Leonardo Serano Ramírez
Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gobernador del Estado de Michoacán
- Leonardo Serano Ramírez
- Fraccionamiento Lomas de las Américas Sur de Morelia, Michoacán A.C.
- Secretaría de Salud
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán ocho de noviembre de dos mil veintitrés Efectos de la resolución que declaró fundada en parte la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó resolución en la que, por una parte, se declaró fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Leonardo Serano Ramírez, para el efecto de que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "Dejar insubsistente el oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés. Dictar otro en el que no aplique implícita ni tácitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo la solicitud del promovente. Esto implica que, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación dentro de tres días, a partir de la notificación de esta resolución, en la que deberá tomar en consideración lo siguiente: Verificar que el denunciante sea una persona adulta y emitir el permiso correspondiente para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado; y, Al emitir la autorización, deberá precisar, que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y puntualizará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." Actos realizados por la autoridad denunciada tendentes al cumplimiento de la sentencia. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, informando las acciones realizadas tendentes a dar cumplimiento a la determinación de mérito; a cuyo efecto, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-24455-2023, de nueve de octubre del año en curso, signado por la citada autoridad, dirigido al denunciante Leonardo Serano Ramírez, en el cual dejó insubsistente el diverso 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés. Análisis sobre el cumplimiento a la sentencia. Analizados los actos realizados por la autoridad denunciada para dar cumplimiento a la sentencia de que se trata, se advierte que se encuentra cumplida; ello es así porque la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, emitió el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-24455-2023, de nueve de octubre del año que transcurre, dirigido al denunciante Leonardo Serano Ramírez, a través del cual dejó insubsistente el diverso 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés; comunicado en el que inaplicó los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo la solicitud del promovente Leonardo Serano Ramírez. Hecho lo cual, expidió el permiso correspondiente a nombre del denunciante para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, excluyendo de dicha autorización la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, estableciendo los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y precisando que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, puntualizando que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros; por lo que se cumplió con lo ordenado en la determinación a que se alude. Todo lo cual pone de manifiesto que la autoridad encargada del cumplimiento acató los efectos de la sentencia. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad denunciada restituyó al denunciante en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada dentro de la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es CONSERVABLE. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán dieciséis de octubre de dos mil veintitrés Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene a la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, informando las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente expediente el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; a cuyo efecto, remite copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-24455-2023, de nueve de octubre del año en curso, signado por la citada autoridad, dirigido al denunciante Leonardo Serano Ramírez, en el cual dejó insubsistente el diverso 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés. En este tenor, del citado comunicado se advierte que la autoridad denunciada procedió a la inaplicación de los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo la solicitud del promovente Leonardo Serano Ramírez; en consecuencia, emitió el permiso correspondiente en su nombre para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, excluyendo de dicha autorización la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Para ello, estableció los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, tomando las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado y precisando que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, puntualizando que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Por tanto, con ello dese vista a la parte denunciante, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento de que este juzgado, con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento de la resolución dictada dentro de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad en que se actúa. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos, para resolver la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad registrada con el número 4/2023, promovida por Leonardo Serrano Ramírez, atribuida a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidid DECLARAR INFUNDADA EN UNA PARTE Y FUNDADA EN OTRA LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018 Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES PRIMERO. Presentación y trámite de la denuncia. Leonardo Serano Ramírez denunció el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, por lo que en acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, se registró bajo el número 4/2023, por lo que en términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, se procede con el dictado de la resolución correspondiente SEGUNDO Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia es competente para resolver la presente denuncia, conforme lo dispuesto en los artículos 72 último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, fracción I, de la Ley de Amparo y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Acuerdos 3/2013 y 15/2022, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que, al no requerir ejecución material el acto en el que se aplicó una norma declarada inconstitucional, el denunciante tiene su residencia en