Leonardo Lopez Cerra
Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonardo Lopez Cerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 66/2022 IV-B promovido por Leonardo López Cerra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. - Señalo: al Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Oaxaca, (.) IV.- ACTO RECLAMADO. - De la responsable reclamo: LA NEGATIVA DEL SEÑALAR AUDIENCIA, DIA Y HORA para solicitar la rectificación de medidas del Certificado Parcelario expedido a mi favor 000001023370, de fecha 5 de marzo del dos mil 2015 con la resolución dictada por Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de fecha 14 de diciembre de 1995. (.)" Asimismo, la parte peticionaria señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES De autos se desprende, el Delegado del Registro Agrario Nacional emitió el certificado parcelario 000001023370 de cinco de marzo de dos mil quince, en favor de López Cerra Leonardo. En consideración del quejoso la autoridad señalada como responsable ha sido niega señalar fecha y hora para la recepción de la solicitud de rectificación de medidas. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO López Cerra Leonardo promovió juicio de amparo indirecto, mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por estimar que se violaron en su perjuicio los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La quejosa señaló como autoridad responsable al Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Oaxaca. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca declino competencia en favor de este órgano jurisdiccional, donde se registró con el número 66/2022 por lo que se acepto la competencia planteada y fue admitida en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. III.COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido presuntamente por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción.IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes:Del Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Oaxaca:La negativa de señalar audiencia, día y hora para solicitar la rectificación de medidas del Certificado Parcelario expedido en su favor con el número 000001023370 de cinco de marzo de dos mil quince. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir informe justificado, el Delegado del Registro Agrario Nacional por conducto del encargado del despacho, negó categóricamente la existencia de los actos reclamados.12. Sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna con el propósito de desvirtuar dicha negativa.Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone:"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:(.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (...)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes:"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados."Ahora bien, la parte quejosa reclama la negativa de fijarle fecha y hora para la presentación de una solicitud mediante su escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y con ello considera que le vulnera el derecho de petición que le otorga el artículo octavo constitucional.En el caso, la parte quejosa presento como pruebas documentales las impresiones de haber consultado la página que internet, que la autoridad le indicó para obtener la cita solicitada, así como, el escrito que pretende presentar ante la autoridad. Aunque, la parte peticionaria de protección constitucional solicitó bajo protesta de decir verdad la existencia y presentación ante la autoridad aquí señalada como responsable, y las documentales solo revelan que la peticionaria no ha solicitado a la autoridad la audiencia, lo que resultan insuficientes, para demostrar fehacientemente la existencia y presentación escrito, y con ello la vulneración a su derecho humano de petición.Finalmente, no se soslaya los alegatos que formuló la parte tercera interesada; no obstante, los mismos no forman parte de la litis, por lo que a juicio de quien resuelve no se encuentra obligado a su análisis; aunado a que, de su lectura no se advierten circunstancias que tengan el alcance de modificar el criterio establecido en este fallo.En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo."VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice:"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo.Por lo expuesto y fundado se:RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leonardo López Cerra, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución.Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Leonardo López Cerra; atento su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando la vista que se le dio por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, con el informe justificado de la única autoridad responsable y produciendo alegatos. En cuanto a la solicitud que hace para que este órgano jurisdiccional haga llegar a la autoridad responsable el escrito de petición que refiere, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, pues el amparo origen de este expediente tiene por objeto analizar la negativa de la responsable a señalar día y hora para la rectificación de medidas del certificado parcelario número 000001023370, de cinco de marzo de dos mil quince, misma que, a dicho del propio quejoso, bajo la protesta de decir verdad que tiene otorgada en el escrito de demanda, no le ha sido posible entregar el escrito que contiene dicha petición a la responsable. Con motivo de lo anterior, se reitera al promovente del amparo que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, debido a que no acredita que el escrito donde solicita la rectificación de medidas que cita, haya solicitado previamente a la responsable; por tanto, una vez que acredite lo anterior, este órgano jurisdiccional estará en condiciones obsequiar su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En atención al estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado del encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, mismo que se le notificó el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por lo que, a la fecha en que se actúa, no ha transcurrido el plazo de ocho días con la vista de dicho informe como lo refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, no es posible celebrar la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las nueve horas con cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.
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