Leonardo Lorenzo Troncoso Gómez
Expediente 762/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Leonardo Lorenzo Troncoso Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que prevé el segundo párrafo del artículo 117 de la ley en cita, para que la tercero interesada Cablemás Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (IZZI), se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con seis minutos del catorce de enero del dos mil veinte.
- Principal
Visto, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad, por conducto del secretario de acuerdos que suple la ausencia temporal de la Magistrada Supernumeraria; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Igualmente, se tienen como pruebas documentales de su parte las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, debido a la voluminosidad de las constancias que remitió la autoridad responsable de mérito, se ordena abrir por separado el tomo I de pruebas; en el entendido de que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este juzgado. Por otra parte, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado se reservó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable. En ese contexto, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad, consistentes en copia certificada del juicio agrario **, de su índice, se advierte que les reviste el carácter de terceros interesadas a Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos del Noroeste Sociedad Anónima de Capital Variable y Cablemás Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (IZZI). Por tanto, en términos de la fracción III, inciso b) artículo 5°., de la Ley de Amparo se les reconoce tal carácter; en consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que proceda a emplazar a juicio a Teléfonos del Noroeste Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio ubicado en **, en esta ciudad y Cablemás Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (IZZI), en el domicilio ubicado en calle ***, en esta ciudad, ambos por conducto de quien legalmente los represente, corriéndoles traslado con copia del escrito inicial de demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, los requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que les surta efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase de su conocimiento el día y hora que se encuentran señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento del tercero interesado Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, mediante oficio, al cual deberá anexarse copia del escrito inicial de demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EN EL DOMILICIO PROCESAL DEL TERCERO INTERESADO CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (IZZI), POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, Y SE LE EMPLAZA Y NOTIFICA EL AUTO ADMISORIO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE Y PROVEÍDO DE VEINTIoCHO DE NOVIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICEN: "..Ensenada, Baja California, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Leonardo Lorenzo Troncoso Gómez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 762/2019 y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión relativo, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoye el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que en su caso rinda la autoridad señalada como responsable, del que se advierta a quién le reviste tal carácter. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como prueba, la documental que anexa a su demanda de amparo, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro tenor, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende y como autorizados de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Rafael Carrillo Olea, Alfonso Higuera Fernández y José Ignacio López Contreras, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Ángel Espinoza Medrano, toda vez que no se encontró su cedula registrada en dicho Sistema. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cualquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Po último, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, debidamente sellada y cotejada con su original." "..Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se desprende que a la actuaria de este juzgado no le fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Cablemás Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (IZZI), en el domicilio ordenado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por los motivos expuestos en la misma. Atento a lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que obra en autos un diverso domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado de referencia, ubicado en avenida Gastélum y calle Doce, número 1198, en esta ciudad; en consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que proceda a emplazar a juicio a la tercera interesada Cablemás Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (IZZI), por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio de referencia, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio. ..."..ASIMISMO, SE LE INFORMA QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO COPIA DEL ESCRITO DE DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADOS Y COTEJADOS CON SU ORIGINAL.
- Principal
. Vista la demanda de amparo que promueve Leonardo Lorenzo Troncoso Gómez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Agrario Distrito 45, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 762/2019 y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión relativo, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoye el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que en su caso rinda la autoridad señalada como responsable, del que se advierta a quién le reviste tal carácter. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como prueba, la documental que anexa a su demanda de amparo, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro tenor, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende y como autorizados de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Rafael Carrillo Olea, Alfonso Higuera Fernández y José Ignacio López Contreras, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Ángel Espinoza Medrano, toda vez que no se encontró su cedula registrada en dicho Sistema. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cualquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Po último, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, debidamente sellada y cotejada con su original.
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