Leobardo Gutierrez Dominguez

Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
614/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Leobardo Gutierrez Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 136/2023 que suscribe la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 625/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada por la Superioridad el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del recurso de revisión 489/2022, en la cual determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, aunque para diversos efectos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Degasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos citados en la sentencia recurrida y para los efectos indicados en esta interlocutoria, consistentes sustancialmente en que se devuelva a la quejosa, debidamente actualizada, la cantidad pagada por el concepto de derecho de alumbrado público, respecto del servicio y periodo indicados.". Sin que sea necesario acusar recibo como lo señala la autoridad oficiante. En mérito de lo anterior, glósese el cuaderno de antecedentes, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, hágase del conocimiento de las partes. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P/J 60/2014 (10) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo, o en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue no ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". ( Deje sin efectos el acuerdo de inicio de la investigación, emitido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que dio origen al expediente DAISyC/PA/017/2022-03, así como todos los acuerdos emitidos con posterioridad, incluyendo el diverso de catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual dio inicio al procedimiento administrativo en contra de la quejosa. ( Notifique a la parte quejosa conforme a las disposiciones aplicables, el contenido del auto por el dio cumplimiento al punto anterior de este considerando. .". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta Ciudad, quien lo registró bajo el número 464/2022 y mediante ejecutoria de dos de febrero de dos mil veintitrés, determinó confirmar la sentencia recurrida; en atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio con terminación 04817/2023-L y 05815/2023-L de seis y dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, remitió copia certificada de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del procedimiento administrativo DAISyC/PA/017/2022-03, así como el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós donde decretó el inicio de procedimiento en contra de la parte quejosa, así como todo lo dictado con posterioridad en dicho procedimiento, determinando la no existencia de procedimiento administrativo contra la quejosa al no contar con documentos suficientes y necesarios para iniciar investigación en su contra, por ello decretó la no sujeción a procedimiento y ordenado en consecuencia el archivo de dicho procedimiento administrativo. Lo cual le fue notificado de manera personal a la parte quejosa el uno de marzo de dos mil veintitrés en el domicilio autorizado para ello. Constancias las anteriores con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que por determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del procedimiento administrativo DAISyC/PA/017/2022-03, así como el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós donde decretó el inicio de procedimiento en contra de la parte quejosa, así como todo lo dictado con posterioridad en dicho procedimiento, determinando la no existencia de procedimiento administrativo contra la quejosa al no contar con documentos suficientes y necesarios para iniciar investigación en su contra, por ello decretó la no sujeción a procedimiento y ordenado en consecuencia el archivo de dicho procedimiento administrativo. Lo cual le fue notificado de manera personal a la parte quejosa el uno de marzo de dos mil veintitrés en el domicilio autorizado para ello. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje sin efectos el acuerdo de inicio de la investigación, emitido el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que dio origen al expediente DAISyC/PA/017/2022-03, así como todos los acuerdos emitidos con posterioridad, incluyendo el diverso de catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual dio inicio al procedimiento administrativo en contra de la quejosa, y notifique a la parte quejosa conforme a las disposiciones aplicables, el contenido del auto por el dio cumplimiento al punto anterior de este considerando. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que por determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en autos del procedimiento administrativo DAISyC/PA/017/2022-03, así como el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós donde decretó el inicio de procedimiento en contra de la parte quejosa, así como todo lo dictado con posterioridad en dicho procedimiento, determinando la no existencia de procedimiento administrativo contra la quejosa al no contar con documentos suficientes y necesarios para iniciar investigación en su contra, por ello decretó la no sujeción a procedimiento y ordenado en consecuencia el archivo de dicho procedimiento administrativo. Lo cual le fue notificado de manera personal a la parte quejosa el uno de marzo de dos mil veintitrés en el domicilio autorizado para ello; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Po lo antes señalado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca********************Morelos********************nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial********************de conformidad con los artículos 62********************219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°********************se ordena agregar a los autos el escrito signado por Ana Karina Izquierdo Jiménez********************mediante el cual solicita una ampliación de término para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de doce de abril de dos mil veintitrés********************por las razones que expone en su escrito de cuenta. Al respecto********************y atendiendo a sus manifestaciones********************con fundamento en los artículos 192********************193 y 197 de la Ley de Amparo********************se requiere de nueva cuenta a la Institución Bancaria ****************************************para que en el término de cinco días********************contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído********************informe las gestiones que realiza para dejar sin efectos el embargo trabado sobre la cuenta bancaria ****************************************del contrato cuenta maestra de particulares********************a nombre de ****************************************esto es proceda a la desmovilización de la mencionada cuenta bancaria en los términos señalados en la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la institución bancaria en mención que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto********************se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización********************con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo********************en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************en materia de Desindexación del Salario Mínimo********************publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis********************toda vez que de no cumplir con lo solicitado********************se traducirá en una falta grave********************esto es********************en un desacato a un mandamiento judicial y que además********************retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo********************Secretaria en funciones de Jueza********************del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos********************con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés********************de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174********************párrafo segundo********************del Acuerdo General de Carrera Judicial********************en congruencia con los artículos 30********************44 párrafo tercero********************de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación********************en relación con el numeral V.2.8.********************de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito********************juezas y jueces de Distrito********************en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023********************signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción********************asistida de Jacobo Jaimes Brito********************Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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