León Antonino García Vásquez

Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • León Antonino García Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. ********************Causa ejecutoria.********************Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar) haya recurrido la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes.********************Archivo y valoración documental.********************Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. ********************Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto:********************a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado;********************b) Es conservable;********************c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta.********************Devolución de disco a la autoridad responsable.********************Finalmente devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el disco en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado.********************NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 300/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población,********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiocho de marzo del presente año, este juzgado de Distrito registró la demanda con el número 300/2023 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados; posteriormente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, es el siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso********************, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal número 979/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 29). Para corroborarlo anexó un disco óptico relativo a la causa penal número 979/2022, de su índice, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SEXTO. Estudio del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación formulados por el quejoso en su escrito de demanda, son infundados. En principio, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa". Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De esos numerales, se advierte la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de expresar en el auto de vinculación a proceso los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Asimismo, es importante señalar que para vincular a proceso a una persona solamente se requiere que existan indicios razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado participó en su comisión, por lo que resulta jurídicamente innecesario que los datos de prueba en que se sustente dicho auto sean perfectos o irrefutables. En ese contexto, del disco óptico relativo al proceso penal número 979/2022, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de catorce de marzo del presente año, la Agente del Ministerio Público en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló imputación contra el peticionario del amparo por los siguientes hechos: "1.- Que la víctima Benjamín Pedro García Vázquez y el imputado León Antonino García Vázquez son hermanos, son hijos de Melesio García Sánchez y Catalina Vázquez López, quienes tienen su domicilio ubicado en Privada Avenida Juárez, número 12, San Lorenzo Cacaotepec Etla, Oaxaca, en casas distintas pero en el mismo inmueble y que el imputado agrede a la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, le dice que lo va a matar, lo insulta cada vez que la víctima pasa por su casa o que el imputado llega a la casa de la víctima. 2.- El día 11 de agosto del año 2021 aproximadamente a las 19 horas con 45 minutos, la víctima Benjamín Pedro García Vázquez se encontraba en el patio de su casa sentado en un columpio esto en el interior de su domicilio antes mencionado, lugar donde llegó el imputado León Antonino García Vázquez y le dijo "hijo de tu puta madre, te voy a matar, tú me la debes, tú no te me vas a escapar" por lo que al no ver una respuesta de agresión por parte de la víctima le volvió a referir usted "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", y atendiendo a estas circunstancias la víctima Benjamín Pedro García Vázquez presentó un estado de estrés transitorio inseguridad, ansiedad y miedo". (Lo anterior se retoma de la versión escrita del acto reclamado). Posteriormente, el juez responsable de conformidad con el numeral 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó al imputado la oportunidad para declarar, reservándose éste ese derecho. Luego, en audiencia de esa propia fecha (catorce de marzo del año en curso), después de la exposición realizada por la representación social para solicitar la vinculación a proceso del quejoso, el juez responsable dictó contra el peticionario del amparo auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: (.) II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de menores de doce años, personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto o cuando la conducta sea cometida durante una declaratoria de emergencia sanitaria o cualquier otra que requiera aislamiento social. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 6606/2015, el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el que analizó el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -cuyos elementos guardan semejanza con los artículos 404 y 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca-, tal y como se advierte en las consideraciones cuya parte medular se transcriben enseguida: "70. En el caso del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -idéntico al correspondiente del Código Penal de Puebla, vigente-, el bien jurídicamente tutelado al que se dirige la norma penal es -como se dijo antes al hablar de la cualificación de los sujetos activos y pasivos de la conducta- la integridad personal de quienes unidos por lazos afectivos, de seguridad o dependencia, conviven y pueden verse particularmente afectados por las conductas dañosas física o psicológicamente de quienes comparten con ellos y ellas esos lazos y esa convivencia. 71. Esta Primera Sala considera que, al tomar la decisión de incorporar la conducta típica que se estudia, el legislador secundario sopesa adecuadamente la importancia de la integridad personal y la especial situación de vulnerabilidad de quienes conviven en relaciones afectivamente significativas, con el entendimiento que el Derecho Penal debe configurar la última respuesta -recurso- de un Estado democrático social de Derecho como el nuestro. 72. En principio, mediante la incorporación de la figura típica, el legislador secundario reconoce la extendida realidad social de que en el entorno familiar, aunque pensado como un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, ocurren actos de violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por sexo, género, discapacidad, edad, o padecen otras formas de opresión, que también se manifiestan dentro de la familia. Estos actos de violencia demandan la intervención estatal en la forma de pretensión punitiva relacionada con los fines del derecho penal: entre otros; la protección de bienes jurídicos, la prevención general y la prevención específica de las conductas que atentan contra éstos. 73. Es segundo lugar, el legislador secundario admite a la familia como un bien valioso y las relaciones y arreglos que en ella se generan como un espacio de interés para el Estado no para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de las personas que conviven en ese ámbito. De manera que -contrariamente a lo señalado por el tribunal colegiado de conocimiento, en su oportunidad- la situación personal en la relación de pareja o dentro de la familia no siempre carecerá de interés para el Estado, ni atañerá exclusivamente a quienes participan o se desarrollan dentro de ella. 74. En tercer término, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Actitud consonante con las obligaciones de debida diligencia en materia del derecho a una vida libre de violencia dentro de la familia, surgidas del marco constitucional y convencional. 75. Por tanto, esta Primera Sala concluye que la incorporación de la figura típica cumple con el mandato constitucional de ocuparse de un bien jurídico valioso, y que guarda respecto de él una relación instrumental de protección y salvaguarda. Ahora bien, ¿cómo responde a esta finalidad atribuir sanción penal a quien ejecute un solo acto de violencia contra algún miembro o integrante de la familia? 76. Al respecto, esta Primera Sala observa que -contrario a lo estimado por el quejoso- lo que provee base razonable y justifica -por ende- la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. 77. Así, lo que interesa y finalmente acarrea sanción a quien transgrede la norma penal es que la conducta desplegada -singular o reiterada- resulte apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado por la norma penal: la integridad física o psicológica de algún miembro o integrante de la familia. Sobre todo, cuando es factible que un evento singular -dada su eficacia, gravedad o impacto- ocasione el daño que la norma penal quiere evitar. 78. Por tanto si, como ya se dijo, esta Primera Sala entiende que el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso, resulta también adecuado y razonable que dejara al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". Dicha ejecutoria dio origen a la tesis 1a. CXXXV/2017 (10a.), registro digital: 2015244, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". En el caso concreto, es conveniente señalar los elementos del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, así como los datos de prueba que el juez responsable tomó en consideración para acreditarlos en el acto reclamado: I. La existencia de una acción dentro del domicilio familiar, dirigida a agredir a la víctima de manera psicológica, por medio de amenazas e intimidaciones; y II. Exista una relación de parentesco por consanguinidad con la víctima. Datos de prueba: 1.- Declaración de la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, en el que expuso medularmente que el día once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, estaba sentado en un columpio en el patio de su casa ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, cuando escuchó que le dijeron "hijo de tu puta madre te voy a matar", y al voltear se percató que se trataba de su hermano León Antonino García Vázquez; enseguida dicho imputado se paró en la entrada de su casa y le dijo nuevamente: "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado". Que en ese momento llegó Guillermo Pedro García Bautista (hijo de la víctima), a quien también el imputado le dijo "tú tampoco te me vas a escapar, te voy a partir la madre", y que en ese momento llegaron las hijas del imputado y se lo llevaron a su casa. 2.- Acta de nacimiento de León Antonino García Vázquez (imputado), expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 3.- Acta de nacimiento de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima), expedida por la oficial itinerante del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 4.- Dictamen psicológico emitido por el perito oficial Ángel Fernando Espinoza Ramos, en el que una vez que valoró a la víctima, concluyó: "(.) En respuesta a los hechos esta persona se observa emocionalmente presentando un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo a consecuencia de los hechos narrados por lo cual en ese momento la sugerencia del Perito de referencia pues se sugirió a favor de la víctima pues atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro". 5.- Inspección efectuada por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el lugar del hecho ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, a la cual asistió en compañía de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima); asimismo, éste le indicó el sitio donde se encuentra su casa y aconteció el hecho, describiendo además que existe un zaguán de color azul y a un costado se observa una barda de láminas de zinc oxidadas, así como una entrada de terracería que se ocupa como paso de servidumbre. 6.- Acta entrevista realizada a Ivón Natali García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que medularmente refirió que el día del hecho su padre Benjamín Pedro García Vázquez (la víctima) se encontraba sentado en el columpio que se ubica en el patio de su casa, en tanto ella se hallaba en un cuarto adjunto con su hermanita y su bebé. Fue entonces cuando empezó a escuchar que empezaron a proferir diversas groserías y pensó que era en la calle; sin embargo, al escucharlas más fuerte se asomó por la ventana y se dio cuenta que se trataba del imputado******************** (su tío), quien pretendía entrar al patio de su casa y le decía a su papá que "quería partirle su madre y que le iba a pegar". Momentos después llegó del trabajo su hermano (Guillermo Pedro García Bautista) y al pasar cerca de su tío (el imputado), éste le gritó también "que le iba a partir su puta madre y que no se iba a escapar"; asimismo, que dicha persona le dijo a ella "eres una chamaca pendeja y que también le iba a partir la madre", y que después comenzaron a grabar el acontecimiento. 7.