Leonarda Marisol Abad Ibarra

Expediente 864/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
864/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Leonarda Marisol Abad Ibarra
  • Giovanna González Abad
  • GIOVANNA GONZÁLEZ ABAD y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por ejecutoria de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del toca 334/2018 se concedió a la parte quejosa Giovanna y Azuany González Abad, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Sexto de lo Familiar de la Ciudad de Puebla en el plazo de tres días, dejara insubsistente la sentencia con que culminó el juicio de cancelación de pensión alimenticia de origen y ordenara la reposición del procedimiento a partir de su emplazamiento al juicio natural y se efectuara conforme a derecho. En cumplimiento a lo anterior, la Jueza Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, mediante oficio recibido el treinta de enero del año en curso, a través del cual remitió copia certificada del acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de origen 1381/2012, del que se desprende que dejó insubsistente la citación y emplazamiento practicado a las aquí quejosas el ocho de marzo y siete de octubre, ambos de dos mil diecisiete, inclusive la sentencia definitiva de veintidós de enero de dos mil dieciocho, que resolvió el juicio de disminución y cancelación de pensión alimenticia, ordenando la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento, ordenando turnar los autos a la Diligenciaria adscrita a dicho órgano judicial, a efecto de emplazar a las demandadas Giovanna González Abad y Azuany González Abad (aquí quejosas), instruyéndola para que se ajuste rigurosamente a lo establecido en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, levantando el acta circunstanciada correspondiente. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por ejecutoria de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del toca 334/2018 se concedió a la parte quejosa Giovanna y Azuany González Abad, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Sexto de lo Familiar de la Ciudad de Puebla en el plazo de tres días, dejara insubsistente la sentencia con que culminó el juicio de cancelación de pensión alimenticia de origen y ordenara la reposición del procedimiento a partir de su emplazamiento al juicio natural y se efectuara conforme a derecho. En cumplimiento a lo anterior, la Jueza Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, mediante oficio recibido el treinta de enero del año en curso, a través del cual remitió copia certificada del acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de origen 1381/2012, del que se desprende que dejó insubsistente la citación y emplazamiento practicado a las aquí quejosas el ocho de marzo y siete de octubre, ambos de dos mil diecisiete, inclusive la sentencia definitiva de veintidós de enero de dos mil dieciocho, que resolvió el juicio de disminución y cancelación de pensión alimenticia, ordenando la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento, ordenando turnar los autos a la Diligenciaria adscrita a dicho órgano judicial, a efecto de emplazar a las demandadas Giovanna González Abad y Azuany González Abad (aquí quejosas), instruyéndola para que se ajuste rigurosamente a lo establecido en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, levantando el acta circunstanciada correspondiente. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Sexto de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, por el que remite copia certificada de diversas constancias; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, atento que mediante acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de origen 1381/2012, del que se desprende que dejó insubsistente la citación y emplazamiento practicado a las aquí quejosas el ocho de marzo y siete de octubre, ambos de dos mil diecisiete, inclusive la sentencia definitiva de veintidós de enero de dos mil dieciocho, que resolvió el juicio de disminución y cancelación de pensión alimenticia, ordenando la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento, ordenando turnar los autos a la Diligenciaria adscrita a dicho órgano judicial, a efecto de emplazar a las demandadas Giovanna González Abad y Azuany González Abad (aquí quejosas), instruyéndola para que se ajuste rigurosamente a lo establecido en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, levantando el acta circunstanciada correspondiente. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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