Leonardo Daniel Flores Valdes
Expediente 535/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Leonardo Daniel Flores Valdes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del acuerdo de veinte de julio del año en curso (fojas 95 a 99), a través del cual se sobreseyó el presente juicio de fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veinte de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo 535/2017 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
I. Constancias. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 089/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en esta ciudad, mediante cual, cumple con el requerimiento formulado en proveído de doce del presente mes y año (foja 74), y al respecto informa que por oficio PN-AI-279/2017, de quince de junio del año en curso, dejó en libertad al aquí quejoso Leonardo Daniel Flores Valdés, anexando copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho; por lo anterior, se provee: II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el trece de junio de dos mil diecisiete (fojas 1 a 4), Mirna Yazmin González Valdés en representación de Leonardo Daniel Flores Valdés, promovió juicio de ampro indirecto, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, Región Norte I. Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, Región Norte II Coordinador de Agentes del Ministerio Público de las Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación. Zaragoza, Coahuila de Zaragoza. Comisario de Seguridad Pública, Zaragoza, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público de la Federación titilar de la Agencia Única Investigadora, Acuña de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Coahuila, Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Primera Investigadora Piedras Negras de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Coahuila. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora Piedras Negras de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Coahuila. Comandante de la Policía Federal Ministerial destacamentado en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante de la Policía Investigadora del Estado de Coahuila, Zaragoza, Coahuila de Zaragoza. Comandante o Encargado del Grupo de Reacción Fuerza Coahuila destacamentado de la Ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante o Encargado del Grupo de Reacción Fuerza Coahuila destacamentado de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. Por el acto en la privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura. Actos que estimó violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20 apartado b) y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no precisó tercero interesado; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. Al respecto, el trece de junio de dos mil diecisiete (fojas 5 a 10), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 535/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables. En esa tesitura, de las constancias de notificación y razón actuarial, de trece de junio de dos mil diecisiete (fojas 15 y 16), se advierte que el quejoso directo Leonardo Daniel Flores Valdés, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre, y manifestó que no fue víctima de malos tratos, golpes o incomunicación, sin embargo agregó que solo tenía ligeros golpes producto de su detención. De ese modo, mediante catorce de junio del año actual (fojas 17 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en la misma fecha se libró el oficio 15484/2017-ale, al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de que, conforme a los artículos 11° de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 52 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, proceda como corresponda para que se investigue si existe o no tortura o tratos crueles e inhumanos contra el aquí quejoso Leonardo Daniel Flores Valdés, y en su caso la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables. III. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, del oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio PN-AI-279/2017, de quince de junio del año en curso, firmado por la citada autoridad, se ordenó la libertad del aquí quejoso Leonardo Daniel Flores Valdés, como se advierte a continuación (foja 94): Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa reclamó la privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura. Sin embargo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la autoridad denominada Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en esta ciudad, otorgó la libertad al quejoso el quince de junio del año en curso, lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja sin efectos fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del catorce de agosto del año en curso (fojas 74 vuelta).
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez, que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, se observa lo siguiente (foja 72): ".remito a usted, copia del Informe Policial Homologado número FCPN 125/2017 de fecha 13 de junio del 2017, acuerdo de verificación de flagrancia y retención, oficio de guarda y custodia del imputado a cargo de la Policía Federal Ministerial y oficio número PN-AI-279/2017, de fecha 15 de junio de la presente anualidad, por el que se ordena la inmediata libertad del C. Leonardo Flores Valdés." Sin embargo, las citadas documentales no fueron anexadas a su informe con justificación. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada legible de las documentales presidas en la transcripción que antecede, en especial, las relativas a la libertad del aquí quejoso Leonardo Daniel Flores Valdés, toda vez que son necesarias resolver conforme a derecho el presente asunto; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil dieciséis, para su celebración.
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