- Acta de entrevista realizada a Guillermo Pedro García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que esencialmente señaló que el día del hecho, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, llegó de su trabajo y se dirigió a su cuarto con la finalidad de dejar su mochila; en ese momento comenzó a escuchar mentadas de madre de su tío******************** hacia su padre ********************, quien se encontraba sentado en un columpio en el patio de su casa. Enseguida el imputado pasó cerca de él y le dijo que también le iba a partir la madre y que no se iba a escapar, y que después su hermana (Ivón Natali García Bautista) y su papá comenzaron a grabar con su teléfono celular. 8. Un disco marca Verbatim con tres videos del hecho, el cual la víctima entregó a la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz. Dichos datos de prueba fueron valorados por el juez responsable de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y resultaron eficaces para configurar hasta ese momento procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar que el once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos (circunstancia de tiempo), en el patio de la casa ubicada en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca (circunstancia de lugar), el imputado León Antonino García Vázquez, amenazó e intimidó a su hermano ******************** (violencia psicoemocional), al decirle "hijo de tu puta madre te voy a matar", "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", lo que provocó en la victima un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo, inclusive, el perito oficial sugirió atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro (circunstancia de ejecución). Decisión que, contrariamente a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, se dictó de manera fundada y motivada, en términos de los artículos 16 y 19 de la Constitución General de la República; 259, 261, 265, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 8, fracción I, 11, fracción II, 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; además, se expresaron las razones tenidas en cuenta para emitir el auto de vinculación a proceso controvertido. Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, el juez de control estimó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la autoridad responsable, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, registro 2013696, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". De lo anterior, es factible concluir que el acto reclamado se encuentra apegado a la legalidad, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014800, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". No pasa desapercibido que el imputado, para destruir la proposición realizada en su contra y desvirtuar las evidencias en que se apoya, formuló su teoría del caso en los siguientes términos: i) Es falso que el día y hora del hecho haya amenazado y agredido a la víctima; ii) Es cierto que son hermanos y comparten la misma entrada al domicilio; iii) La relación familiar ha presentado muchas fricciones por la ambición de la víctima, quien pretende desposeerlo de una parcela ejidal, por la que actualmente se ventila un juicio agrario (expediente 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez); iv) La verdadera intención de la víctima es que lo priven de su libertad y pueda quedarse con la parcela que legítimamente le pertenece; v) Es la víctima quien acude a su domicilio y lo confronta, lo graba con su teléfono celular, le toma fotografías y cuando lo encuentra en el patio de su casa lo insulta; vi) Los hechos que se le han comunicado no sucedieron en la forma en cómo lo pretende hacer creer la víctima y sus testigos. Por su parte, el juez responsable al ponderar los datos de prueba de la defensa del imputado, determinó lo siguiente: "b). Ponderación de los datos de la defensa. (.) En el caso nos encontramos ante la presencia de una entrevista, puesto que esa información es recabada únicamente de manera unilateral por la Representación Social, dicha entrevista fue realizada con fecha 10 de mayo del año 2022 y en la que desde luego el señor León Antonino García Vázquez da su versión de la acción que realizó el día en que acontecieron los hechos. Refiere, como es que ese día 11 de agosto en la que sucedieron los hechos, esperaba a su hija y a su yerno porque los mismos habían realizado un viaje de arena, el señor León Antonino dio a conocer la manera en cómo se encontraba en su domicilio, la manera en cómo llegó hasta ese domicilio el señor Benjamín Pedro García, refirió que lo provocó, refirió las agresiones verbales que le realizó, insultándolo refirió el señor León Antonino; independientemente del método que utilizó el señor el León Antonino para emitir esa entrevista, sí proporciona un gran número de detalles que hace también a que yo (sic) considero idóneo este dato de prueba; puesto que incluso la información que refiere se corrobora con la información vertida por la defensa, el mismo señor León Antonino García Vázquez se ubica en ese lugar, en la hora en que acontecieron los hechos; pareciera que existe una contradicción entre lo manifestado por el señor León Antonino García Vázquez y el señor Benjamín Pedro García, sin embargo, considero que hubo una agresión verbal recíproca en ese momento. Sí bien los hechos que refiere el señor León Antonino no fueron denunciados o bien no fueron puestos a consideración de este Tribunal para que también me pronunciara al respecto; pero lejos de contradecirse, se advierte pues una agresión recíproca entre víctima e imputado; máxime que el imputado refirió que a consecuencia de esos hechos se vio mal de salud; desde luego que acredita esta circunstancia con los datos de prueba que ha hecho referencia, por ello este dato de prueba resulta ser idóneo también para justificar la información que de dicho dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa; incluso de la Representación Social puesto que advierto como indiqué que existe una agresión verbal recíproca entre ellos. Por lo que hace a la entrevista de Wendy Yesenia Valentín, así como a la entrevista de Germán Gerardo Martínez Cruz también me crean convicción. La información que dan a conocer la constataron de manera directa por medio de sus sentidos y no por referencias de otros; desde luego que corrobora esa información a que refiere el señor León Antonino García Vázquez y con los que también existió esa agresión. Es cierto la defensa logra acreditar la existencia de una agresión también verbal por parte de la víctima hacia el señor León Antonino, pero esto no contradice esa información, lejos de contradecirla no desvanece la información vertida por la víctima, como la víctima tampoco la Fiscalía desvanece la información vertida por estos entrevistados; máxime que no hubo argumento alguno respecto, tanto de la Fiscal como de la Asesoría Jurídica (sic), respecto a la valoración o ponderación de los datos de prueba vertidos por la Representación Social. Por ello considero idóneos estos datos de prueba para justificar los hechos que del mismo se deduce, puesto que no contradicen los principios de la lógica, se robustecen entre sí, se robustecen con la información vertida por la parte imputada. Por lo que hace a la constancia médica a cargo del señor León Antonino y en la que se refiere que acudió de urgencias el día 11 de agosto del año 2021 por probable infarto y que de nueva cuenta acudió el 26 de septiembre de ese mismo año, y que la defensa describe el tratamiento que recibió el ahora imputado, que se le suministró oxígeno. Este dato de prueba en ningún momento fue contradicho por la por la Fiscal, por la Asesoría Jurídica (sic); incluso en ningún momento atacaron el componente probatorio de la defensa, no refirieron mayor información del por qué no se le debería dar valor probatorio a los datos de prueba vertidos por la defensa. Si bien es cierto hicieron su manifestación en el sentido de oponerse en cuanto a la admisibilidad de esos datos de prueba, es una cuestión distinta, la admisibilidad que la valoración que se haga de esos datos de prueba. Por ello considero idóneo también esa constancia médica. Por lo que hace a la documental de apoyo médico de fecha 19 de agosto de emitido por la Regidora de Salud del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacaotepec y donde refiere que brindó el apoyo al imputado con un tanque de oxígeno, me crea convicción. Hizo constar que el imputado tuvo un padecimiento del día 15 al 22 de septiembre del año 2021, desde luego que es una máxima de la experiencia que los Representantes de una población, en el caso un Presidente Municipal, un Síndico, un Regidor, atiendan a la ciudadanía, incluso la misma para eso los designó, precisamente para proteger sus derechos fundamentales en el caso el de la salud del hora (sic)imputado. Por ello considero idóneo este dato de prueba para acreditar parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa en el sentido de que en efecto el ahora imputado, padeció la pandemia que nos acogió a nuestra comunidad, lo cual es un hecho notorio, que no necesita ser probado, la existencia de la pandemia del COVID. Por lo que hacía (sic) la tarjeta informativa emitido por Braulio García Hernández, en su carácter de Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, de la misma forma me crea convicción; hizo constar que en efecto el día en que sucedieron los hechos la señora Claudia Isabel García solicitó el traslado de una ambulancia y ante la falta de ésta, se brindó el apoyo con una patrulla municipal quienes arribaron hasta el domicilio del imputado a darle esa atención. Me crea convicción, puesto que como he referido no existió argumento alguno respecto del valor probatorio de esta documental; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar los hechos que de este dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la defensa. Por lo que hace a la copia certificada del auto de inicio emitido en el Juicio Agrario que refirió la defensa de fecha 31 de marzo del año 2022, desde luego que me crea convicción; el alcance probatorio que tiene este dato de prueba es acreditar precisamente que el imputado ha entablado una demanda agraria en contra de la víctima y otras personas y de la información vertida por la defensa se aprecia que el Magistrado Unitario Agrario concedió incluso una medida precautoria para mantener las cosas en el estado en que se encuentran respecto a la parcela agraria de la cual demandó ese Juicio Agrario el imputado. Este dato de prueba fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y como he venido diciendo no existe información alguna, dato de prueba alguna, argumento alguno que contradiga esta información y que la desvanezca; por lo tanto considero idóneo este dato de prueba para justificar precisamente de que el imputado ha iniciado un Juicio Agrario en contra de la víctima por la parcela que refirió la defensa y que describió al momento de verter este dato de prueba. Por lo que hace al dictamen psicológico emitido con fecha 19 de enero del año 2023, desde luego que me crea convicción, por las mismas razones que di a conocer al momento de ponderar el dictamen psicológico emitido a favor de la víctima, como indiqué en su momento, considero que la perito en psicología Alma Luisa Salazar Guzmán, es capaz para emitir una opinión como la que nos ocupa, al pertenecer a una Institución como lo es la Fiscalía General del Estado debe acreditar conocimientos sobre los cuales se vaya a emitir una opinión, la conclusión a la que arribó lo hizo a través de un método, a través de la entrevista directa a la víctima. Por ello consideré también hace un momento que no se trata de una opinión dogmática o subjetiva más bien dicha profesional opinó respecto de la ciencia de la cual conoce y concluyó que el imputado presenta un trastorno adaptativo, una ansiedad debido a que su persona se encuentra expuesta a un delito de violencia psicológica o amenazas, incluso sugirió un seguimiento psicológico. Como se indicó, se evidencia pues, de que también el imputado es víctima de una agresión verbal por parte de la víctima, pero ese hecho no ha sido puesto a consideración de este tribunal, se desconoce si esos hechos ya fueron materia de denuncia por parte del imputado; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar ese hecho que del mismo se deduce. Lo mismo, me crea convicción la denuncia presentada por el imputado León Antonino García Vázquez en contra de la víctima el señor Benjamín Pedro Guzmán Vázquez y de otras personas por el hecho que la ley señala como el delito de despojo respecto a la parcela ejidal cuyas medidas y colindancias refirió la defensa; queda acreditado pues con este dato de prueba que en efecto existe presentada una denuncia en contra de la víctima por parte del imputado por ese hecho que la ley señala como delito. Por lo que hace a las 13 placas fotográficas del lugar en el que acontecieron los hechos, si bien es cierto no se refirió el método en que se obtuvo esta información, considero que no puedo darle un valor probatorio; no obstante de que no hubo oposición por parte de la Asesoría Jurídica como de la Fiscal, en el sentido de que si bien es cierto en el momento de su admisibilidad la Fiscal hizo referencia a que no se dice quién obtuvo estas placas fotográficas; sin embargo, no era cuestión de admisibilidad, sino de valoración, y en el caso para que pueda considerar idóneas estas placas fotográficas, se debió acreditar o manifestar o verter la información en el sentido de quién tomó estas placas fotográficas, de qué objeto, de qué teléfono, de qué instrumento fueron tomadas estas placas fotográficas; ante ello considero que no es posible concederle un valor probatorio, pues existe una incertidumbre de la forma en cómo fueron tomadas esas placas fotográficas. Tampoco me crea convicción y no puedo darlo como idóneo el croquis tomado en el lugar en el que acontecieron los hechos en virtud de que si bien es cierto la Defensa manifestó la información respecto a ese croquis, nos ilustró de la existencia de ese lugar, de la distancia existente entre los domicilios de las partes materiales en este asunto; sin embargo, también no se refirió quién obtuvo ese croquis; por ello no puedo considerarlo idóneo este dato de prueba. Contrario sucede con los videos que presentó la Defensa en virtud de que indicó que los mismos fueron presentados por el imputado, que fueron grabados por la hija del imputado por Marina García Sierra con fecha 12 de agosto del año 2021 donde refirió, la época en que sucedieron los hechos, no obstante de que la fecha que se pudo apreciar en uno de los videos es 29 de mayo del año 2022; sin embargo, ello que (sic) viene a corroborar o a justificar la teoría del caso de la de la (sic) Defensa en el sentido, de que existe una agresión verbal recíproca, una agresión psicoemocional recíproca entre víctima e imputado, y donde desde luego pudimos observar a una persona del sexo femenino que venía grabando a una persona del sexo masculino, al decir de la Defensa, se trata de la parte imputada y no existe dato alguno de prueba que demuestre que no se trate de las personas que refirió la víctima por ello considero que ese video no tuvo mayor alcance de lo que pudimos apreciar al reproducirse esos videos. Debo tomar en consideración también que para realizar un video no se necesita un conocimiento especial y válidamente lo puede realizar una persona común, en el caso la hija del imputado, misma información que fue proporcionada a la Defensa; por ello, considero idóneos estos videos que reprodujo la defensa". De la ponderación realizada es posible establecer lo siguiente: 1) De las entrevistas realizadas al imputado León Antonino García Vázquez, así como a los testigos Wendy Yesenia Valentín y Germán Gerardo Martínez Cruz, se constata que el aquí quejoso se ubica en el lugar y hora en que acontecieron los hechos. 2) La defensa logró acreditar la existencia de una agresión verbal por parte de la víctima hacia el imputado, y que éste presenta trastorno adaptativo y ansiedad, pero ello no desvanece la información vertida por la víctima; además, se desconoce si ese hecho ya fue materia de denuncia por parte del imputado en diversa causa penal. 3) Derivado del hecho, el imputado recibió atención médica y se le suministró oxígeno. 4) Se corrobora que el imputado demandó a la víctima y otras personas, el mejor derecho a poseer una parcela ejidal (juicio agrario 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez). 5) Se demuestra que el imputado denunció a la víctima por el hecho que la ley denomina delito de despojo respecto de una parcela ejidal. Lo anterior permite establecer que entre la víctima y el imputado existe discordia por la aparente disputa de una parcela ejidal que éste tiene en posesión en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lo cual ha redundado en amenazas e intimidaciones, que conforme a la legislación penal constituyen violencia psicoemocional. No obstante, contra lo que arguye el peticionario del amparo, los datos de prueba que aportó para demostrar su teoría del caso, no son idóneos para establecer, hasta este momento procesal, que no tuvo participación en el hecho que se le atribuye; inclusive, porque se ubica en el lugar y a la hora en que aconteció. En efecto, como correctamente lo destacó el juez responsable, si bien de los datos de prueba aportados por la defensa se corrobora que el día del hecho existió una agresión recíproca entre el imputado y la víctima; sin embargo, estaba impedido para pronunciarse en cuanto a la agresión contra el aquí quejoso León Antonino García Vázquez, porque desconocía si tal hecho ya había sido denunciado y, en caso de ser así, sería materia de diversa causa penal, toda vez que no podía rebasar los hechos materia de la imputación formulada por el Ministerio Público, los cuales constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador. En ese contexto, se procede a contestar los conceptos de violación que formula el peticionario del amparo (diversos a los que ya se atendieron en los párrafos que preceden), en los que de manera sintetizada aduce: a) El hecho de que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, cuente con cédula profesional, no es suficiente para establecer que cuente con conocimientos científicos en la materia. b) No existe referencia de que la cédula profesional del perito oficial corresponda a la profesión de psicología, toda vez que al tratarse de una materia reglamentada, debe poseer título oficial sobre la materia a dictaminar. c) El juez responsable no explicó cómo arribó a la conclusión de que el estrés transitorio presentado por la víctima, es consecuencia principal del comportamiento del imputado y no de eventos diversos, además que suplió la carga probatoria que le corresponde al Ministerio Público. d) La prueba pericial en psicología es la idónea para determinar el estado psicológico actual de la víctima y la relación directa con el hecho imputado. Son infundados tales argumentos, en la medida que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control, quien al valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor, considera ambas hipótesis o teorías del caso que deben ser apreciadas como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el estándar de credibilidad que le proporcionan para ser considerados como dato de prueba susceptible de valor demostrativo al resolver sobre la vinculación a proceso. Circunstancia que no vulnera el derecho de defensa del imputado o el debido proceso, porque se reitera, atendiendo al estándar probatorio que prevalece en esta etapa del procedimiento -etapa inicial-, que es mínimo, no es necesario exigir una análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) ni tampoco mecanismos para reforzar a los datos de prueba o que los doten de mayor credibilidad, como el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido, tal como lo pretende la parte quejosa. Por ende, la inaplicabilidad del artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la etapa inicial del juicio (relativo al título oficial de los peritos), no transgrede su derecho de defensa ni el debido proceso, porque atendiendo al carácter indiciario que le concedió la autoridad responsable, no le acarrea algún perjuicio debido a que esa facultad se realizó ejerciendo su arbitrio valorativo con el estándar de credibilidad que le generó la información que relató el Ministerio Público sobre ese dato de prueba. Aunado a ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, sí cuenta con cédula profesional en esa materia, lo que se puede corroborar en la propia página electrónica del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, donde se aprecian los siguientes datos: "Número de cédula: 09078184. Nombre: ÁNGEL FERNANDO ESPINOZA RAMOS. Género: HOMBRE. Profesión: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. Año de expedición: 2014. Institución: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. Tipo C1". Por ende, si el juez de control bajo el nivel de exigencia probatoria aplicable, al decidir sobre la vinculación a proceso con los datos de prueba expuestos por el órgano ministerial -valorados racionalmente- identificó los aspectos estructurales de la conducta para afirmar que posiblemente encuadra en un hecho con apariencia de delito y la identificación de su posible autor; es incuestionable que de manera legal, sin vulnerar algún derecho fundamental del quejoso, arribó a la conclusión que se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 19 constitucional, que se insiste, contiene un análisis menos riguroso para su dictado. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Sin que resulte aplicable al caso la tesis III.2o.P.157 P (10a.) que invoca en su escrito de demanda, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital: 2019751, de rubro: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". Es así, porque al margen de que dicho criterio no es obligatorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, dicha tesis derivó de un juicio de amparo directo 303/2017, en donde el tribunal colegiado por mayoría de votos negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 176 Ter, del Código Penal para el Estado de Jalisco. Lo que implica que en dicho asunto se examinaron: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). Lo cual dista mucho de las exigencias menos rigurosas para el dictado del auto de vinculación a proceso, previstas en el artículo 19 constitucional; de ahí su inaplicabilidad al caso concreto. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto al auto de vinculación reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso******************** y al tercero interesado ********************.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA.--------------------------- Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 300/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población,********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiocho de marzo del presente año, este juzgado de Distrito registró la demanda con el número 300/2023 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados; posteriormente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, es el siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso********************, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal número 979/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 29). Para corroborarlo anexó un disco óptico relativo a la causa penal número 979/2022, de su índice, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SEXTO. Estudio del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación formulados por el quejoso en su escrito de demanda, son infundados. En principio, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa". Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De esos numerales, se advierte la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de expresar en el auto de vinculación a proceso los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Asimismo, es importante señalar que para vincular a proceso a una persona solamente se requiere que existan indicios razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado participó en su comisión, por lo que resulta jurídicamente innecesario que los datos de prueba en que se sustente dicho auto sean perfectos o irrefutables. En ese contexto, del disco óptico relativo al proceso penal número 979/2022, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de catorce de marzo del presente año, la Agente del Ministerio Público en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló imputación contra el peticionario del amparo por los siguientes hechos: "1.- Que la víctima Benjamín Pedro García Vázquez y el imputado León Antonino García Vázquez son hermanos, son hijos de Melesio García Sánchez y Catalina Vázquez López, quienes tienen su domicilio ubicado en Privada Avenida Juárez, número 12, San Lorenzo Cacaotepec Etla, Oaxaca, en casas distintas pero en el mismo inmueble y que el imputado agrede a la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, le dice que lo va a matar, lo insulta cada vez que la víctima pasa por su casa o que el imputado llega a la casa de la víctima. 2.- El día 11 de agosto del año 2021 aproximadamente a las 19 horas con 45 minutos, la víctima Benjamín Pedro García Vázquez se encontraba en el patio de su casa sentado en un columpio esto en el interior de su domicilio antes mencionado, lugar donde llegó el imputado León Antonino García Vázquez y le dijo "hijo de tu puta madre, te voy a matar, tú me la debes, tú no te me vas a escapar" por lo que al no ver una respuesta de agresión por parte de la víctima le volvió a referir usted "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", y atendiendo a estas circunstancias la víctima Benjamín Pedro García Vázquez presentó un estado de estrés transitorio inseguridad, ansiedad y miedo". (Lo anterior se retoma de la versión escrita del acto reclamado). Posteriormente, el juez responsable de conformidad con el numeral 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó al imputado la oportunidad para declarar, reservándose éste ese derecho. Luego, en audiencia de esa propia fecha (catorce de marzo del año en curso), después de la exposición realizada por la representación social para solicitar la vinculación a proceso del quejoso, el juez responsable dictó contra el peticionario del amparo auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: (.) II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de menores de doce años, personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto o cuando la conducta sea cometida durante una declaratoria de emergencia sanitaria o cualquier otra que requiera aislamiento social. