Leonardo Maldonado Mestas
Expediente 1100/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonardo Maldonado Mestas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de once de enero del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en relación con el acto reclamado en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia, el acuerdo en donde se declaró que dicho fallo causó ejecutoria, aquel en que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito descrito en la cuenta, por medio del cual el apoderado legal de la parte quejosa realiza manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y toda vez que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las autoridades responsables adujeron realizar de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "IX DECISIÓN En ese contexto, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia, las autoridades responsables procedan como sigue: Den respuesta completa y congruente a la petición presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte y la respuesta la hagan del conocimiento del quejoso. En el entendido de que lo resuelto en la presente sentencia, no obliga a las responsables a resolver en un determinado sentido, en virtud de que la protección constitucional otorgada tiende a asegurar la emisión de una determinación que resuelva el asunto de origen de manera definitiva y no a que se resuelva en determinado sentido. [.]" (Lo resaltado es propio) La sentencia de mérito causa ejecutoria mediante auto de veintitrés de noviembre siguiente, y por tanto se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. II. Actos que la autoridad responsable debía llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debía realizar lo siguiente: a) Dar contestación al escrito petitorio de la parte quejosa de forma completa y congruente, debiendo hacerlo del conocimiento del mismo, sin que ello implique que las autoridades den contestación a su escrito en determinado sentido. III. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio ICEO/DG/UJ/0324/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, y recibido por la parte quejosa el veintiocho de diciembre pasado, con lo cual adujo dar cumplimiento a la concesión del amparo. Instrumento al que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de la constancia remitida por la responsable en el referido auto se advierte lo siguiente: Que por oficio ICEO/DG/UJ/0324/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado y recibido por la parte quejosa el veintiocho de diciembre de dicha anualidad, la autoridad responsable dio respuesta congruente y completa a la parte quejosa, pues le hizo saber los motivos por los cuales estaba imposibilitado para acceder a sus peticiones, en virtud que el nombre de la persona respecto de la que solicita copias del impuesto predial de la cuenta 13635, y el de quien se ostenta como propietario difiere con el cual pretende acreditar su personalidad. Y respecto a la restante solicitud relativa a los registros a nombre de Tiburcio Maldonado Diego y Matilde Mestas Lonche, le informa que el instituto responsable únicamente está facultado para proporcionar información o documentos a los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles. Con las actuaciones descritas las autoridades responsables acataron el fallo protector, en virtud que la premisa en la que consistía el cumplimiento de la ejecutoria era el de dar contestación congruente y completa al escrito petitorio de la parte disidente, sin que ello implicara que la autoridad diera contestación en un sentido especifico. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No pasa inadvertido que la disidente en su escrito de cuenta, en atención a la vista dada por este órgano jurisdiccional respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizó diversas manifestaciones a través de las cuales exteriorizó su inconformidad respecto a la respuesta recaída a su escrito de petición porque señala que la responsable pasa inadvertido que el directo quejoso y la persona a nombre de quien está inscrita la cuenta predial 13635, son la misma persona y que la diferencia del nombre radica en un error del propio instituto, además que respecto de los registros a nombre de Tiburcio Maldonado Diego y Matilde Mestas Lonche, su pretensión era procedente en virtud de que él es hijo de las citadas personas. Al respecto, debe señalarse que lo aducido por la inconforme es infundado, porque no debe perderse de vista que la protección constitucional se otorgó para que las responsables dieran contestación a su petición sin que fuera necesario que dieran una respuesta positiva a las pretensiones esgrimidas por el quejoso en su escrito de petición. Por otra parte, la litis constitucional en este asunto lo constituyó la omisión de dar contestación al escrito que la disconforme presentó ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por lo que al verificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por los normativos 77, fracción II, 192 y 196 de la ley de la materia este órgano jurisdiccional no puede soslayar cuál fue la materia de este juicio constitucional y esa situación impide que pueda ser objeto de análisis en este proveído el contenido de la respuesta dada a la solicitud que el disidente formuló, así como los vicios de legalidad que pudiera presentar esa contestación. Es así, porque los efectos de la concesión del amparo cuando el acto reclamado implica una omisión es que se obligue a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija; así, en la sentencia dictada en este asunto se estableció que el ente responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de petición consagrado por el arábigo 8 de la Carta Magna, porque la autoridad responsable fue omisa en dar una respuesta al escrito petitorio de la parte quejosa. Lo anterior motivó que se declarara la inconstitucionalidad de la omisión reclamada y que se concediera el amparo para los efectos precisados con antelación, lo cual realizó de acuerdo con lo establecido en los párrafos precedentes; de ahí que opuesto a lo que la disconforme señala la responsable sí acató la ejecutoria de amparo, sin defecto alguno. No se soslaya la existencia de los principios de congruencia y de legalidad que deben observarse en las respuestas que las autoridades den a las solicitudes de los gobernados; empero, esos tópicos no son susceptibles de examinarse en esta determinación para evaluar el cumplimiento del fallo protector, porque esos aspectos en todo caso pueden ser objeto de impugnación en un mecanismo ordinario de defensa si la legislación aplicable prevé esa situación, o bien, en un diverso medio extraordinario de defensa, porque no debe perderse de vista que en este asunto el acto reclamado no fue la respuesta recaída en el escrito presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte, ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, sino la omisión de dar esa contestación a la petición contenida en ese escrito; de ahí que los vicios que la justiciable expone, como la inobservancia de los principios de congruencia y de legalidad que alega no pueden ser objeto de análisis al evaluar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque de hacer ese estudio se desconocería cuál fue la litis constitucional en este sumario y los efectos del fallo protector, sin que esa situación coloque a la inconforme en estado de indefensión, porque tiene expedito su derecho para hacer valer los medios ordinario o extraordinario de defensa que estime conveniente para atacar la legalidad de la respuesta dada a su petición y hacer notar los vicios que aduce. Notifíquese personalmente.