Lenin Stalin Carrasco Valdelamar
Expediente 1134/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lenin Stalin Carrasco Valdelamar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde pos una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente se advierte que bajo el resguardo de esta secretaría se encuentra un tomo de pruebas remitido por el juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, recibido durante la tramitación del presente juicio de amparo; sin embargo, toda vez que éste se encuentra totalmente concluido, devuélvasele dichas constancias por resultar innecesarias que se conserven en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
" . . . S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1134/2021, promovido por *** por propio derecho y en representación de los menores *** de apellidos **., en contra de actos del Juez Quinto de lo Familiar del distrito Judicial del Centro y otras autoridades. ANTECEDENTES Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. De las constancias que obran agregadas en autos se tiene acreditado que ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se tramita el juicio de controversias del orden familiar ***. En dicho asunto ***, en representación de los menores **de apellidos ***., demandó de *** la guardia y custodia de los menores; y, el pago de una pensión alimenticia. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda; se ordenó emplazar a la parte demandada; se señaló fecha para la audiencia de carácter familiar donde serían escuchados los menores; se decretó a favor de la parte actora "lo cuidados" de los menores; y, se decretó a favor de sus hijos el 40% del sueldo y demás prestaciones del deudor alimentario ***, es decir 20% por cada menor. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de carácter familiar en la cual se escuchó a las partes, en presencia del ministerio público y una perito oficial. Acto seguido, la juez familiar decretó la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual tendrá un efecto hasta en tanto dure el juicio, empero es susceptible de modificarse durante la tramitación del asunto. En esa misma diligencia, se decretó una convivencia de los menores a favor del progenitor, todos los días sábados con un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En comparecencia de uno de abril de dos mil veinte, ***solicitó con carácter de urgente la guarda y custodia de sus hijos *** de apellidos ***, al aducir que sufrió amenazas de sustracción de los menores por parte de Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, de ahí, que la Juez Cuarto de lo Familiar, decretó la guarda y custodia provisional a su favor, medida que subsistiría hasta en tanto la compareciente promueva el juicio correspondiente para salvaguardar sus derechos, con el apercibimiento que de no justificarlo, quedaría sin efecto dicha medida. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) En proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, la referida juez familiar determinó dejar sin efecto la medida provisional de mérito, ya que la compareciente Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, no justificó haber promovido el juicio correspondiente. Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. Por comparecencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, Jocelyn Pamela Mendoza Reyes solicitó a la juez la recuperación de sus menores hijos, ya que la demanda presentada ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (antecedentes antes relatados) aún no se había radicado; en atención a sus manifestaciones, la juzgadora señaló el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar de manera urgente y ordenó notificar a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para lograr su comparecencia. Previos diferimientos, la audiencia de carácter familiar tuvo verificativo hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. La nombrada Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, exhibió ante la juez responsable copia del auto de radicación del juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, donde se le concedió el cuidado de sus menores hijos; por ende, una vez escuchadas ambas partes, la juez civil en atención a lo ya determinado por la juez quinto de lo familiar, requirió a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para que hiciera entrega voluntaria de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., con su progenitora, a lo que accedió y quedó asentado en dicha diligencia. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, por propio derecho y en representación de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., promovió juicio de amparo en contra de actos, atribuidos a diversas autoridades responsables que con posterioridad se precisaran. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual se radicó bajo el consecutivo 1134/2021. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una determinación dictada en un expediente que tuvo ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden de este sumario da pauta a establecer que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. El auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se pronunció sobre la guarda y custodia de los menores de edad; pensión alimenticia; y, medidas de protección a su favor. De la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. El proveído de uno de abril de dos mil veinte, mediante la cual se decretó la guarda y custodia provisional de los menores de edad a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, medida que subsistiría hasta en tanto la compareciente promueva el juicio correspondiente para salvaguardar sus derechos, con el apercibimiento que de no justificarlo, quedaría sin efecto dicha medida. De la Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca. La determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se hizo la entrega de los menores de edad a su progenitora Jocelyn Pamela Mendoza Reyes. Del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La omisión de generar un órgano o institución eficaz para la vigilancia en la impartición de justicia por parte de los Jueces de manera imparcial y la omisión de la capacitación de los jueces para juzgar con perspectiva de género y especialización en materia familiar. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, ya que en términos de lo dispuesto en los numerales 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 44 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, no son atribuibles a su cargo. Dichas porciones normativas disponen lo siguiente: "Artículo 17. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar legalmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado; II. Representar al Poder Judicial en todos los actos oficiales. III. Esta representación podrá delegarse en el servidor público del Tribunal que designe el propio Presidente; IV. Presidir y dirigir los debates del pleno y las audiencias que celebre, conservando el orden durante su desarrollo; V. Convocar al Pleno a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, en los términos previstos en el artículo 11 de esta ley; VI. Tramitar todos los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución; para ello podrá designar al magistrado ponente en cada asunto; VII. Vigilar el respeto al fuero constitucional de los magistrados y la inviolabilidad del recinto del Tribunal Superior de Justicia del Estado; VIII. Proponer al Pleno el nombramiento del secretario general de acuerdos; IX. Proponer al Pleno los proyectos de acuerdos generales conducentes al mejoramiento de la administración de justicia; X. Proponer al Pleno qué magistrados y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia integrarán los organismos especializados que prevengan las leyes que resulten aplicables; XI. Presentar a consideración del pleno el anteproyecto del presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado; XII. Dar cuenta al pleno, al término de cada período de sesiones y cuantas veces sea requerido para ello, de todos los actos que lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones; XIII. Presentar un informe anual en sesión solemne del Pleno, sobre el estado que guarda la impartición de justicia; XIV. Nombrar a los titulares y demás servidores públicos de las unidades auxiliares de la Presidencia del Tribunal y removerlos libremente; XV. Publicar los acuerdos generales del Pleno y los propios. En cada caso se indicará la forma de publicación; XVI. Legalizar las firmas de los servidores públicos del Poder Judicial cuando la ley exija este requisito; XVII. Rendir cuentas anualmente ante el Congreso del Estado de la administración y manejo del fondo para la administración de Justicia. XVIII. Rendir cuenta anualmente ante el Congreso del Estado, del ejercicio del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia; y XIX. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos generales." "Título Quinto DE LA PRESIDENCIA Capítulo I De la Presidencia y sus Unidades Auxiliares Artículo 44. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, independientemente de las que le otorga la Ley Orgánica, las siguientes: I. Despachar todos los días hábiles, los asuntos de su exclusiva competencia; II. Presidir las Sesiones del Pleno; III. Atender las audiencias que le corresponda, conforme a la Ley Orgánica; IV. Tener bajo su mando a los elementos de seguridad comisionados en el edificio sede, a quienes dará las instrucciones necesarias para la preservación del orden, por conducto del Secretario General de Acuerdos, o de quien en su caso, determine; V. Vigilar que los acuerdos generales del Pleno, cuando así se disponga, se publiquen con toda oportunidad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Boletín Judicial, página electrónica del Poder Judicial, y en la Gaceta Oficial del Poder Judicial; VI. Conceder o negar, previo análisis y estudio, las licencias que soliciten los integrantes del Tribunal, con excepción de los magistrados, de conformidad con los argumentos planteados por los solicitantes, atendiendo a lo que dispone la Ley Orgánica en el libro correspondiente a las disposiciones generales a los Tribunales del Poder Judicial; VII. Conocer, resolver y sancionar, por medio de la Dirección de Gestión Administrativa, las faltas en que incurran los trabajadores o empleados del Tribunal, que no se encuentren adscritos a una de las Salas del Tribunal; VIII. Vigilar que se cumpla con todo aquello que tanto la Constitución, la Ley Orgánica, este Reglamento y los Acuerdos que el mismo Pleno determine, cabal y puntualmente; y IX. Las demás que determine el Pleno." De dichas porciones normativas como bien lo indicó la autoridad señalada como responsable, no se encuentra dentro de sus facultades crear el órgano que refiere el quejoso, así como capacitar a los jueces en materia familiar; por ende, debe tener por inexistente la omisión que se le atribuye. Apoya lo anterior por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Tocante al acto atribuido a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Centro, consistente en el proveído de uno de abril de dos mil veinte, dictado en el expediente 157/2020, mediante la cual se decretó la guarda y custodia provisional de los menores de edad a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, debe decirse que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de octubre del año pasado), la efectividad de esa determinación es inexistente. En efecto, de las propias documentales remitidas por las responsables, se demostró que en determinación de quince de octubre de dos mil veintiuno, la referida juez familiar determinó dejar sin efecto la medida provisional de mérito, ya que la compareciente Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, no justificó haber promovido el juicio correspondiente; de ahí, se insiste a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la medida provisional reclamada es inexistente. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Aunado a que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, sin que haya demostrado su existencia de los actos reclamados precisados en este apartado. Es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por ende, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la determinación reclamada; de ahí que se deban tener por cierto dicho acto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con copia certificada de diversas constancias que integran el juicio familiar 271/2021, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." La Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, omitió rendir su informe de ley, pese a estar debidamente emplazada a juicio, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en el expediente de amparo; por ende, con apoyo en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto la determinación reclamada. Lo anterior tiene apoyo en la copia certificada de diversas constancias del expediente 485/2021 que adjuntó la responsable al rendir su informe previo, lo cual se toma como un hecho notorio en el presente apartado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, registro 199531, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." VII.I Respecto del acto atribuido a la Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, consistente en la medida urgente emitida en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno dentro del cuaderno familiar 485/2021, en la que se hizo entrega de los menores de edad a su progenitora Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, a consideración del suscrito se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del examen del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional es un medio de control jurisdiccional, que tiene por objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que estime le han sido transgredidos. Por su parte, la fracción XXII, del artículo 61 del ordenamiento legal en cita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de realizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. La Segunda Sala del Alto Tribunal de este país, interpretó que se actualiza la improcedencia apuntada, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Lo expuesto es apoyado por la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196442, cuya literalidad indica: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Como se recordará por comparecencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, Jocelyn Pamela Mendoza Reyes solicitó a la juez la recuperación de sus menores hijos, ya que la demanda presentada ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aún no se había radicado. En atención a sus manifestaciones, la juzgadora señaló el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar de manera urgente y ordenó notificar personalmente a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para lograr su comparecencia. Previos diferimientos, la audiencia de carácter familiar tuvo verificativo hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. La nombrada Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, exhibió ante la juez civil responsable copia del auto de radicación del juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, donde se le concedió el cuidado provisional de sus menores hijos; por ende, una vez escuchadas ambas partes, la juez civil en atención a lo ya determinado por la juez quinto de lo familiar, requirió a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para que hiciera entrega voluntaria de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., con su progenitora, a lo que accedió y quedó asentado en dicha diligencia. Es decir dicha determinación adoptada se debió a una medida cautelar de carácter urgente, ya que el juicio familiar principal donde se reclamó diversas prestaciones entre ellas la guarda y custodia de los menores (Juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro), no se había radicado y no existía pronunciamiento sobre la guarda y custodia. Posteriormente, en el referido juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en audiencia de carácter familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en presencia de ambas partes se decretó la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual tendrá un efecto hasta en tanto dure el juicio, empero es susceptible de modificarse durante la tramitación del asunto. En esa misma actuación, se decretó una convivencia de los menores a favor del progenitor, todos los días sábados con un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por consiguiente, si bien subsiste el acto reclamado (Determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno en el cuadernillo 485/2021 del índice Juzgado Civil de Etla Oaxaca, mediante el cual se otorgó la restitución de los menores a su progenitora, como medida precautoria urgente); cierto es también, que con posterioridad a ello, se decretó de manera definitiva la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual está vigente al momento en que se dicta la presente resolución. Por ende, en nada practico conllevaría analizar la medida precautoria tomara por la juez civil de Etla, si con posterioridad la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, modificó el entorno en el cual se emitió el acto primigenio; se reitera, se pronunció de manera definitiva sobre la guarda y custodia de los menores. Por lo antes expuesto, a juicio de este resolutor, es innegable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia (la guarda y custodia de los menores de edad como media cautelar); por lo tanto, es inconcuso que el juicio de amparo no tiene más razón de ser y por ende, deviene su improcedencia. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto al acto atribuido a la Juez Civil del Distrito Judicial de Etla. VII.II Tocante al acto reclamado atribuido a la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, emitido en el juicio 271/2021, consistente en el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, específicamente en la parte que concede de manera provisional los cuidados de los menores a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, a consideración del suscrito jugador de amparo, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante la determinación emitida con posterioridad en audiencia familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó de manera definitiva la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitora. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El tramo normativo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio órgano jurisdiccional, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio porque cesaron los efectos de la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio familiar de origen, en perjuicio de la parte quejosa, porque ha operado una sustitución procesal con la determinación emitida en audiencia familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó en definitiva la guarda y custodia de los menores de edad a favor de su progenitora. Lo expuesto pone de relieve que los efectos de la determinación reclamada y su ejecución han cesado porque fueron sustituidas procesalmente por el pronunciamiento de forma definitiva sobre la guarda y custodia de los menores. En efecto, la determinación citada, provoca la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación y su ejecución que en la actualidad son las que rigen la situación jurídica de la parte solicitante del amparo. Se afirma lo anterior porque aun cuando en el auto de uno de septiembre del año dos mil veintiuno reclamado se pronunció de una determinada forma, en la esfera de sus atribuciones, lo cierto es que las consideraciones expuestas en esa determinación han quedado sustituidas procesalmente por la nueva decisión y las consideraciones contenidas en la audiencia de carácter familiar ya citada, así como la materialización de tal mandato son las que prevalecen en la actualidad y las consecuencias jurídicas de dichas actuaciones son la que rigen la situación legal de la parte disconforme. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la determinación primaria, no obstante que pudiera en ellos subsistir alguna violación, pues éstos ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo, sino en todo caso el auto y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquéllos porque podría suceder que a pesar de que favorecen su situación particular existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que esté en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el juez responsable al pronunciarse sobre la guarda y custodia de los menores de forma definitiva, generaron una nueva situación jurídica por sustitución procesal con relación a los actos reclamados, ya que los efectos de esta última actuación no puede ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruya lo que a su vez emanan de la nueva determinación y su materialización porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el juicio origen. En esa línea, si la parte quejoso atacó en esta instancia constitucional la citada determinación emitida por la autoridad responsable y éstos fueron sustituidos procesalmente por una nueva actuación que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto que la parte disidente reclamó al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, consistente en el pronunciamiento del cuidado de los menores de forma provisional a favor de la progenitora. ESTUDIO DEL ASUNTO Ahora, en el presente apartado versará sobre el estudio de la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en específico: El monto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad. La orden de protección a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes y de los menores de edad, consistente en la prohibición del aquí quejoso en acercarse al domicilio, centro de trabajo o cualquier otra que frecuente. De inicio, es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. Postura que se fija, en virtud de que al tratarse de cuestiones que pueden afectar al orden y la estabilidad de la familia y particularmente en aquellas que atañen a menores o incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres del menor o incapaz, sino la sociedad en su conjunto tiene un interés primordial en que la situación de los hijos quede perfectamente definida, con el objeto de asegurar la protección de un interés que, se insiste, resulta preponderante: el que corresponde a un menor de edad o incapaz. Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." VIII.I Determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el que se fijó un monto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad por el 40% cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe. Dicho porcentaje corresponde al 20% veinte por ciento por cada menor de edad. El quejoso realiza un solo concepto de violación atacando en específico esa determinación, el cual es el siguiente: Emitió esa determinación sin fundamentación y motivación, ya que no hay un argumento lógico jurídico derivado de la posibilidad de otorgar alimentos por parte del quejoso y la necesidad de los acreedores alimentarios. Para determinar si le asiste la razón al aquí quejoso, debemos precisar lo dispuesto por los numerales 962 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que dispone lo siguiente: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez. "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. De esos preceptos se advierte que, para efectos de resolver sobre los alimentos provisionales, el juzgador no debe dar audiencia a la parte demandada y fijara la pensión, atendiendo a la petición del acreedor y mediante la prueba que estime necesaria. Ahora, de su interpretación, se concluye que la pensión alimenticia provisional se fija con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda (compuesta por los hechos narrados y pruebas) relacionados a la posibilidad económica del deudor, así como a las necesidades de los acreedores alimenticios. Ello, en virtud de que la pensión alimenticia provisional es una medida cautelar y urgente, con matices especiales porque con ella se garantiza la subsistencia del acreedor alimenticio, que en este caso es un menor de edad, respecto del cual, sus alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos necesarios para la educación y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, así como las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso los gastos de funerales de conformidad con el artículo 320 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Es cierto, la aludida medida cautelar es determinada por el juzgador en el auto que admite la demanda en el juicio de origen, sólo con base en datos proporcionados por la parte actora en su demanda y sin garantía de audiencia del demandado (deudor alimenticio), en virtud de que al estar inmiscuidas las necesidades más elementales de quien acude al juicio, no sería jurídicamente válido generar un procedimiento para que se aporten pruebas al controvertido, pues ello trastocaría su naturaleza de medida provisional, cautelar y urgente, que tiene por objeto preservar la vida, salud y desarrollo de la persona en estado vulnerable. Al respecto, debe decirse que para fijar la pensión alimenticia provisional, dada su naturaleza de medida cautelar, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia se reconocerá el mismo; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Acorde con ello, en aplicación del artículo 965 del código procesal civil para el estado de Oaxaca, la apariencia del buen derecho se acredita con la petición del acreedor y la información que haga del conocimiento del juez en la demanda; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos, en caso de no decretarse urgentemente la medida cautelar. Así, de lo antes narrado e interpretación de los numerales expuesto, se concluye que el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa deviene infundado, sin que se advierta queja que suplir en términos del numeral 79, fracción II de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, ya que contario a lo que manifiesta el solicitante del amparo, la Juez Quinto de lo Familiar del distrito Judicial del Centro, si fundamentó y motivó el acto en estudio; es decir, indicó los preceptos aplicables al caso concreto del Código Federal de procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Además realizó los argumentos lógicos jurídicos para imponer como pensión alimenticia a favor de sus menores hijos el 40% de la totalidad de las prestaciones que percibe Lenin Stalin Carrasco Valdelamar. Indicó que los menores de edad en cuestión, cuentan con la edad de siete años con ocho meses y tres años con seis meses respectivamente, por lo que tienen la necesidad de que sean proporcionados los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Argumento que se estima acertado, porque no debe perderse de vista que por un lado: (1) se trata de una medida provisional, urgente y necesaria puesto que está de por medio la subsistencia de la acreedora alimentaria, de modo que es una providencia cautelar y transitoria que decreta el juzgador por virtud de la petición de alimentos de la acreedora alimentaria y con el objeto de que durante el tiempo del juicio, la acreedora que necesita alimentos, obtenga en forma provisional el medio de subsistencia a sus necesidades. En un segundo aspecto: (2) que la controversia familiar se trata precisamente del reclamo de alimentos por parte de los acreedores alimentarios hijos del demandado, se encuentra en un estado de necesidad, en correlación al deber que tiene el demandado en proporcionarle alimentos por virtud del vínculo familiar al que la ley le reconoce e impone tal deber; y, (3) precisamente por el carácter urgente y necesario de los alimentos provisionales, el legislador determinó que esta medida cautelar que responde al interés social y es de orden público en protección del acreedor de alimentos, no está condicionada a la audiencia del deudor alimentario, sino que el juez Familiar debe decretarla mediante la prueba que estime necesaria; de modo que en atención a esos tres aspectos, que se trata de una medida provisional, urgente y necesaria, que responde al estado de necesidad del deudor alimentario que impone al juzgador decretarla sin audiencia del deudor alimenticio y con la prueba que estime necesaria, el juez Familiar debe valorar las pruebas de la solicitante de alimentos como ocurrió en la especie al tener por acreditado el vínculo filial de los demandantes con el quejoso en su calidad de hijos y la existencia de la obligación alimenticia con los atestados de nacimiento, con los cuales se acredita que son menores de edad, es evidente que se encuentran en estado de necesidad como así lo indicó la resolutora de origen y este juzgador de amparo coincide. De igual forma es atinado lo expuesto por la juez familiar de origen, al indicar que es de presumirse la capacidad económica del deudor alimentario, porque ésta no se refiere únicamente a una connotación pecuniaria, sino a la aptitud o posibilidad de los demandados para generar riqueza; máxime, que la actora indicó que cuenta con dos empleos, el primero de ellos como enfermero del D.I.F. y el segundo como docente de la Universidad Regional del Sureste. Por consiguiente, determinó una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado del 40% de sus ingresos. Son aplicables al caso concreto, la tesis siguiente: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia." Consideraciones probatorias y jurídicas de la pensión alimenticia provisional que se apegan a lo dispuesto en los numerales y criterios jurisprudenciales invocados ya identificados, que como se explicó, se trata de una medida provisional, urgente y necesaria respecto de los alimentos de quien acreditó su vínculo filial y estado de necesidad respecto de la cual la ley no exige mayores requisitos que los datos aportados en el escrito presentado ante el juez, dada su naturaleza de urgente y de orden público, de conformidad con lo preceptuado en el invocado artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; máxime que si bien en la ley no existen normas acerca de la cuantía de la pensión alimenticia, ni tampoco sobre el modo de determinarla, lo pertinente es acudir a soluciones prácticas para fijar su monto, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, como en el caso concreto acorde a lo analizado, que en este momento debe tenerse por justificada presuncionalmente la proporcionalidad de los alimentos decretados en forma provisional. Apoyan lo antedicho, la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) emitida por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012502, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materia Civil, página 265, ya citada con el rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS" La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.) de la misma Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012503, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materias Constitucional y Civil, página 288, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD". Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia de este alto tribunal." Sin que pueda estimarse que por ello se afecte el mínimo vital del demandado de alimentos ya que será mediante las pruebas que se alleguen al juicio como se conocerá las condiciones económicas reales del deudor alimentario, sobre todo si se toma en cuenta que igualmente está de por medio la subsistencia, manutención y escolaridades de sus hijos del demandado, cuyos alimentos provisionales se fundan en el estado de necesidad urgente y necesario para satisfacer el derecho al mínimo vital de los acreedores alimentarios, ya que ambos, deudor alimentario y acreedora alimentista ameritan la consideración en el mínimo vital que se traduce en permitir o prever el mínimo de condiciones para la subsistencia digna y autónoma de la persona con el objeto de pueda llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria. En consecuencia, contrario a lo tildado por el quejoso, no puede estimarse desproporcionada, excesiva o exorbitante la fijación del 40% de su ingresos, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus dos menores hijos. