Lenin Leonel Ramírez Juárez

Expediente 616/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2019
Año
2019
Actuaciones
31
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Lenin Leonel Ramírez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se ordenó emplazar a la tercera interesada ************ y se generaron los exhortos 208/2020 y 210/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, únicamente se envió este último (210/2020), el cual fue devuelto el treinta de septiembre del mismo año, y el ocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido; al respecto, se acuerda: En ese sentido, como la referida comunicación oficial 208/2020 no se envió pero sí se generó, para fines estadísticos dese de baja el registro correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte: - Que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los corrientes con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. - Que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De conformidad con lo previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acuse recibo del exhorto 289/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, toda vez que en proveído de veinticinco de noviembre pasado, se le tuvo remitiendo sin diligenciar la comunicación oficial de referencia.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente el escrito que presentó el quejoso ***********, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, el once de noviembre del año en curso, del que se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Pues bien, se sostiene que en el caso concreto operó la causal de improcedencia señalada porque: 1. La parte quejosa señaló como acto reclamado: La orden de aseguramiento y bloqueo de la cuenta bancaria ********* aperturada a su nombre en la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 2. De acuerdo con lo manifestado por el propio solicitante del amparo, bajo protesta de decir verdad, mediante escrito que presentó a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, el once de noviembre del año en curso, así como del informe que allegó la titular del Departamento Jurídico de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, se desprende que: El cinco del mes y año en curso, al acudir a la sucursal bancaria Celaya-Constituyentes con CR-4181, fue informado por quien dijo ser el director de dicha institución que el bloqueo de la cuenta bancaria 1198762058 aperturada a su nombre había sido ordenada por un departamento interno de esa institución denominado "PREVENCIÓN DE FRAUDES". El diez de noviembre siguiente fue informado por parte de la institución bancaria, a través de una llamada telefónica, que su cuenta bancaria había sido desbloqueada. En razón de lo anterior, accedió a la aplicación móvil del banco y se percató que la cuenta bancaria 1198762058 aperturada a su nombre ya no estaba bloqueada y tenía libre acceso al saldo que disponía en la misma. La titular del Departamento Jurídico de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, informó que la cuenta bancaria 1198762058 a nombre de Lenin Leonel Ramírez Juárez, no presenta retención o bloqueo judicial o administrativo. Por tanto, es evidente que el aseguramiento y/o bloqueo de la cuenta bancaria que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, desbloqueó la cuenta bancaria de referencia, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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