Leonardo Samuel González Trujillo

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Leonardo Samuel González Trujillo
  • Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo ****** tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos ***, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el ****en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y *****en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente ****, de acuerdo al supuesto *******nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 8/2019-III-B, promovido por LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por su propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el cuatro de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en esa misma fecha a la oficialía de partes este órgano jurisdiccional, LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de María Olivia Trujillo Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Personal y Relaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. TERCERO. Mediante escrito presentado ante este juzgado el siete de marzo del año en curso, el quejoso amplió su escrito de demanda por cuanto hace a un nuevo acto reclamado y autoridad responsable, la cual se desechó de plano en proveído de ocho de marzo siguiente, por lo que la parte quejosa interpuso recurso de queja, que quedó radicada con el número 90/2019, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria de nueve de mayo del año en curso, declaró fundado dicho medio de impugnación y en consecuencia, en cumplimiento a ello, este órgano jurisdiccional admitió la ampliación de mérito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y ampliación de la misma y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, precisa que reclama: 1. La omisión del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de dar respuesta a su escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, por el cual solicitó la liberación del bono "Apoyo al jubilado 2017" que correspondía a su tía María Olivia Trujillo Reyes, fallecida el dieciocho de abril de dos mil diecisiete y se le reconociera como beneficiario de ésta, autorizándolo a gestionar y recibir el pago señalado. 2. Las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado por el que da respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, tal y como lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en su ejecutoria de nueve de mayo del año en curso. Este último, reprochado mediante escrito de ampliación de demanda y que de acuerdo a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja 90/2019, tiene estrecha relación con el precisado en la demanda inicial, en razón de que con sus argumentos implícitamente la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso en el ocurso cuya omisión de respuesta reclama. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, pues así lo manifestó la responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 27 a 29). Asimismo, por cuanto al diverso acto reclamado señalado en la ampliación de demanda, consistente en las manifestaciones formuladas por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, fue omisa en rendir el correspondiente informe justificado a este nuevo acto, a pesar de estar debidamente notificado (foja 98); por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el mismo; además que como se indicó al aludido Tribunal de Alzada resolvió que la respuesta esgrimida por la responsable en el inicial informe de ley, constituía la contestación a la petición de mérito; motivo por el cual incluso permitía conocer la existencia de dicho acto como también combatido. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido la respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil diecisiete, tal y como lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado y lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 90/2019 (fojas 27 a 29), por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la omisión combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte del informe rendido por la autoridad responsable. Bajo ese tenor, este juzgador concluye que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en la omisión del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en acordar el escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual solicita el pago de apoyo al jubilado dos mil diecisiete, así como el reconocimiento de beneficiario de la de cujus María Olivia Trujillo Reyes. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado manifestando que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se encontró con la imposibilidad de dar trámite positivo a la aludida solicitud formulada, toda vez que el quejoso no presentó documentación alguna que lo acredite como beneficiario, no obstante tener reconocido el carácter de único y universal heredero de la sucesión a bienes de María Olivia Trujillo Reyes jubilada de dicho instituto, el cual fue validado con el testamento consignado en la escritura pública 89,384 de veinticuatro de octubre de dos mil once, del apéndice del Notario Público 114 del Distrito Federal en la que se le designó albacea definitivo, pues en el caso que se ocupa no se trata de bienes, sino de derechos laborales, por lo que para poder ser sujeto de reclamarlos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, la manifestación de que se trata tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, no obstante que la autoridad responsable al rendir su informe justificado no precisó la fecha en que formuló dicha contestación a la solicitud del ahora quejoso, ni mucho menos que se lo notificara personalmente al peticionario, se puede concluir que fue con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de enero de dos mil diecinueve) y este órgano jurisdiccional le dio vista a la aquí quejosa con el mismo. Por ende, se advierte que la responsable hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada, consistente en acordar el escrito de treinta de mayo de dos mil diecisiete; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el multicitado escrito, lo cual se aprecia se efectúo al rendir el informe justificado tal y como lo resolviera el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 90/2019. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que este órgano jurisdiccional le dio vista al aquí quejoso con el informe justificado, tan es así, que amplió su demanda respecto a dicha contestación y ésta será también materia de análisis en este fallo. Condiciones que en el particular se satisfacen con la contestación emitida por la autoridad responsable, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, de dar respuesta al escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Respecto del diverso acto reclamado consistente en las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado por el que da respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, al no existir causales de improcedencia hechas valer, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos sin advertir queja deficiente que suplir. En el caso concreto el quejoso al ampliar su escrito de demanda reclama las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, por conducto de su apoderado legal, al rendir su informe justificado por el que da respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se encontró con la imposibilidad de dar trámite positivo a la aludida solicitud de pago del apoyo al jubilado 2017, que se adeuda a la de cujus María Olivia Trujillo Reyes y que se le reconozca el carácter de beneficiario, toda vez que no presentó documentación alguna que lo acredite con tal personalidad, no obstante tener reconocido el carácter de único y universal