Lázaro Baltazar Alcántara

Expediente 862/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
862/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Lázaro Baltazar Alcántara

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Lázaro Baltazar Alcántara, regístrese bajo el número 862/2019-II. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: 1. La sentencia interlocutoria de dieciocho de junio del presente año, emitida en el recurso de revocación relativo a la calificación del interrogatorio a cuyo tenor declararían los testigos Rosa María González Torres, Faustino Rivas Álvarez y Remedios Aracely Pérez López. DESECHAMIENTO. Así, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado no quebranta en perjuicio del impetrante de amparo, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, ya que la sentencia interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Décimo Civil de Nicolás Romero, Estado de México, en el recurso de revocación relativo a la calificación del interrogatorio a cuyo tenor declararían los testigos Rosa María González Torres, Faustino Rivas Álvarez y Remedios Aracely Pérez López, únicamente implicaría, en su caso, violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se dicta sentencia, o en última instancia, puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b) y V, inciso c), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracción lII, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, no se le está privando a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Lázaro Baltazar Alcántara. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante, en virtud de la naturaleza de la presente determinación, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los fedatarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio que señaló la parte quejosa y le notifique este auto, corriéndole traslado con copia del mismo. Se tienen como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Fernando Issac Ibarra Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario René Elguera Rosas, que da fe. El Juez El Secretario MARÍA CLAUDIA.

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