Leonardo Antonio Padilla Santiago
Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Leonardo Antonio Padilla Santiago
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. ( Oficio del colegiado, admite recurso. Agréguese a sus autos el oficio del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con que se da cuenta y mediante el cual comunica que con fecha veinticinco de noviembre del año en curso, se admite el recurso de revisión interpuesto por **********, por conducto de **********, autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley de amparo, de **********, representante legal del primero de los nombrados, contra la sentencia de once de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en el cuaderno auxiliar 179/2020 de su índice, relativo al expediente 997/2018 en que se actúa, registrándose en ese tribunal con el número de amparo en revisión 164/2020, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante envíese el archivo electrónico de la sentencia recurrida a la dirección del correo electrónico oficial de ese tribunal colegiado 2tc28cto@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio número 17548/2020, dirigido a la autoridad señalada como Subsecretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, toda vez que al constituirse en la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, fue informado por el oficial de partes, que en el organigrama del Gobierno del Estado de Tlaxcala, no existe la autoridad buscada; por tanto, se ordena agregar la misma únicamente para que obre como corresponda, toda vez que con fecha trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que el directo quejoso ********************, no ratificó la demanda que dio origen al presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de noviembre de dos mil veinte. No presentada demanda. Agréguese a los autos la diligencia realizada por el Actuario, de la cual se desprende que el directo quejoso **********, NO RATIFICÓ LA DEMANDA que dio origen al presente juicio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo doce de noviembre pasado y de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias que se hayan dictado respecto a la suspensión de plano. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el interior del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza. Doy fe.Afo
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo de **********, en su carácter de cónyuge de **********, contra actos del Gobernador del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 654/2020-III. Suspensión de plano respecto a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y orden de traslado. Toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala y refiere que ha sido sometido a incomunicación, acto que está contemplado en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la suspensión de plano se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, atendiendo al Control de Convencionalidad previsto en los artículos 1° y 133 de la Constitución Federal, también existe prohibición de tal acto conforme a lo establecido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos." Y que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege los derechos y libertades de todas las personas sujetas a su jurisdicción, así como el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y las garantías judiciales, entre otros. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso Leonardo Antonio Padilla Santiago la SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO por lo que hace al acto consistente en la incomunicación. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables para que en caso de estarse verificando los actos reclamados consistentes en la incomunicación, cesen inmediatamente, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, debiendo además hacer del conocimiento del citado quejoso el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación, bajo la supervisión de la autoridad que la tiene a su cargo, salvaguardando en todo momento la integridad física del quejoso. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 161 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por el momento no se puede tener certeza sobre si dicho mandato fue emitodo por autoridad judicial o administrativa. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2013066 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Penal Página: 865 ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Por lo tanto, desde este momento se concede la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute el traslado del aquí quejoso Leonardo Antonio Padilla Santiago del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala, al Centro Federal de Readaptación Social número catorce, ubicado en Gómez Palacio Durango; quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, siempre y cuando no se haya ejecutado, pues se estaría ante un acto consumado. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 299986 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CIV Materia(s): Común, Penal Tesis: Página: 1072 TRASLADO DEL REO, SUSPENSION TRATANDOSE DE. Teniendo en cuenta que se reúnen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión que se solicita, debe concederse ésta, para el efecto de que no sean trasladados los quejosos del lugar en donde se encuentran recluidos." De igual forma, sustenta esta decisión, las consideraciones a que se refiere la tesis VIII.1o. 16 P del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: Época: Novena Época Registro: 199764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Enero de 1997 Materia(s): Penal Tesis: VIII.1o.16 P Página: 557 SUSPENSION, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS. El Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al haber negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que al consistir éstos en el traslado del reo de una ciudad a otra, debió de considerarse que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 136 de la Ley de Amparo, es decir, el de estimar que la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, por lo que hace a la continuación del proceso penal, debiendo suspenderse el traslado del quejoso al lugar donde se le está instruyendo el proceso, mientras se resuelve el fondo del amparo." Cabe precisar que la suspensión que se concede, no surtirá efectos si la orden de traslado de Leonardo Antonio Padilla Santiago del centro penitenciario ubicado en Tlaxcala, Tlaxcala, a la institución federal de internamiento situada en Gómez Palacio, Durango, obedece a que el delito por el cual se le vinculó a proceso es de delincuencia organizada o si el imputado requiere medidas especiales de seguridad y que éstas hayan sido decretadas por la autoridad judicial. Esto es así, pues de tratarse de los indicados supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, concretamente las establecidas en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no sería procedente conceder la suspensión del acto reclamado. Al respecto, es aplicable la tesis I. 9o. P. 129 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2013709 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: I.9o.P.129 P (10a.) Página: 2321 ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos." ( Requerimiento a autoridades sobre suspensión de plano. Se requiere a las responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada, apercibidas que de no rendir el informe solicitado, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, vigente. Asimismo, se les hace del conocimiento que conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con carácter de autoridad responsable no obedezca la suspensión, debidamente notificado, independientemente de cualquier delito en que incurra, por lo que de acontecer esa desobediencia, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que hubiere lugar. Hágase del conocimiento de las responsables que bastará para tenérseles como legalmente notificadas, que el Actuario se cerciore de que ahí laboran y que se encuentra abierta al público la dependencia, sin importar el hecho de que se trate de un turno distinto y fuera del horario de labores y funciones de la responsable buscada, pudiendo incluso proceder el Actuario judicial en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, o bien, preferentemente por correo institucional 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx, pero únicamente por una de las vías antes señaladas. Dada la urgencia del asunto, las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios correspondientes, aun cuando su denominación no sea la correcta, por lo que, de ser el caso, se les requiere para que en el momento de su recepción, o bien en el informe que rindan se sirvan realizar las aclaraciones correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que se encuentran obligadas a prestar el auxilio necesario para el desahogo de las diligencias decretadas por este órgano jurisdiccional, siendo su responsabilidad estar en aptitud de hacerlo, lo cual, bajo ninguna circunstancia, excusa el entorpecimiento del desarrollo de diligencias jurisdiccionales urgentes, como el presente, por lo que de no prestar el apoyo y auxilio necesario al funcionario judicial encomendado para esta diligencia, de conformidad con el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, para que proceda conforme a derecho corresponda. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Ahora bien, dada la premura del caso, con fundamento en la fracción II, párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial para que se constituya de manera inmediata en las instalaciones de las autoridades responsables, a fin de que haga entrega de los oficios derivados de este proveído y comunique a las autoridades responsables la determinación adoptada. Ratificación de la demanda En diverso orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que realice lo siguiente: Se constituya en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala, con domicilio conocido en la Ciudad de Tlaxcala, y proceda a la búsqueda del agraviado. Se faculta al fedatario judicial a fin de que dé fe de las condiciones en que se encuentra el quejoso, su estado físico, y las condiciones que guarda el lugar en el que se encuentra. Fe que deberá consistir en lo que se pueda apreciar a través de los sentidos, levantando el acta respectiva. Asimismo, se comisiona al actuario judicial para que en un lenguaje simple y directo, le explique al quejoso el motivo de su presencia, y le haga saber que Alejandra Cuapio Galindo promovió un medio de defensa legal a su favor, y le requiera para que en el acto de la notificación de este auto o dentro del término de tres días, manifieste si es su voluntad ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor y le aperciba que de no hacerlo, se procederá a tener por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal judicial actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados **********, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a **********. ( Correo electrónico y número de telefono. Por otra parte, se tiene como medios de contacto de la promovente -únicamente para ser localizada- el correo electrónico juridicohgyasociados@outlook.es y el número telefónico **********; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido y por oficio o por correo electrónico a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.
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