Lázaro Morales Rivera

Expediente 1350/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1350/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Lázaro Morales Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, mediante el cual revoca las autorizaciones previas, asimismo, designa autorizados y solicita el acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, se tiene por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. En mérito de lo anterior, se tiene por revocada toda autorización hecha con anterioridad. Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario ********************; y dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese.

  2. Principal

    aucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el cual remite el expediente 140/2023-III, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Lázaro Morales Rivera, contra actos del Secretario de Finanzas del Estado de México, toda vez que mediante proveído de quince de febrero actual, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por conocimiento previo de este Juzgado de Distrito. Se avoca al conocimiento Se acepta el conocimiento previo de la demanda en comento, al estimarse que se actualizan los supuestos establecidos en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis. Acúsese recibo al Juzgado oficiante. Así, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que turne como nuevo asunto el juicio de amparo 140/2023-III, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, debiendo hacer la compensación respectiva en el turno de demandas. En el entendido que deberá agregarse únicamente copia certificada del oficio que se acuerda y remitirse el original con sus anexos a la referida Oficina de Correspondencia Común. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Vista la certificación que antecede en la que se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto, número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental..."

  4. Principal

    Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que no se formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 330 a 343 del juicio de amparo), se concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: ". Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Junta de Coordinación Política de la "LIX" Legislatura del Estado de México: 1) Deje insubsistente la resolución de quince de junio de dos mil dieciocho, dictada en el Recurso Administrativo de Inconformidad DRI-004/2012 y sus acumulados DRI-05/2012, DRI-006/2012, DRI-007/2012, DRI-008/2012, DRI-009/2012, DRI-010/2012 y DRI-011/2012; y, 2) En su lugar, dicte otra en el que subsane las deficiencias antes mencionadas, y resuelva lo que conforme a derecho proceda, en la inteligencia que de reiterar el mismo sentido de su resolución deberá precisar de manera clara y concreta las razones y motivos que sustentan su determinación, estableciendo los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como la adecuación entre los fundamentos legales invocados y las razones expuestas, esto es, explicar el procedimiento de la operación aritmética a que alude el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que le sirvió de sustento para confirmar la sanción económica que les fue impuesta a los aquí quejosos en la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil once, dictada en el expediente D-010/2010, por la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura del Estado de México, así como motivar por qué ahora el daño causado por la cantidad de $1,004,555.55 (un millón cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N), equivale al importe de 409.9825 veces la Unidad de Medida y Actualización mensual publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho y no a su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, como lo dispone el referido numeral 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; quien mediante ejecutoria de once de febrero de dos mil diecinueve, determino: "RESUELVE: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lázaro Morales Rivera (Noveno Regidor), Alfredo Antonio Guerrero Pineda (Séptimo Regidor), Jorge Castelán Aguilar (Presidente Municipal por Ministerio de Ley) y Anastasio García Casas (Tercer Regidor), todos del Municipio de Coyotepec, México, Administración 2006-2009, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos séptimo y octavo del fallo recurrido" (fojas 385 a 393 del juicio de amparo). Por oficio sin número, presentado el siete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de Recurso Administrativo de Inconformidad DRI-004/2012 y acumulados DRI-05/2012, DRI-006/2012, DRI-007/2012, DRI-008/2012, DRI-009/2012, DRI-010/2012 y DRI-011/2012, por la que dejó insubsistente la resolución de quince de junio de dos mil dieciocho y dictó otra el cinco de marzo del año en curso, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Se confirma la resolución del trece de diciembre de dos mil once, dictada en el expediente D-010/2010, por la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura del Estado de México, en la que se le impuso a los CC. Jorge Castelán Aguilar, Anastacio García Casas, Alfredo Antonio Guerrero Pineda y Lázaro Morales Rivera, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, Tercero, Séptimo y Noveno regidores, respectivamente, de Coyotepec, México, Administración 2006-2009, la sanción administrativa de tipo económica consistente en un tanto del daño causado a la hacienda pública municipal en el momento en que sucedieron los hechos, daño que ascendió a la cantidad de $9,041,000.00 (nueve millones cuarenta y un mil pesos 00/100 M. N.), suma que se dividió entre los servidores públicos que resultaron responsables, dando como resultado la cantidad de $1'004,555.55 (un millón cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M. N.), que equivalen al importe 391.105917850 veces la Unidad de Medida y actualización mensual vigente el primero de febrero de dos mil diecinueve; la cual deberá ser actualizada al día del pago de la sanción, misma que se pagará una vez determinada en cantidad líquida, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución, en la oficina rentística que le corresponda, o en la Caja General de Gobierno del Estado de México, debiendo exhibir copia del recibo respectivo ante la Contraloría del Poder Legislativo." (fojas 408 a 422 del juicio de amparo). De dicha resolución se advierte que la responsable dio cumplimiento al fallo protector pues precisó de manera clara y concreta las razones y motivos que sustentan su determinación, estableció los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como la adecuación entre los fundamentos legales invocados y las razones expuestas, esto es, explicó el procedimiento de la operación aritmética a que alude el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que le sirvió de sustento para confirmar la sanción económica que les fue impuesta a los aquí quejosos en la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil once, dictada en el expediente D-010/2010, por la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura del Estado de México, asimismo, motivó por qué ahora el daño causado por la cantidad de $1,004,555.55 (un millón cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N), pues dicha cantidad se dividió entre los servidores públicos que resultaron responsables, al existir conexidad en la conducta que desplegaron, que equivalen al importe de 391.105917850 veces la Unidad de Medida y actualización mensual vigente el primero de febrero de dos mil diecinueve, como se advierte de la siguiente operación: Valor diario de la Unidad de Medidas y Actualización vigente al primero de febrero del 2019 $84.49 Unidad de Medida y Actualización mensual obtenida de multiplicar por 30.4 veces el valor diario $2,568.50 Daño causado a la Hacienda Pública Municipal $1'004,555.55 Unidad de Medida y Actualización mensual total a pagar, obtenida de la división de la unidad de medida y actualización mensual (UMA) entre el daño causado. 391.105917850 Apercibiéndolos que de no pagar en este año (2019) será actualizada. Asimismo, mediante oficio sin número, presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió copias cotejadas de los acuses de recibo de notificación de los oficios CPL/DRA-D/III-1417/2019, CPL/DRA-D/III-1418/2019, CPL/DRA-D/III-1419/2019 y CPL/DRA-D/III-1420/2019, de seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se le notifica a la parte quejosa la resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Junta de Coordinación Política (fojas 431 a 444 del juicio de amparo) De ahí que, del examen de dichas documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados; en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

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