LEONARDO SANTOYO MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 1001/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1001/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
06/07/2015

Partes del expediente

  • LEONARDO SANTOYO MARTÍNEZ y Otros.
  • Ulises Arteaga Delgado
  • JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RAMÍREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil quince. Se tiene por recibido el acuse de recibo suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, del cual se aprecia que solicitó a la Procuradora Fiscal para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo o en su caso informara a este Juzgado de Distrito, si tuviere alguna imposibilidad para hacerlo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio TECyA/004367/2015, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitra del Estado de Morelos y Secretaria General de dicho Tribunal, por medio del cual rinden el informe justificado así como las copias certificadas de las constancias en que se fundamenta, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto que hizo consistir en la omisión de emitir el acuerdo relativo a la promoción que presentó el quince de mayo de dos mil quince, en el cual solicitó se emitiera el acuerdo de requerimiento de pago, aplicando las medidas de apremio que se encuentran señaladas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en contra del Ayuntamiento constitucional de Tlaquiltenango, Morelos para que pagara el crédito laboral, en el expediente laboral 01/1192/13. La demanda de amparo se presentó el veintiuno de mayo de dos mil quince. Mientras que, del informe justificado y de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que en auto de veintidós de mayo de dos mil quince, recibió el escrito de la quejosa de quince de mayo de dos mil quince, decretó el requerimiento de pago a favor de los actores, desglosó la cuantificación de cada actor, comisionó al Actuario de su adscripción para que asociado de los actores, se constituyeran en el domicilio de la demanda y requirieran de pago, bajo el apercibimiento para dicho ente demandado, que en caso de negativa se procedería en términos de la fracción I del artículo 124 de Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; el cual fue notificado a la parte quejosa el nueve de junio de dos mil quince, ello, dentro del expediente laboral 01/1192/13, constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber emitido el auto de veintidós de mayo de dos mil quince, en el que atendió a la promoción presentada el quince de mayo de dos mil quince y haberlo notificado al quejoso el nueve de junio de dos mil quince, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante el cual solicita se señale día y hora para que en las instalaciones de este juzgado, se constituya la parte quejosa, para que en la fecha señalada comparezca con el título de crédito para que por comparecencia sea recibido por la parte quejosa; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígase a la autoridad oficiante, que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, ya que el cumplimiento a la sentencia de amparo debe realizarlo como lo hizo en múltiples ocasiones anteriores, en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado, es decir, remitiendo las constancias relativas a demostrar que ya expidió el cheque a favor de la parte quejosa dejándolo a su disposición y remitiendo las constancias de la entrega del cheque. Por otra parte, visto el estado de los autos, de los que se advierte que a la fecha las autoridades responsables y superiores jerárquicos del Tesorero del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas y haber transcurrido el término otorgado mediante auto ONCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de ONCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE; en el caso existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos (JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA), así como a los superiores jerárquicos de estas; para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no han demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone a el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos (JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA) una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional). Igualmente, este juzgador impone a las autoridades Presidente Municipal de Temixco, Morelos (MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA) y al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ y Regidores ANTONIO BAUTISTA GAMA, TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO, ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ, MARIELA ROJAS DEMÉDICIS, BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE, PATRICIA TOLEDO NAVARRO, EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO, DANTE JOSÉ A. GONZÁLEZ LAGUNAS, RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO), una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), A CADA UNO DE LOS MENCIONADOS, considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional), TODA VEZ QUE NO ACREDITARON HABER GIRADO LA ORDEN AL TESORERO RESPONSABLE, PARA QUE ÉSTE CUMPLIERA CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede. En el entendido de que pueden ser localizados, en el domicilio ubicado en Plaza 10 de Abril, sin número, colonia Centro, en Emiliano Zapata, Morelos. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En el entendido de que el término de DIEZ DÍAS, se considera un plazo razonable para el acatamiento de la ejecutoria, en virtud de que para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; además de que ya se concedió el plazo de veinte días. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos (JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA), para que dentro del término de DÍEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen y REMITA COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE. Cabe precisar que el término de DIEZ DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Temixco, Morelos (MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA) y al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ y Regidores ANTONIO BAUTISTA GAMA, TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO, ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ, MARIELA ROJAS DEMÉDICIS, BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE, PATRICIA TOLEDO NAVARRO, EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO, DANTE JOSÉ A. GONZÁLEZ LAGUNAS, RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acrediten la orden girada a las citadas autoridades responsables, para que éstas cumplan con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de junio de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual designa delegado, y en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del cheque 0047970, fechado el veintiocho de mayo de dos mil quince, por la cantidad de $1,799.72 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.); el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Asimismo, se requiere la parte quejosa para que, dentro del término señalado en párrafos precedentes, informe si ya compareció ante las autoridades responsables de la Secretaría de Hacienda, a efecto de cobrar el cheque de mérito; con el apercibimiento que, en caso de ser omisa al respecto, este órgano jurisdiccional procederá en los términos antes mencionados. Igualmente se apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, tomando en consideración que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince, se impuso una multa a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos ADRIANA FLORES GARZA, para vencer la contumacia en cumplir con la sentencia ejecutoria y, como quedó de manifiesto en párrafos que antecede, la misma ha exhibido copia certificada del título de crédito en favor de la parte quejosa, con lo que informan el cumplimiento al fallo protector, actualmente resulta ineficaz la aplicación de la multa. Lo anterior comuníquese al Administrador Local de Recaudación de esta Ciudad, mediante oficio en el que se inserte el presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, la constancia de notificación relativa a la resolución que en él se cita, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

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