Leonardo Méndez Guevara
Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2019
Partes del expediente
- Leonardo Méndez Guevara
- Jessica Lizeth Guevara Rodríguez y Otros.
- Leonardo Méndez Guevara y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de marzo de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de los Familiar, en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. En ese sentido, debido a la voluminosidad de las constancias que remitió la autoridad responsable se ordena abrir por separado un tomo de pruebas; en el entendido que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa y como lo solicitó, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa.
- Incidental
Agréguese el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa y como lo solicitó, podrá consultar el expediente electrónico del jincidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto, el escrito de demanda presentado por Jessica Lizeth Guevara Rodríguez, por propio derecho y en representación de su menor hijo Leonardo Méndez Guevara, por la cual se le tiene solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Partido Judicial de Ensenada, con domicilio en esta ciudad, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 109/2019-I y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo, toda vez que fue solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa en lo individual de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.07 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con siete centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." En otro orden, se reconoce a Dámaso Salvador Méndez Hernández, el carácter de tercero interesado en este asunto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En ese tenor, ya que corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento de las partes a juicio, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento del tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho fundamental de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis IX.1o.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Noviembre de 1998, página 580, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." En consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que proceda a emplazar a juicio al tercero interesado Dámaso Salvador Méndez Hernández, en el domicilio que señala la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiriéndolo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, entregándole copia de la demanda de amparo y auto admisorio. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la instrumental de actuaciones y las documentales que adjuntó a su escrito, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y por autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Christian Alejandro Espinoza Lucero, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. En ese orden, tomando en cuenta que la parte quejosa exhibe original del acta de nacimiento de Leonardo Mendez Guevara, proceda la secretaria a realizar el cotejo y compulsa correspondiente, a fin de agregarlo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, como lo solicita hágase la devolución del documento que indica en su escrito, previa copia certificada que se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde y notifíquese este acuerdo así como, las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, en términos del numeral 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda. Notifíquese.
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