Leonardo Garista Saavedra

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Garista Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de nueve de octubre del año en curso, se desechó la ampliación de demanda planteada por el quejoso, el cual le fue notificado vía electrónica el diecisiete del mismo mes y año; por lo que, a la fecha se encuentra transcurriendo el término para que, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de ratificación que antecede, de la que se advierte que el quejoso *****, ratificó el escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual pretende ampliar la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa, se provee: Visto el contenido del escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, signado por el quejoso **** mediante el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda de amparo señalando como autoridad responsable a la que inicialmente señalo *****, señalando como nuevo acto reclamado: "ACTO RECLAMADO. La negativa verbal del gerente de dicha sucursal bancaria para entregarme el recurso de dinero que existe en la cuenta Premier número *****, Clave *****de la cual soy único titular y propietario, que se traduce en la imposibilidad para disponer del dinero que contiene". En primer término se debe establecer que el quejoso manifiesta que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar, en virtud de que con motivo de que al acudir a la institución bancaria señalada como autoridad responsable, el gerente le manifestó "de manera verbal que era cierto que la cuenta no presentaba bloqueo alguno y que estaba cancelada, sin embargo no me sería entregado el dinero, sin darme ninguna justificación legal". No obstante ello, esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, habida cuenta que la institución bancaria ****** a quien inicialmente señaló como responsable reclamándole "el bloqueo de la cuenta bancaria premier número *****, Clave ****", no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, respecto del acto que ahora pretende reclamarle. Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, se estima que un particular podrá ser autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando: a) Se acredite la existencia de un particular que establece una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota a un particular de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad serán aquellos que sean ejecutados por particulares, con las características apuntadas y, además, sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, se puede concluir que para la procedencia del juicio de amparo con relación a los "actos de autoridad", el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo en México, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades"; quien esto resuelve, concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu propio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que, a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados, previamente determinados en una norma general. En el contexto apuntado, se estima que para que un ente de hecho o derecho, o un particular sea considerado "autoridad", debe establecerse una relación de supra a subordinación con un particular, originada en normatividad general que le reconozca facultades cuyo ejercicio sea similar al de los actos provenientes de autoridades estatales, exigencia, que en la especie no se actualiza. Consecuentemente, tomando en cuenta dichos elementos, debe decirse que el acto reclamado a la institución bancaria *****, consistente en la negativa verbal del gerente de dicha sucursal bancaria para entregarle el recurso de dinero que existe en la cuenta Premier número *****, Clave *****de la cual manifiesta es titular, no es equivalente a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues por una parte, de acuerdo a la narrativa del quejoso, tal acto no deriva de un bloqueo de cuenta bancaria, pues el mismo no existe, tal y como lo expuso el apoderado de la referida institución bancaria al rendir su informe justificado, pues lo que existe es una cancelación en términos del contrato celebrado con el "cliente", aquí quejoso, como se advierte de las cartas que anexó como justificante de su informe, en el que le hizo saber al impetrante lo siguiente: "Estimado (a) ***** De conformidad con los términos y condiciones estipulados en los productos y servicios referidos en los anexos a la presente, nos permitimos informarle que *******, ha decidido dar por terminada la relación contractual con usted" Así como: "Nombre del Cliente: ******** Contrato de Depósito Bancario de dinero, número **********("Cuenta"). Se notifica la terminación anticipada de la Cuenta con efectos a partir de la presente notificación. Se requiere su presencia en la sucursal que le corresponda, a efecto de reintegrarle las cantidades resultantes a su favor, para lo cual se le solicitará una identificación oficial y el número de cuenta, así como para que realice la entrega de los cheques, talonarios no utilizados y la o las tarjetas de débito o acceso electrónico entregadas para operar la Cuenta". De lo anterior se advierte que la referida cancelación de la cuenta derivo de una relación entre la institución bancaria ********* y el quejoso entre particulares y no de una relación de supra a subordinación, pues su actuar no es unilateral, imperativo o coercitivo, ni tampoco actuó bajo el imperio de una norma ni tampoco realizó actos equivalente a una autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la pretendida ampliación de demanda de amparo promovida por ********.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene al apoderado legal de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC rindiendo el informe justificado requerido; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el mismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del artículo 9° de la ley de la materia y proporcionando un correo electrónico para comunicaciones no procesales, de lo que toma conocimiento la suscrita. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado al parecer por el quejoso ********************, por el que pretende ampliar su demanda de amparo; sin embargo, tomando en consideración que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notoriamente a aquélla que estampó en su escrito de demanda, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este órgano judicial debidamente identificado a ratificar la firma que calza el escrito de referencia, con apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. Firma de la demanda: Firma del escrito de cuenta: En el entendido que, deberá presentar dos identificaciones oficiales, una que le permitirá el acceso al edificio y la segunda para identificarse en el órgano jurisdiccional, así como copia de ésta última. Cabe señalar que, tomando en consideración que lo manifestado en el escrito de cuenta se entiende realizado bajo protesta de decir verdad, lo que implica que el promovente expone ante la autoridad Federal, con toda sujeción a la verdad, que lo descrito en dicho ocurso es cierto, pues de no hacerlo así debe ser sancionado, en tal virtud, se hace del conocimiento al quejoso y a sus autorizados, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal. En esa tesitura, en razón de que el juicio de amparo es una institución de buena fe y en atención a que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Así, aunque la expresión "acceso a la justicia" no se advierte en la redacción de esas normas, se concluye que es el modo simple para identificar el método o medio adecuado para materializar el contenido de éstas en favor de los gobernados, pues al estar previsto en la parte dogmática de la Constitución Federal, dicho término constituye un derecho fundamental que, además, ha sido reconocido y ratificado en el instrumento internacional mencionado como una potestad inherente a la persona. Notifíquese en términos de ley.

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