Leonardo Gil Rodriguez
Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Gil Rodriguez
- Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha quedó firme el acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y se ordenó el archivo del juicio principal. Lo cual incluso constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fue otorgada tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados -la definitiva con efectos limitados-. De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente original (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Lo anterior implica que en este acuerdo se ordena el archivo del incidente, conforme a los plazos fijados para el cuaderno original y el duplicado (el primero depurable y el segundo destruible). Inexistencia de documentos y garantías. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este incidente no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, resalta el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Ese proveído se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. Por otro lado, no se tienen constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar este acuerdo a las partes de forma personal y por oficio, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si el fiscal adscrito, el quejoso, los terceros interesados o las autoridades responsables desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 704/2021-IV. Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Se declara cumplido el amparo otorgado al quejoso. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por las autoridades responsables, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la autoridad judicial obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintinueve de julio de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra los actos de las responsables, en los términos siguientes: ".1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta judicial , respecto del quejoso ; 2. Emita una nueva resolución para la solicitud en donde puede reiterar el estudio de los hechos con apariencia de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, así como el relativo a la probabilidad de que el imputado Leonardo Gil Rodríguez haya participado en su comisión -porque esos apartados respetaron el derecho de legalidad tutelado por el artículo 16 de la constitución federal-; y 3. Con libertad de jurisdicción analice las razones expuestas por la mencionada agente del Ministerio Público, sobre la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada, y enseguida resuelva lo que estime procedente. Se hace notar al juez responsable, que la concesión del amparo no le impone la obligación de resolver en un determinado sentido, la solicitud de orden de aprehensión presentada por la citada fiscal, porque estará en libertad de jurisdicción para decidir si existen razones que conduzcan a la necesidad de cautela, con la única exigencia de que subsane las deficiencias de forma establecidas en el punto considerativo anterior. Mientras al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (únicas autoridades ejecutoras), se les impone la obligación de cancelar la ejecución de la orden de captura declarada ilegal (de veintinueve de abril de dos mil veintiuno), respecto del quejoso Leonardo Gil Rodríguez. Lo anterior, como efecto consecuente del amparo otorgado, razón por la cual también deberán informar que fue cancelada la ejecución de la orden de aprehensión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, librada en la carpeta judicial , por el quejoso mencionado, cuando esta sentencia alcance el rango de ejecutoria y sea requerido el cumplimiento.". Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de protección alcanzó el rango de ejecutoria constitucional, razón por la cual fue requerido el cumplimiento a las autoridades responsables. Por oficio sin número, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, remitió los actos que realizó para cumplir el amparo otorgado al quejoso. Mientras que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, informó haber suspendido la ejecución de la orden de captura declarada ilegal en este juicio de amparo, y para ello remitió las constancias que lo acreditan. Por último, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, informó que si bien no tiene registro del quejoso, quedaba enterado de los efectos para los cuales se le concedió el amparo. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, a la agente del Ministerio Público tercera interesada y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la principal autoridad obligada. Ninguna de esas partes presentó escritos con manifestaciones contra los actos de cumplimiento, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad judicial responsable para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron obtenidas de actuaciones públicas. Tales copias revelan que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, emitió una nueva resolución el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa , a través de la cual dejó insubsistente la orden de captura reclamada y volvió a examinar la solicitud presentada por una agente del Ministerio Público. En el nuevo estudio, reiteró tanto la acreditación de los hechos delictuosos de homicidio calificado y lesiones calificadas, también consideró que los datos de prueba ubicarían al quejoso en su comisión, pero al examinar las razones expuestas para justificar la necesidad de cautela, determinó que resultaban insuficientes para la solicitud de aprehensión como forma de conducción al órgano de control. Por lo que el juez responsable indicó a la agente del Ministerio Público solicitante, que debía subsanar las deficiencias relativas a la necesidad de cautela, para que fuera decretada una orden de aprehensión. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la autoridad judicial obligada y las responsables ejecutoras, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso como a la agente del Ministerio Público tercera interesada, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, fue celebrada la audiencia constitucional hasta la fase de sentencia, en la cual se otorgó el amparo al quejoso; Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de protección alcanzó el rango de ejecutoria constitucional y fue requerido el cumplimiento; La autoridad judicial responsable cumplió la protección constitucional, el treinta de agosto de dos mil veintiuno; El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio sin número de la autoridad judicial responsable, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, En la presente fecha, veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Indicaciones a la actuaria. Con el fin de seguir la política de sana distancia y evitar el contacto entre personas, por la situación actual de contingencia sanitaria, se ordena a la actuaria encargada de este juicio que las notificaciones a la agente del Ministerio Público tercera interesada y al fiscal adscrito, las realice por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. De no ser posible lo anterior, podrá enviar el oficio de la fiscal tercera interesada por correo certificado, y notificar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito de manera física. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Notifíquese; de manera personal al quejoso (vía electrónica), y al fiscal adscrito (por correo electrónico salvo que deba ser personal); por oficio a la fiscal emplazada como tercero interesado (por correo electrónico salvo que deba enviarse por correo certificado); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 704/2021-IV Puebla, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista con los actos de cumplimiento. Se agrega al expediente el oficio de cuenta del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla -única autoridad ordenadora-, a través del cual informa la resolución de treinta de agosto del presente año, que emitió dentro de la carpeta judicial administrativa *. En dicha determinación dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro de la referida de la causa penal de origen, respecto del quejoso Leonardo Gil Rodríguez, así como realizó diversos actos establecidos en la sentencia dictada en este asunto. Resolución que emitió para cumplir la ejecutoria de amparo de este juicio. Por otra parte, del estado procesal de las actuaciones, se advierte que en proveído de veinticinco de agosto del presente año, se tuvo al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y al Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (autoridades responsables ejecutoras), informando los actos de cumplimiento que realizaron para acatar la protección otorgada al quejoso, en este juicio de amparo. Sin embargo, se reservó dar vista a las partes con dichos oficios, hasta en tanto se recibiera la nueva resolución que dictara la autoridad ordenadora (el juez responsable). Ahora, dado a que en el presente acuerdo se tuvo al juez de control informando dicha resolución -la de treinta de agosto de dos mil veintiuno-, se provee lo conducente: Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso, al fiscal adscrito y al agente del Ministerio Público emplazado como tercero interesado. Lo anterior, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. Se les apercibe que de no realizar manifestación dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, esta juzgadora resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; de manera personal al quejoso, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por oficio al fiscal emplazado como tercero interesado; y cúmplase.
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