Leobardo Roque Riaño
Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leobardo Roque Riaño
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca
- Agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad; mediante el cual comunica el contenido del proveído de nueve de octubre del año en curso, dictado en el amparo en revisión 252/2023 de su índice, dictado por su Magistrado presidente, del cual se advierte que admitió a trámite el impedimento formulado por el Magistrado Víctor Hugo Cortés Sibaja, para conocer y resolver dicho recurso de revisión; de lo cual se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad; en atención a su contenido, téngasele comunicando que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el Defensor Público Federal de la parte quejosa, en contra de la sentencia de veinte de junio de dos mil veintitrés, emitida por este órgano jurisdiccional, registrándolo bajo el número 252/2023; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Quejoso interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por ..., Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, y como tal del quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veinte de junio del año en curso. Cuestión previa. Previo a pronunciarse respecto del escrito de cuenta, se precisa que de la certificación de cuenta se advierte que dicho escrito, fue presentado vía electrónica, por lo que con fundamento en el artículo 88, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al estar promovido por medios electrónicos, este órgano jurisdiccional, de oficio, obtendrá las copias necesarias para el trámite del recurso. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el escrito con sello original de recibido y copia del mismo, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 423/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito electrónico presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el dos de mayo siguiente a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta población, ********************, por conducto del Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en esta localidad, y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución General. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, la admitió con el número de juicio de amparo 423/2023, solicitó informe a las autoridades responsables, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5, Oaxaca, Oaxaca, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Tramitación del juicio. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad federal que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar el acto combatido. La parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec: La resolución de siete de abril de dos mil veintitrés emitida en la continuación de la audiencia inicial, en la que se vinculó a proceso, en la causa penal 238/2023 de su índice, contra ********************, por su probable responsabilidad penal en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, ambos del Código Penal Federal, en términos de los numerales 7, fracción II, 8 y 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal. En la que también se decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en su contra. Y del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada contra ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, con sede en esta población, aceptó la existencia de la resolución reclamada. Lo que se corrobra con el DVD que contiene las determinaciones dictadas en la carpeta judicial 238/2023 del índice de la autoridad responsable, al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. El Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante fue legalmente emplazado al presente juicio de amparo el ocho de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación glosada a foja cuarenta y dos; por tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye. CUARTO. Causas de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las partes no hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia. De igual forma, este Juzgado Federal, considera no se actualiza alguna de ellas; por lo que se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso decretado a ********************, el siete de abril de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial 238/2023 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca Para la emisión de tal determinación, la autoridad responsable debe sujetar su proceder a los lineamientos establecidos en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". Esto es, debe reunirse los requisitos siguientes: De forma: Debe emitirse por una autoridad jurisdiccional. Contener la precisión del delito que se imputa al acusado. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito de referencia. De fondo: d) Expresar los datos que establezcan que se cometió un hecho que la Ley señala como delito. e) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya estas consideraciones, la tesis XIII.P.A.28 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero 2011, página 2253, Novena Época, registro digital 162926, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud." El primero de los requisitos enunciados en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución General de la República, se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida por el quejoso proviene de autoridad judicial, como lo es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, que dijo ser competente por razón de fuero, porque el hecho tiene la apariencia de ser un delito sancionado por una ley federal que es el Código Penal Federal. También es competente en razón del territorio, de conformidad con los Acuerdos Generales 36/2014, artículo 8, fracción II y 46/2015, artículo 17, fracción II, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, del Pleno del Consejo de la Judicatura, pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción: sobre carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura del puente elevado de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca. La segunda y tercera de las exigencias enunciadas en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acreditan, al advertirse de los registros de audio y video remitidos por la jueza que rindió el informe justificado, quien manifestó que se encuentran acreditados los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, ambos del Código Penal Federal. Hechos delictivos que se llevaron a cabo conforme a las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar: "El tres de abril de dos mil veintitrés, aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos, sobre la carretera federal 175 que conduce de Ocotlán de Morelos hacia Miahuatlán de Porfirio Díaz, en específico a la altura de un puente elevado de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca, como referencia a un costado de un vivero denominado Bugambilias, ustedes traían la dirección de Miahuatlán hacia Ocotlán, . iban abordo de un vehículo Nissan, tipo Tsuru, color gris, con placas de circulación HBU640E, del Estado de Guerrero, usted Leobardo en el asiento del conductor [.] transportaron en la cajuela de ese vehículo tres paquetes: el primero confeccionado con nylon transparente y de bajo de un nylon color negro, los otros en una bolsa de nylon color negra, conteniendo en su interior hierba verde y seca, dictaminada como Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, del primer envoltorio con peso de nueve mil novecientos setenta y ocho gramos; el segundo, de diez mil seiscientos treinta y cuatro gramos, y el tercero de diez mil tres gramos, haciendo un peso total de esos tres paquetes de peso neto de marihuana de treinta kilos con seiscientos quince gramos de Cannabis Sativa L., conducta que realizaron sin contar con permiso de la Secretaría de Salud." [Minuto 30:00 al 33:00, Parte Uno, de la audiencia inicial] En lo que atañe al cuarto de los requisitos de fondo que establece el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema acusatorio adversarial, sólo se requieren datos que establezcan se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control y analizar el Juez de Distrito en Amparo, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con datos de pruebas que se desahoguen en la audiencia aludida, pero, si no es alguno de los supuestos de excepción, eviten formalizar las pruebas o exponer sobre su valoración, razonamientos que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. En ese contexto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, en la carpeta judicializada 238/2023 de su índice, en determinación de siete de abril de dos mil veintitrés, vinculó a proceso a ********************, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L. -marihuana-previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, ambos del Código Penal Federal. Código Penal Federal "Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. ." "Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años u de cien hasta quinientos días multa al que: I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. ." Ley General de Salud "Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: [.] CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas." "Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo [sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y] requerirán autorización de la Secretaría de Salud." "Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato [.] Dosis máxima de consumo personal e inmediato Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. [.]" Al respecto refirió que se formuló imputación por parte de la representación social, y de los antecedentes de investigación se desprenden los datos de prueba siguientes. Informe policial homologado de tres de abril de dos mil veintitrés, signado por los policías Erasmo Díaz Díaz, Andrés Gabriel Hernández Morales, Doroteo Cruz Gutiérrez, Daniel García Ramírez Adrián Juscanga López, quienes describen la forma de su detención y como detectaron la marihuana al interior de la cajuela. Dictamen en materia de fotografía forense, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, de los indicios identificados como uno y dos -veintiséis fotografías- Dictamen en materia de química forense, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en que se reconoció la existencia de Cannabis Sativa L. Inspección de indicios asignados, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, indicio uno -un paquete que contiene Cannabis Sativa L., indicio dos -dos paquetes que contienen Cannabis Sativa L. Inspección realizada por el policía ministerial, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el lugar de la detención del imputado, en carretera federal 175 que conduce de Ocotlán de Morelos hacia Miahuatlán de Porfirio Díaz, a la altura del puente elevado