Laysha Joseline Leal Diaz
Expediente 849/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laysha Joseline Leal Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/972/22. Por lo que, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Humberto Díaz Vargas, en su carácter de Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada: 1. Del acuerdo que haya recaído al término otorgado en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del proveído de doce de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Juan Ponciano Ángel, Amellali Ríos Martínez y Víctor Uriel González Peñaloza; y del acuerdo de ocho de noviembre del mismo año, en el cual se tuvo por legalmente desahogado el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivadas del juicio laboral 01/972/22. Por lo que, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Humberto Díaz Vargas, en su carácter de Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada: 1. De las constancias de notificación a las partes del auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, así como del acuerdo que haya recaído al término otorgado en el mismo. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés y el acuse del oficio presentado al Instituto Mexicano del Seguro Social, derivadas del juicio laboral 01/972/22. Por lo que, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Humberto Díaz Vargas, en su carácter de Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada: 1. Del acuerdo de doce de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de ********************, ******************** y ********************. 2. Del desahogo de los informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias dictadas en el juicio laboral 01/972/22. Por lo que, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Yuridia Ibarra Rojas, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de seis días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada: 1. De las constancias de notificación realizadas a las partes, respecto del proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés. 2. Acuse del oficio ordenado girar al Instituto Mexicano del Seguro Social para el desahogo de su informe de autoridad. 3. Del desahogo de la prueba testimonial a cargo de Juan Ponciano Ángel, Amellali Ríos Martínez y Víctor Uriel González Peñaloza, señalada para el doce de octubre de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
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