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad oficiante refiere rendir su informe justificado; sin embargo de la lectura integral del mismo se advierte que realmente lo que plantea es dar a conocer el cumplimiento recaído a la ejecutoria de amparo, para lo cual anexa copia certificada del oficio ICEO/DG/UJ/0324/2021 de dieciséis de febrero de este año, y recibido por la parte quejosa el veintiocho de diciembre pasado. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos legales convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Notifíquese personalmente.
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". . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1100/2021 promovido por ***, en representación de ***, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si las autoridades responsables han sido omisas en responder la petición formulada por el quejoso mediante escrito de ocho de octubre de dos mil veinte y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 1, 2, 5, 8 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Según señala la parte quejosa el ocho de octubre de dos mil veinte, presentó un escrito dirigido al director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y al jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto. 2. Que hasta el día de la presentación de la demanda de amparo no se le había notificado respuesta alguna a dicho escrito. Lo anterior, constituye el acto reclamado en esta instancia. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito Juan Maldonado Vargas, en representación de Leonardo Maldonado Mestas, personalidad que acreditó con el instrumento notarial cuarenta y seis mil trescientos diecisiete, volumen ochocientos cincuenta y tres, del protocolo del Notario Público número Diecinueve en el Estado de Oaxaca; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó al director General y titular de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. 4. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 2, 5, 8 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 5. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional, la que se admitió el once de octubre de dos mil veintiuno; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. 6. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 7. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque los actos reclamados derivan de una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. IV. OPORTUNIDAD 8. Dado que el motivo de disenso es una omisión, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica del quejoso que no se subsana mientras aquélla subsista. 9. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 10. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 11. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo referentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 12. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama del director General y titular de la Unidad Jurídica, ambos del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, lo siguiente: ? La omisión de responder a su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte. VI. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO 13. Previo a analizar la constitucionalidad de las conductas que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a su certeza o inexistencia, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión debatida. 14. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte sustancial del asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. 15. El anterior razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. 16. Es cierto el acto reclamado al director General y el titular de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, consistente en la falta de dictar acuerdo a la solicitud del quejoso presentada el ocho de octubre de dos mil veinte. 17. Ello es así, pues no obstante que fueron omisos en rendir su informe justificado solicitado en auto de once de octubre de dos mil veintiuno, a pesar de estar notificados del mismo, como se advierte de la constancia de notificación de los oficios 28654/2021 y 28655/2021; lo cierto es que en el caso opera la presunción de certeza que prevé el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. 18. Tiene aplicación al caso, la tesis II.1o.P.35 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, de la Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal. VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 19. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben de analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 20. Al no haber hecho valer las autoridades responsables causas de improcedencia, y toda vez que este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. VIII. ESTUDIO DE FONDO 21. Teniendo en consideración que no existe obligación de transcribir en la sentencia los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna y toda vez que los mismos serán tomados en cuenta al resolver el presente juicio, resulta innecesaria su transcripción. 22. Se invoca con apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 23. Medularmente, el accionante del amparo aduce que la autoridad la ha privado de su derecho previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiere que la autoridad de contestación por escrito y en tiempo breve término al gobernado, respetando la garantía del derecho de petición formulada, toda vez que la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición presentada mediante escrito de ocho de octubre de dos mil veinte. 24. El argumento antes expuesto resulta fundado. 