Laura Yadira Hernández Nieves

Expediente 2635/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2635/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Laura Yadira Hernández Nieves
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintitrés de septiembre del año en curso (fojas 119 a 121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro del mes próximo pasado (foja 122), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el treinta del mes inmediato anterior (fojas 123 a 125); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dos al cuatro de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** En ese sentido, mediante resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 41 a 60), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,307.54 pesos, que pagó el veinte de diciembre de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción documento público o privado, inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "38,172". Ello, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) De igual forma cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro por el registro de poderes de cualquier clase por $595.00 pesos, que se indicó en el formato de pago (foja 10), documental que exhibió la quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Resolución que quedó firme por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria dictada el dieciséis de agosto del año en curso, terminada de engrosar el veintiocho siguiente, dentro del amparo en revisión 516/2019 de su índice (fojas 104 a 110). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad $9,307.54 (Nueve mil trescientos siete pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; ello, sin considerar la suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), pues no fue materia de impugnación. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés de septiembre del actual año (fojas 119 a 121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia con firma original de recibido del cheque número 0001460 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le entregó el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $9,307.54 (Nueve mil trescientos siete pesos 54/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenían que descontar las diversas sumas de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado e inscripción préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra, así como la parte proporcional de los impuestos adicionales causados, cuyo total es $309.40 (Trescientos nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), ya que ésta no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones reclamadas; además, la diversa suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), pues no fue materia de impugnación. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $7,843.14 (Siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 14/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (foja 9) y el dieciocho de septiembre del año en curso, la autoridad responsable expidió a la aquí quejosa el cheque antes indicado (foja 120); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho a septiembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado), esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue de 102.303; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 103.670 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0133. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $7,947.45 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $104.31 (Ciento cuatro pesos 31/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario responsable debía devolver a la quejosa era de $7,947.45 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), es decir, entregó en favor del promovente del amparo un excedente de $0.49 (Cero pesos 49/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintitrés de septiembre del año en curso (fojas 119 a 121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro del mes próximo pasado (foja 122), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el treinta del mes inmediato anterior (fojas 123 a 125); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dos al cuatro de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** En ese sentido, mediante resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 41 a 60), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ** Resolución que quedó firme por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria dictada el dieciséis de agosto del año en curso, terminada de engrosar el veintiocho siguiente, dentro del amparo en revisión 516/2019 de su índice (fojas 104 a 110). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad $9,307.54 (Nueve mil trescientos siete pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; ello, sin considerar la suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), pues no fue materia de impugnación. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés de septiembre del actual año (fojas 119 a 121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia con firma original de recibido del cheque número 0001460 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le entregó el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $9,307.54 (Nueve mil trescientos siete pesos 54/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenían que descontar las diversas sumas de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado e inscripción préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra, así como la parte proporcional de los impuestos adicionales causados, cuyo total es $309.40 (Trescientos nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), ya que ésta no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones reclamadas; además, la diversa suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), pues no fue materia de impugnación. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $7,843.14 (Siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 14/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (foja 9) y el dieciocho de septiembre del año en curso, la autoridad responsable expidió a la aquí quejosa el cheque antes indicado (foja 120); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho a septiembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado), esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue de 102.303; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 103.670 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0133. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $7,947.45 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $104.31 (Ciento cuatro pesos 31/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario responsable debía devolver a la quejosa era de $7,947.45 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,947.94 (Siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), es decir, entregó en favor del promovente del amparo un excedente de $0.49 (Cero pesos 49/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

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