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2001 pronunciada por la Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, agosto de 2001, Materia(s): Civil, página 11, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". En síntesis, contrario a tal aseveración, la juez responsable sí precisó los preceptos legales que fundamentaron su determinación, así como las circunstancias particulares que basaron su aplicación al fijar la pensión alimenticia provisional. A saber: los artículos 316, 320, 321 y 323, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en relación con los diversos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles para la entidad. Porciones normativas las cuales se deriva que los jueces en materia familiar están facultados para dictar las medidas provisionales, urgentes y necesarias para garantizar los alimentos y específicamente para fijar una pensión alimenticia provisional a petición del acreedor alimentario, sin audiencia del deudor y con la prueba que estimen necesaria mientras se resuelve el juicio, lo que constituye la fundamentación de la medida provisional. La juez responsable consideró también en el caso las particularidades y circunstancias siguientes: Los atestados del registro civil anexos a su demanda, la actora demostró que los menores son hijos del demandado (el aquí quejoso). El demandado como deudor alimentista les debe proporcionar lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, habitación, a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como atención médica que le garantice su salud física y emocional; y adicionalmente a la comida, vestido y habitación, requiere de los recursos didácticos necesarios para su debida educación y sano desarrollo integral. La capacidad económica del deudor alimentario no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza. El deudor alimentario cuenta con dos empleos. Con los elementos que contó y la naturaleza urgente de la medida solicita, de manera discrecional determinó una pensión alimenticia provisional por el 40% de los ingresos que perciba de sus empleos; lo que constituye la motivación de la medida provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia(s): Común, Página 162, registro 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En ese orden de ideas, al resultar infundado su concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo, respecto del acto en estudio. VIII.II Toca analizar la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el cual emitió una orden de protección a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes y de los menores de edad, consistente en la prohibición del aquí quejoso en acercarse al domicilio, centro de trabajo o cualquier otra que frecuente, apercibido que de no acatarla, se le impondría una medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas. Dicha medida de protección obedeció a lo narrado por Jocelyn Pamela Mendoza Reyes en su escrito inicial de demanda, en la cual de manera toral expuso lo siguiente: Durante el tiempo que duró su relación con el aquí quejoso Lenin Stalin Carrasco Valdemar sufrió de violencia psicológica, física, económica y hasta sexual. En el año dos mil diecisiete sufrió agresiones por parte del demandado estando embarazada, lo que ocasionó que estuviera internada en el hospital por tres días. Ya separados el demandado continuó ejerciendo violencia psicológica, aduciendo que le quitaría a sus hijos. Narró la comparecencia urgente que realizó ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que se decretó la guarda y custodia provisional de sus menores hijos (Detallada en el apartado de antecedentes del acto reclamado y la cual se comprobó en el presente juicio de amparo). Por ende, la titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, ante el riesgo de violencia a la promovente y en pro de los menores, decretó las medidas de protección antes citadas. El aquí quejoso en sus conceptos de violación que atacan esta determinación en específico, refiere que se vulneran sus derechos fundamentales, ya que la juez familiar de origen la emitió únicamente atendiendo a sus manifestaciones. Estima que debió exhibir indicios de esas amenazas, ya que en la actualidad existen medios electrónicos para justificar dicha violencia; por ende, al no existir indicios, las manifestaciones realizadas por Jocelyn Pamela Mendoza Reyes en su escrito inicial de demanda son falsas. Dicho concepto de violación es infundado, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo en atención a las siguientes consideraciones. Es oportuno reiterar que, al estar involucrados menores de edad en el presente asunto, este juzgador debe analizar la litis planteada a la luz del interés superior del niño. En ese tenor, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, se erigió el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el arábigo 4 de la Carta Magna, en lo que interesa, dispone: "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." La Convención Sobre los Derechos del Niño, establece: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.)". Así, del marco jurídico citado, se advierte que, tanto en la Constitución Federal, como en la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce como criterio de actuación para las autoridades estatales el atender al citado principio del interés superior del niño. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado contenido a dicho interés y perfilado la actuación de las autoridades jurisdiccionales en función de él, tal como se desprende de la siguiente tesis: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." Así, si bien es cierto, el interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado, también lo es, que se trata de un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar. Por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en su beneficio, no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten su desarrollo integral, acorde con su edad, situación y circunstancias personales. En el caso concreto en estudio (Medidas de protección en materia familiar urgentes), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 641/20143, sostuvo que las medidas de urgencia son actos de urgente aplicación, las cuales se dictan en función del interés superior de la víctima de violencia, cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad. Señaló que estas medidas tienen por objeto la protección a la integridad de las víctimas que han denunciado algún tipo de violencia, lo que constituye un deber de primer orden el garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son objeto de violencia. Por cuanto hace al momento en que debe dictarse una medida de prevención, la Primera Sala consideró que ésta puede dictarse desde el inicio de la controversia familiar, o en cualquier momento del juicio, puesto que la orden de emergencia, no hace sino otorgar garantías a las víctimas de que no serán objeto de nuevas agresiones, y hace efectivo su derecho a denunciar los actos de violencia que han sido cometidos en su contra. Además, respecto a la forma o elementos que deben verificarse para que pueda dictarse la orden de emergencia, consideró que basta con que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se actualice un daño. Por lo que para demostrar tal probabilidad del daño, basta con que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que la alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. En ese contexto, la Primera Sala concluyo que ni el momento en que se dicta la medida de urgencia, ni el estándar que se requiere para que las órdenes precautorias sean procedentes, vulneran los derechos al debido proceso, audiencia previa o propiedad del agresor ya que, tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas dichas medidas, en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Aunado que las misma no son dictadas de manera definitiva. Dichos argumentos originaron la tesis siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, SON CONSTITUCIONALES. En el marco de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas estatales, a través de las cuales se garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, pueden dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. En esa línea, las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que pueden dictarse al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, tales como ordenar al presunto generador de violencia que salga inmediatamente del domicilio común, aunque fuere propietario del inmueble, se encuentran justificadas y, por ende, son constitucionales, en atención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en las que se comprometió a prevenir y erradicar la violencia." En esa virtud, se concluye que la medida de protección decretada en favor de la parte actora y sus menores hijos, no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien o de un derecho del ahora quejoso, sino un propósito de interés general, consistente en prevenir los presuntos actos de violencia en su contra; es decir, que tiene únicamente alcances precautorios y cautelares. Además, adverso a lo expuesto por que peticionario del amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, no es necesaria la acreditación plena del daño que aducen recibir, pues únicamente basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación, en atención al deber de protección sobre las víctimas, lo cual a consideración de este Juzgador de Amparo, con lo argumentos vertidos en su demanda de alimentos de origen y la comparecencia ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se consideran suficientes. Bajo esas consideraciones, se concluye que la determinación en estudio, en donde se decretó una medida de protección a favor de *** y sus menores hijos, no vulnera los derechos fundamentales del quejoso, ya que se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable analizó y tomó en consideración lo expuesto por la solicitante de dichas medidas, en la que exponían violencia física, psicológica y sexual, además de solicitar protecciones ante diverso jueces de carácter familiar y civil, como en el presente juicio de amparo quedó demostrado. Se reitera a la parte quejosa que dicha medida adoptada únicamente tiene alcances precautorios y cautelares, toda vez que si bien aún subsiste, puede modificarse a petición de parte, atendiendo al entorno actual que subsista. Claro es el ejemplo, que a la fecha en que se dicta la presente resolución de amparo, el aquí quejoso ya cuenta con convivencias con sus menores hijos, bajo los lineamientos de la juez familiar de origen. Es aplicable al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. MOMENTO EN QUE DEBE DICTARSE UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Las autoridades del Estado Mexicano tienen el deber de primer orden de garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son objeto de violencia, máxime cuando las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta frente a sus agresores. Así, las autoridades deben otorgar garantías a las víctimas de que no serán objeto de nuevas agresiones, y hacer efectivo su derecho a denunciar los actos de violencia que han sido cometidos en su contra. Dichas garantías se actualizan a través de las medidas de prevención, las cuales para ser efectivas podrán ser dictadas desde la admisión de la demanda de violencia familiar, o en cualquier momento del juicio." Por consiguiente, al no estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, respecto del acto reclamado materia de estudio en el presente apartado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** por propio derecho y en representación de los menores ***de apellidos **., en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la citada parte quejosa, en contra de las autoridades y por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