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 6606/2015, el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el que analizó el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -cuyos elementos guardan semejanza con los artículos 404 y 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca-, tal y como se advierte en las consideraciones cuya parte medular se transcriben enseguida: "70. En el caso del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -idéntico al correspondiente del Código Penal de Puebla, vigente-, el bien jurídicamente tutelado al que se dirige la norma penal es -como se dijo antes al hablar de la cualificación de los sujetos activos y pasivos de la conducta- la integridad personal de quienes unidos por lazos afectivos, de seguridad o dependencia, conviven y pueden verse particularmente afectados por las conductas dañosas física o psicológicamente de quienes comparten con ellos y ellas esos lazos y esa convivencia. 71. Esta Primera Sala considera que, al tomar la decisión de incorporar la conducta típica que se estudia, el legislador secundario sopesa adecuadamente la importancia de la integridad personal y la especial situación de vulnerabilidad de quienes conviven en relaciones afectivamente significativas, con el entendimiento que el Derecho Penal debe configurar la última respuesta -recurso- de un Estado democrático social de Derecho como el nuestro. 72. En principio, mediante la incorporación de la figura típica, el legislador secundario reconoce la extendida realidad social de que en el entorno familiar, aunque pensado como un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, ocurren actos de violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por sexo, género, discapacidad, edad, o padecen otras formas de opresión, que también se manifiestan dentro de la familia. Estos actos de violencia demandan la intervención estatal en la forma de pretensión punitiva relacionada con los fines del derecho penal: entre otros; la protección de bienes jurídicos, la prevención general y la prevención específica de las conductas que atentan contra éstos. 73. Es segundo lugar, el legislador secundario admite a la familia como un bien valioso y las relaciones y arreglos que en ella se generan como un espacio de interés para el Estado no para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de las personas que conviven en ese ámbito. De manera que -contrariamente a lo señalado por el tribunal colegiado de conocimiento, en su oportunidad- la situación personal en la relación de pareja o dentro de la familia no siempre carecerá de interés para el Estado, ni atañerá exclusivamente a quienes participan o se desarrollan dentro de ella. 74. En tercer término, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Actitud consonante con las obligaciones de debida diligencia en materia del derecho a una vida libre de violencia dentro de la familia, surgidas del marco constitucional y convencional. 75. Por tanto, esta Primera Sala concluye que la incorporación de la figura típica cumple con el mandato constitucional de ocuparse de un bien jurídico valioso, y que guarda respecto de él una relación instrumental de protección y salvaguarda. Ahora bien, ¿cómo responde a esta finalidad atribuir sanción penal a quien ejecute un solo acto de violencia contra algún miembro o integrante de la familia? 76. Al respecto, esta Primera Sala observa que -contrario a lo estimado por el quejoso- lo que provee base razonable y justifica -por ende- la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. 77. Así, lo que interesa y finalmente acarrea sanción a quien transgrede la norma penal es que la conducta desplegada -singular o reiterada- resulte apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado por la norma penal: la integridad física o psicológica de algún miembro o integrante de la familia. Sobre todo, cuando es factible que un evento singular -dada su eficacia, gravedad o impacto- ocasione el daño que la norma penal quiere evitar. 78. Por tanto si, como ya se dijo, esta Primera Sala entiende que el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso, resulta también adecuado y razonable que dejara al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". Dicha ejecutoria dio origen a la tesis 1a. CXXXV/2017 (10a.), registro digital: 2015244, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". En el caso concreto, es conveniente señalar los elementos del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, así como los datos de prueba que el juez responsable tomó en consideración para acreditarlos en el acto reclamado: I. La existencia de una acción dentro del domicilio familiar, dirigida a agredir a la víctima de manera psicológica, por medio de amenazas e intimidaciones; y II. Exista una relación de parentesco por consanguinidad con la víctima. Datos de prueba: 1.- Declaración de la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, en el que expuso medularmente que el día once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, estaba sentado en un columpio en el patio de su casa ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, cuando escuchó que le dijeron "hijo de tu puta madre te voy a matar", y al voltear se percató que se trataba de su hermano León Antonino García Vázquez; enseguida dicho imputado se paró en la entrada de su casa y le dijo nuevamente: "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado". Que en ese momento llegó Guillermo Pedro García Bautista (hijo de la víctima), a quien también el imputado le dijo "tú tampoco te me vas a escapar, te voy a partir la madre", y que en ese momento llegaron las hijas del imputado y se lo llevaron a su casa. 2.- Acta de nacimiento de León Antonino García Vázquez (imputado), expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 3.- Acta de nacimiento de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima), expedida por la oficial itinerante del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 4.- Dictamen psicológico emitido por el perito oficial Ángel Fernando Espinoza Ramos, en el que una vez que valoró a la víctima, concluyó: "(.) En respuesta a los hechos esta persona se observa emocionalmente presentando un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo a consecuencia de los hechos narrados por lo cual en ese momento la sugerencia del Perito de referencia pues se sugirió a favor de la víctima pues atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro". 5.- Inspección efectuada por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el lugar del hecho ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, a la cual asistió en compañía de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima); asimismo, éste le indicó el sitio donde se encuentra su casa y aconteció el hecho, describiendo además que existe un zaguán de color azul y a un costado se observa una barda de láminas de zinc oxidadas, así como una entrada de terracería que se ocupa como paso de servidumbre. 6.- Acta entrevista realizada a Ivón Natali García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que medularmente refirió que el día del hecho su padre Benjamín Pedro García Vázquez (la víctima) se encontraba sentado en el columpio que se ubica en el patio de su casa, en tanto ella se hallaba en un cuarto adjunto con su hermanita y su bebé. Fue entonces cuando empezó a escuchar que empezaron a proferir diversas groserías y pensó que era en la calle; sin embargo, al escucharlas más fuerte se asomó por la ventana y se dio cuenta que se trataba del imputado******************** (su tío), quien pretendía entrar al patio de su casa y le decía a su papá que "quería partirle su madre y que le iba a pegar". Momentos después llegó del trabajo su hermano (Guillermo Pedro García Bautista) y al pasar cerca de su tío (el imputado), éste le gritó también "que le iba a partir su puta madre y que no se iba a escapar"; asimismo, que dicha persona le dijo a ella "eres una chamaca pendeja y que también le iba a partir la madre", y que después comenzaron a grabar el acontecimiento. 7.- Acta de entrevista realizada a Guillermo Pedro García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que esencialmente señaló que el día del hecho, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, llegó de su trabajo y se dirigió a su cuarto con la finalidad de dejar su mochila; en ese momento comenzó a escuchar mentadas de madre de su tío******************** hacia su padre ********************, quien se encontraba sentado en un columpio en el patio de su casa. Enseguida el imputado pasó cerca de él y le dijo que también le iba a partir la madre y que no se iba a escapar, y que después su hermana (Ivón Natali García Bautista) y su papá comenzaron a grabar con su teléfono celular. 8. Un disco marca Verbatim con tres videos del hecho, el cual la víctima entregó a la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz. Dichos datos de prueba fueron valorados por el juez responsable de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y resultaron eficaces para configurar hasta ese momento procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar que el once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos (circunstancia de tiempo), en el patio de la casa ubicada en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca (circunstancia de lugar), el imputado León Antonino García Vázquez, amenazó e intimidó a su hermano ******************** (violencia psicoemocional), al decirle "hijo de tu puta madre te voy a matar", "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", lo que provocó en la victima un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo, inclusive, el perito oficial sugirió atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro (circunstancia de ejecución). Decisión que, contrariamente a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, se dictó de manera fundada y motivada, en términos de los artículos 16 y 19 de la Constitución General de la República; 259, 261, 265, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 8, fracción I, 11, fracción II, 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; además, se expresaron las razones tenidas en cuenta para emitir el auto de vinculación a proceso controvertido. Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, el juez de control estimó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la autoridad responsable, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, registro 2013696, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". De lo anterior, es factible concluir que el acto reclamado se encuentra apegado a la legalidad, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014800, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". No pasa desapercibido que el imputado, para destruir la proposición realizada en su contra y desvirtuar las evidencias en que se apoya, formuló su teoría del caso en los siguientes términos: i) Es falso que el día y hora del hecho haya amenazado y agredido a la víctima; ii) Es cierto que son hermanos y comparten la misma entrada al domicilio; iii) La relación familiar ha presentado muchas fricciones por la ambición de la víctima, quien pretende desposeerlo de una parcela ejidal, por la que actualmente se ventila un juicio agrario (expediente 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez); iv) La verdadera intención de la víctima es que lo priven de su libertad y pueda quedarse con la parcela que legítimamente le pertenece; v) Es la víctima quien acude a su domicilio y lo confronta, lo graba con su teléfono celular, le toma fotografías y cuando lo encuentra en el patio de su casa lo insulta; vi) Los hechos que se le han comunicado no sucedieron en la forma en cómo lo pretende hacer creer la víctima y sus testigos. Por su parte, el juez responsable al ponderar los datos de prueba de la defensa del imputado, determinó lo siguiente: "b). Ponderación de los datos de la defensa. (.) En el caso nos encontramos ante la presencia de una entrevista, puesto que esa información es recabada únicamente de manera unilateral por la Representación Social, dicha entrevista fue realizada con fecha 10 de mayo del año 2022 y en la que desde luego el señor León Antonino García Vázquez da su versión de la acción que realizó el día en que acontecieron los hechos. Refiere, como es que ese día 11 de agosto en la que sucedieron los hechos, esperaba a su hija y a su yerno porque los mismos habían realizado un viaje de arena, el señor León Antonino dio a conocer la manera en cómo se encontraba en su domicilio, la manera en cómo llegó hasta ese domicilio el señor Benjamín Pedro García, refirió que lo provocó, refirió las agresiones verbales que le realizó, insultándolo refirió el señor León Antonino; independientemente del método que utilizó el señor el León Antonino para emitir esa entrevista, sí proporciona un gran número de detalles que hace también a que yo (sic) considero idóneo este dato de prueba; puesto que incluso la información que refiere se corrobora con la información vertida por la defensa, el mismo señor León Antonino García Vázquez se ubica en ese lugar, en la hora en que acontecieron los hechos; pareciera que existe una contradicción entre lo manifestado por el señor León Antonino