LEONARDA HUERTA CARRASCO y Otros.

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • LEONARDA HUERTA CARRASCO y Otros.
  • Leonarda Huerta Carrasco
  • GABRIELA HUERTA CARRASCO y Otros.
  • Gabriela Huerta Carrasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE tercro interesada LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por las quejosas Leonarda Huerta Carrasco y Gabriela Huerta Carrasco, en representación de los menores de edad B.H.V.H, D.G.P.H y S.P.H, a través del cual, en cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, aclaran que el acto reclamado imputable a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, es la falta de los protocolos al ser citados, con el auxilio de la fuerza pública o al ejecutar una orden de detención. De lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. PERSONALIDAD. Se advierte que para acreditar la personalidad con la que comparecen las promoventes, exhibieron a su demanda, las documentales consistentes en las actas de nacimiento -en original-, con números de folio A21 0310824, 1011243 y 1275208, expedida a favor de los menores de iniciales B.H.V.H, D.G.P.H y S.P.H, respectivamente, por el Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla y Tlaxcala; con lo que se advierte que Leonarda Huerta Carrasco y Gabriela Huerta Carrasco, en su calidad de progenitoras de los menores de edad de iniciales B.H.V.H, D.G.P.H y S.P.H., cuenta con las facultades para promover el juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta las promoventes, con las documentales antes descritas, a las que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo tanto, téngasele dando cabal cumplimiento al auto de prevención de veinte de julio de la presente anualidad. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama a las responsables: 1. Marisol Brillit Martínez Durán, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El acto de molestia que se le ocasiona a los menores de edad con la apertura de una carpeta de investigación radicada con el número FGEP/CDI/FEDH/ADOLECENTE1/000403/2021; e Investigación y solicitud de información que ha estado solicitado a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, así como la escuela que cursaron los menores de edad. 2. Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. El acto de molestia consistente en la información que ha rendido o rinda la citada agente del Ministerio Público, causando un daño irreparable a los menores de edad. Por tanto, se entiende como acto destacado la integración de una carpeta de investigación; en ese sentido, el suscrito secretario encargado del despacho estima que en el presente asunto se actualizan de manera notoria y manifiesta, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Del contenido del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, trascrito en párrafo precedentes, se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Leonarda Huerta Carrasco y Gabriela Huerta Carrasco, en representación de sus hijos menores de edad B.H.V.H, D.G.P.H y S.P.H, reclaman a las autoridades responsables, entre otros actos, la integración de una carpeta de investigación en su contra, así como los actos de investigación que derivan de la misma, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente por cuanto hace a dichos actos. Es así, porque la integración e investigación de los hechos constitutivos de delito la realiza el Ministerio Público, por lo que no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario de amparo quien esté sujeto a investigación. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una averiguación previa o una carpeta de investigación o causa penal, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que dicha indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues hasta entonces se afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)" Así, las diligencias que, en su caso, se realizan para la investigación de los hechos constitutivos de delitos que le fueron comunicados al representante social, constituye no solo el ejercicio de tal facultad, sino también el cumplimiento del mandato constitucional aludido; que no le genera derecho alguno a la parte quejosa para defenderlo en vía de amparo, pues tales actos de investigación no le afectan, aun cuando sea el quejoso quien esté sujeto a investigación. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la representación social goza de las facultades de investigar los hechos constitutivos de delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en: La integración de una carpeta de investigación, así como los actos de investigación que derivan de la misma, no le irrogan perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ilustran lo anteriormente considerado las tesis, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, por igualdad de razón, cobran relevancia los criterios jurisprudenciales, de rubro y tenor siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Leonarda Huerta Carrasco y Gabriela Huerta Carrasco, en representación de los menores de edad B.H.V.H, D.G.P.H y S.P.H, contra actos de 1. Marisol Brillit Martínez Durán, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, [Los protocolos al ser citados, con el auxilio de la fuerza pública o al ejecutar una orden de detención]; y 2. Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla [Omisión de informar a sus tutores y/o madres de los menores de la investigación que se sigue por parte de la citada agente del Ministerio Público y la omisión de informar que sus hijos son menores de doce años], por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DOS MIL VEINTIUNO. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se remiten al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico y acta mínima de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir los actos reclamados dictados en contra del aquí quejoso directo, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Comuníquese a las autoridades responsables que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión. PARTE TERCERA INTERESADA. Por otra parte, una vez que se reciba el informe justificado respectivo se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. NOTIFICACIÓN ELECTRONICA Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO. Por otra parte, el promovente proporcionó el usuario "ajaime", a efecto de que se le realicen las notificaciones vía electrónica, así como el acceso al expediente por la misma vía; en consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del mencionado Acuerdo General 12/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Adelfo Jaime Vázquez Espinoza, es titular del usuario: "ajaime", el cual se encuentra vigente, se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte promovente que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentesSan Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIOS. Agréguense a sus autos los oficios provenientes de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, por medio del cual, en atención al requerimiento que se le formuló en acuerdo de trece de octubre pasado, realiza lo siguiente: Remite copia certificada del reporte 505/2021, de su índice. AUTORIDAD SUSTITUTA. En ese sentido, toda vez que por acuerdo de seis de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable: 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, Mesa de Trámite Non, Marisol Brillit Martínez Durán informando que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/ADOLESCENTES1/000403/2021, para remitirla a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, quien con tales actuaciones determinó formar el reporte 505/2021, se provee: Se tiene como autoridad substituta a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, por lo que requiérasele su informe justificado en los términos precisados en auto admisorio. Para tal efecto, remítasele fotocopia autorizada de dicho proveído y de la demanda de garantías, así como del escrito aclaratorio. TERCERA INTERESADA. