Leonardo Salvador Tirzo

Expediente 334/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
334/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Salvador Tirzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 334/2020. Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. De la certificación precedente y el estado procesal del incidente de suspensión se advierte que a la fecha la parte quejosa ha sido omisa en recoger el certificado de , expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional ($2,500.00), registrado con el folio de control interno 24/2020. Ello, a pesar de que dicha garantía fue puesta a disposición de aquella mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veinte, mismo que, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k), fuera notificado por lista -previo citatorio- el veintisiete de mayo de dos mil veinte, sobre todo, porque en el acuerdo de mérito se le apercibió, en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, de que si dejaba de recogerlo en el plazo de dos años, aquel prescribiría en favor del erario federal. Entonces, toda vez que han transcurrido más de dos años sin que la parte quejosa haya solicitado la devolución del certificado de depósito, ni acudido a las instalaciones de este juzgado a recoger el mismo, con apoyo en los artículos 2, 5, 29, 45, 48 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara la prescripción del certificado de depósito número expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional ($2,500.00), exhibido para que surtiera efectos la suspensión (provisional) concedida a la parte quejosa, en los autos del incidente de suspensión en que se actúa. En ese contexto, se ordena endosar el citado certificado de depósito a la Tesorería de la Federación para su aplicación al erario federal, el cual deberá remitirse mediante atento oficio; y, se solicita acusar recibo del mismo. Por último, se ordena dar de baja el aludido certificado de depósito en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, resalta el proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Anexos. Se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tehuacán, Estado de Puebla, el cuaderno auxiliar único formado con copias de la causa penal *, que aportó en el trámite de este juicio. No se le solicita acuse de recibo por esas constancias, porque sólo tienen copias de actuaciones; aunado a que habrá seguridad en la entrega porque se hará mediante oficio. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a la responsable, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si la responsable, el fiscal adscrito, el quejoso o los terceros interesados desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. Por último, se deja establecido que nunca se formó el incidente de suspensión en este juicio, porque no fue solicitado por el defensor del quejoso en su escrito de demanda. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de protección en el juicio principal, y se ordenó el archivo del mismo. Lo cual incluso constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fue otorgada la suspensión provisional en el acuerdo inicial. De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ha ordenado el archivo tanto del cuaderno original como del duplicado, en los plazos y modalidades precisadas (uno depurable y el otro destruible). Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este incidente no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente Anotaciones internas. Se ordena a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.-Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por ciertas autoridades responsables (una ordenadora y las demás ejecutoras), para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la autoridad judicial obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se decretó el sobreseimiento por la mayoría de autoridades, pero también le fue otorgado el amparo al quejoso contra los actos de otras responsables. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tehuacán, Estado de Puebla -y a las autoridades ejecutoras- para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de dieciocho de abril de dos mil veinte, emitida en la causa penal *, únicamente respecto del quejoso *; 2. Emita una nueva determinación respecto de la solicitud de la fiscalía, donde reiterará lo relativo a la existencia de los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con la agravante de ser cometidos en contra de un servidor público, y daño en propiedad ajena doloso; 3. Al abordar el estudio relativo a la probabilidad de que el quejoso haya cometido o participado en esos hechos, deberá precisar la intervención que de manera concreta se le atribuye y si la misma se encuentra justificada, debiendo fundar y motivar su decisión; 4. En caso afirmativo, con libertad de jurisdicción, deberá analizar si el Agente del Ministerio Púbico justificó la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable deba resolver la solicitud de orden de aprehensión en determinado sentido, pues el objetivo de la concesión radica en que subsane las deficiencias advertidas en esta resolución, con base en los elementos de convicción sometidos a su conocimiento. Por último, a las autoridades responsables ejecutoras, se les impone la obligación de abstenerse de cumplir la orden de aprehensión declarada ilegal, y quedar a la espera de la nueva determinación que emita el juez encargado de la referida causa. Se deja establecido que las autoridades ejecutoras a que se hace referencia, son: Fiscal General del Estado de Puebla; Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y Directora de Mandamientos Judiciales, que en la actualidad corresponde a la Directora de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.". Por oficio JOPTEH/550/2021, recibido en este juzgado el cinco de los cursantes, la autoridad judicial responsable informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Mientras las autoridades ejecutoras, informaron que se abstuvieron de cumplir la orden de aprehensión declarada ilegal, hasta en tanto la autoridad judicial responsable dictara una nueva resolución. En acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, a las víctimas emplazadas como terceros interesados, a la agente del Ministerio Público tercera interesada y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad judicial obligada y las ejecutoras. Pero ninguna de esas partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad judicial responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron expedidas por un servidor público con fe pública. Tales copias revelan que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Estado de Puebla, emitió una nueva resolución el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la causa *de su índice, en la que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de abril de dos mil veinte. Además, dictó una nueva determinación conforme a los lineamientos plasmados en la ejecutoria de amparo, esto es, reiteró la existencia de los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con la agravante de ser cometidos contra un servidor público, y daño en propiedad ajena doloso. Luego abordó el estudio relativo a la probabilidad de que el quejoso haya cometido o participado en esos hechos, al grado de precisar la intervención que de manera concreta se le atribuye, todo lo anterior, con una fundamentación y motivación de su decisión. De modo que al haber establecido la probabilidad de que el quejoso haya participado en los hechos con apariencia de delitos, examinó la autoridad judicial responsable con libertad de jurisdicción, si el Agente del Ministerio Púbico había justificado la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada, lo cual también estimó cumplido. Finalmente, la autoridad en mención libró una nueva orden de aprehensión contra el quejoso, por los delitos de homicidio calificado con la agravante de haberse realizado contra un servidor público, homicidio calificado en grado de tentativa con agravante de ser cometido contra un servidor público y daño en propiedad ajena doloso. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la principal autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, como a las víctimas emplazadas como terceros interesados y a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Zona Sur Oriente, con sede en Tehuacán, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Asimismo, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a). Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; b). Mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad judicial responsable cumplió la protección constitucional, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno; d) El cinco de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio JOPTEH/550/2021, de la autoridad judicial responsable, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, se agrega al expediente el escrito del quejoso (con anexo) por medio del cual ofrece un acta notarial, en la que ratificó el contenido y firma de un escrito de quince de diciembre de dos mil veinte. En dicho escrito, el quejoso precisa un inmueble como nuevo domicilio procesal, autoriza a diversos profesionistas y proporciona un número telefónico y una dirección de correo electrónico, como medios de contacto para el trámite de este juicio. En consecuencia, se tiene como nuevo domicilio procesal del quejoso, el inmueble que citó en el escrito ratificado ante notario público, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mármol, de la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Asimismo, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, los profesionistas Francisco Javier Sánchez Reyes y María de la Paz Colotl Bolaños, porque tienen registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Mientras que Itzel López Martínez, Gabriela Carmona Bernal y Edna María José Padilla Juárez quedarán autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo previsto en el artículo 24 de la citada legislación, porque no fueron encontradas sus cédulas en el registro correspondiente. Por último, se tienen proporcionados los medios electrónicos que del escrito se desprenden, los cuales deberán considerar los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar al quejoso por alguna circunstancia que lo ameritara. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en su nuevo domicilio procesal ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mármol, de la ciudad de Puebla) y a la fiscal adscrita a este juzgado (por correo electrónico); por lista a las víctimas emplazadas como terceros interesados; por oficio a la fiscal que tiene el carácter de tercera interesada (por correo electrónico); y cúmplase.

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