Lauro Barreto Sánchez
Expediente 630/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lauro Barreto Sánchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja 183/2021, en cuyo punto resolutivo único se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de la parte quejosa, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veintiocho de junio del presente año, dictado en el recurso de queja 183/2021, de su índice. Ahora bien, del auto citado se advierte que el aludido Tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diez de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos copia del escrito signado por los quejosos Lucero Salinas Pineda y Lauro Barreto Sánchez, mediante el cual interponen recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito por el que se interpone del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos Lucero Salinas Pineda y Lauro Barreto Sánchez, en atención a lo dispuesto por el articulo 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por L***, por propio derecho y en sus respectivos carácter de Encargada de Despacho de la Dirección de la Dirección de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra el acto que reclama del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en la emisión del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente TJA/4ªSERA/010/2018, mediante el cual se le requiere a efecto de que se les haga saber la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de la delegada procesal, con el apercibimiento que de no comparecer en el día y hora señalado sin causa justificada se entenderá como indiferencia a la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y se dará vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y se harán acreedores a la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a CUARENTA UNIDADES DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN, esto es la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). De la personalidad del promovente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostentan Lucero Salinas Pineda y Lauro Barreto Sánchez, puesto que con las copias certificadas de la constancia de uno de marzo de dos mil veintiuno y uno de noviembre de dos mil diecinueve, que anexa a su demanda de amparo, acreditan ser Encargada de Despacho de la Dirección de la Dirección de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 630/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por Lucero Salinas Pineda y Lauro Barreto Sánchez, por propio derecho y en sus respectivos carácter de Encargada de Despacho de la Dirección de la Dirección de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra el acto que reclama del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en la emisión del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente TJA/4ªSERA/010/2018, mediante el cual se le requiere a efecto de que se les haga saber la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de la delegada procesal, con el apercibimiento que de no comparecer en el día y hora señalado sin causa justificada se entenderá como indiferencia a la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y se dará vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y se harán acreedores a la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a CUARENTA UNIDADES DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN, esto es la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asentado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la emisión del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente TJA/4ªSERA/010/2018, mediante el cual se le requiere a efecto de que se les haga saber la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de la delegada procesal, con el apercibimiento que de no comparecer en el día y hora señalado sin causa justificada se entenderá como indiferencia a la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y se dará vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y se harán acreedores a la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a CUARENTA UNIDADES DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN, esto es la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta la esfera jurídica de derechos del quejoso. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En efecto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de amparo y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente TJA/4ªSERA/010/2018, mediante el cual se le requiere a efecto de que se les haga saber la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de la delegada procesal, con el apercibimiento que de no comparecer en el día y hora señalado sin causa justificada se entenderá como indiferencia a la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y se dará vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y se harán acreedores a la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a CUARENTA UNIDADES DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN, esto es la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), al requerirles en sus carácter de Encargada de Despacho de la Dirección de la Dirección de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Sin embargo, dicho apercibimiento consistente en la vista al órgano de control interno del Ayuntamiento y multa, no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, los inconformes con la calidad de servidores públicos municipales, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente el apercibimiento contenido en el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61, de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento y se le de vista al órgano de control interno del Ayuntamiento así como se le multe por el equivalente a CUARENTA UNIDADES DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN, esto es la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional); pues tal evento depende, a saber: 1.- De la actividad previa de los propios peticionarios frente al mandato judicial, es decir, de cumplir con el requerimiento realizado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y comparecer en el día y hora señalados. Al respecto, se invoca por analogía la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lucero Salinas Pineda y Lauro Barreto Sánchez, por propio derecho y en sus respectivos carácter de Encargada de Despacho de la Dirección de la Dirección de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Domicilio procesal y autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal el que indica en su escrito inicial de demanda; lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones por la misma vía. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica y con facultades amplias a Martha Inés Abundez Robles y Yesica Flores Santillán, en razón de que demuestran tener registradas las cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Correo electrónico. Ahora bien, se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, el cual se toma en consideración en caso de que se estime necesario establecer contacto con dicha parte procesal. Juicio en Línea. Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 35, (Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario") del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con base en los usuarios "Abromai", "Yesica.santillan" y "Javier.jaime", y se encuentren registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice a los usuarios "Abromai", "Yesica.santillan" y "Javier.jaime", la consulta del Expediente Electrónico del juicio de amparo en que se actúa a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en atención al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente las resoluciones judiciales a la parte quejosa, mediante los usuarios "Abromai", "Yesica.santillan" y "Javier.jaime"; lo anterior, por haberlo solicitado así en el escrito de cuenta. Medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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