la jurisdicción territorial de este tribunal, toda vez que de la denuncia que aquí se resuelve se desprende que señaló domicilio en esta ciudad de Morelia Michoacán TERCERO Precisión del acto denunciado. Del escrito inicial se advierte que Leonardo Serano Ramírez denuncia el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del Comisionado Federal y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaria de Salud, todos con residencia en la Ciudad de México, y de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán (COEPRIS), con sede en esta ciudad, a través del siguiente acto de aplicación: El oficio 233301EL353268 de nueve de junio de dos mil veintitrés, que determina que no se cuenta con los elementos normativos para brindar atención a la petición realizada por el denunciante, para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis y del psicotrópico "THC en conjunto conocido como marihuana. CUARTO. Inexistencia del acto de aplicación. No es cierto el acto de aplicación que se le atribuyó al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaria de Salud, ambos con residencia en la Ciudad de México, y a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán (COEPRIS), porque como se verá en el considerando siguiente, el oficio fue signado por diversa autoridad. Por lo cual, al no existir acto concreto de aplicación y la parte denunciante no aportó elementos de prueba con los cuales desvirtuar dicha negativa, resulta infundada la presente denuncia respecto a las aludidas autoridades. QUINTO. Existencia del acto de aplicación. En otro aspecto, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, al momento de rendir el informe respectivo, si bien no aceptó la existencia del acto denunciado, lo cierto es que del propio informe se aprecia su existencia; aunado a que se exhibió junto con la denuncia el oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se determinó que no se cuenta con los elementos normativos para brindar atención a la petición realizada por el denunciante; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tiene como cierto el acto denunciado. SEXTO. Estudio de fondo. Por lo que hace al acto en estudio, resulta procedente y fundada la presente denuncia por lo siguiente. En términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, consiste en la acción que formula la persona afectada por la eventual inobservancia a la citada declaratoria que repercute en su esfera de derechos, sin que tenga la necesidad de promover previamente juicio de amparo por vulneración de aquéllos. La denuncia puede formularse cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma declarada inválida. Así, para denunciar dicho acto, necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: Que se haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que tal declaratoria haya surtido efectos; y Que con posterioridad a ello, se aplique al gobernado la norma declarada inconstitucional Existencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad Sobre el primer elemento, conviene precisar que se estima satisfecho, debido a que efectivamente existe la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que se estimó inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos En dicha resolución se expuso que tal sistema provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1o. Constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana, que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero restringen en menor grado ese derecho fundamental; aunado a que la prohibición absoluta ocasiona una afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con la medida. Se dijo que esto es así, porque los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, constituyen un sistema normativo que establece una prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, lo que se genera a partir de la integración de diversas porciones de las mismas, que incluso contienen un sistema de remisiones expresas entre ellas. Por ello, se dijo que si bien los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud fueron reformados, ello no superó la inconstitucionalidad detectada, porque dichas modificaciones no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Bajo tales lineamientos, el Alto Tribunal emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, respecto de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente; precisando que: Las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. Los alcances sólo se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". No tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Asimismo, se resolvió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Además, se definió que al emitir las autorizaciones, deberá precisarse que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En resumen, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar las porciones normativas precisadas, definió que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, se encuentra compelida a emitir las autorizaciones necesarias para permitir el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas. Consideraciones que son de observancia obligatoria, conforme al artículo 234, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé que la declaratoria general de inconstitucionalidad será obligatoria y tendrá efectos generales. Momento en que surte efectos la declaratoria general. Respecto al segundo elemento, igualmente se encuentra satisfecho, ya que la declaratoria general de inconstitucionalidad debe surtir sus efectos, entendiéndose que ello acontece cuando los puntos resolutivos de esa sentencia se notifican al Congreso de la Unión. En efecto, la ejecutoria dictada en la declaración general de inconstitucionalidad 1/2018, se notificó mediante oficio SGA/FAOT/194/2021 a la Cámara de Diputados y el diverso SGA/FAOT/195/2021 a la Cámara de Senadores, el veintiocho de junio de dos veintiuno, a través de la cual, se hace del conocimiento público la fecha en que surten efectos las declaraciones de invalidez contenidas en las sentencias dictadas por el Alto Tribunal. Datos que constituyen un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de información publicada en páginas oficiales. Aplicación de las porciones normativas inválidas Finalmente, en torno al tercer elemento, igualmente se encuentra satisfecho, ya que en lo relativo a la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, se tiene que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, al