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a la menor identificada con las iniciales X.O.E. SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MENOR. Atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la persona menor de edad tercera interesada, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicha menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con las iniciales X.O.E. EMPLAZAMIENTO. Se ordena al actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: Le notifique a la menor de edad X.O.E, por conducto de su progenitor Jaime Enrique Oropeza Sánchez (denunciante), el presente proveído, en el domicilio ubicado en calle Plazuela de Los Sapos 1426, Plazas Amalucan, en la ciudad de Puebla. 2) Emplace a dicha parte procesal, en el domicilio indicado; 3) Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, del auto admisorio y del presente proveído, por si a sus intereses conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; 4) Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; 5) La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, 6) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito que aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que se emplace a la parte tercera interesada, la autoridad responsable sustituta rinda su informe justificado, y transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados y de las constancias que integran el presente expediente, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de octubre próximo, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada (vía emplazamiento) y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIOS. Agréguense a sus autos los oficios provenientes de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, por medio del cual, en atención al requerimiento que se le formuló en acuerdo de trece de octubre pasado, realiza lo siguiente: Remite copia certificada del reporte 505/2021, de su índice. AUTORIDAD SUSTITUTA. En ese sentido, toda vez que por acuerdo de seis de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable: 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, Mesa de Trámite Non, Marisol Brillit Martínez Durán informando que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/ADOLESCENTES1/000403/2021, para remitirla a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, quien con tales actuaciones determinó formar el reporte 505/2021, se provee: Se tiene como autoridad substituta a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, por lo que requiérasele su informe justificado en los términos precisados en auto admisorio. Para tal efecto, remítasele fotocopia autorizada de dicho proveído y de la demanda de garantías, así como del escrito aclaratorio. TERCERA INTERESADA. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a la menor identificada con las iniciales X.O.E. SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MENOR. Atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la persona menor de edad tercera interesada, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicha menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con las iniciales X.O.E. EMPLAZAMIENTO. Se ordena al actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: Le notifique a la menor de edad X.O.E, por conducto de su progenitor Jaime Enrique Oropeza Sánchez (denunciante), el presente proveído, en el domicilio ubicado en calle Plazuela de Los Sapos 1426, Plazas Amalucan, en la ciudad de Puebla. 2) Emplace a dicha parte procesal, en el domicilio indicado; 3) Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, del auto admisorio y del presente proveído, por si a sus intereses conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; 4) Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; 5) La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, 6) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito que aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que se emplace a la parte tercera interesada, la autoridad responsable sustituta rinda su informe justificado, y transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados y de las constancias que integran el presente expediente, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de octubre próximo, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada (vía emplazamiento) y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y anexo que acompaña, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-109/2021, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiséis de julio del año que transcurre; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Leonarda y Gabriela ambas de apellidos Huerta Carrasco, en su carácter de progenitoras y representantes de sus menores hijos, a través de su autorizado Adelfo Jaime Vázquez Espinoza, contra el auto y autoridad precisados en el resultando primero." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio, decretada el cinco de agosto pasado, por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el treinta de julio pasado, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Marisol Brillit Martínez Durán, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, Mesa de Trámite Non, donde se le requirió para que remitiera copia certificada de todo lo actuado en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/ADOLESCENTES1/000403/2021, de su índice. Sin embargo, el seis de agosto siguiente se le tuvo informando que el veintiséis de julio del mismo año, se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos que dieron origen a dicha indagatoria y ordenó remitirla al Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF de Puebla; reservando este juzgado acordar lo conducente al respecto, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la resolución que emitiera en su oportunidad la superioridad respecto del recurso de queja que interpuso la parte quejosa en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, como ello ya ocurrió, a efecto de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación directa con el 297, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad no responsable Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF de Puebla para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/ADOLESCENTES1/000403/2021, del índice de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, Mesa de Trámite Non, Marisol Brillit Martínez Durán. Se apercibe a la citada autoridad no responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de autos se advierte que a la fecha la autoridad responsable 2. Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, aún no ha rendido su informe justificado, por lo que, reitérese a dicha autoridad que, se ha levantado la suspensión del procedimiento decretada y, deberá rendir el mismo en los términos en que le fue requerido en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Haciendo de su conocimiento la subsistencia del apercibimiento con el que fue conminada en dicho proveído. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad requerida - Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF de Puebla-, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que comunica que en auto dictado por el presidente de ese órgano colegiado, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Adelfo Jaime Vázquez Espinoza, autorizado de la parte quejosa con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente juicio de amparo; y lo registró con el número de recurso de queja 109/2021 del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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