García Vázquez y el señor Benjamín Pedro García, sin embargo, considero que hubo una agresión verbal recíproca en ese momento. Sí bien los hechos que refiere el señor León Antonino no fueron denunciados o bien no fueron puestos a consideración de este Tribunal para que también me pronunciara al respecto; pero lejos de contradecirse, se advierte pues una agresión recíproca entre víctima e imputado; máxime que el imputado refirió que a consecuencia de esos hechos se vio mal de salud; desde luego que acredita esta circunstancia con los datos de prueba que ha hecho referencia, por ello este dato de prueba resulta ser idóneo también para justificar la información que de dicho dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa; incluso de la Representación Social puesto que advierto como indiqué que existe una agresión verbal recíproca entre ellos. Por lo que hace a la entrevista de Wendy Yesenia Valentín, así como a la entrevista de Germán Gerardo Martínez Cruz también me crean convicción. La información que dan a conocer la constataron de manera directa por medio de sus sentidos y no por referencias de otros; desde luego que corrobora esa información a que refiere el señor León Antonino García Vázquez y con los que también existió esa agresión. Es cierto la defensa logra acreditar la existencia de una agresión también verbal por parte de la víctima hacia el señor León Antonino, pero esto no contradice esa información, lejos de contradecirla no desvanece la información vertida por la víctima, como la víctima tampoco la Fiscalía desvanece la información vertida por estos entrevistados; máxime que no hubo argumento alguno respecto, tanto de la Fiscal como de la Asesoría Jurídica (sic), respecto a la valoración o ponderación de los datos de prueba vertidos por la Representación Social. Por ello considero idóneos estos datos de prueba para justificar los hechos que del mismo se deduce, puesto que no contradicen los principios de la lógica, se robustecen entre sí, se robustecen con la información vertida por la parte imputada. Por lo que hace a la constancia médica a cargo del señor León Antonino y en la que se refiere que acudió de urgencias el día 11 de agosto del año 2021 por probable infarto y que de nueva cuenta acudió el 26 de septiembre de ese mismo año, y que la defensa describe el tratamiento que recibió el ahora imputado, que se le suministró oxígeno. Este dato de prueba en ningún momento fue contradicho por la por la Fiscal, por la Asesoría Jurídica (sic); incluso en ningún momento atacaron el componente probatorio de la defensa, no refirieron mayor información del por qué no se le debería dar valor probatorio a los datos de prueba vertidos por la defensa. Si bien es cierto hicieron su manifestación en el sentido de oponerse en cuanto a la admisibilidad de esos datos de prueba, es una cuestión distinta, la admisibilidad que la valoración que se haga de esos datos de prueba. Por ello considero idóneo también esa constancia médica. Por lo que hace a la documental de apoyo médico de fecha 19 de agosto de emitido por la Regidora de Salud del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacaotepec y donde refiere que brindó el apoyo al imputado con un tanque de oxígeno, me crea convicción. Hizo constar que el imputado tuvo un padecimiento del día 15 al 22 de septiembre del año 2021, desde luego que es una máxima de la experiencia que los Representantes de una población, en el caso un Presidente Municipal, un Síndico, un Regidor, atiendan a la ciudadanía, incluso la misma para eso los designó, precisamente para proteger sus derechos fundamentales en el caso el de la salud del hora (sic)imputado. Por ello considero idóneo este dato de prueba para acreditar parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa en el sentido de que en efecto el ahora imputado, padeció la pandemia que nos acogió a nuestra comunidad, lo cual es un hecho notorio, que no necesita ser probado, la existencia de la pandemia del COVID. Por lo que hacía (sic) la tarjeta informativa emitido por Braulio García Hernández, en su carácter de Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, de la misma forma me crea convicción; hizo constar que en efecto el día en que sucedieron los hechos la señora Claudia Isabel García solicitó el traslado de una ambulancia y ante la falta de ésta, se brindó el apoyo con una patrulla municipal quienes arribaron hasta el domicilio del imputado a darle esa atención. Me crea convicción, puesto que como he referido no existió argumento alguno respecto del valor probatorio de esta documental; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar los hechos que de este dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la defensa. Por lo que hace a la copia certificada del auto de inicio emitido en el Juicio Agrario que refirió la defensa de fecha 31 de marzo del año 2022, desde luego que me crea convicción; el alcance probatorio que tiene este dato de prueba es acreditar precisamente que el imputado ha entablado una demanda agraria en contra de la víctima y otras personas y de la información vertida por la defensa se aprecia que el Magistrado Unitario Agrario concedió incluso una medida precautoria para mantener las cosas en el estado en que se encuentran respecto a la parcela agraria de la cual demandó ese Juicio Agrario el imputado. Este dato de prueba fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y como he venido diciendo no existe información alguna, dato de prueba alguna, argumento alguno que contradiga esta información y que la desvanezca; por lo tanto considero idóneo este dato de prueba para justificar precisamente de que el imputado ha iniciado un Juicio Agrario en contra de la víctima por la parcela que refirió la defensa y que describió al momento de verter este dato de prueba. Por lo que hace al dictamen psicológico emitido con fecha 19 de enero del año 2023, desde luego que me crea convicción, por las mismas razones que di a conocer al momento de ponderar el dictamen psicológico emitido a favor de la víctima, como indiqué en su momento, considero que la perito en psicología Alma Luisa Salazar Guzmán, es capaz para emitir una opinión como la que nos ocupa, al pertenecer a una Institución como lo es la Fiscalía General del Estado debe acreditar conocimientos sobre los cuales se vaya a emitir una opinión, la conclusión a la que arribó lo hizo a través de un método, a través de la entrevista directa a la víctima. Por ello consideré también hace un momento que no se trata de una opinión dogmática o subjetiva más bien dicha profesional opinó respecto de la ciencia de la cual conoce y concluyó que el imputado presenta un trastorno adaptativo, una ansiedad debido a que su persona se encuentra expuesta a un delito de violencia psicológica o amenazas, incluso sugirió un seguimiento psicológico. Como se indicó, se evidencia pues, de que también el imputado es víctima de una agresión verbal por parte de la víctima, pero ese hecho no ha sido puesto a consideración de este tribunal, se desconoce si esos hechos ya fueron materia de denuncia por parte del imputado; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar ese hecho que del mismo se deduce. Lo mismo, me crea convicción la denuncia presentada por el imputado León Antonino García Vázquez en contra de la víctima el señor Benjamín Pedro Guzmán Vázquez y de otras personas por el hecho que la ley señala como el delito de despojo respecto a la parcela ejidal cuyas medidas y colindancias refirió la defensa; queda acreditado pues con este dato de prueba que en efecto existe presentada una denuncia en contra de la víctima por parte del imputado por ese hecho que la ley señala como delito. Por lo que hace a las 13 placas fotográficas del lugar en el que acontecieron los hechos, si bien es cierto no se refirió el método en que se obtuvo esta información, considero que no puedo darle un valor probatorio; no obstante de que no hubo oposición por parte de la Asesoría Jurídica como de la Fiscal, en el sentido de que si bien es cierto en el momento de su admisibilidad la Fiscal hizo referencia a que no se dice quién obtuvo estas placas fotográficas; sin embargo, no era cuestión de admisibilidad, sino de valoración, y en el caso para que pueda considerar idóneas estas placas fotográficas, se debió acreditar o manifestar o verter la información en el sentido de quién tomó estas placas fotográficas, de qué objeto, de qué teléfono, de qué instrumento fueron tomadas estas placas fotográficas; ante ello considero que no es posible concederle un valor probatorio, pues existe una incertidumbre de la forma en cómo fueron tomadas esas placas fotográficas. Tampoco me crea convicción y no puedo darlo como idóneo el croquis tomado en el lugar en el que acontecieron los hechos en virtud de que si bien es cierto la Defensa manifestó la información respecto a ese croquis, nos ilustró de la existencia de ese lugar, de la distancia existente entre los domicilios de las partes materiales en este asunto; sin embargo, también no se refirió quién obtuvo ese croquis; por ello no puedo considerarlo idóneo este dato de prueba. Contrario sucede con los videos que presentó la Defensa en virtud de que indicó que los mismos fueron presentados por el imputado, que fueron grabados por la hija del imputado por Marina García Sierra con fecha 12 de agosto del año 2021 donde refirió, la época en que sucedieron los hechos, no obstante de que la fecha que se pudo apreciar en uno de los videos es 29 de mayo del año 2022; sin embargo, ello que (sic) viene a corroborar o a justificar la teoría del caso de la de la (sic) Defensa en el sentido, de que existe una agresión verbal recíproca, una agresión psicoemocional recíproca entre víctima e imputado, y donde desde luego pudimos observar a una persona del sexo femenino que venía grabando a una persona del sexo masculino, al decir de la Defensa, se trata de la parte imputada y no existe dato alguno de prueba que demuestre que no se trate de las personas que refirió la víctima por ello considero que ese video no tuvo mayor alcance de lo que pudimos apreciar al reproducirse esos videos. Debo tomar en consideración también que para realizar un video no se necesita un conocimiento especial y válidamente lo puede realizar una persona común, en el caso la hija del imputado, misma información que fue proporcionada a la Defensa; por ello, considero idóneos estos videos que reprodujo la defensa". De la ponderación realizada es posible establecer lo siguiente: 1) De las entrevistas realizadas al imputado León Antonino García Vázquez, así como a los testigos Wendy Yesenia Valentín y Germán Gerardo Martínez Cruz, se constata que el aquí quejoso se ubica en el lugar y hora en que acontecieron los hechos. 2) La defensa logró acreditar la existencia de una agresión verbal por parte de la víctima hacia el imputado, y que éste presenta trastorno adaptativo y ansiedad, pero ello no desvanece la información vertida por la víctima; además, se desconoce si ese hecho ya fue materia de denuncia por parte del imputado en diversa causa penal. 3) Derivado del hecho, el imputado recibió atención médica y se le suministró oxígeno. 4) Se corrobora que el imputado demandó a la víctima y otras personas, el mejor derecho a poseer una parcela ejidal (juicio agrario 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez). 