expresar sus manifestaciones respecto de esta denuncia, aceptó que emitió el oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés, que determina que no se cuenta con los elementos normativos para brindar atención a la petición realizada por el denunciante, para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. Ahora, se estima que la autoridad denunciada, a través del oficio referido, aplicó el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud; por lo que, se cumple con el tercer presupuesto establecido para el ejercicio de la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En efecto, el denunciante esencialmente sustenta su reclamo en que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el referido sistema normativo que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, es violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, y no obstante esa consideración -señala- que con la emisión del oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, negó su solicitud para obtener autorización del consumo individual de la cannabis y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), bajo el argumento de que está imposibilitada para evaluar lo pedido. En ese sentido, las manifestaciones expuestas son fundadas, pues al negar la solicitud formulada por la parte denunciante con el fin de que se le expidiera la autorización sanitaria correspondiente para el consumo personal bajo el argumento que, conforme a la Ley General de Salud, no está facultada para otorgar la autorización requerida, es decir, al rechazar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que la ley de la materia no le confiere facultades para emitir tal determinación, aplicó de manera tácita e implícita los artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En efecto, si bien la autoridad denunciada no fundó su actuar, de manera expresa, en los preceptos citados en párrafos precedentes, empleó tácitamente el sistema prohibicionista sobre el cual, el Pleno del Máximo Tribunal del País emitió la citada declaratoria general de inconstitucionalidad, pues son dichos artículos los que constituyen el sistema de prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Sin embargo, como lo expuso el Tribunal Constitucional, la falta de legislación no supone un impedimento para emitir la autorización solicitada, sino que la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones, a través del órgano competente, es decir la propia Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, acorde a los artículos 3, fracción I, inciso j), 4, fracción II, inciso c), 11, fracción VI y 14, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de dicha comisión, en relación con el punto vigésimo sexto fracción I del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ahora, no se soslaya que de la vista otorgada a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, se haya indicado lo siguiente: Que no cuenta con la legislación del Congreso de la Unión a fin de que la Secretaría de Salud emita las autorizaciones para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis sativa, índica, americana, su resina, preparados y semillas y del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabidol y sus variantes estereoquímicas conocidas como "marihuana"). Que no aplicó el sistema prohibicionista, pues no empleó los preceptos declarados inconstitucionales. Sin embargo, como se precisó anteriormente, asiste razón al denunciante cuando afirma que la autoridad sanitaria transgredió la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, porque, como se mencionó en párrafos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo énfasis que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legisle sobre el tema, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. En consecuencia, al asistir razón a la parte denunciante, de conformidad con el artículo 210 de le Ley de Amparo, se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, con motivo de la aplicación de las porciones normativas inválidas en el oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México. SÉPTIMO. Efectos. En términos del numeral 210, fracción I, último párrafo, en relación con los diversos 192 a 198, todos de la Ley de Amparo, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, dentro de los tres días siguientes a partir de que se notifique la presente resolución, deberá cumplir con lo siguiente: Dejar insubsistente el oficio 233301EL353268, de nueve de junio de dos mil veintitrés. Dictar otro en el que no aplique implícita ni tácitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo la solicitud del promovente. Esto implica que, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación dentro de tres días, a partir de la notificación de esta resolución, en la que deberá tomar en consideración lo siguiente: Verificar que el denunciante sea una persona adulta y emitir el permiso correspondiente para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado; y, Al emitir la autorización, deberá precisar, que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y puntualizará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Leonardo Serano Ramírez, respecto del acto de aplicación atribuido al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaria de Salud, ambos con residencia en la Ciudad de México, y a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Michoacán (COEPRIS), con sede en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. Es fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Leonardo Serano Ramírez, en contra del acto que atribuyó a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos previstos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.SSCH/
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos y de la COFEPRIS, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, rinde su respectivo informe; atento a ello, en términos del artículo 210, fracción I, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas las manifestaciones a que alude, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales correspondientes. Domicilio y delegados. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para recibir notificaciones el que expresa en su informe y designando delegados en términos del artículo 9º de la Ley de la materia a las personas que precisa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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