Lenin Jesús Mejía Santiago

Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
288/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Lenin Jesús Mejía Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 288/2022 promovido por **** en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que expuso que las autoridades responsables de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha omitido dar respuesta a su petición de corrección de su certificado de estudios de preparatoria formulada mediante un correo electrónico el siete de septiembre de dos mil veinte, y que la Dirección de la Universidad Pedagógica Nacional ordenó no reconocer sus estudios de licenciatura, porque no exhibió en tiempo y forma su certificado de estudios de preparatoria. El inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio el derecho fundamental de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE *** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que más adelante se precisarán. Por acuerdo de quince de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 288/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a unas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: Del Rector y de los Titulares de Servicios Escolares y de la Secretaría General, todos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, combate: La omisión de dar respuesta a su petición de corrección de su certificado de estudios de preparatoria formulada mediante un correo electrónico el siete de septiembre de dos mil veinte. Del Director de la Unidad Doscientos Uno de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, impugna: La orden de no reconocer sus estudios de licenciatura, porque no exhibió su certificado de preparatoria. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque en sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el justiciable aportara algún medio de convicción para desvirtuar esas negativas; de ahí que sean inexistentes las actuaciones reprochadas a esos entes públicos. Aunado a lo anterior, para evidenciar la inexistencia de la omisión reclamada es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por la entidad responsable en su informe justificado por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos (máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede), sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta, aunque negativa, cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 13.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 13.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo combatido es necesario examinar si las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a la cual se atribuye esa conducta se encontraban constreñidas a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Enseguida, es necesario examinar si las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca conforme alguna norma jurídica se encontraban obligadas a actuar en el sentido indicado por el solicitante de la protección constitucional, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente están constreñidas a realizar tenían el deber de de dar respuesta a su petición de corrección de su certificado de estudios de preparatoria formulada mediante un correo electrónico el siete de septiembre de dos mil veinte. Para determinar lo anterior en principio debe señalarse que el arábigo 8 del Pacto Federal prevé de manera general el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al establecer lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La norma constitucional inserta consagra la obligación de los funcionarios y los empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario siendo que éste debe señalar el domicilio en el que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular. En esa línea, el ejercicio del derecho de petición por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos: 20.1. La petición: debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 20.2. La respuesta: la autoridad debe dictar un acuerdo por escrito en breve término y congruente con la petición; es decir, debe resolver en determinado sentido a lo pedido no necesariamente debe acceder a la pretensión. 20.3. La notificación: debe darse a conocer el acuerdo recaído en forma personal al gobernado. En el caso, se advierte que el justiciable no probó el primero de los elementos indicados, porque no exhibió el escrito que contiene su solicitud dirigida al Rector y a los Titulares de Servicios Escolares y de la Secretaría General, todos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para que corrigieran su certificado de estudios de preparatoria, la cual afirma que envió a través de un correo electrónico el siete de septiembre de dos mil veinte. Se sostiene lo anterior, porque solo exhibió copias fotostáticas simples de una captura de pantalla, de una constancia y de un comprobante de pago expedidos por Banco Santander, Sociedad Anónima, de un oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, de una constancia de la Clave Única de Registro de Población y de un certificado de estudios, las cuales por su naturaleza jurídica carecen de valor probatorio alguno y no son aptos para demostrar la existencia de una petición, ni prueban la certeza de los actos reclamados, tampoco desvirtuar la negativa que las autoridades responsables sostuvieron en sus informes justificados ni acreditan la participación de esos entes públicos en las actuaciones que se les atribuyen. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo inserto se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia 194 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por otra parte, precisa señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este país ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Con base en esas consideraciones es factible sostener que las copias fotostáticas simples de las documentales que el solicitante de la tutela constitucional aportó son insuficientes y no son viables para demostrar las existencia de los actos reclamados, porque no obra en autos un diverso medio de prueba que adminiculado con aquéllas perfeccionen su contenido. Lo anterior pone de relieve que la omisión combatida no puede ser reprochada a las autoridades responsables de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ni prueban que la Dirección de la Unidad Doscientos Uno de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, dictó una orden de no reconocer los estudios de licenciatura del quejoso, porque no exhibió su certificado de preparatoria; de ahí que en el caso se actualice la causal de sobreseimiento regulada por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos combatidos a las autoridades responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguense las promociones y los anexos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Director de la Unidad Doscientos Uno de la Universidad Pedagógica Nacional, con residencia en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en atención al requerimiento de cuatro de abril del año en curso, exhibe copias certificadas de las documentales que anexó a su informe justificado y dos instrumentos en copias fotostáticas simples. Al respecto, se tiene a la oficiante por cumplida la referida prevención y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Agréguense las promociones señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo ténganse al Director de Servicios Escolares y a la Secretaria General, ambos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por rendidos sus informes justificados; en consecuencia, se ordena dar vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. En otro punto, se tiene como domicilio procesal de las mencionadas responsables el que indican en sus ocursos y como sus delegados a las personas que designan con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. Por otra parte, ténganse a las referidas autoridades por señalados el correo electrónico y el número de teléfono que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano