Leobardo Gutierrez Domínguez

Expediente 1225/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1225/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Leobardo Gutierrez Domínguez
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Leobardo Gutiérrez Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ? Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos. ? Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos. ? Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La negación en la administración de justicia derivado del retardo, la dilación, el entorpecimiento y la negativa de desahogar en tiempo y forma mi juicio laboral identificado con el número 01/287/2006." SEGUNDO. En auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda con el número 1225/2021 y previno al quejoso en los siguientes términos: "Deberá precisar el acto que en específico le reclama a cada una de las autoridades responsables, debiendo narrar los hechos o abstenciones en relación a cada una de ellas y que derivan del acto que les reclame. "Lo anterior, ya que refiere en el apartado correspondiente al acto reclamado: "La negación en la administración de justicia derivado del retardo, la dilación, el entorpecimiento y la negativa de desahogar en tiempo y forma mi juicio laboral identificado con el número 01/287/2006. "En ese sentido, causa incertidumbre jurídica ya que no se tiene con exactitud cuál es el acto que pretende impugnar de cada una de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. "Por ello a fin de que esta autoridad esté en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta el acto reclamado, así como los derechos fundamentales que se ven afectados con estos, en el entendido de que en caso de considerarlo necesario podrá, ampliar los antecedentes del acto que considere como reclamado. "Toda vez que, es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, la ley o acto que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos." A través del escrito recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso Leobardo Gutiérrez Domínguez, desahogó la prevención de referencia y precisó: "La Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha sido en extremo omisa y negligente en desahogar en tiempo y forma mi juicio laboral. con o sin representante legal, tal es el caso que con representantes legales, mi laudo no ha sido ejecutado, habiendo sido dictado desde el día 20 de junio de 2007, siendo los representantes legales revocados por ineptos e incompetentes, toda vez que jamás supieron cómo hacer valer mis derechos de trabajador." En auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; además, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de ejecutar el laudo de veinte de junio de dos mil siete, dictado en el juicio laboral 01/287/06, porque no se le designa un representante que lo defienda. TERCERO. El Titular de la Unidad de Enlace Jurídico, de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, en representación de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado respecto a la negación en la administración de justicia derivado del retardo, dilación, entorpecimiento y negativa de desahogar en tiempo y forma el juicio laboral 01/287/2006, en virtud de que dicho acto no es competencia, ni es atribuible al ejercicio de la facultades de esa Secretaría, porque de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la referida Secretaría no cuenta con atribuciones para conocer juicios laborales. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace al acto reclamado al Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "......... "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Así, toda vez que la citada autoridad responsable negó el acto que le atribuyó el quejoso, le correspondía a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con el informe de la autoridad para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omiso en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Leobardo Gutiérrez Domínguez, contra el acto que reclamó al Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI. 2° J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, página 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. El Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado. Enseguida, en lo que interesa a esta sentencia, manifestó: ? El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dirigió oficio a esa Procuraduría, donde solicitaba se otorgara representación al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez. Al citado oficio de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se adjuntó un escrito donde el propio actor argumentó: ".no omito manifestar a usted, que una vez que cuente con representación legal, procederé a revocar, previa, consulta con mi representante, a mis actuales apoderados.". ? El diez de mayo de dos mil veintiuno, el Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo, emitió respuesta, donde solicitó a la Junta que notificara al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, que acudiera a las instalaciones a recibir la asesoría correspondiente, a las nueve horas del veintiuno de mayo de ese año. ? El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, se presentó a las instalaciones de la Procuraduría y le fue asignado un procurador auxiliar para brindarle asesoría; por lo que una vez que se platicó con el actor, al referir que contaba con abogado particular, se le explicó que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, no podía otorgarle representación; situación que quedó asentada en comparecencia de esa fecha, donde manifestó, bajo protesta de decir verdad, que contaba con abogado particular. ? Mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se remitió respuesta a la Junta informando los motivos por los cuales no se le podía otorgar representación, tal y como lo establece el artículo 23, fracción IV, del Reglamento Interior de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, que establece: "Artículo 23. La Procuraduría podrá determinar que no procede representar a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, cuando: "................... "IV. Intervengan otro u otros abogados particulares en su representación;." ? Mediante oficio 248/2021, de nueve de junio de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta solicitó a la Procuraduría se designara profesionista en derecho para que representara