Leonardo González Gutiérrez

Expediente 1490/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1490/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Leonardo González Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Por otra parte, agréguese el escrito que suscribe el quejoso, a través del cual designa autorizada y solicita copias; dígasele que por cuanto hace a la persona que autoriza ésta se avala sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger todo tipo de notificaciones, por así haberlo solicitado. Ahora, por cuanto a su solicitud, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo.

  2. Principal

    REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Leonardo González Gutiérrez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1490/2019-IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades, lo siguiente: La resolución de quince de octubre del dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación ***, que confirmó el auto de vinculación a proceso, en contra del quejoso. En ese sentido, a continuación se analiza la causa de improcedencia que se actualiza, contenida en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, por regla general el plazo para presentar la demanda es de quince días, con las excepciones contenidas en el mismo. Ahora, el acto reclamado, consistente en la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el quince de octubre del dos mil diecinueve, el cual fue notificado al quejoso en esa misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se reclama la aplicación de una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, aunado a que el acto que aquí se controvierte, si bien deriva de un procedimiento penal, no se surte el supuesto de la fracción II, invocada, al no estar en presencia de una sentencia condenatoria definitiva; tampoco se está frente a un acto que tienda a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal y menos aún, se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por su parte, el numeral 18 de la propia ley establece que el término establecido en el diverso 17 del ordenamiento invocado se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de los mismos, o de su ejecución. Bajo esa premisa, de la demanda de amparo, se observa que el quejoso Leonardo González Gutiérrez, tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de octubre de dos mil diecinueve, quedando notificado en términos del artículo 82, fracción I, inciso A), del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que así lo manifestó. En ese sentido, si el ahora quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el quince de octubre de dos mil diecinueve; en virtud de que en esa fecha se le notificó la resolución reclamada; es a partir del día siguiente en que surtió sus efectos esa notificación que comenzó a transcurrir el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Entonces, si el impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el quince de octubre de dos mil diecinueve; esa notificación surtió sus efectos del dieciséis siguiente, en términos del último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el plazo para presentar su demanda transcurrió del diecisiete de octubre al siete de noviembre del presente año, cómputo que se realiza descontado sábados y domingos, así como el uno de noviembre de dos mil diecinueve por haberse decretado día inhábil como se constata de la circular número 43/2019, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; por lo que, si el quejoso presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, como se advierte de la papeleta de demanda, es evidente que transcurrió el término que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que como se vio el plazo feneció el siete de este mes y año, lo que a su vez implica el consentimiento tácito del acto que en esta instancia reclama y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia ya invocada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Por otra parte, con relación a las personas que designa como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quienes no gozaran de las demás facultades previstas en el artículo 12 del ordenamiento referido, por así haberlo peticionado la quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. *

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