de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca, a un costado del vivero denominado Bugambilias. Declaración de ********************, en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintitrés, en la que aceptó transportar el estupefaciente indicado, por encargo realizado por un señor que le dijo le pagaría el viaje y que por no tener trabajo y sus hijas necesitaban qué comer, accedió a llevar el paquete a donde le indicaron. [Minuto 39:03 al 48:16, Parte Uno, de la audiencia inicial] Declaración de Leticia Hernández Hernández, en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintitrés y continuación de seis de abril de este año, en la que aceptó que al acompañar a su esposo ******************** de copiloto en el auto de él, los detuvo un retén de policías y revisaron el vehículo en donde viajaban, encontraron en la cajuela del auto una bolsa con marihuana. [Minuto 32:50 al 44:29, Parte Dos, de la audiencia inicial] Declaración de Junior Hernández Riaño en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintitrés y continuación de seis de abril de este año, en la que aceptó que al acompañar a su prima Leticia Hernández Hernández, que ella iba a acompañar a su esposo, en el auto de él, él iba en el asiento de atrás, y ya en la noche los detuvo un retén de policías y revisaron el vehículo en donde viajaban, encontraron en la cajuela del auto una bolsa con marihuana. [Minuto 02:00 a 17:23, Parte Tres, de la audiencia inicial] Precisó que no hubo debate respecto al día, hora y lugar de los hechos: veintitrés horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, sobre la carretera federal 175 que conduce de Ocotlán de Morelos hacia Miahuatlán de Porfirio Díaz, a la altura del puente elevado de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca, a un costado del vivero denominado Bugambilias, con dirección de Miahuatlán hacia Ocotlán. Así como tampoco existe debate de que el detenido iba a bordo del vehículo de motor marca Nissan, tipo Tsuru, color gris, con placas de circulación HBU640E, del Estado de Guerrero. Tampoco es objeto de debate que el detenido llevaba abordo de ese vehículo, lo siguiente: en la cajuela de ese auto llevaba tres paquetes: el primero confeccionado con nylon color negro, en su interior hierba verde y seca, dictaminada como Cannabis Sativa L., con peso de nueve mil novecientos setenta y ocho gramos; el segundo, con igual contenido en diez mil seiscientos treinta y cuatro gramos, y el tercero con hierba verde y seca, dictaminada como Cannabis Sativa L., con peso de diez mil tres gramos; con peso neto en total de treinta kilos con seiscientos quince gramos de Cannabis Sativa L., sin contar con permiso de la Secretaría de Salud, pues en su propia declaración aceptó llevarlos consigo. Lo que sí fue tema de debate respecto al momento de su detención, y el defensor aludió a que la detención por parte de los elementos de la policía estatal se realizaron en circunstancias diversas a las referidas por los aprehensores, conforme a las que no se justifica el motivo para someter a revisión el vehículo en el que se transportaba el detenido, pues no se le detuvo en flagrancia sino derivado del filtro de control realizado de manera arbitraria sobre la carretera federal, sin que existiera motivo razonable de que dentro de ese vehículo se estuviera cometiendo algún delito, por lo que se transgredió su derecho humano al libre tránsito previo a que se le asegurara la marihuana. Sin embargo, el propio imputado al rendir su declaración ante el Juez Penal responsable manifestó que al transitar, era de noche y de repente vió al retén de la policía quienes le hicieron la señal de alto, había conos sobre la carretera, por lo que se detuvo, y le dijeron los elementos de la policía que encendiera la luz de su auto, le dijo el imputado que no servía la luz, y vieron atrás del vehículo a un hombre, estaba durmiendo y tenía gripa, le preguntaron qué hacía allí, y le dijo que tenía gripa e iba durmiendo, le pidieron que abriera la cajuela, y él les dio la llave y se bajó del coche, al irse hacia la cajuela los policías le preguntaron si iba cargado, a lo que él respondió "que era lo que llevaba", al abrir la cajuela vieron una bolsa con envoltorios, en total tres paquetes, el cual abrieron y vieron era Cannabis Sativa L., por lo que les dijeron a las dos personas que iban dentro del vehículo que se bajaran, y los esposaron a los tres. Al respecto, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, en la carpeta judicializada 238/2023 de su índice, sobre este argumento de la defensa de intromisión arbitraria de los elementos de policía, determinó que de conformidad con la tesis 1a. XCIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2008638, de rubro: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA." El derecho humano a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino tiene límites, y para establecer contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona para realizar actos de investigación o prevención del delito, se pueden distinguir tres niveles de contacto: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico, esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. En este momento de contacto, la autoridad deberá señalar la información (hechos y circunstancias) con la que contaba para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. Y aplicó lo allí dispuesto al caso concreto, para resolver que sí se cumplieron esos