Lazaro Guel Esparza
Expediente 975/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lazaro Guel Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente...
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Lázaro Guel Esparza, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngasele formulando las manifestaciones en el sentido de que el cuatro de mayo del año en curso, acudió a las instalaciones de la Universidad Tangamanga y Directora de Servicios Escolares, y en esa data le fue entregado su título profesional así como diversa documentación. Ahora bien, en el presente caso, el análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente asunto, pone de manifiesto que la parte quejosa reclama la omisión de entregarle el título que lo acredita como profesionista de la licenciatura de derecho, por parte de las autoridades responsables. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las siguientes consideraciones. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en la misiva de cuenta, se advierte que el cuatro de mayo del año en curso acudió a las instalaciones de la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tangamanga, y le fue entregado su título profesional, manifestaciones que al haber sido realizadas por el promovente del amparo bajo tal formalidad, en términos de los artículos 1991 y 2002 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 1 "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio". 2 "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 975/2020-III Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno. Norma el criterio a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que las autoridades responsables entregaron el título profesional al aquí quejoso, cuya omisión de entrega se reclamó en el presente asunto. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por las responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 3 tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, en tal virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Directora Administrativa y de Finanzas de la Universidad Tangamanga Campus Saucito; no ha lugar a tenerla desahogando el requerimiento realizado mediante proveído de treinta de abril del año en curso. Lo anterior, en virtud de que la constancia que exhibió es una copia simple por cuanto a la leyenda de recepción, sin que se trate por tanto, de su original ni de copia debidamente certificada, ya que no cuenta con la certificación correspondiente, la cual debe comprender firma autógrafa y sello oficial que le otorgue validez, tal y como lo prevé el artículo 1291 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, a fin de que haga prueba plena de la entrega del título profesional de referencia. No se soslaya que el documento exhibido contenga firma electrónica de su emisor, toda vez que ésta solo le otorga validez al contenido del documento oficial (título profesional), pero no a las inscripciones que se realizaron con posterioridad de su emisión, como lo es la leyenda "Recibí original --- 4/05/21 --- Lazaro (ilegible)". En tal virtud, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora Administrativa y de Finanzas de la Universidad Tangamanga Campus Saucito, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita original o copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite la entrega del título profesional electrónico folio TE242139246, al quejoso Lázaro Guel Esparza, o informe el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibida que de no cumplir lo anterior o no manifestar el impedimento legal o material que tengan para hacerlo, dentro del plazo concedido, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Como lo solicita la responsable, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizar a la autoridad responsable oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico que refiere, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad manifieste si ya le fue entregado el título profesional electrónico con folio TE242139246, emitido a su favor, y de ser así, informe la fecha en que aconteció. Apercibido que de no cumplir lo anterior o no manifestar el impedimento legal o material que tengan para hacerlo, dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable citada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio con registro 5417, a través del cual la autoridad oficiante hace del conocimiento de este Juzgado que se pudiera actualizar una causal de sobreseimiento en este juicio de amparo. Por otro lado, en cuanto a la designación de domicilio, autorizados, correo electrónico y autorizado para recibirlos, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno. En otro contexto, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Ahora bien, atendiendo a que la Directora Administrativa y de Finanzas de la Universidad Tangamanga Campus Saucito, remite una impresión del título electrónico con folio ***********, emitido a favor del quejoso Lázaro Guel Esparza, como licenciado en derecho, sin embargo, no acompañó constancias de las que se advierta que el quejoso haya recibido el referido documento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora Administrativa y de Finanzas de la Universidad Tangamanga Campus Saucito, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite la entrega del título profesional electrónico folio **********, al quejoso Lázaro Guel Esparza, o informe el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibida que de no cumplir lo anterior o no manifestar el impedimento legal o material que tengan para hacerlo, dentro del plazo concedido, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. En otro orden, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe de ley. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable citada.
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