al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez. ? El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, acudió a la Procuraduría y se le brindó asesoría, explicándole los motivos por los cuales no se le podía representar, en virtud de que él mismo refirió contar con representación jurídica; lo cual quedó asentado en comparecencia. ? No es responsabilidad de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, el retardo del juicio laboral ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, pues no es responsabilidad de esa institución las dilaciones procesales, porque la misma no imparte justicia; por lo que si el procedimiento laboral no se ha desahogado en tiempo y forma, no es una situación imputable a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. El Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos, en su informe justificado, aduce que la demanda de amparo es improcedente al constituir una manifestación de voluntad que entraña consentimiento, porque si no estaba de acuerdo con los motivos expuestos en las comparecencias de veintiuno de mayo y veinticinco de junio, ambos meses de dos mil veintiuno, tenía que haber promovido su demanda de amparo hasta el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. El Procurador de referencia adjuntó a su informe justificado copia certificada de los oficios y actas de comparecencias que detalla, que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Lo anterior con apoyo además, en la jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, primera parte, tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro y tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Este órgano jurisdiccional estima que asiste razón a la autoridad responsable en el sentido que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "............ "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos, en el entendido de que no se estimará consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, salvo que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor". En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. En el caso, respecto de los actos aquí reclamados se actualiza la segunda de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. Como quedó reseñado, en comparecencias de veintiuno de mayo y veinticinco de junio, ambos meses de dos mil veintiuno, se dijo al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, el motivo por el cual la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, no podía otorgarle representación. Lo anterior pone de relieve que el quejoso tuvo conocimiento completo de los actos que imputa a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, el veintiuno de mayo y veinticinco de junio, ambos meses de dos mil veintiuno, de ahí que es evidente que desde esos momentos estuvo en condiciones de promover este juicio de derechos fundamentales, reclamando la imposibilidad que tenía la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, de otorgarle representación. En el contexto anotado, teniendo como punto de partida el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, si la demanda de amparo se presentó el veinte de julio de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial, entonces es evidente que cuando ello ocurrió ya había transcurrido con exceso el término de quince días para instar la acción de amparo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama. En efecto, sólo tomando como referencia el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se obtiene que el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiocho de junio al dieciséis de julio, ambos meses de dos mil veintiuno, sin contar los días tres, cuatro, diez y once de julio de ese año, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente. Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales promovido por Leobardo Gutiérrez Domínguez, respecto de los actos reclamados al Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 01/287/06; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." SEXTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de ese mismo ordenamiento. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso estima violado el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Carta Magna. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "............... "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;" Del artículo transcrito deriva que la asesoría jurídica es un derecho humano de la víctima u ofendido del delito reconocido constitucionalmente y trasladado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por virtud del cual se busca que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones -defensor y asesor- al momento de enfrentar el proceso penal oral. Siendo así las cosas, se estima que no existe violación a este derecho humano, porque en el caso concreto no estamos ante un proceso penal donde Leobardo Gutiérrez Domínguez, intervenga como víctima u ofendido; de ahí que resulte infundado el concepto de violación en esta parte que se estudia. En otro apartado de la demanda de amparo, el quejoso, en síntesis, considera violado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Junta responsable ha omitido ejecutar el laudo de veinte de junio de dos mil siete, dictado en el juicio laboral 01/287/06, porque no se le designa un representante que lo defienda. No asiste razón al quejoso. ? En efecto, está demostrado en autos que la Junta responsable emitió auto el seis de mayo de dos mil veintiuno, donde acordó el escrito que el actor le presentó el veintitrés de abril de dos mil veintiuno y ordenó girar oficio a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos, para que se designara representante al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, en el juicio laboral 01/287/06. ? En respuesta a ello, la Junta responsable recibió el oficio 43/2021, del Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos, al que anexó el diverso oficio 44/2021, dirigido al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, dándole cita para comparecer a esa Procuraduría a las nueve horas del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, para recibir asesoría. ? El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, se presentó a las instalaciones de la Procuraduría y le fue asignado un procurador auxiliar para brindarle asesoría; por lo que una vez que se platicó con el