elementos, porque el primer momento de contacto consistente en que los elementos de seguridad pública, solicitaron al imputado se detuviera para realizar un filtro de control al interior del vehículo, y aquél otorgó autorización para que realizaran revisión visual al interior del mismo para efectos de investigación, identificación o prevención de delitos; no requiere justificación legal. Y el segundo momento de contacto, aconteció por los motivos razonables de que los elementos de Seguridad Pública al preguntarle al conductor si iba cargado, él les dijo que solo lo que allí traía, por lo que procedieron a abrir la cajuela y vieron los envoltorios de marihuana descritos; por lo que esa restricción temporal y excepcional del ejercicio de la libertad surgió de esas descritas circunstancia, que hicieron suponer de manera razonable que dentro del vehículo se encontraba marihuana; por lo que consideró justificado legalmente ese segundo momento de contacto; y el tercer momento de contacto, fue presidido por la aceptación por parte del imputado de transportar una carga de marihuana, lo que admitió sin coacción o violencia por parte de los elementos de Seguridad Pública. Ahora bien, en la demanda de amparo la parte quejosa aduce que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio el derecho humano contenido en el artículo 11 constitucional, porque los policías detuvieron la unidad de motor en la que viajaba sin que existiera infracción de tránsito alguna o dato que generara motivo razonado de que en ese vehículo se estuviera cometiendo un delito; y el artículo 16 constitucional establece las hipótesis especificas en que una persona puede ser privada de su libertad, circunstancias que no acontecieron en el caso concreto, no obstante los elementos de policía lo detuvieron previo a que le asegurara la marihuana; lo que considera ilegal y violatorio a su derecho humano al libre tránsito; por lo que su posterior detención es ilegal y violatoria de su derecho al libre tránsito. Es infundado el concepto de violación que aduce la parte quejosa, porque refiere que su detención es violatoria de su derecho humano al libre tránsito porque no se justificó legalmente el segundo nivel de contacto que realizaron los elementos de Seguridad Pública con ellos, por no advertirse sospecha razonada de la comisión de un delito antes de que le marcaran el alto a la unidad de motor en que viajaba. Es cierto, que al momento en que el vehículo en el que viaja el imputado, circulaba aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, sobre la carretera federal 175 que conduce de Ocotlán de Morelos hacia Miahuatlán de Porfirio Díaz, a la altura del puente elevado de San Dionisio Ocotlán, Oaxaca, a un costado del vivero denominado Bugambilias, con dirección de Miahuatlán hacia Ocotlán; encontró un filtro de control por elementos de Seguridad Pública, y éstos le pidieron al conductor el alto para proceder a una revisión del vehículo; no existía en ese primer momento sospecha razonada de la comisión de un delito. La facultad de la policía estatal de realizar revisiones aleatorias a los vehículos de motor que transitan por las carreteras del Estado de Oaxaca, sí se encuentra justificada al ser su objetivo la prevención y combate del delito; y sin que exista sospecha razonada de la comisión de un delito están facultados para realizar ese tipo de revisiones visuales al interior de los mismos. Sin embargo, esa atribución de los elementos de seguridad pública, como primer momento de contacto, no es la que justifica la detención legal del imputado, pues como ya lo precisó el juez de Distrito responsable, el segundo momento de contacto ya realizado con el imputado, aconteció por los motivos razonables de que los elementos de policía le preguntaron si iba cargado y el imputado respondió "solo lo que traigo", por lo que solicitaron a esa persona abriera la cajuela del auto; por tanto, esa restricción temporal y excepcional del ejercicio de la libertad surgió de esas descritas circunstancias, que hicieron suponer de manera razonable que dentro del vehículo se encontraba marihuana; por lo que consideró justificado legalmente ese segundo momento de contacto. Si bien, refiere el quejoso que el momento descrito en que se restringió temporalmente su derecho a la libertad personal, aconteció de manera diversa a lo narrado en el informe policial homologado consistente en que el imputado al ver el retén intempestivamente se detuvo metros antes e intentó darse vuelta en "U", y al titubear respecto a su proceder, los elementos de policía se acercaron y le preguntaron qué sucedía, y él les dijo que se descompuso su auto, pero no les supo decir que fue lo que se le descompuso, que sólo no prendía, pero tampoco intentaba encenderlo, y le dijo que llevaban a un enfermo atrás que los dejaran pasar, y por ello percibieron contradicciones en las respuestas del imputado, por lo que procedieron a realizar revisión al interior del vehículo, pidiéndole al conductor que abriera la cajuela. Tal discrepancia en modo alguno desacredita empíricamente la concurrencia de una suposición razonable por parte de los elementos de policía de que se estaba cometiendo una conducta ilícita, derivado de su observación de la conducta asumida por parte del imputado; lo que justificó la restricción temporal y excepcional del ejercicio de su libertad previo a que se observara dentro del vehículo los envoltorios de marihuana. Lo