heredero de la sucesión a bienes de la persona mencionada, el cual fue validado con el testamento consignado en la escritura pública 89,384 de veinticuatro de octubre de dos mil once, del apéndice del Notario Público 114 del Distrito Federal, en el que se le designa albacea definitivo, pues en el caso que se ocupa no se trata de bienes, sino de derechos laborales, por lo que para poder ser sujeto de reclamarlos, la responsable concluyó que debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; manifestación que tiene pleno valor probatorio. En este sentido, desde un estricto punto de vista pudiera considerarse que dicho acto reclamado causa perjuicio a la parte quejosa, en virtud que la responsable no dio contestación favorable a lo solicitado por el quejoso en su escrito de treinta de mayo de dos mil diecisiete; sin embargo, no puede considerarse como causante de una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso encontrándose fundada y motivada la respuesta que al efecto emitió, por los siguientes motivos: El artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que la autoridad responsable citó como fundamento a la respuesta emitida, dispone que para declarar qué persona o personas son los beneficiarios del trabajador fallecido por riesgo de trabajo, deben cumplirse dos condiciones procesales: La primera, concerniente en una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador, lo que deberá realizarse a través de todas las instituciones o registros al alcance de la autoridad que cuente con ese tipo de datos, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro o el área de recursos humanos de la propia empresa en donde laboró el empleado fallecido, quienes pueden contar en sus archivos con información relativa a si tenía familiares o dependientes económicos y, La segunda, consistente en fijar la convocatoria respectiva en un lugar visible del establecimiento donde el trabajador prestó sus servicios, para que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos para resolver quién debe recibir la indemnización o, en su caso, las prestaciones laborales reclamadas. En el entendido que ambas condiciones o requerimientos deberán ser agotados ante la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo encargada de sustanciar los conflictos de naturaleza laboral, en el caso de conformidad con la reforma al artículo 3º constitucional publicada el quince de mayo del año en curso, será el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por ende esos son los requisitos mínimos determinados por el legislador para que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos, en tanto que mientras más sean los caminos para precisar quiénes son los beneficiarios, mayores posibilidades existirán de alcanzar la verdad y de que todos sean convocados. De lo anterior se concluye que, en principio, el quejoso debe acudir ante la autoridad laboral correspondiente a solicitar se le reconozca el carácter de beneficiario, en virtud de que es obligación de los tribunales competentes realizar esa investigación y ordenar que se fije la convocatoria aludida, ya que con su resultado se obtendrán los datos necesarios para emitir una resolución debidamente fundada y motivada, en lo que respecta a la declaración de legítimos beneficiarios de la de cujus Olivia Trujillo Reyes. Lo anterior, con base en los razones plasmadas en la jurisprudencia 2ª./J 68/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 591, Tomo XXVII, Abril de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro siguiente: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA EN EL CENTRO DE TRABAJO Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VII.2o.T J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1888, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 20018, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO POR RIESGO DE TRABAJO. NO TIENEN LA CARGA DE ACREDITAR LA INEXISTENCIA O EL FALLECIMIENTO DE OTRAS PERSONAS CON POSIBLES DERECHOS SUCESORIOS QUE NO COMPARECIERON AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIRLOS." En consecuencia, la respuesta emitida por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, no es violatoria de derechos que alega el quejoso en razón de que como se expuso la autoridad educativa responsable ciño su actuar a lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo de manera correcta, precisamente al advertir que lo solicitado guardaba relación con el reconocimiento de derechos laborales ya que como lo determinó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación esto debe ser reclamado ante las autoridades jurisprudenciales laborales competentes; de ahí que la autoridad responsable se encontraba impedida para resolver en sentido favorable dicha pretensión, lo que de suyo permite calificar de no violatorio de derechos el acto reclamado. No se soslaya el hecho de que el quejoso tenga el carácter de único y universal heredero de la sucesión a bienes de María Olivia Trujillo Reyes, validado en el testamento consignado en la escritura pública 89,384 de veinticuatro de octubre de dos mil once, del apéndice del Notario Público 114 del Distrito Federal y designado albacea definitivo, pues como se dijo en párrafos precedentes, en el asunto generador del acto reclamado, se solicita el reconocimiento de beneficiario de derechos laborales, más no de bienes. Por lo que para poder ser sujeto de reclamarlos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo como acertadamente lo resolvió la autoridad responsable, por ello se hace más evidente la inexistencia del derecho humano violado. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de María Olivia Trujillo Reyes, respecto del acto consistente en la omisión la omisión del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de dar respuesta a su escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de María Olivia Trujillo Reyes, respecto de la autoridad y por el acto reclamado consistente en las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado y por las razones expuestas en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy nueve de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de nueve de agosto del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de María Olivia Trujillo Reyes, respecto del acto consistente en la omisión la omisión del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de dar respuesta a su escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a LEONARDO SAMUEL GONZÁLEZ TRUJILLO, por propio derecho y en su carácter de albacea a bienes de la sucesión de María Olivia Trujillo Reyes, respecto de la autoridad y por el acto reclamado consistente en las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado y por las razones expuestas en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy nueve de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja 90/2019, a través de la cual dicho Tribunal de Alzada resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente de la recepción del testimonio de la ejecutoria de mérito, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se provee: Ampliación de la demanda Visto el estado procesal de los autos se advierte que el quejoso, mediante escrito recibido el siete de marzo del presente año amplió la demanda; por tanto, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo se admite la ampliación de demanda promovida por el quejoso, por cuanto a nuevos actos reclamados plasmados en el escrito aludido, para lo cual se corre traslado a las partes para los efectos jurídicos a que haya lugar. Determinación sobre el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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