Leonardo Marín Cendejas
Expediente 1322/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leonardo Marín Cendejas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto por el cual se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso i), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LEONARDO MARIN CENDEJAS LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Marín Cendejas, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1322/2022. 2. Desechamiento. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Lo anterior, se consagra en el principio de definitividad, específicamente en resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, por el cual sólo se podrá acudir al amparo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ya que de esta forma se preservará dicho juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Por lo que, el quejoso debe interponer los medios ordinarios a través de los órganos administrativos, pues a través de ellos se puede dejar insubsistente el acto que se reclama y de esta forma, no resultaría optativo promover el juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones contempladas en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, el acto que se reclama, no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados, toda vez que el quejoso, reclama de las autoridades penitenciarias: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social ubicado en La Piedad, Michoacán. Por tanto, contra la autoridad penitenciaria, puede interponerse un recurso o medio de defensa legal en el que puede llegar a modificarse, revocarse o nulificarse dicho acto, como lo establecen los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues prevén un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones o quejas de las personas privadas de su libertad por cualquier medio a las instancias correspondientes. Asimismo, la citada Ley dispone que las peticiones relacionadas con los derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro penitenciario en donde guardan reclusión, quien, previa solicitud del interno, deberá auxiliarlo para la elaboración del ocurso de referencia; además, en dicho escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión, así como también ofrecer pruebas, por lo que dicha autoridad penitenciaria está obligada a recabar los datos las necesarios para resolver esa petición. Por lo que, de haber realizado esa petición y la contestación no fuera favorable a sus pretensiones, o en su caso, no se le haya contestado, el interno podrá interponer una controversia judicial ante el Juez respectivo. Es al caso, ya que el acto que se reclama, le resulta aplicable el artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, toda vez que el procedimiento administrativo puede ser promovido por cualquier interno que, sin importar si está en prisión preventiva o en ejecución de una pena, ante el la autoridad penitenciaria donde guarde reclusión, quien deberá conocer y resolver todas aquellas peticiones referentes a las condiciones de reclusión, y en caso de que subsista la inconformidad u omisión planteada, se podrá impugnar la controversia ante el Juez de Ejecución. Asimismo, previamente al juicio de amparo, el promovente debió acudir ante la autoridad penitenciaria, y después agotar la acción judicial ante el juez de ejecución, a través del cual pudo obtener la modificación o revocación del acto que se reclama. Tal postura, fue asumida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja número ********************, en sesión celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, localizable en la página de intranet de nuestro mal Alto Tribunal Constitucional SCJN | Intranet (pjf.gob.mx); en la cual se confirmó el auto que desechó una demanda de amparo, en que se reclamó el traslado de los quejosos a un diverso centro penitenciario. En tales circunstancias, toda vez que el acto reclamado se trata de cuestiones de internamiento, el quejoso debió agotar los medios ordinarios de defensa, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo de trato, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************no gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto; por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de siete de septiembre del año en curso, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, para el efecto de que realizara lo siguiente: "Deje sin efectos parcialmente la audiencia preliminar celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar ********************, en la parte relativa al desahogo de la prueba pericial en genética molecular (ADN), ofrecida con la finalidad de demostrar el vínculo filial entre el quejoso y la menor de iniciales ********************; así como la determinación en la se decretó en favor de la menor y a cargo del demandado, una pensión alimenticia equivalente a un salario mínimo diario. Dicte un acuerdo en el que ordene preparar la prueba pericial de referencia, pero haciendo del conocimiento del quejoso las consecuencias previstas para el caso de que se niegue a practicársela, en términos de los artículos 388, y 971, fracción II, párrafo segundo, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, conforme a los lineamientos establecidos en este fallo. Fije nueva fecha para la audiencia preliminar, en la que deberá continuar a partir de la etapa de preparación de la prueba pericial." 