anterior, acorde a la tesis 1a. XCIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1096, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2008638, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía." En otro aspecto, el Juez de Distrito señalado como autoridad responsable precisó que el detenido en su declaración aceptó haber transportado el estupefaciente indicado, por encargo realizado por un señor que le dijo le pagaría el viaje y que por no tener trabajo y sus hijas necesitaban qué comer, accedió llevar el paquete a donde le indicaron. Aunado a que el imputado no demostró contar con autorización por parte de la autoridad competente para realizar ese traslado de estupefaciente; y las cantidades de Cannabis Sativa L., que se encontraron en posesión del quejoso, exceden los 5 gramos que establece el artículo 479 de la Ley General de Salud, como límite para que el Ministerio Público no ejerza acción penal en contra de quien posea en igual o menor cantidad allí prevista, para su estricto consumo personal. Por lo que hace a que esa posesión se presume se realiza con fines de transporte; el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, tomó en cuenta el lugar en que se halló el psicotrópico, que en una carretera a bordo de un vehículo que se dirigía de un lugar a otro, esto es, se desplazaba de un lado a otro, y con esos elementos objetivos infirió ese fin de transporte, pues donde detuvieron al imputado fue en una carretera, cuyo fin es trasladar personas, comunicar lugares, y el detenido reconoció llevar consigo en la cajuela del auto que conducía el estupefaciente descrito. Por lo que consideró aquellos datos y circunstancias suficientes para establecer de manera razonable que la finalidad es transportarla de un punto geográfico a otro distinto. Agrega el juez de Control, que de conformidad con los artículos 195, en relación con los diversos 193, párrafo primero, y 194, fracción I, del Código Penal Federal, así como 245, 247 y 479 de la Ley General de Salud, al que posea alguno de los narcóticos señalados (estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales), sin la autorización correspondiente a que se refiere la propia Ley General de Salud, siempre que esa posesión sea con la finalidad, entre otras, de transporte, será sancionada de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa. Precisó que conforme a la Ley General de Salud, en su artículo 245, entre las substancias psicotrópicas que requieren control y vigilancia por constituir un problema especialmente grave para la salud pública, es la marihuana; y para la realización del cualquier acto relacionado con ese psicotrópico se necesita autorización de la Secretaría de Salud. En el artículo 479, se establece que se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, no exceda de las previstas en esa Ley, para la marihuana establece dosis máxima de consumo personal e inmediato de 5 gramos. Sobre dichos elementos normativos, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control dijo que primero debe existir un psicotrópico, que en el caso concreto es la marihuana; y al respecto el detenido ni la defensa negaron su existencia, lo que se corrobora con la evidencia de los dictámenes en materia de fotografía forense, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, de los indicios identificados como uno y dos -veintiséis fotografías-; en materia de química forense, de cuatro de abril de dos mil veintitrés en que se reconoció la existencia de Cannabis Sativa L.; e inspección de indicios asignados, de cuatro de abril de dos mil veintitrés, indicio uno -un paquete que contiene Cannabis Sativa L., indicio dos -dos paquetes que contienen Cannabis Sativa L.. Lo que permite establecer de manera razonable la existencia de ese psicotrópico en la cantidad indicada. Por otra parte, no existe permiso o autorización de la Secretaría de Salud a favor del imputado, para poseer esa sustancia con la finalidad de transporte, pues no hay dato de prueba en tal sentido. Conforme a los argumentos jurídicos y preceptos legales invocados, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, consideró existen suficientes datos de prueba para establecer de manera razonable la actualización de los elementos normativos descritos en la ley como hecho ilícito. Lo que este Juzgado Federal considera acertado, por los argumentos lógicos jurídicos que precisó el juez responsable. En cuanto a la probable responsabilidad de ********************, en la comisión del ilícito, el juez de Distrito responsable precisó que no se encuentra una causa de exclusión del delito, y existen requisitos y elementos que hacen probable que el imputado es quien en el día de los hechos, poseía y transportaba ese psicotrópico en la cantidad precisada, sin contar con la autorización de la autoridad competente; ello, quedó acreditado con el señalamiento de los agentes de policía Erasmo Díaz Díaz, Andrés Gabriel Hernández Morales, Doroteo Cruz Gutiérrez, Daniel García Ramírez Adrián Juscanga López, y el reconocimiento que el mismo imputado realizó en su declaración. Lo que permite establecer de manera probable su intervención de manera directa en la realización de los hechos. Que ello aconteció a titulo doloso, porque se trata de una persona mayor de edad, que tiene acceso a los medios de comunicación y tiene criterio suficiente para saber que poseer sustancias psicotrópicas se encuentra sancionado como delito en la Ley. Dicha