Leonardo Arce Velazquez
Expediente 881/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Arce Velazquez
- LEONARDO ARCE VELAZQUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otro lado, devuélvanse a las autoridades responsables 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y 2. Director del Centro de Reinserción social de Cholula, Puebla las constancias que en copia certificada remitieron como justificación de sus informes rendidos en este asunto, y con las que se ordenó formar anexo I, II y III; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leonardo Arce Velázquez, por conducto de su defensora particular Leocadia Arce Morales, contra los actos reclamados a las autoridades 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 2. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla y 3. Director del Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual se desiste del presente juicio de garantías; por lo tanto, dada la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que en el lugar donde se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Puebla), ante la presencia del actuario judicial ratifique el escrito de cuenta, cuya copia autorizada se le ponga a la vista; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no desistido de la demanda de amparo, con sus consecuencias legales inherentes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos las constancias provenientes del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante las cuales, acompaña diversas constancias deducidas del proceso penal 263/2009 de su índice, entre las que aparece la diligencia de tres de julio de dos mil nueve, de la que se advierte que LEOCADIA ARCE MORALES, aceptó y protestó el cargo de defensora particular que le fue conferido por el quejoso LEONARDO ARCE VELÁZQUEZ, por lo que, se provee: Con fundamento en el artículo del artículo 14 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad con la que comparece al presente juicio LEOCADIA ARCE MORALES. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio, así como de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte la participación del Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla, del Director General de Centros de Reinserción Social de Puebla y del Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, sin que hubieran sido señaladas como responsables; consecuentemente, se provee: Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído refiera si es su deseo señalar como autoridades responsables al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla, al Director General de Centros de Reinserción Social de Puebla y al Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, y de ser así, señale el acto o actos que les atribuye, debiendo formular, en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes. Haciendo del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de señalarlas como responsables deberá acompañar una copia de su escrito de demanda para emplazarlas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, así como copias suficientes del escrito de ampliación precisando el acto o actos que les reclama y los conceptos de violación, para ser distribuidas entre las partes. Así mismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrán como autoridades responsables únicamente las que ya han sido señaladas en el presente juicio de amparo y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto se trascriben: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.
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