25. Para justificar dicha calificativa, se estima pertinente resaltar el contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -cuya violación se denuncia-, que dice lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". 26. En relación con ese derecho de petición, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que su titular es el gobernado en general, y que significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual, el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. 27. Como requisito del derecho fundamental en estudio, la petición que se formule al servidor público debe ser en su calidad de autoridad, es decir, que se le formule una solicitud determinada en ese carácter, lo cual se caracteriza por tener como presupuesto el reconocimiento de una relación de supra subordinación entre el gobernador y la autoridad ante la cual se dirige la promoción correspondiente, determinación que se apoya en la siguiente jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. 28. Del precepto transcrito se desprende que el cumplimiento del derecho fundamental contenido en el numeral transcrito requiere: a) Que exista una petición de manera pacífica y respetuosa dirigida a una autoridad. b) Que la autoridad a la que va dirigida la petición, dicte un acuerdo por escrito y de manera congruente con lo solicitado; y, c) Que el acuerdo aludido, se dé a conocer al peticionario en breve término. 29. En el caso, el primer requisito previsto por el artículo 8° Constitucional, se actualiza, porque la parte quejosa demostró haber presentado su solicitud el día ocho de octubre de dos mil veinte, ante la oficialía de partes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. 30. La petición anterior, se realizó por escrito y de manera pacífica y respetuosa, cumpliendo con las prescripciones del numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que surge a cargo de las autoridades responsables la obligación de emitir respuesta escrita y hacerla saber en breve término al peticionario de garantías. 31. La expresión "breve término" debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o características de la petición, de ahí que tal concepto debe ser individualizado al caso concreto, el cual debe ser necesario para que la autoridad estudie y acuerde dicha petición. 32. Ante ese contexto, desde la fecha de la presentación del escrito, esto es, el ocho de octubre de dos mil veinte, a la fecha en que se presentó la demanda origen de este expediente, siete de octubre de dos mil veintiuno, ha transcurrido un término excesivo para que la autoridad responsable se allegara de los elementos necesarios para acreditar en este juicio que dio respuesta por escrito a la petición de la parte quejosa, o en su caso, de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la substanciación de un procedimiento. 33. De ahí que el segundo y tercer requisito no se colmen, debido a que en autos no existe constancia que acredite que las autoridades responsables dieran contestación al citado escrito de petición formulado por Juan Maldonado Vargas, como apoderado legal de Leonardo Maldonado Mestas, quien también es conocido como Leonardo o Leobardo Maldonado; ni tampoco se encuentra probado que se notificara la respuesta respectiva al promovente. 34. Cabe destacar que, desde luego, tal derecho humano no vincula necesariamente a la responsable a resolver en determinado sentido, pues, a lo que obliga el contenido del artículo 8º Constitucional, es a que se conteste por escrito en breve término de forma congruente y esa respuesta se haga del conocimiento de la parte peticionaria, empero, no a acoger sus peticiones . 35. En ese orden, es claro que las autoridades aquí responsables no cumplieron debidamente con los requisitos exigidos por el invocado precepto constitucional, y al ser así violaron en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano consagrado en el mismo, lo cual hace procedente conceder la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. IX. DECISIÓN 36. En ese contexto, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia, las autoridades responsables procedan como sigue: ? Den respuesta completa y congruente a la petición presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte y la respuesta la hagan del conocimiento del quejoso. 37. En el entendido de que lo resuelto en la presente sentencia, no obliga a las responsables a resolver en un determinado sentido, en virtud de que la protección constitucional otorgada tiende a asegurar la emisión de una determinación que resuelva el asunto de origen de manera definitiva y no a que se resuelva en determinado sentido. 38. Es atendible el criterio sostenido en la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 251, que es del tenor siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. NO ES SUFICIENTE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA, ES NECESARIO PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE DICHA RESPUESTA FUE DADA A CONOCER AL PETICIONARIO. Si bien es cierto que las autoridades responsables, en su informe justificado manifiestan haber dado respuesta a las solicitudes que les fueron formuladas, así como haber notificado a los quejosos tales respuestas, también lo es que éstas no acreditan fehacientemente el último extremo, no obstante que en el referido informe anexen copias de los oficios de contestación a los solicitantes, toda vez que las razones asentadas al reverso de los referidos oficios carecen de los requisitos que debe reunir toda notificación para poder evidenciar que efectivamente fue bien realizada y que el acuerdo de que se trata pudo ser conocido por los interesados, pues de dichas razones aparece que las notificaciones se entendieron con el "encargado", sin mencionar siquiera el nombre de dicha persona, así como tampoco se mencionan los nombres de las personas que firman la actuación, circunstancias suficientes para llegar a concluir que los peticionarios no tuvieron oportunidad de enterarse del contenido de las resoluciones de que se trata; por lo que resulta evidente que la actitud de los responsables es violatoria del artículo 8 constitucional, ya que no obstante que dieron respuesta a las solicitudes que les fueron dirigidas, no acreditaron fehacientemente haberlas hecho del conocimiento de los peticionarios. 39. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a ***, en representación de ***, contra el acto reclamado al director General y titular de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, consistente en la negativa de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte. El amparo se concede para los efectos precisados en el último apartado de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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