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante oficio ******************** recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del auto de catorce del mismo mes y año, en el que dejó insubsistente la audiencia preliminar celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar ********************, en la parte relativa al desahogo de la prueba pericial en genética molecular (ADN) ofrecida con la finalidad de demostrar el vínculo filial entre el quejoso y la persona menor de edad de iniciales ********************, así como la determinación en la que se decretó en su favor y a cargo del demandado, una pensión alimenticia equivalente a un salario mínimo diario. Asimismo, en dicho proveído señaló las diez horas del once de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la continuación de la audiencia preliminar, específicamente en la parte relativa al desahogo de la prueba pericial en genética molecular (ADN), apercibiendo al quejoso que en caso de no comparecer en la fecha señalada o de negarse a que le practiquen los exámenes correspondientes, se presumirá, salvo prueba en contrario, su paternidad. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado; ya que dejó sin efectos parcialmente la audiencia preliminar celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar ********************, específicamente en la parte relativa al desahogo de la prueba pericial en genética molecular (ADN), ofrecida con la finalidad de demostrar el vínculo filial entre el quejoso y la infanta de iniciales ********************; así como la determinación en la se decretó en favor de ella y a cargo del demandado, una pensión alimenticia equivalente a un salario mínimo diario; además, fijó nueva fecha para la audiencia preliminar, en la que ordenó continuar con la preparación de la prueba pericial de referencia, haciendo del conocimiento del quejoso las consecuencias previstas en el caso de negativa a su desahogo, en términos de los artículos 388, y 971, fracción II, párrafo segundo, del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Original del incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 8. Duplicado del incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 9. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Marín Cendejas, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1322/2022. 2. Desechamiento. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Lo anterior, se consagra en el principio de definitividad, específicamente en resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, por el cual sólo se podrá acudir al amparo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ya que de esta forma se preservará dicho juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Por lo que, el quejoso debe interponer los medios ordinarios a través de los órganos administrativos, pues a través de ellos se puede dejar insubsistente el acto que se reclama y de esta forma, no resultaría optativo promover el juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones contempladas en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, el acto que se reclama, no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados, toda vez que el quejoso, reclama de las autoridades penitenciarias: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social ubicado en La Piedad, Michoacán. Por tanto, contra la autoridad penitenciaria, puede interponerse un recurso o medio de defensa legal en el que puede llegar a modificarse, revocarse o nulificarse dicho acto, como lo establecen los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues prevén un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones o quejas de las personas privadas de su libertad por cualquier medio a las instancias correspondientes. Asimismo, la citada Ley dispone que las peticiones relacionadas con los derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro penitenciario en donde guardan reclusión, quien, previa solicitud del interno, deberá auxiliarlo para la elaboración del ocurso de referencia; además, en dicho escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión, así como también ofrecer pruebas, por lo que dicha autoridad penitenciaria está obligada a recabar los datos las necesarios para resolver esa petición. Por lo que, de haber realizado esa petición y la contestación no fuera favorable a sus pretensiones, o en su caso, no se le haya contestado, el interno podrá interponer una controversia judicial ante el Juez respectivo. Es al caso, ya que el acto que se reclama, le resulta aplicable el artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, toda vez que el procedimiento administrativo puede ser promovido por cualquier interno que, sin importar si está en prisión preventiva o en ejecución de una pena, ante el la autoridad penitenciaria donde guarde reclusión, quien deberá conocer y resolver todas aquellas peticiones referentes a las condiciones de reclusión, y en caso de que subsista la inconformidad u omisión planteada, se podrá impugnar la controversia ante el Juez de Ejecución. Asimismo, previamente al juicio de amparo, el promovente debió acudir ante la autoridad penitenciaria, y después agotar la acción judicial ante el juez de ejecución, a través del cual pudo obtener la modificación o revocación del acto que se reclama. Tal postura, fue asumida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja número ********************, en sesión celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, localizable en la página de intranet de nuestro mal Alto Tribunal Constitucional SCJN | Intranet (pjf.gob.mx); en la cual se confirmó el auto que desechó una demanda de amparo, en que se reclamó el traslado de los quejosos a un diverso centro penitenciario. En tales circunstancias, toda vez que el acto reclamado se trata de cuestiones de internamiento, el quejoso debió agotar los medios ordinarios de defensa, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo de trato, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************no gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto; por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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