Leobardo Castillo Rendón

Expediente 570/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
570/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Leobardo Castillo Rendón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida contra actos del Magistrado Propietario de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otras autoridades. En ese sentido, el titular queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Leobardo Castillo Rendón, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Propietario de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 570/2015-I. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de mérito. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Una vez establecido lo anterior, el suscrito considera conveniente precisar que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, a sus consecuencias y, también, a su análisis íntegro; esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, bajo el tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando medularmente como acto reclamado: La resolución de seis de abril de dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 10/2015 de su índice, mediante la cual confirmó el auto de formal prisión dictado por el Juez Quinto Penal de Partido de esta localidad, en la causa penal 124/2014 de su estadística. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: 1. De la lectura íntegra del líbelo constitucional el suscrito advierte que el impetrante se encuentra recluido en el Centro Estatal Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, y que actualmente el proceso penal 19/2015 instruido en su contra se está tramitando ante el Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, ello con motivo de que el Juez Quinto Penal de Partido de esta urbe, se declaró incompetente para conocer de la referida causa penal. 2. El acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene su impacto y repercusión en el proceso, esto es, ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Por tales motivos, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, pues su ejecución material tendrá lugar en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que en dicha localidad es donde reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal 19/2015 instruido en contra del peticionario de amparo, por lo que la competencia para conocer del presente asunto surte a favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Irapuato, Guanajuato. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 174, tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De igual manera, la tesis 1a./J118/2011(9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2183, Tomo III, diciembre de 2011, Materia Común, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." 3. Conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial en Valle de Santiago, Guanajuato. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y copias respectivas, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio; sin que sea el caso proveer en este momento lo relativo al incidente de suspensión, dado que el acto reclamado no se ubica dentro del catálogo previsto en el artículo 15 de la legislación en consulta. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente; y II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Sánchez Gómez, Sergio Benjamín Gutiérrez Moreno y Juan José Ruiz López, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a la diversa personas que menciona, por así haberlo solicitado y tratarse de un asunto en materia penal.

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