participación, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, tuvo por demostrada en grado probable, con el material probatorio ya detallado en líneas que anteceden en las circunstancias de lugar, tiempo y modo precisadas; encontrándose en consecuencia satisfechos los requisitos previstos en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque los datos recabados por el Ministerio Público, y que se precisaron con antelación son suficientes en la etapa procesal en que se dictó la resolución combatida, para determinar, como ya se dijo, que el imputado, aquí quejoso, haya intervenido en los hechos que se le atribuyen, a título de autor. Cabe precisar que para tener por acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos tipificados como delito, no se requiere prueba plena, sino únicamente que existan datos que permitan sostener que pudo haberlo cometido o intervenido en su comisión. Luego, bajo el criterio de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; debe decirse que resulta razonable la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, al emitir la resolución reclamada de siete de abril de dos mil veintitrés, en la que vincula a proceso a ********************. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.53 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en página 2082, Libro 50, Enero 2018, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de sus conceptos de violación, se concluye que la resolución reclamada de siete de abril de dos mil veintitrés, emitida en la carpeta judicial 238/2023, en la que se vincula a proceso a ********************, no es violatoria de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Respecto del acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, consistente en: La resolución de siete de abril de dos mil veintitrés emitida en la continuación de la audiencia inicial, en la que se decretó prisión preventiva oficiosa a ********************, a cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca. Son fundados los conceptos de violación, aunque para declararlos así, se atienda a la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el último párrafo del mismo numeral, al derivar la suplencia de un mayor beneficio. Para ello, se estima necesario realizar un análisis del derecho a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia, en el marco del proceso penal. De manera previa y breve, se debe de tener en consideración el criterio jurisprudencial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que analizó el contenido de los citados derechos humanos, y entre sus consideraciones destacan, en lo que aquí interesa, las siguientes: "[.] B.1. Consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia en el marco de la investigación y del proceso penal 95. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros. 96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia." [Lo resaltado es por parte de este órgano jurisdiccional]. La Corte, detalla cada uno de los elementos precisados en los incisos a) al c), como sigue: "[.] Presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito y la vinculación de la persona procesada 100. Respecto del primer punto, la Corte ha indicado que para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito. 101. En este punto, es necesario enfatizar que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención. Por el contrario, en el derecho interno de varios países de la región, así como en la práctica de tribunales internacionales, se trata de un presupuesto fundamental que debe estar presente cada vez que se imponen restricciones a la libertad de la persona imputada en el marco de un proceso penal. A ese presupuesto de base, se suman los demás requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, así como la necesidad de motivación de la decisión judicial que dispone la restricción a la libertad. [.] b) Test de proporcionalidad 104. Respecto del segundo punto, la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia . A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha subrayado que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal . 105. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 106. En lo relativo al primer punto, el Tribunal ha indicado que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación de este en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. 107. Esta Corte advierte que el artículo 7.5 de la Convención establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y que su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El sentido de esta norma indica que las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, la norma se refiere a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso. 108. El artículo 8.2 por su parte, contiene el derecho a la presunción de inocencia, según el cual una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado. Asimismo, la Corte ha sostenido que la gravedad del delito que se le imputa no es, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva. 109. Finalmente, la Corte ha indicado en otros casos, en relación con la forma en la que se debe acreditar los elementos que son constitutivos de las finalidades legítimas, que "[e]l peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer. Debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, lazos familiares y todo tipo de vínculos con el país en el que está siendo procesado". También ha afirmado que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir in abstracto, tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. 110. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. 111. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que una medida restrictiva de la libertad solo se puede imponer cuando no sea posible el uso de medidas alternativas para mitigar sus fundamentos; asimismo, ha señalado que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima". Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva "se aplicarán lo antes posible". 112. Adicionalmente, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración; por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia) de la Convención Americana, la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma. c) Deber de motivación de las medidas privativas de la libertad. 113. Finalmente, en relación con el tercer punto, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia. 114. Del mismo modo, la Corte ha asumido la postura según la cual la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Puntualmente ha afirmado que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. A su vez, corresponde recordar que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar (artículo 8.1), aunque sea en forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse. No obstante, lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el período de la privación a la libertad no debe exceder el límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención." [Lo resaltado es por parte de este órgano jurisdiccional]. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Argüelles y otros vs Argentina, en los párrafos 121 y 122, de la sentencia emitida el veinte de noviembre de dos mil catorce, determinó que para que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que su finalidad sea compatible con la Convención, como lo es asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que sean idóneas para cumplir con el fin perseguido, iii) que sean necesarias, es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sean estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; v) cualquiera restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. Ahora bien, de la parte conducente de las consideraciones transcritas y aludidas, se advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las autoridades nacionales encargadas de valorar la pertinencia o no de la fijación de tal medida cautelar que emitan conforme al ordenamiento interno, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales es necesario, en el caso concreto, la restricción de la libertad, la cual para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de conformidad con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, ni eludirá la acción de la justicia, y que sea proporcional. Al respecto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en audiencia de siete de abril de dos mil veintitrés, tras vincular a proceso a ********************, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L. -marihuana- previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, ambos del Código Penal Federal; determinó decretarle prisión preventiva oficiosa, mientras transcurra el proceso, por el tiempo máximo de dos años. Sin embargo, soslayó precisar, de manera motivada, por qué en el caso concreto, se cumplen los parámetros siguientes: i) Que la finalidad de la prisión preventiva oficiosa es compatible con la Convención, como lo es asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. ii) Que la medida cautelar fijada es la idónea para cumplir con el fin perseguido. iii) Que esa medida es necesaria, es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido. iv) Que la prisión preventiva oficiosa es estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Ello, para estar en aptitud legal de evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas en el artículo 7.3 de la Convención invocada. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, contra la resolución de siete de abril de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en la causa penal 238/2023 de su índice, que decreta prisión preventiva oficiosa en su contra; para los efectos legales siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se pronuncie respecto a la solicitud del Ministerio Público de fijar medida cautelar al imputado ********************, y resuelva al respecto conforme a los lineamientos expuestos en esa sentencia, debidamente fundada y motivada, como en derecho corresponda; y la haga del conocimiento del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a quien se atribuye la ejecución de la orden privativa de libertad del quejoso, la cual no se reclama por vicios propios, sino únicamente como consecuencia de la medida cautelar analizada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el auto de vinculación a proceso de siete de abril de dos mil veintitrés, decretado en su contra, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la carpeta judicial 238/2023; en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la resolución de siete de abril de dos mil veintitrés emitida en la continuación de la audiencia inicial, en la que se le decretó prisión preventiva oficiosa y su ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente al quejoso, así como a su Defensor Público Federal.
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