Leonardo Luna Gómez
Expediente 1165/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Leonardo Luna Gómez
Actuaciones
- Incidental
1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión promovido por *************, contra actos de la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Rio Grande y otra autoridad, consistente en el despojo del domicilio ubicado en el *************, en esta ciudad, ocurrido el diez de octubre de dos mil veintitrés y ejecutado dentro del juicio civil hipotecario número 405/2012, al que es tercero extraño. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado de forma genérica. 5. Pruebas. La parte quejosa ofrece en copias simples las pruebas documentales siguientes: **************** Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. 6. Interés suspensional. La parte quejosa acredita su interés suspensional a través de las pruebas documentales descritas y valoradas previamente, las cuales en esta etapa procesal tienen valor probatorio indiciario fuerte, pues se adminiculan con los hechos narrados bajo protesta de decir verdad en su demanda, las cuales son suficiente para acreditar de manera presuntiva que la parte quejosa cuenta con algún derecho sobre el inmueble que defiende. 7. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, establece como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de la autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. Ahora bien, del análisis preliminar de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, así como de los elementos que hasta el momento obran en autos, puede afirmarse válidamente que, hasta el momento, se advierte un aparente derecho de la parte quejosa a que sean respetadas sus prerrogativas fundamentales respecto de los derechos presuntivos que tiene con el inmueble que defiende, pues aduce que no fue oída y vencida en juicio, pues se ostenta como tercero extraño al procedimiento de donde deriva el acto reclamado. 8. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, esto, en el aspecto sustantivo, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal. En ese orden de ideas, se encuentra justificado el peligro en la demora, en virtud de que de que el acto reclamado consistente en el despojo ya ejecutado el diez de octubre de dos mil veintitrés, en contra del aquí quejoso Leonardo Luna Gómez, afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución, los cuales acredita de manera presuntiva. 9. Inobservancia de normas de orden público. En los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia de la suspensión, entre otros, que no se contravengan disposiciones de orden público, y se señala una serie de supuestos frente a los cuales no se debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, es posible conceder la medida cautelar, toda vez que no se le priva a la colectividad de alguna la satisfacción de necesidades o beneficio, contenidas en dichas normas, al estar involucrado únicamente un bien inmueble del que la parte quejosa se ostenta propietaria. 10. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social. Toda vez que, presuncionalmente, los derechos de propiedad y posesión del bien inmueble defendido, fueron adquiridos por la parte quejosa mediante contrato preparatorio de promesa de venta celebrado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, ante la fe del Notario Público número 1, con ejercicio en el Distrito Notarial de Rio Grande, Coahuila de Zaragoza, de ahí que la colectividad con motivo de la concesión de la medida cautelar, no se le causa daño alguno. 11. Concesión de la suspensión provisional. Por consiguiente, al sopesar las anteriores consideraciones, con apoyo en la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, obligación contemplada en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se maximiza la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, sin dejar de lado el interés social, se CONCEDE a ***************, la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el despojo ejecutado el diez de octubre del presente año, dentro del juicio hipotecario 405/2012, al que es tercero extraño. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 131, 136 y 138 de la citada ley de la materia, toda vez que media solicitud del quejoso, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público, aunado a que la parte quejosa acredita de manera presuntiva su interés suspensional, para el efecto de que se restituya al quejoso la posesión inmediata del bien inmueble consistente en el ***************, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. 11.1 Criterios aplicables. Encuentra sustento la jurisprudencia 1053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo, tiene exacta aplicación al tema la jurisprudencia de aplicación obligatoria 1a./J. 21/2016 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11.2 Requisitos de efectividad. La presente suspensión provisional concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado, la parte quejosa no cumple con el siguiente requisito: a) Exhiba garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, acorde a su numeral 183; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, importe que se fija en forma discrecional, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiese ocasionar al tercero interesado, con motivo de la suspensión, en caso de no obtener sentencia favorable en cuanto al fondo, sin perjuicio de que dicha garantía sea modificada en base a mayores datos de convicción que se aporten a estos autos. 12. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rindan los informes previos se cuenten con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a la autoridad responsable, lo anterior dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes al oficio. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **************, por medio del cual cumple la prevención que se le hizo en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada. 2. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve **************, contra actos de la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Rio Grande y otra autoridad. 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 5. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 6. Señalamiento de autoridades. Se tiene como autoridades responsables a la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Rio Grande y Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad. 7. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 7.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables se sirvan a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 8. Pruebas. La parte quejosa ofrece como prueba la documental que anexa a su escrito de demanda. La Secretaría encargada deberá hacer relación de la misma en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 9. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].
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