provee: Con el contenido de los aludidos oficios 5469/2022/JC y 5502/2022/JC y sus anexos, remitidos por Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -en su carácter de autoridad responsable sustituta únicamente para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reitera a todas las partes lo asentado en la sentencia emitida en autos, esto es, que al haber adquirido firmeza la sentencia dictada en este juicio, queda prohibida, por cuanto al quejoso, la aplicación presente o futura en diversos procedimientos o actos jurídicos, de la norma impugnada declarada inconstitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente a la tercera interesada Felisa Jaramillo Romero, Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y a la superioridad en vía de acuse. Se ordena correr traslado al quejoso, a la tercera interesada y a la autoridad tercera interesada con copia autorizada de los oficios y sus anexos -registro 12942 y 12987 de 2022-.

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