actor, al referir que contaba con abogado particular, se le explicó que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, no podía otorgarle representación; situación que quedó asentada en comparecencia de esa fecha, donde manifestó, bajo protesta de decir verdad, que contaba con abogado particular. ? Mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se remitió respuesta a la Junta informando los motivos por los cuales no se le podía otorgar representación, tal y como lo establece el artículo 23, fracción IV, del Reglamento Interior de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, que establece: "Artículo 23. La Procuraduría podrá determinar que no procede representar a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, cuando: "................... "IV. Intervengan otro u otros abogados particulares en su representación;." ? La Junta responsable emitió auto el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, donde acordó el escrito presentado el veinticuatro de mayo de ese año, por el actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, donde acordó tener por revocados a sus apoderado legales y ordenó girar oficio a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, para que se designara profesionista que representara a dicho actor. ? La Junta responsable dictó auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, donde agregó el oficio del Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo, donde informó que no era posible representar al actor. ? Mediante oficio 248/2021, de nueve de junio de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta solicitó a la Procuraduría se designara profesionista en derecho para que representara al actor Leobardo Gutiérrez Domínguez. ? El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el actor Leobardo Gutiérrez Domínguez, acudió a la Procuraduría y se le brindó asesoría, explicándole los motivos por los cuales no se le podía representar, en virtud de que él mismo refirió contar con representación jurídica; lo cual quedó asentado en comparecencia. Lo reseñado muestra que la Junta responsable acordó los escritos del actor Leobardo Gutiérrez Domínguez y los oficios del Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo, donde dio impulso a la petición de aquél para que se le designara profesionista en derecho que lo representara en el juicio laboral 01/287/2006, lo que no se logró por causa no imputables a la autoridad jurisdiccional referida; siendo así las cosas, este Órgano Jurisdiccional estima que la Junta Epecial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fue respetuosa del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que sea infundado lo expuesto por el quejoso. Por otra parte, sólo a mayor abundamiento, debe decirse lo siguiente: Tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos omisivos en ejecución de laudos, la parte quejosa debe expresar específicamente el acto del que se duele, y no señalarlo de forma genérica reclamando la omisión de ejecutar o dar cumplimiento al laudo, ya que de plantearlo de esa manera, el acto reclamado deviene jurídicamente inexistente, porque se requiere de una participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo; asimismo, dicho acto sería de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la décima época, con el registro 2019185, visible en la página 1469, libro 63, febrero de 2019, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Lo anterior es así, pues si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; lo cierto es que, de conformidad con lo establecido en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, en la etapa de ejecución de laudo, las actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso de la ejecutante. Por ello, al reclamar la omisión en la ejecución de laudo se debe señalar un acto concreto y no genérico, como así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2ª/J. 15/2011, visible en la página 2771, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, Materias común y laboral, de registro 2000011, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ello es así, pues de concederse el amparo solicitado, no podría constreñirse a la responsable para que, de manera genérica, acuerde la ejecución de forma oficiosa, dentro de los trámites y términos legales, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, ante lo infundado de los argumentos del quejoso, vía conceptos de violación y, como no existe deficiencia alguna que, suplida, genere convicción contraria, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita respecto del acto que reclama de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, y 217 de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leobardo Gutiérrez Dominguez, contra los actos precisados en los resultandos primero y segundo de esta sentencia, que reclama del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como del Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo, ambos del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de la misma. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leobardo Gutiérrez Dominguez, contra los actos precisados en los resultandos primero y segundo de esta sentencia, que reclamó a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy dieciocho de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Leobardo Gutiérrez Domínguez, mediante el cual en esencia, señala correos electrónicos para los efectos que cita; atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Se tienen por señaladas las direcciones de correo electrónico que proporciona únicamente como medio extraordinario de comunicación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones en los mismos dado que dicha situación no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo. Por cuanto a lo que solicita en relación que se le notifique por ese medio y le sea enviado el informe justificado rendido por la responsable, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para autorizar la consulta vía internet del expediente electrónico, deberá proporcionar el usuario que tenga registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico, en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que proporciona la autoridad responsable como medio extraordinarios de comunicación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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