Leonardo Guzman Hernandez
Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2018
Partes del expediente
- Leonardo Guzman Hernandez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Leonardo Guzmán Hernández, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 197/2018-II-B. DESECHAMIENTO En la especie, del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio 748/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por medio del cual se negó su solicitud de expedición de copia de audio y vídeo de la cámara de seguridad interna de dicho órgano jurisdiccional, respecto a las audiencias celebradas el veintitrés y veinticuatro del mes y año, en el referido sumario. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74 del citado ordenamiento. Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. En atención al artículo transcrito se evidencia que contra del auto reclamado en la presente vía procede el recurso de revocación, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues el acto aquí reclamado es un acuerdo emitido fuera de audiencia, dentro del juicio 748/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por medio del cual se negó su solicitud de expedición de copia de audio y vídeo de la cámara de seguridad interna de dicho órgano jurisdiccional, respecto a las audiencias celebradas el veintitrés y veinticuatro del mes y año, en el referido sumario Por tanto, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada a agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado. De ahí que se estime que no se cumplió con el principio citado necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por tanto, procede desechar de plano la demanda intentada por el quejoso. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avalan en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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