5) Se demuestra que el imputado denunció a la víctima por el hecho que la ley denomina delito de despojo respecto de una parcela ejidal. Lo anterior permite establecer que entre la víctima y el imputado existe discordia por la aparente disputa de una parcela ejidal que éste tiene en posesión en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lo cual ha redundado en amenazas e intimidaciones, que conforme a la legislación penal constituyen violencia psicoemocional. No obstante, contra lo que arguye el peticionario del amparo, los datos de prueba que aportó para demostrar su teoría del caso, no son idóneos para establecer, hasta este momento procesal, que no tuvo participación en el hecho que se le atribuye; inclusive, porque se ubica en el lugar y a la hora en que aconteció. En efecto, como correctamente lo destacó el juez responsable, si bien de los datos de prueba aportados por la defensa se corrobora que el día del hecho existió una agresión recíproca entre el imputado y la víctima; sin embargo, estaba impedido para pronunciarse en cuanto a la agresión contra el aquí quejoso León Antonino García Vázquez, porque desconocía si tal hecho ya había sido denunciado y, en caso de ser así, sería materia de diversa causa penal, toda vez que no podía rebasar los hechos materia de la imputación formulada por el Ministerio Público, los cuales constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador. En ese contexto, se procede a contestar los conceptos de violación que formula el peticionario del amparo (diversos a los que ya se atendieron en los párrafos que preceden), en los que de manera sintetizada aduce: a) El hecho de que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, cuente con cédula profesional, no es suficiente para establecer que cuente con conocimientos científicos en la materia. b) No existe referencia de que la cédula profesional del perito oficial corresponda a la profesión de psicología, toda vez que al tratarse de una materia reglamentada, debe poseer título oficial sobre la materia a dictaminar. c) El juez responsable no explicó cómo arribó a la conclusión de que el estrés transitorio presentado por la víctima, es consecuencia principal del comportamiento del imputado y no de eventos diversos, además que suplió la carga probatoria que le corresponde al Ministerio Público. d) La prueba pericial en psicología es la idónea para determinar el estado psicológico actual de la víctima y la relación directa con el hecho imputado. Son infundados tales argumentos, en la medida que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control, quien al valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor, considera ambas hipótesis o teorías del caso que deben ser apreciadas como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el estándar de credibilidad que le proporcionan para ser considerados como dato de prueba susceptible de valor demostrativo al resolver sobre la vinculación a proceso. Circunstancia que no vulnera el derecho de defensa del imputado o el debido proceso, porque se reitera, atendiendo al estándar probatorio que prevalece en esta etapa del procedimiento -etapa inicial-, que es mínimo, no es necesario exigir una análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) ni tampoco mecanismos para reforzar a los datos de prueba o que los doten de mayor credibilidad, como el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido, tal como lo pretende la parte quejosa. Por ende, la inaplicabilidad del artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la etapa inicial del juicio (relativo al título oficial de los peritos), no transgrede su derecho de defensa ni el debido proceso, porque atendiendo al carácter indiciario que le concedió la autoridad responsable, no le acarrea algún perjuicio debido a que esa facultad se realizó ejerciendo su arbitrio valorativo con el estándar de credibilidad que le generó la información que relató el Ministerio Público sobre ese dato de prueba. Aunado a ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, sí cuenta con cédula profesional en esa materia, lo que se puede corroborar en la propia página electrónica del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, donde se aprecian los siguientes datos: "Número de cédula: 09078184. Nombre: ÁNGEL FERNANDO ESPINOZA RAMOS. Género: HOMBRE. Profesión: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. Año de expedición: 2014. Institución: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. Tipo C1". Por ende, si el juez de control bajo el nivel de exigencia probatoria aplicable, al decidir sobre la vinculación a proceso con los datos de prueba expuestos por el órgano ministerial -valorados racionalmente- identificó los aspectos estructurales de la conducta para afirmar que posiblemente encuadra en un hecho con apariencia de delito y la identificación de su posible autor; es incuestionable que de manera legal, sin vulnerar algún derecho fundamental del quejoso, arribó a la conclusión que se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 19 constitucional, que se insiste, contiene un análisis menos riguroso para su dictado. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Sin que resulte aplicable al caso la tesis III.2o.P.157 P (10a.) que invoca en su escrito de demanda, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital: 2019751, de rubro: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". Es así, porque al margen de que dicho criterio no es obligatorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, dicha tesis derivó de un juicio de amparo directo 303/2017, en donde el tribunal colegiado por mayoría de votos negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 176 Ter, del Código Penal para el Estado de Jalisco. Lo que implica que en dicho asunto se examinaron: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). Lo cual dista mucho de las exigencias menos rigurosas para el dictado del auto de vinculación a proceso, previstas en el artículo 19 constitucional; de ahí su inaplicabilidad al caso concreto. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto al auto de vinculación reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso******************** y al tercero interesado ********************.

  4. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.----- Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 300/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población,********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiocho de marzo del presente año, este juzgado de Distrito registró la demanda con el número 300/2023 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados; posteriormente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, es el siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso********************, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal número 979/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 29). Para corroborarlo anexó un disco óptico relativo a la causa penal número 979/2022, de su índice, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SEXTO. Estudio del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación formulados por el quejoso en su escrito de demanda, son infundados. En principio, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa". Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De esos numerales, se advierte la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de expresar en el auto de vinculación a proceso los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Asimismo, es importante señalar que para vincular a proceso a una persona solamente se requiere que existan indicios razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado participó en su comisión, por lo que resulta jurídicamente innecesario que los datos de prueba en que se sustente dicho auto sean perfectos o irrefutables. En ese contexto, del disco óptico relativo al proceso penal número 979/2022, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de catorce de marzo del presente año, la Agente del Ministerio Público en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló imputación contra el peticionario del amparo por los siguientes hechos: "1.- Que la víctima Benjamín Pedro García Vázquez y el imputado León Antonino García Vázquez son hermanos, son hijos de Melesio García Sánchez y Catalina Vázquez López, quienes tienen su domicilio ubicado en Privada Avenida Juárez, número 12, San Lorenzo Cacaotepec Etla, Oaxaca, en casas distintas pero en el mismo inmueble y que el imputado agrede a la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, le dice que lo va a matar, lo insulta cada vez que la víctima pasa por su casa o que el imputado llega a la casa de la víctima. 2.- El día 11 de agosto del año 2021 aproximadamente a las 19 horas con 45 minutos, la víctima Benjamín Pedro García Vázquez se encontraba en el patio de su casa sentado en un columpio esto en el interior de su domicilio antes mencionado, lugar donde llegó el imputado León Antonino García Vázquez y le dijo "hijo de tu puta madre, te voy a matar, tú me la debes, tú no te me vas a escapar" por lo que al no ver una respuesta de agresión por parte de la víctima le volvió a referir usted "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", y atendiendo a estas circunstancias la víctima Benjamín Pedro García Vázquez presentó un estado de estrés transitorio inseguridad, ansiedad y miedo". (Lo anterior se retoma de la versión escrita del acto reclamado). Posteriormente, el juez responsable de conformidad con el numeral 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó al imputado la oportunidad para declarar, reservándose éste ese derecho. Luego, en audiencia de esa propia fecha (catorce de marzo del año en curso), después de la exposición realizada por la representación social para solicitar la vinculación a proceso del quejoso, el juez responsable dictó contra el peticionario del amparo auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: (.) II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de menores de doce años, personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto o cuando la conducta sea cometida durante una declaratoria de emergencia sanitaria o cualquier otra que requiera aislamiento social. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 6606/2015, el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el que analizó el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -cuyos elementos guardan semejanza con los artículos 404 y 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca-, tal y como se advierte en las consideraciones cuya parte medular se transcriben enseguida: "70. En el caso del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -idéntico al correspondiente del Código Penal de Puebla, vigente-, el bien jurídicamente tutelado al que se dirige la norma penal es -como se dijo antes al hablar de la cualificación de los sujetos activos y pasivos de la conducta- la integridad personal de quienes unidos por lazos afectivos, de seguridad o dependencia, conviven y pueden verse particularmente afectados por las conductas dañosas física o psicológicamente de quienes comparten con ellos y ellas esos lazos y esa convivencia. 71. Esta Primera Sala considera que, al tomar la decisión de incorporar la conducta típica que se estudia, el legislador secundario sopesa adecuadamente la importancia de la integridad personal y la especial situación de vulnerabilidad de quienes conviven en relaciones afectivamente significativas, con el entendimiento que el Derecho Penal debe configurar la última respuesta -recurso- de un Estado democrático social de Derecho como el nuestro. 72. En principio, mediante la incorporación de la figura típica, el legislador secundario reconoce la extendida realidad social de que en el entorno familiar, aunque pensado como un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, ocurren actos de violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por sexo, género, discapacidad, edad, o padecen otras formas de opresión, que también se manifiestan dentro de la familia. Estos actos de violencia demandan la intervención estatal en la forma de pretensión punitiva relacionada con los fines del derecho penal: entre otros; la protección de bienes jurídicos, la prevención general y la prevención específica de las conductas que atentan contra éstos. 73. Es segundo lugar, el legislador secundario admite a la familia como un bien valioso y las relaciones y arreglos que en ella se generan como un espacio de interés para el Estado no para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de las personas que conviven en ese ámbito. De manera que -contrariamente a lo señalado por el tribunal colegiado de conocimiento, en su oportunidad- la situación personal en la relación de pareja o dentro de la familia no siempre carecerá de interés para el Estado, ni atañerá exclusivamente a quienes participan o se desarrollan dentro de ella. 74. En tercer término, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Actitud consonante con las obligaciones de debida diligencia en materia del derecho a una vida libre de violencia dentro de la familia, surgidas del marco constitucional y convencional. 75. Por tanto, esta Primera Sala concluye que la incorporación de la figura típica cumple con el mandato constitucional de ocuparse de un bien jurídico valioso, y que guarda respecto de él una relación instrumental de protección y salvaguarda. Ahora bien, ¿cómo responde a esta finalidad atribuir sanción penal a quien ejecute un solo acto de violencia contra algún miembro o integrante de la familia? 76. Al respecto, esta Primera Sala observa que -contrario a lo estimado por el quejoso- lo que provee base razonable y justifica -por ende- la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. 77. Así, lo que interesa y finalmente acarrea sanción a quien transgrede la norma penal es que la conducta desplegada -singular o reiterada- resulte apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado por la norma penal: la integridad física o psicológica de algún miembro o integrante de la familia. Sobre todo, cuando es factible que un evento singular -dada su eficacia, gravedad o impacto- ocasione el daño que la norma penal quiere evitar. 78. Por tanto si, como ya se dijo, esta Primera Sala entiende que el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso, resulta también adecuado y razonable que dejara al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". Dicha ejecutoria dio origen a la tesis 1a. CXXXV/2017 (10a.), registro digital: 2015244, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". En el caso concreto, es conveniente señalar los elementos del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, así como los datos de prueba que el juez responsable tomó en consideración para acreditarlos en el acto reclamado: I. La existencia de una acción dentro del domicilio familiar, dirigida a agredir a la víctima de manera psicológica, por medio de amenazas e intimidaciones; y II. Exista una relación de parentesco por consanguinidad con la víctima. Datos de prueba: 1.