Leonardo Atonal Rodríguez

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Atonal Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que los documentos que adjuntó la parte quejosa en el escrito inicial de la demanda de amparo, se encuentran catalogado como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que, de no hacerlo se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que los documentos que adjuntó la parte quejosa en el escrito inicial de la demanda de amparo, se encuentran catalogado como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que, de no hacerlo se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado***

  3. Principal

    ****Número de expediente: 650/2022 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda presentada por Leonardo Atonal Rodríguez, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 650/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a dos escritos de diecinueve de abril de dos mil veintidós, presentados el veinte del mes y año indicados, ante la autoridad responsable. En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º , fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese orden de ideas, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De esa definición se desprende que el acto reclamado produce una afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie el quejoso señaló como omisión reclamada, la omisión de emitir una respuesta a dos escritos presentados ante la autoridad responsable el veinte de abril del año en curso, razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo tiene certeza de que la autoridad responsable no ha atendido su derecho de petición. Sin embargo, es de considerar lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: [.] Artículo 19. [.] Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." (Lo resaltado es propio). Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que las autoridades responsables a la fecha de presentación de la demanda no han incurrido en la omisión reclamada. En el caso, las peticiones cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante dos escritos presentados el veinte de abril de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable que se rige por lo establecido en la constitución estatal; mientras que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el veintiséis de mayo del año en curso; por lo que es de concluirse que no han trascurrido treinta días hábiles para que la autoridad proveyera lo relativo a su solicitud, en tanto que entre las fechas apuntadas sólo han transcurrido veinticinco días hábiles al día de la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, es dable estimar que el quejoso no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación al escrito dentro del plazo previsto en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la presente demanda de promovida por Leonardo Atonal Rodríguez, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS Y RESTRINGIDOS. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizada términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Tecuapacho Rodríguez y Oscar Nahuatlato Hernández por contar con cédula registrada ante el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a German Salazar Morales y J. Trinidad Tecuapacho Arrieta, por no contar con dicho registro. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se comunica a las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto, el oficio GN/UAJT/DGAC/5405/2022 recibido vía electrónica signado por el Director General de Amparos y Contencioso en representación del Comandante de la Guardia Nacional y el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional en veintidós de abril del año en curso y formula agravios. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, con excepción de las autoridades responsables a quienes se les remitirá por oficio, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse las constancias de notificación y el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno para la substanciación del recurso que se hace valer; sin que haya lugar a enviar el juicio de amparo, toda vez que con fecha veinte de mayo del año en curso, fue remitido con motivo de la revisión interpuesta por la quejosa Argelia Ramírez García, por sí y en representación del menor cuya identidad se protege, el cual fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y quedó registrado bajo el número 154/2022. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.

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