Lauren Limia Placeres
Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lauren Limia Placeres
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de siete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y el veintiocho de junio del año en curso, causó estado dicho proveído; se declaró sin materia el incidente de violación a la suspensión de plano; y, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, que no existe promoción pendiente de acuerdo, ni actuaciones que practicar. Recepción de oficio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Devolución al archivo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, vuelvan los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintidós. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por Vanessa Ivonne Lopez Espinoza, en favor de LAUREN LIMIA PLACERES, de nacionalidad CUBANA, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Veracruz y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 1255/2022-V. Desechamiento. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama la orden de detención, la orden de retención en la estación migratoria de Veracruz, como consecuencia de ello el traslado a cualquier estación migratoria, el alojamiento, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la negativa de proporcionar información del paradero de los quejosos y/o negativa de proporcionar representación legal y asistencia jurídica. Precisado lo anterior, la suscrita considera que respecto de dichos actos, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales. La referida causa de improcedencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La institución jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Conforme a lo expuesto, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) El acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) El primero de tales juicios esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente informar lo ocurrido en el juicio constitucional 1254/2022-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Conforme a las constancias que obran en dicho asunto se advierte que Vanessa Ivonne Lopez Espinoza, en favor de LAUREN LIMIA PLACERES, mediante escrito recibido por este juzgado a través del Sistema Integral de Expedientes, (SISE), el trece de septiembre de dos mil veintiuno, promovió juicio de amparo en contra de los actos reclamados del (i) TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, (ii) SUBREPRESENTANTE FEDERAL DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, (iii) DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, y (iv) JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ. Asimismo, de dicho juicio de amparo se advierte que el mismo trece de septiembre de dos mil veintidós, se conoció de la demanda de amparo, en la que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados por la promovente, consistentes en la orden de detención, la orden de retención en la estación migratoria de Veracruz, como consecuencia de ello el traslado a cualquier estación migratoria, el alojamiento, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la negativa de proporcionar información del paradero de los quejosos y/o negativa de proporcionar representación legal y asistencia jurídica, -estos son los mismos actos que en el presente juicio-. Ahora bien, como ya se precisó, en el presente asunto también se reclama por parte de Vanessa Ivonne Lopez Espinoza, en favor de LAUREN LIMIA PLACERES, la orden de detención, la orden de retención en la estación migratoria de Veracruz, como consecuencia de ello el traslado a cualquier estación migratoria, el alojamiento, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la negativa de proporcionar información del paradero de los quejosos y/o negativa de proporcionar representación legal y asistencia jurídica. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditado el primer elemento, consistente en que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo, toda vez que en el juicio de amparo 1254/2022-IV y en el que se actúa, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, se reclama la orden de detención, la orden de retención en la estación migratoria de Veracruz, como consecuencia de ello el traslado a cualquier estación migratoria, el alojamiento, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la negativa de proporcionar información del paradero de los quejosos y/o negativa de proporcionar representación legal y asistencia jurídica. De igual manera se acredita el segundo elemento, relativo a que uno de los juicios esté pendiente de resolverse, ya que en dicho expediente (el juicio constitucional 1254/2022-IV) aún no se dicta sentencia ni resolución que lo de por concluido. Finalmente, también se actualiza el tercer elemento de la improcedencia en análisis, relativa a que 1) ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por el mismo acto reclamado, además que las violaciones constitucionales son idénticas, toda vez que ambos asuntos se promovieron: 1) Por Vanessa Ivonne Lopez Espinoza, en favor de LAUREN LIMIA PLACERES. 2) En contra del (i) TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, (ii) SUBREPRESENTANTE FEDERAL DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, (iii) DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ, y (iv) JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN VERACRUZ. 3) Contra la la orden de detención, la orden de retención en la estación migratoria de Veracruz, como consecuencia de ello el traslado a cualquier estación migratoria, el alojamiento, la inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro, la negativa de proporcionar información del paradero de los quejosos y/o negativa de proporcionar representación legal y asistencia jurídica. Resulta aplicable la tesis I.11o.C.31 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Consecuentemente, resulta evidente la improcedencia del juicio en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Autorizada de la parte quejosa. Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Vanessa Ivonne López Espinoza, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Solicitud de consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, a través del usuario "ilopeze92", asimismo, como lo peticiona expresamente, practíquensele las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. En tal virtud, no ha lugar a tener al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que el propio promovente solicitó a este órgano de control constitucional, le fueran practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerlo señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener al promovente del amparo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio; máxime que el referido domicilio se encuentra fuera de la residencia de este juzgado. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la promovente; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Laura Olimpia Villarreal Hernandez195/2018
- Laura Quintero Perez110/2019
- Laura Sandoval Ruiz57/2019
- Laura Vaca Villa1124/2018
- Laura Yadira Quintana Valladares1159/2018
- Lauren Limia Placeres1254/2022
- Lázaro del Castillo1551/2023
- Lazaro Guel Esparza975/2020
- Lazaro Omar Quintero Busutil1451/2022
- Lazaro Zuñiga Rodriguez470/2020
- Leandra Olivia Martinez Lopez351/2022
- Leandra Olivia Martinez Lopez1082/2023