- Declaración de la víctima Benjamín Pedro García Vázquez, en el que expuso medularmente que el día once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, estaba sentado en un columpio en el patio de su casa ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, cuando escuchó que le dijeron "hijo de tu puta madre te voy a matar", y al voltear se percató que se trataba de su hermano León Antonino García Vázquez; enseguida dicho imputado se paró en la entrada de su casa y le dijo nuevamente: "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado". Que en ese momento llegó Guillermo Pedro García Bautista (hijo de la víctima), a quien también el imputado le dijo "tú tampoco te me vas a escapar, te voy a partir la madre", y que en ese momento llegaron las hijas del imputado y se lo llevaron a su casa. 2.- Acta de nacimiento de León Antonino García Vázquez (imputado), expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 3.- Acta de nacimiento de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima), expedida por la oficial itinerante del Registro Civil del Estado de Oaxaca, en el que se aprecia que los nombres de sus padres son Melesio García y Catalina Vázquez. 4.- Dictamen psicológico emitido por el perito oficial Ángel Fernando Espinoza Ramos, en el que una vez que valoró a la víctima, concluyó: "(.) En respuesta a los hechos esta persona se observa emocionalmente presentando un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo a consecuencia de los hechos narrados por lo cual en ese momento la sugerencia del Perito de referencia pues se sugirió a favor de la víctima pues atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro". 5.- Inspección efectuada por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el lugar del hecho ubicado en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca, a la cual asistió en compañía de Benjamín Pedro García Vázquez (víctima); asimismo, éste le indicó el sitio donde se encuentra su casa y aconteció el hecho, describiendo además que existe un zaguán de color azul y a un costado se observa una barda de láminas de zinc oxidadas, así como una entrada de terracería que se ocupa como paso de servidumbre. 6.- Acta entrevista realizada a Ivón Natali García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que medularmente refirió que el día del hecho su padre Benjamín Pedro García Vázquez (la víctima) se encontraba sentado en el columpio que se ubica en el patio de su casa, en tanto ella se hallaba en un cuarto adjunto con su hermanita y su bebé. Fue entonces cuando empezó a escuchar que empezaron a proferir diversas groserías y pensó que era en la calle; sin embargo, al escucharlas más fuerte se asomó por la ventana y se dio cuenta que se trataba del imputado******************** (su tío), quien pretendía entrar al patio de su casa y le decía a su papá que "quería partirle su madre y que le iba a pegar". Momentos después llegó del trabajo su hermano (Guillermo Pedro García Bautista) y al pasar cerca de su tío (el imputado), éste le gritó también "que le iba a partir su puta madre y que no se iba a escapar"; asimismo, que dicha persona le dijo a ella "eres una chamaca pendeja y que también le iba a partir la madre", y que después comenzaron a grabar el acontecimiento. 7.- Acta de entrevista realizada a Guillermo Pedro García Bautista, por la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz, en el que esencialmente señaló que el día del hecho, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, llegó de su trabajo y se dirigió a su cuarto con la finalidad de dejar su mochila; en ese momento comenzó a escuchar mentadas de madre de su tío******************** hacia su padre ********************, quien se encontraba sentado en un columpio en el patio de su casa. Enseguida el imputado pasó cerca de él y le dijo que también le iba a partir la madre y que no se iba a escapar, y que después su hermana (Ivón Natali García Bautista) y su papá comenzaron a grabar con su teléfono celular. 8. Un disco marca Verbatim con tres videos del hecho, el cual la víctima entregó a la Agente Estatal de Investigaciones Genoveva Bejarano Cruz. Dichos datos de prueba fueron valorados por el juez responsable de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y resultaron eficaces para configurar hasta ese momento procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar que el once de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos (circunstancia de tiempo), en el patio de la casa ubicada en Avenida Juárez, número doce, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla Oaxaca (circunstancia de lugar), el imputado León Antonino García Vázquez, amenazó e intimidó a su hermano ******************** (violencia psicoemocional), al decirle "hijo de tu puta madre te voy a matar", "te voy a matar, tú me la debes y no te me vas a escapar", "no te hagas pendejo, te voy a matar desgraciado", lo que provocó en la victima un estado de estrés transitorio, inseguridad, ansiedad y miedo, inclusive, el perito oficial sugirió atención psicoterapéutica para evitar desarrollo psicoemocional a futuro (circunstancia de ejecución). Decisión que, contrariamente a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, se dictó de manera fundada y motivada, en términos de los artículos 16 y 19 de la Constitución General de la República; 259, 261, 265, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 8, fracción I, 11, fracción II, 404, 404 Bis y 405, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca; además, se expresaron las razones tenidas en cuenta para emitir el auto de vinculación a proceso controvertido. Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, el juez de control estimó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la autoridad responsable, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, registro 2013696, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". De lo anterior, es factible concluir que el acto reclamado se encuentra apegado a la legalidad, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014800, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". No pasa desapercibido que el imputado, para destruir la proposición realizada en su contra y desvirtuar las evidencias en que se apoya, formuló su teoría del caso en los siguientes términos: i) Es falso que el día y hora del hecho haya amenazado y agredido a la víctima; ii) Es cierto que son hermanos y comparten la misma entrada al domicilio; iii) La relación familiar ha presentado muchas fricciones por la ambición de la víctima, quien pretende desposeerlo de una parcela ejidal, por la que actualmente se ventila un juicio agrario (expediente 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez); iv) La verdadera intención de la víctima es que lo priven de su libertad y pueda quedarse con la parcela que legítimamente le pertenece; v) Es la víctima quien acude a su domicilio y lo confronta, lo graba con su teléfono celular, le toma fotografías y cuando lo encuentra en el patio de su casa lo insulta; vi) Los hechos que se le han comunicado no sucedieron en la forma en cómo lo pretende hacer creer la víctima y sus testigos. Por su parte, el juez responsable al ponderar los datos de prueba de la defensa del imputado, determinó lo siguiente: "b). Ponderación de los datos de la defensa. (.) En el caso nos encontramos ante la presencia de una entrevista, puesto que esa información es recabada únicamente de manera unilateral por la Representación Social, dicha entrevista fue realizada con fecha 10 de mayo del año 2022 y en la que desde luego el señor León Antonino García Vázquez da su versión de la acción que realizó el día en que acontecieron los hechos. Refiere, como es que ese día 11 de agosto en la que sucedieron los hechos, esperaba a su hija y a su yerno porque los mismos habían realizado un viaje de arena, el señor León Antonino dio a conocer la manera en cómo se encontraba en su domicilio, la manera en cómo llegó hasta ese domicilio el señor Benjamín Pedro García, refirió que lo provocó, refirió las agresiones verbales que le realizó, insultándolo refirió el señor León Antonino; independientemente del método que utilizó el señor el León Antonino para emitir esa entrevista, sí proporciona un gran número de detalles que hace también a que yo (sic) considero idóneo este dato de prueba; puesto que incluso la información que refiere se corrobora con la información vertida por la defensa, el mismo señor León Antonino García Vázquez se ubica en ese lugar, en la hora en que acontecieron los hechos; pareciera que existe una contradicción entre lo manifestado por el señor León Antonino García Vázquez y el señor Benjamín Pedro García, sin embargo, considero que hubo una agresión verbal recíproca en ese momento. Sí bien los hechos que refiere el señor León Antonino no fueron denunciados o bien no fueron puestos a consideración de este Tribunal para que también me pronunciara al respecto; pero lejos de contradecirse, se advierte pues una agresión recíproca entre víctima e imputado; máxime que el imputado refirió que a consecuencia de esos hechos se vio mal de salud; desde luego que acredita esta circunstancia con los datos de prueba que ha hecho referencia, por ello este dato de prueba resulta ser idóneo también para justificar la información que de dicho dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa; incluso de la Representación Social puesto que advierto como indiqué que existe una agresión verbal recíproca entre ellos. Por lo que hace a la entrevista de Wendy Yesenia Valentín, así como a la entrevista de Germán Gerardo Martínez Cruz también me crean convicción. La información que dan a conocer la constataron de manera directa por medio de sus sentidos y no por referencias de otros; desde luego que corrobora esa información a que refiere el señor León Antonino García Vázquez y con los que también existió esa agresión. Es cierto la defensa logra acreditar la existencia de una agresión también verbal por parte de la víctima hacia el señor León Antonino, pero esto no contradice esa información, lejos de contradecirla no desvanece la información vertida por la víctima, como la víctima tampoco la Fiscalía desvanece la información vertida por estos entrevistados; máxime que no hubo argumento alguno respecto, tanto de la Fiscal como de la Asesoría Jurídica (sic), respecto a la valoración o ponderación de los datos de prueba vertidos por la Representación Social. Por ello considero idóneos estos datos de prueba para justificar los hechos que del mismo se deduce, puesto que no contradicen los principios de la lógica, se robustecen entre sí, se robustecen con la información vertida por la parte imputada. Por lo que hace a la constancia médica a cargo del señor León Antonino y en la que se refiere que acudió de urgencias el día 11 de agosto del año 2021 por probable infarto y que de nueva cuenta acudió el 26 de septiembre de ese mismo año, y que la defensa describe el tratamiento que recibió el ahora imputado, que se le suministró oxígeno. Este dato de prueba en ningún momento fue contradicho por la por la Fiscal, por la Asesoría Jurídica (sic); incluso en ningún momento atacaron el componente probatorio de la defensa, no refirieron mayor información del por qué no se le debería dar valor probatorio a los datos de prueba vertidos por la defensa. Si bien es cierto hicieron su manifestación en el sentido de oponerse en cuanto a la admisibilidad de esos datos de prueba, es una cuestión distinta, la admisibilidad que la valoración que se haga de esos datos de prueba. Por ello considero idóneo también esa constancia médica. Por lo que hace a la documental de apoyo médico de fecha 19 de agosto de emitido por la Regidora de Salud del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacaotepec y donde refiere que brindó el apoyo al imputado con un tanque de oxígeno, me crea convicción. Hizo constar que el imputado tuvo un padecimiento del día 15 al 22 de septiembre del año 2021, desde luego que es una máxima de la experiencia que los Representantes de una población, en el caso un Presidente Municipal, un Síndico, un Regidor, atiendan a la ciudadanía, incluso la misma para eso los designó, precisamente para proteger sus derechos fundamentales en el caso el de la salud del hora (sic)imputado. Por ello considero idóneo este dato de prueba para acreditar parte del componente fáctico de la teoría del caso de la defensa en el sentido de que en efecto el ahora imputado, padeció la pandemia que nos acogió a nuestra comunidad, lo cual es un hecho notorio, que no necesita ser probado, la existencia de la pandemia del COVID. Por lo que hacía (sic) la tarjeta informativa emitido por Braulio García Hernández, en su carácter de Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, de la misma forma me crea convicción; hizo constar que en efecto el día en que sucedieron los hechos la señora Claudia Isabel García solicitó el traslado de una ambulancia y ante la falta de ésta, se brindó el apoyo con una patrulla municipal quienes arribaron hasta el domicilio del imputado a darle esa atención. Me crea convicción, puesto que como he referido no existió argumento alguno respecto del valor probatorio de esta documental; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar los hechos que de este dato de prueba se deduce y parte del componente fáctico de la defensa. Por lo