" . . . S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1134/2021, promovido por *** por propio derecho y en representación de los menores *** de apellidos **., en contra de actos del Juez Quinto de lo Familiar del distrito Judicial del Centro y otras autoridades. ANTECEDENTES Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. De las constancias que obran agregadas en autos se tiene acreditado que ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se tramita el juicio de controversias del orden familiar ***. En dicho asunto ***, en representación de los menores **de apellidos ***., demandó de *** la guardia y custodia de los menores; y, el pago de una pensión alimenticia. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda; se ordenó emplazar a la parte demandada; se señaló fecha para la audiencia de carácter familiar donde serían escuchados los menores; se decretó a favor de la parte actora "lo cuidados" de los menores; y, se decretó a favor de sus hijos el 40% del sueldo y demás prestaciones del deudor alimentario ***, es decir 20% por cada menor. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) El doce de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de carácter familiar en la cual se escuchó a las partes, en presencia del ministerio público y una perito oficial. Acto seguido, la juez familiar decretó la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual tendrá un efecto hasta en tanto dure el juicio, empero es susceptible de modificarse durante la tramitación del asunto. En esa misma diligencia, se decretó una convivencia de los menores a favor del progenitor, todos los días sábados con un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En comparecencia de uno de abril de dos mil veinte, ***solicitó con carácter de urgente la guarda y custodia de sus hijos *** de apellidos ***, al aducir que sufrió amenazas de sustracción de los menores por parte de Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, de ahí, que la Juez Cuarto de lo Familiar, decretó la guarda y custodia provisional a su favor, medida que subsistiría hasta en tanto la compareciente promueva el juicio correspondiente para salvaguardar sus derechos, con el apercibimiento que de no justificarlo, quedaría sin efecto dicha medida. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) En proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, la referida juez familiar determinó dejar sin efecto la medida provisional de mérito, ya que la compareciente Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, no justificó haber promovido el juicio correspondiente. Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. Por comparecencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, Jocelyn Pamela Mendoza Reyes solicitó a la juez la recuperación de sus menores hijos, ya que la demanda presentada ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (antecedentes antes relatados) aún no se había radicado; en atención a sus manifestaciones, la juzgadora señaló el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar de manera urgente y ordenó notificar a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para lograr su comparecencia. Previos diferimientos, la audiencia de carácter familiar tuvo verificativo hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. La nombrada Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, exhibió ante la juez responsable copia del auto de radicación del juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, donde se le concedió el cuidado de sus menores hijos; por ende, una vez escuchadas ambas partes, la juez civil en atención a lo ya determinado por la juez quinto de lo familiar, requirió a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para que hiciera entrega voluntaria de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., con su progenitora, a lo que accedió y quedó asentado en dicha diligencia. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, por propio derecho y en representación de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., promovió juicio de amparo en contra de actos, atribuidos a diversas autoridades responsables que con posterioridad se precisaran. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual se radicó bajo el consecutivo 1134/2021. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una determinación dictada en un expediente que tuvo ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden de este sumario da pauta a establecer que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. El auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se pronunció sobre la guarda y custodia de los menores de edad; pensión alimenticia; y, medidas de protección a su favor. De la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. El proveído de uno de abril de dos mil veinte, mediante la cual se decretó la guarda y custodia provisional de los menores de edad a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, medida que subsistiría hasta en tanto la compareciente promueva el juicio correspondiente para salvaguardar sus derechos, con el apercibimiento que de no justificarlo, quedaría sin efecto dicha medida. De la Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca. La determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se hizo la entrega de los menores de edad a su progenitora Jocelyn Pamela Mendoza Reyes. Del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La omisión de generar un órgano o institución eficaz para la vigilancia en la impartición de justicia por parte de los Jueces de manera imparcial y la omisión de la capacitación de los jueces para juzgar con perspectiva de género y especialización en materia familiar. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, ya que en términos de lo dispuesto en los numerales 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 44 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, no son atribuibles a su cargo. Dichas porciones normativas disponen lo siguiente: "Artículo 17. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar legalmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado; II. Representar al Poder Judicial en todos los actos oficiales. III. Esta representación podrá delegarse en el servidor público del Tribunal que designe el propio Presidente; IV. Presidir y dirigir los debates del pleno y las audiencias que celebre, conservando el orden durante su desarrollo; V. Convocar al Pleno a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, en los términos previstos en el artículo 11 de esta ley; VI. Tramitar todos los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución; para ello podrá designar al magistrado ponente en cada asunto; VII. Vigilar el respeto al fuero constitucional de los magistrados y la inviolabilidad del recinto del Tribunal Superior de Justicia del Estado; VIII. Proponer al Pleno el nombramiento del secretario general de acuerdos; IX. Proponer al Pleno los proyectos de acuerdos generales conducentes al mejoramiento de la administración de justicia; X. Proponer al Pleno qué magistrados y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia integrarán los organismos especializados que prevengan las leyes que resulten aplicables; XI. Presentar a consideración del pleno el anteproyecto del presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado; XII. Dar cuenta al pleno, al término de cada período de sesiones y cuantas veces sea requerido para ello, de todos los actos que lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones; XIII. Presentar un informe anual en sesión solemne del Pleno, sobre el estado que guarda la impartición de justicia; XIV. Nombrar a los titulares y demás servidores públicos de las unidades auxiliares de la Presidencia del Tribunal y removerlos libremente; XV. Publicar los acuerdos generales del Pleno y los propios. En cada caso se indicará la forma de publicación; XVI. Legalizar las firmas de los servidores públicos del Poder Judicial cuando la ley exija este requisito; XVII. Rendir cuentas anualmente ante el Congreso del Estado de la administración y manejo del fondo para la administración de Justicia. XVIII. Rendir cuenta anualmente ante el Congreso del Estado, del ejercicio del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia; y XIX. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos generales." "Título Quinto DE LA PRESIDENCIA Capítulo I De la Presidencia y sus Unidades Auxiliares Artículo 44. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, independientemente de las que le otorga la Ley Orgánica, las siguientes: I. Despachar todos los días hábiles, los asuntos de su exclusiva competencia; II. Presidir las Sesiones del Pleno; III. Atender las audiencias que le corresponda, conforme a la Ley Orgánica; IV. Tener bajo su mando a los elementos de seguridad comisionados en el edificio sede, a quienes dará las instrucciones necesarias para la preservación del orden, por conducto del Secretario General de Acuerdos, o de quien en su caso, determine; V. Vigilar que los acuerdos generales del Pleno, cuando así se disponga, se publiquen con toda oportunidad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Boletín Judicial, página electrónica del Poder Judicial, y en la Gaceta Oficial del Poder Judicial; VI. Conceder o negar, previo análisis y estudio, las licencias que soliciten los integrantes del Tribunal, con excepción de los magistrados, de conformidad con los argumentos planteados por los solicitantes, atendiendo a lo que dispone la Ley Orgánica en el libro correspondiente a las disposiciones generales a los Tribunales del Poder Judicial; VII. Conocer, resolver y sancionar, por medio de la Dirección de Gestión Administrativa, las faltas en que incurran los trabajadores o empleados del Tribunal, que no se encuentren adscritos a una de las Salas del Tribunal; VIII. Vigilar que se cumpla con todo aquello que tanto la Constitución, la Ley Orgánica, este Reglamento y los Acuerdos que el mismo Pleno determine, cabal y puntualmente; y IX. Las demás que determine el Pleno." De dichas porciones normativas como bien lo indicó la autoridad señalada como responsable, no se encuentra dentro de sus facultades crear el órgano que refiere el quejoso, así como capacitar a los jueces en materia familiar; por ende, debe tener por inexistente la omisión que se le atribuye. Apoya lo anterior por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Tocante al acto atribuido a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Centro, consistente en el proveído de uno de abril de dos mil veinte, dictado en el expediente 157/2020, mediante la cual se decretó la guarda y custodia provisional de los menores de edad a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, debe decirse que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de octubre del año pasado), la efectividad de esa determinación es inexistente. En efecto, de las propias documentales remitidas por las responsables, se demostró que en determinación de quince de octubre de dos mil veintiuno, la referida juez familiar determinó dejar sin efecto la medida provisional de mérito, ya que la compareciente Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, no justificó haber promovido el juicio correspondiente; de ahí, se insiste a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la medida provisional reclamada es inexistente. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Aunado a que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, sin que haya demostrado su existencia de los actos reclamados precisados en este apartado. Es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por ende, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la determinación reclamada; de ahí que se deban tener por cierto dicho acto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con copia certificada de diversas constancias que integran el juicio familiar 271/2021, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." La Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, omitió rendir su informe de ley, pese a estar debidamente emplazada a juicio, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en el expediente de amparo; por ende, con apoyo en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto la determinación reclamada. Lo anterior tiene apoyo en la copia certificada de diversas constancias del expediente 485/2021 que adjuntó la responsable al rendir su informe previo, lo cual se toma como un hecho notorio en el presente apartado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, registro 199531, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." VII.I Respecto del acto atribuido a la Juez Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, consistente en la medida urgente emitida en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno dentro del cuaderno familiar 485/2021, en la que se hizo entrega de los menores de edad a su progenitora Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, a consideración del suscrito se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del examen del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional es un medio de control jurisdiccional, que tiene por objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que estime le han sido transgredidos. Por su parte, la fracción XXII, del artículo 61 del ordenamiento legal en cita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de realizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. La Segunda Sala del Alto Tribunal de este país, interpretó que se actualiza la improcedencia apuntada, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Lo expuesto es apoyado por la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196442, cuya literalidad indica: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Como se recordará por comparecencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, Jocelyn Pamela Mendoza Reyes solicitó a la juez la recuperación de sus menores hijos, ya que la demanda presentada ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aún no se había radicado. En atención a sus manifestaciones, la juzgadora señaló el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo una audiencia de carácter familiar de manera urgente y ordenó notificar personalmente a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para lograr su comparecencia. Previos diferimientos, la audiencia de carácter familiar tuvo verificativo hasta el día veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. La nombrada Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, exhibió ante la juez civil responsable copia del auto de radicación del juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, donde se le concedió el cuidado provisional de sus menores hijos; por ende, una vez escuchadas ambas partes, la juez civil en atención a lo ya determinado por la juez quinto de lo familiar, requirió a Lenin Stalin Carrasco Valdelamar, para que hiciera entrega voluntaria de los menores K. y J.A. de apellidos C.M., con su progenitora, a lo que accedió y quedó asentado en dicha diligencia. Es decir dicha determinación adoptada se debió a una medida cautelar de carácter urgente, ya que el juicio familiar principal donde se reclamó diversas prestaciones entre ellas la guarda y custodia de los menores (Juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro), no se había radicado y no existía pronunciamiento sobre la guarda y custodia. Posteriormente, en el referido juicio 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en audiencia de carácter familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en presencia de ambas partes se decretó la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual tendrá un efecto hasta en tanto dure el juicio, empero es susceptible de modificarse durante la tramitación del asunto. En esa misma actuación, se decretó una convivencia de los menores a favor del progenitor, todos los días sábados con un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por consiguiente, si bien subsiste el acto reclamado (Determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno en el cuadernillo 485/2021 del índice Juzgado Civil de Etla Oaxaca, mediante el cual se otorgó la restitución de los menores a su progenitora, como medida precautoria urgente); cierto es también, que con posterioridad a ello, se decretó de manera definitiva la guardia y custodia de los menores a favor de la progenitora, la cual está vigente al momento en que se dicta la presente resolución. Por ende, en nada practico conllevaría analizar la medida precautoria tomara por la juez civil de Etla, si con posterioridad la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, modificó el entorno en el cual se emitió el acto primigenio; se reitera, se pronunció de manera definitiva sobre la guarda y custodia de los menores. Por lo antes expuesto, a juicio de este resolutor, es innegable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia (la guarda y custodia de los menores de edad como media cautelar); por lo tanto, es inconcuso que el juicio de amparo no tiene más razón de ser y por ende, deviene su improcedencia. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto al acto atribuido a la Juez Civil del Distrito Judicial de Etla. VII.II Tocante al acto reclamado atribuido a la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, emitido en el juicio 271/2021, consistente en el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, específicamente en la parte que concede de manera provisional los cuidados de los menores a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes, a consideración del suscrito jugador de amparo, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante la determinación emitida con posterioridad en audiencia familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó de manera definitiva la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitora. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El tramo normativo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio órgano jurisdiccional, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio porque cesaron los efectos de la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio familiar de origen, en perjuicio de la parte quejosa, porque ha operado una sustitución procesal con la determinación emitida en audiencia familiar de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó en definitiva la guarda y custodia de los menores de edad a favor de su progenitora. Lo expuesto pone de relieve que los efectos de la determinación reclamada y su ejecución han cesado porque fueron sustituidas procesalmente por el pronunciamiento de forma definitiva sobre la guarda y custodia de los menores. En efecto, la determinación citada, provoca la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación y su ejecución que en la actualidad son las que rigen la situación jurídica de la parte solicitante del amparo. Se afirma lo anterior porque aun cuando en el auto de uno de septiembre del año dos mil veintiuno reclamado se pronunció de una determinada forma, en la esfera de sus atribuciones, lo cierto es que las consideraciones expuestas en esa determinación han quedado sustituidas procesalmente por la nueva decisión y las consideraciones contenidas en la audiencia de carácter familiar ya citada, así como la materialización de tal mandato son las que prevalecen en la actualidad y las consecuencias jurídicas de dichas actuaciones son la que rigen la situación legal de la parte disconforme. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la determinación primaria, no obstante que pudiera en ellos subsistir alguna violación, pues éstos ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo, sino en todo caso el auto y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquéllos porque podría suceder que a pesar de que favorecen su situación particular existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que esté en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el juez responsable al pronunciarse sobre la guarda y custodia de los menores de forma definitiva, generaron una nueva situación jurídica por sustitución procesal con relación a los actos reclamados, ya que los efectos de esta última actuación no puede ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruya lo que a su vez emanan de la nueva determinación y su materialización porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el juicio origen. En esa línea, si la parte quejoso atacó en esta instancia constitucional la citada determinación emitida por la autoridad responsable y éstos fueron sustituidos procesalmente por una nueva actuación que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto que la parte disidente reclamó al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, consistente en el pronunciamiento del cuidado de los menores de forma provisional a favor de la progenitora. ESTUDIO DEL ASUNTO Ahora, en el presente apartado versará sobre el estudio de la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en específico: El monto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad. La orden de protección a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes y de los menores de edad, consistente en la prohibición del aquí quejoso en acercarse al domicilio, centro de trabajo o cualquier otra que frecuente. De inicio, es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. Postura que se fija, en virtud de que al tratarse de cuestiones que pueden afectar al orden y la estabilidad de la familia y particularmente en aquellas que atañen a menores o incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres del menor o incapaz, sino la sociedad en su conjunto tiene un interés primordial en que la situación de los hijos quede perfectamente definida, con el objeto de asegurar la protección de un interés que, se insiste, resulta preponderante: el que corresponde a un menor de edad o incapaz. Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." VIII.I Determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el que se fijó un monto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad por el 40% cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe. Dicho porcentaje corresponde al 20% veinte por ciento por cada menor de edad. El quejoso realiza un solo concepto de violación atacando en específico esa determinación, el cual es el siguiente: Emitió esa determinación sin fundamentación y motivación, ya que no hay un argumento lógico jurídico derivado de la posibilidad de otorgar alimentos por parte del quejoso y la necesidad de los acreedores alimentarios. Para determinar si le asiste la razón al aquí quejoso, debemos precisar lo dispuesto por los numerales 962 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que dispone lo siguiente: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez. "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. De esos preceptos se advierte que, para efectos de resolver sobre los alimentos provisionales, el juzgador no debe dar audiencia a la parte demandada y fijara la pensión, atendiendo a la petición del acreedor y mediante la prueba que estime necesaria. Ahora, de su interpretación, se concluye que la pensión alimenticia provisional se fija con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda (compuesta por los hechos narrados y pruebas) relacionados a la posibilidad económica del deudor, así como a las necesidades de los acreedores alimenticios. Ello, en virtud de que la pensión alimenticia provisional es una medida cautelar y urgente, con matices especiales porque con ella se garantiza la subsistencia del acreedor alimenticio, que en este caso es un menor de edad, respecto del cual, sus alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos necesarios para la educación y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, así como las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso los gastos de funerales de conformidad con el artículo 320 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Es cierto, la aludida medida cautelar es determinada por el juzgador en el auto que admite la demanda en el juicio de origen, sólo con base en datos proporcionados por la parte actora en su demanda y sin garantía de audiencia del demandado (deudor alimenticio), en virtud de que al estar inmiscuidas las necesidades más elementales de quien acude al juicio, no sería jurídicamente válido generar un procedimiento para que se aporten pruebas al controvertido, pues ello trastocaría su naturaleza de medida provisional, cautelar y urgente, que tiene por objeto preservar la vida, salud y desarrollo de la persona en estado vulnerable. Al respecto, debe decirse que para fijar la pensión alimenticia provisional, dada su naturaleza de medida cautelar, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia se reconocerá el mismo; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Acorde con ello, en aplicación del artículo 965 del código procesal civil para el estado de Oaxaca, la apariencia del buen derecho se acredita con la petición del acreedor y la información que haga del conocimiento del juez en la demanda; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos, en caso de no decretarse urgentemente la medida cautelar. Así, de lo antes narrado e interpretación de los numerales expuesto, se concluye que el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa deviene infundado, sin que se advierta queja que suplir en términos del numeral 79, fracción II de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, ya que contario a lo que manifiesta el solicitante del amparo, la Juez Quinto de lo Familiar del distrito Judicial del Centro, si fundamentó y motivó el acto en estudio; es decir, indicó los preceptos aplicables al caso concreto del Código Federal de procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Además realizó los argumentos lógicos jurídicos para imponer como pensión alimenticia a favor de sus menores hijos el 40% de la totalidad de las prestaciones que percibe Lenin Stalin Carrasco Valdelamar. Indicó que los menores de edad en cuestión, cuentan con la edad de siete años con ocho meses y tres años con seis meses respectivamente, por lo que tienen la necesidad de que sean proporcionados los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Argumento que se estima acertado, porque no debe perderse de vista que por un lado: (1) se trata de una medida provisional, urgente y necesaria puesto que está de por medio la subsistencia de la acreedora alimentaria, de modo que es una providencia cautelar y transitoria que decreta el juzgador por virtud de la petición de alimentos de la acreedora alimentaria y con el objeto de que durante el tiempo del juicio, la acreedora que necesita alimentos, obtenga en forma provisional el medio de subsistencia a sus necesidades. En un segundo aspecto: (2) que la controversia familiar se trata precisamente del reclamo de alimentos por parte de los acreedores alimentarios hijos del demandado, se encuentra en un estado de necesidad, en correlación al deber que tiene el demandado en proporcionarle alimentos por virtud del vínculo familiar al que la ley le reconoce e impone tal deber; y, (3) precisamente por el carácter urgente y necesario de los alimentos provisionales, el legislador determinó que esta medida cautelar que responde al interés social y es de orden público en protección del acreedor de alimentos, no está condicionada a la audiencia del deudor alimentario, sino que el juez Familiar debe decretarla mediante la prueba que estime necesaria; de modo que en atención a esos tres aspectos, que se trata de una medida provisional, urgente y necesaria, que responde al estado de necesidad del deudor alimentario que impone al juzgador decretarla sin audiencia del deudor alimenticio y con la prueba que estime necesaria, el juez Familiar debe valorar las pruebas de la solicitante de alimentos como ocurrió en la especie al tener por acreditado el vínculo filial de los demandantes con el quejoso en su calidad de hijos y la existencia de la obligación alimenticia con los atestados de nacimiento, con los cuales se acredita que son menores de edad, es evidente que se encuentran en estado de necesidad como así lo indicó la resolutora de origen y este juzgador de amparo coincide. De igual forma es atinado lo expuesto por la juez familiar de origen, al indicar que es de presumirse la capacidad económica del deudor alimentario, porque ésta no se refiere únicamente a una connotación pecuniaria, sino a la aptitud o posibilidad de los demandados para generar riqueza; máxime, que la actora indicó que cuenta con dos empleos, el primero de ellos como enfermero del D.I.F. y el segundo como docente de la Universidad Regional del Sureste. Por consiguiente, determinó una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado del 40% de sus ingresos. Son aplicables al caso concreto, la tesis siguiente: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia." Consideraciones probatorias y jurídicas de la pensión alimenticia provisional que se apegan a lo dispuesto en los numerales y criterios jurisprudenciales invocados ya identificados, que como se explicó, se trata de una medida provisional, urgente y necesaria respecto de los alimentos de quien acreditó su vínculo filial y estado de necesidad respecto de la cual la ley no exige mayores requisitos que los datos aportados en el escrito presentado ante el juez, dada su naturaleza de urgente y de orden público, de conformidad con lo preceptuado en el invocado artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; máxime que si bien en la ley no existen normas acerca de la cuantía de la pensión alimenticia, ni tampoco sobre el modo de determinarla, lo pertinente es acudir a soluciones prácticas para fijar su monto, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, como en el caso concreto acorde a lo analizado, que en este momento debe tenerse por justificada presuncionalmente la proporcionalidad de los alimentos decretados en forma provisional. Apoyan lo antedicho, la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) emitida por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012502, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materia Civil, página 265, ya citada con el rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS" La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.) de la misma Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2012503, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, materias Constitucional y Civil, página 288, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD". Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia de este alto tribunal." Sin que pueda estimarse que por ello se afecte el mínimo vital del demandado de alimentos ya que será mediante las pruebas que se alleguen al juicio como se conocerá las condiciones económicas reales del deudor alimentario, sobre todo si se toma en cuenta que igualmente está de por medio la subsistencia, manutención y escolaridades de sus hijos del demandado, cuyos alimentos provisionales se fundan en el estado de necesidad urgente y necesario para satisfacer el derecho al mínimo vital de los acreedores alimentarios, ya que ambos, deudor alimentario y acreedora alimentista ameritan la consideración en el mínimo vital que se traduce en permitir o prever el mínimo de condiciones para la subsistencia digna y autónoma de la persona con el objeto de pueda llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria. En consecuencia, contrario a lo tildado por el quejoso, no puede estimarse desproporcionada, excesiva o exorbitante la fijación del 40% de su ingresos, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus dos menores hijos. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2001 pronunciada por la Primera Sala del Máximo Órgano Judicial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, agosto de 2001, Materia(s): Civil, página 11, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". En síntesis, contrario a tal aseveración, la juez responsable sí precisó los preceptos legales que fundamentaron su determinación, así como las circunstancias particulares que basaron su aplicación al fijar la pensión alimenticia provisional. A saber: los artículos 316, 320, 321 y 323, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en relación con los diversos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles para la entidad. Porciones normativas las cuales se deriva que los jueces en materia familiar están facultados para dictar las medidas provisionales, urgentes y necesarias para garantizar los alimentos y específicamente para fijar una pensión alimenticia provisional a petición del acreedor alimentario, sin audiencia del deudor y con la prueba que estimen necesaria mientras se resuelve el juicio, lo que constituye la fundamentación de la medida provisional. La juez responsable consideró también en el caso las particularidades y circunstancias siguientes: Los atestados del registro civil anexos a su demanda, la actora demostró que los menores son hijos del demandado (el aquí quejoso). El demandado como deudor alimentista les debe proporcionar lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, habitación, a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como atención médica que le garantice su salud física y emocional; y adicionalmente a la comida, vestido y habitación, requiere de los recursos didácticos necesarios para su debida educación y sano desarrollo integral. La capacidad económica del deudor alimentario no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza. El deudor alimentario cuenta con dos empleos. Con los elementos que contó y la naturaleza urgente de la medida solicita, de manera discrecional determinó una pensión alimenticia provisional por el 40% de los ingresos que perciba de sus empleos; lo que constituye la motivación de la medida provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia(s): Común, Página 162, registro 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En ese orden de ideas, al resultar infundado su concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo, respecto del acto en estudio. VIII.II Toca analizar la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar 271/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el cual emitió una orden de protección a favor de Jocelyn Pamela Mendoza Reyes y de los menores de edad, consistente en la prohibición del aquí quejoso en acercarse al domicilio, centro de trabajo o cualquier otra que frecuente, apercibido que de no acatarla, se le impondría una medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas. Dicha medida de protección obedeció a lo narrado por Jocelyn Pamela Mendoza Reyes en su escrito inicial de demanda, en la cual de manera toral expuso lo siguiente: Durante el tiempo que duró su relación con el aquí quejoso Lenin Stalin Carrasco Valdemar sufrió de violencia psicológica, física, económica y hasta sexual. En el año dos mil diecisiete sufrió agresiones por parte del demandado estando embarazada, lo que ocasionó que estuviera internada en el hospital por tres días. Ya separados el demandado continuó ejerciendo violencia psicológica, aduciendo que le quitaría a sus hijos. Narró la comparecencia urgente que realizó ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que se decretó la guarda y custodia provisional de sus menores hijos (Detallada en el apartado de antecedentes del acto reclamado y la cual se comprobó en el presente juicio de amparo). Por ende, la titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, ante el riesgo de violencia a la promovente y en pro de los menores, decretó las medidas de protección antes citadas. El aquí quejoso en sus conceptos de violación que atacan esta determinación en específico, refiere que se vulneran sus derechos fundamentales, ya que la juez familiar de origen la emitió únicamente atendiendo a sus manifestaciones. Estima que debió exhibir indicios de esas amenazas, ya que en la actualidad existen medios electrónicos para justificar dicha violencia; por ende, al no existir indicios, las manifestaciones realizadas por Jocelyn Pamela Mendoza Reyes en su escrito inicial de demanda son falsas. Dicho concepto de violación es infundado, sin que se advierta suplencia en la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo en atención a las siguientes consideraciones. Es oportuno reiterar que, al estar involucrados menores de edad en el presente asunto, este juzgador debe analizar la litis planteada a la luz del interés superior del niño. En ese tenor, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, se erigió el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el arábigo 4 de la Carta Magna, en lo que interesa, dispone: "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." La Convención Sobre los Derechos del Niño, establece: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.)". Así, del marco jurídico citado, se advierte que, tanto en la Constitución Federal, como en la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce como criterio de actuación para las autoridades estatales el atender al citado principio del interés superior del niño. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado contenido a dicho interés y perfilado la actuación de las autoridades jurisdiccionales en función de él, tal como se desprende de la siguiente tesis: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." Así, si bien es cierto, el interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado, también lo es, que se trata de un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar. Por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en su beneficio, no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten su desarrollo integral, acorde con su edad, situación y circunstancias personales. En el caso concreto en estudio (Medidas de protección en materia familiar urgentes), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 641/20143, sostuvo que las medidas de urgencia son actos de urgente aplicación, las cuales se dictan en función del interés superior de la víctima de violencia, cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad. Señaló que estas medidas tienen por objeto la protección a la integridad de las víctimas que han denunciado algún tipo de violencia, lo que constituye un deber de primer orden el garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son objeto de violencia. Por cuanto hace al momento en que debe dictarse una medida de prevención, la Primera Sala consideró que ésta puede dictarse desde el inicio de la controversia familiar, o en cualquier momento del juicio, puesto que la orden de emergencia, no hace sino otorgar garantías a las víctimas de que no serán objeto de nuevas agresiones, y hace efectivo su derecho a denunciar los actos de violencia que han sido cometidos en su contra. Además, respecto a la forma o elementos que deben verificarse para que pueda dictarse la orden de emergencia, consideró que basta con que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se actualice un daño. Por lo que para demostrar tal probabilidad del daño, basta con que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que la alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. En ese contexto, la Primera Sala concluyo que ni el momento en que se dicta la medida de urgencia, ni el estándar que se requiere para que las órdenes precautorias sean procedentes, vulneran los derechos al debido proceso, audiencia previa o propiedad del agresor ya que, tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas dichas medidas, en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Aunado que las misma no son dictadas de manera definitiva. Dichos argumentos originaron la tesis siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, SON CONSTITUCIONALES. En el marco de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas estatales, a través de las cuales se garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, pueden dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. En esa línea, las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que pueden dictarse al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, tales como ordenar al presunto generador de violencia que salga inmediatamente del domicilio común, aunque fuere propietario del inmueble, se encuentran justificadas y, por ende, son constitucionales, en atención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en las que se comprometió a prevenir y erradicar la violencia." En esa virtud, se concluye que la medida de protección decretada en favor de la parte actora y sus menores hijos, no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien o de un derecho del ahora quejoso, sino un propósito de interés general, consistente en prevenir los presuntos actos de violencia en su contra; es decir, que tiene únicamente alcances precautorios y cautelares. Además, adverso a lo expuesto por que peticionario del amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, no es necesaria la acreditación plena del daño que aducen recibir, pues únicamente basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación, en atención al deber de protección sobre las víctimas, lo cual a consideración de este Juzgador de Amparo, con lo argumentos vertidos en su demanda de alimentos de origen y la comparecencia ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se consideran suficientes. Bajo esas consideraciones, se concluye que la determinación en estudio, en donde se decretó una medida de protección a favor de *** y sus menores hijos, no vulnera los derechos fundamentales del quejoso, ya que se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable analizó y tomó en consideración lo expuesto por la solicitante de dichas medidas, en la que exponían violencia física, psicológica y sexual, además de solicitar protecciones ante diverso jueces de carácter familiar y civil, como en el presente juicio de amparo quedó demostrado. Se reitera a la parte quejosa que dicha medida adoptada únicamente tiene alcances precautorios y cautelares, toda vez que si bien aún subsiste, puede modificarse a petición de parte, atendiendo al entorno actual que subsista. Claro es el ejemplo, que a la fecha en que se dicta la presente resolución de amparo, el aquí quejoso ya cuenta con convivencias con sus menores hijos, bajo los lineamientos de la juez familiar de origen. Es aplicable al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. MOMENTO EN QUE DEBE DICTARSE UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Las autoridades del Estado Mexicano tienen el deber de primer orden de garantizar el respeto a la salud, integridad física y mental de las personas que son objeto de violencia, máxime cuando las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta frente a sus agresores. Así, las autoridades deben otorgar garantías a las víctimas de que no serán objeto de nuevas agresiones, y hacer efectivo su derecho a denunciar los actos de violencia que han sido cometidos en su contra. Dichas garantías se actualizan a través de las medidas de prevención, las cuales para ser efectivas podrán ser dictadas desde la admisión de la demanda de violencia familiar, o en cualquier momento del juicio." Por consiguiente, al no estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, respecto del acto reclamado materia de estudio en el presente apartado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** por propio derecho y en representación de los menores ***de apellidos **., en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la citada parte quejosa, en contra de las autoridades y por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
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