que hace a la copia certificada del auto de inicio emitido en el Juicio Agrario que refirió la defensa de fecha 31 de marzo del año 2022, desde luego que me crea convicción; el alcance probatorio que tiene este dato de prueba es acreditar precisamente que el imputado ha entablado una demanda agraria en contra de la víctima y otras personas y de la información vertida por la defensa se aprecia que el Magistrado Unitario Agrario concedió incluso una medida precautoria para mantener las cosas en el estado en que se encuentran respecto a la parcela agraria de la cual demandó ese Juicio Agrario el imputado. Este dato de prueba fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y como he venido diciendo no existe información alguna, dato de prueba alguna, argumento alguno que contradiga esta información y que la desvanezca; por lo tanto considero idóneo este dato de prueba para justificar precisamente de que el imputado ha iniciado un Juicio Agrario en contra de la víctima por la parcela que refirió la defensa y que describió al momento de verter este dato de prueba. Por lo que hace al dictamen psicológico emitido con fecha 19 de enero del año 2023, desde luego que me crea convicción, por las mismas razones que di a conocer al momento de ponderar el dictamen psicológico emitido a favor de la víctima, como indiqué en su momento, considero que la perito en psicología Alma Luisa Salazar Guzmán, es capaz para emitir una opinión como la que nos ocupa, al pertenecer a una Institución como lo es la Fiscalía General del Estado debe acreditar conocimientos sobre los cuales se vaya a emitir una opinión, la conclusión a la que arribó lo hizo a través de un método, a través de la entrevista directa a la víctima. Por ello consideré también hace un momento que no se trata de una opinión dogmática o subjetiva más bien dicha profesional opinó respecto de la ciencia de la cual conoce y concluyó que el imputado presenta un trastorno adaptativo, una ansiedad debido a que su persona se encuentra expuesta a un delito de violencia psicológica o amenazas, incluso sugirió un seguimiento psicológico. Como se indicó, se evidencia pues, de que también el imputado es víctima de una agresión verbal por parte de la víctima, pero ese hecho no ha sido puesto a consideración de este tribunal, se desconoce si esos hechos ya fueron materia de denuncia por parte del imputado; por ello considero idóneo este dato de prueba para justificar ese hecho que del mismo se deduce. Lo mismo, me crea convicción la denuncia presentada por el imputado León Antonino García Vázquez en contra de la víctima el señor Benjamín Pedro Guzmán Vázquez y de otras personas por el hecho que la ley señala como el delito de despojo respecto a la parcela ejidal cuyas medidas y colindancias refirió la defensa; queda acreditado pues con este dato de prueba que en efecto existe presentada una denuncia en contra de la víctima por parte del imputado por ese hecho que la ley señala como delito. Por lo que hace a las 13 placas fotográficas del lugar en el que acontecieron los hechos, si bien es cierto no se refirió el método en que se obtuvo esta información, considero que no puedo darle un valor probatorio; no obstante de que no hubo oposición por parte de la Asesoría Jurídica como de la Fiscal, en el sentido de que si bien es cierto en el momento de su admisibilidad la Fiscal hizo referencia a que no se dice quién obtuvo estas placas fotográficas; sin embargo, no era cuestión de admisibilidad, sino de valoración, y en el caso para que pueda considerar idóneas estas placas fotográficas, se debió acreditar o manifestar o verter la información en el sentido de quién tomó estas placas fotográficas, de qué objeto, de qué teléfono, de qué instrumento fueron tomadas estas placas fotográficas; ante ello considero que no es posible concederle un valor probatorio, pues existe una incertidumbre de la forma en cómo fueron tomadas esas placas fotográficas. Tampoco me crea convicción y no puedo darlo como idóneo el croquis tomado en el lugar en el que acontecieron los hechos en virtud de que si bien es cierto la Defensa manifestó la información respecto a ese croquis, nos ilustró de la existencia de ese lugar, de la distancia existente entre los domicilios de las partes materiales en este asunto; sin embargo, también no se refirió quién obtuvo ese croquis; por ello no puedo considerarlo idóneo este dato de prueba. Contrario sucede con los videos que presentó la Defensa en virtud de que indicó que los mismos fueron presentados por el imputado, que fueron grabados por la hija del imputado por Marina García Sierra con fecha 12 de agosto del año 2021 donde refirió, la época en que sucedieron los hechos, no obstante de que la fecha que se pudo apreciar en uno de los videos es 29 de mayo del año 2022; sin embargo, ello que (sic) viene a corroborar o a justificar la teoría del caso de la de la (sic) Defensa en el sentido, de que existe una agresión verbal recíproca, una agresión psicoemocional recíproca entre víctima e imputado, y donde desde luego pudimos observar a una persona del sexo femenino que venía grabando a una persona del sexo masculino, al decir de la Defensa, se trata de la parte imputada y no existe dato alguno de prueba que demuestre que no se trate de las personas que refirió la víctima por ello considero que ese video no tuvo mayor alcance de lo que pudimos apreciar al reproducirse esos videos. Debo tomar en consideración también que para realizar un video no se necesita un conocimiento especial y válidamente lo puede realizar una persona común, en el caso la hija del imputado, misma información que fue proporcionada a la Defensa; por ello, considero idóneos estos videos que reprodujo la defensa". De la ponderación realizada es posible establecer lo siguiente: 1) De las entrevistas realizadas al imputado León Antonino García Vázquez, así como a los testigos Wendy Yesenia Valentín y Germán Gerardo Martínez Cruz, se constata que el aquí quejoso se ubica en el lugar y hora en que acontecieron los hechos. 2) La defensa logró acreditar la existencia de una agresión verbal por parte de la víctima hacia el imputado, y que éste presenta trastorno adaptativo y ansiedad, pero ello no desvanece la información vertida por la víctima; además, se desconoce si ese hecho ya fue materia de denuncia por parte del imputado en diversa causa penal. 3) Derivado del hecho, el imputado recibió atención médica y se le suministró oxígeno. 4) Se corrobora que el imputado demandó a la víctima y otras personas, el mejor derecho a poseer una parcela ejidal (juicio agrario 296/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario 21, con sede en Oaxaca de Juárez). 5) Se demuestra que el imputado denunció a la víctima por el hecho que la ley denomina delito de despojo respecto de una parcela ejidal. Lo anterior permite establecer que entre la víctima y el imputado existe discordia por la aparente disputa de una parcela ejidal que éste tiene en posesión en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lo cual ha redundado en amenazas e intimidaciones, que conforme a la legislación penal constituyen violencia psicoemocional. No obstante, contra lo que arguye el peticionario del amparo, los datos de prueba que aportó para demostrar su teoría del caso, no son idóneos para establecer, hasta este momento procesal, que no tuvo participación en el hecho que se le atribuye; inclusive, porque se ubica en el lugar y a la hora en que aconteció. En efecto, como correctamente lo destacó el juez responsable, si bien de los datos de prueba aportados por la defensa se corrobora que el día del hecho existió una agresión recíproca entre el imputado y la víctima; sin embargo, estaba impedido para pronunciarse en cuanto a la agresión contra el aquí quejoso León Antonino García Vázquez, porque desconocía si tal hecho ya había sido denunciado y, en caso de ser así, sería materia de diversa causa penal, toda vez que no podía rebasar los hechos materia de la imputación formulada por el Ministerio Público, los cuales constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador. En ese contexto, se procede a contestar los conceptos de violación que formula el peticionario del amparo (diversos a los que ya se atendieron en los párrafos que preceden), en los que de manera sintetizada aduce: a) El hecho de que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, cuente con cédula profesional, no es suficiente para establecer que cuente con conocimientos científicos en la materia. b) No existe referencia de que la cédula profesional del perito oficial corresponda a la profesión de psicología, toda vez que al tratarse de una materia reglamentada, debe poseer título oficial sobre la materia a dictaminar. c) El juez responsable no explicó cómo arribó a la conclusión de que el estrés transitorio presentado por la víctima, es consecuencia principal del comportamiento del imputado y no de eventos diversos, además que suplió la carga probatoria que le corresponde al Ministerio Público. d) La prueba pericial en psicología es la idónea para determinar el estado psicológico actual de la víctima y la relación directa con el hecho imputado. Son infundados tales argumentos, en la medida que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control, quien al valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor, considera ambas hipótesis o teorías del caso que deben ser apreciadas como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el estándar de credibilidad que le proporcionan para ser considerados como dato de prueba susceptible de valor demostrativo al resolver sobre la vinculación a proceso. Circunstancia que no vulnera el derecho de defensa del imputado o el debido proceso, porque se reitera, atendiendo al estándar probatorio que prevalece en esta etapa del procedimiento -etapa inicial-, que es mínimo, no es necesario exigir una análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) ni tampoco mecanismos para reforzar a los datos de prueba o que los doten de mayor credibilidad, como el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido, tal como lo pretende la parte quejosa. Por ende, la inaplicabilidad del artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la etapa inicial del juicio (relativo al título oficial de los peritos), no transgrede su derecho de defensa ni el debido proceso, porque atendiendo al carácter indiciario que le concedió la autoridad responsable, no le acarrea algún perjuicio debido a que esa facultad se realizó ejerciendo su arbitrio valorativo con el estándar de credibilidad que le generó la información que relató el Ministerio Público sobre ese dato de prueba. Aunado a ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que Ángel Fernando Espinoza Ramos, perito oficial que emitió el dictamen en psicología a favor de la víctima, sí cuenta con cédula profesional en esa materia, lo que se puede corroborar en la propia página electrónica del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, donde se aprecian los siguientes datos: "Número de cédula: 09078184. Nombre: ÁNGEL FERNANDO ESPINOZA RAMOS. Género: HOMBRE. Profesión: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. Año de expedición: 2014. Institución: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. Tipo C1". Por ende, si el juez de control bajo el nivel de exigencia probatoria aplicable, al decidir sobre la vinculación a proceso con los datos de prueba expuestos por el órgano ministerial -valorados racionalmente- identificó los aspectos estructurales de la conducta para afirmar que posiblemente encuadra en un hecho con apariencia de delito y la identificación de su posible autor; es incuestionable que de manera legal, sin vulnerar algún derecho fundamental del quejoso, arribó a la conclusión que se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 19 constitucional, que se insiste, contiene un análisis menos riguroso para su dictado. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Sin que resulte aplicable al caso la tesis III.2o.P.157 P (10a.) que invoca en su escrito de demanda, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital: 2019751, de rubro: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". Es así, porque al margen de que dicho criterio no es obligatorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, dicha tesis derivó de un juicio de amparo directo 303/2017, en donde el tribunal colegiado por mayoría de votos negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 176 Ter, del Código Penal para el Estado de Jalisco. Lo que implica que en dicho asunto se examinaron: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). Lo cual dista mucho de las exigencias menos rigurosas para el dictado del auto de vinculación a proceso, previstas en el artículo 19 constitucional; de ahí su inaplicabilidad al caso concreto. Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.130 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021088, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto al auto de vinculación reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** contra el acto reclamado del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso******************** y al tercero interesado ********************.

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